CSJ - SC2719-2022

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente SC2719-2022 Radicación n.° 11001-31-03-020-2018-00266-01 (Aprobado en sesión virtual de siete de julio de dos mil veintidós) Bogotá D.C., primero (1°) de septiembre de dos mil veintidós (2022) Se decide el recurso de casación interpuesto por Iveth Magaly Duarte Ramírez, frente a la sentencia de 22 de octubre de 2019, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., Sala Civil, dentro del proceso que ella promovió contra Fernando Sandoval Orjuela.

ANTECEDENTES

1. En la demanda con la que se dio inicio al proceso

(folios 70 a 76 del cuaderno principal), su promotora y ahora recurrente pretendió, en síntesis, que se declare la existencia de una “sociedad de hecho entre concubinos, desde el mes de abril del año 2002 hasta el 24 de diciembre del año 2017, o en las fechas que resulten probadas en el proceso”; que como consecuencia de ello, se decrete la disolución y liquidación del haber social, Radicación n.° 11001-31-03-020-2018-00266-01 conformado por los “bienes y derechos adquiridos durante la vigencia de la misma”, junto con sus “aumentos, réditos y utilidades”, para “ser repartidos entre los socios, en partes iguales”; que se condene al accionado a restituir a la sociedad “el valor de los bienes y derechos que haya enajenado con posterioridad a la separación”, así como de los “frutos percibidos”

y de “los deterioros que le sean imputables”, sumas que deberán actualizarse monetariamente; y que se le impongan las costas procesales.

2. Como fundamento de dichas solicitudes, se adujeron los hechos que a continuación se compendian: 2.1. La actora y el demandado convivieron como pareja, de forma estable, permanente y notoria, desde el mes de abril de 2002 y hasta el 24 de diciembre de 2017. 2.2. En ese tiempo los dos, ingenieros civiles de profesión y dedicados a los negocios, “aunaron esfuerzos en pie de igualdad, haciendo aportes y colaborándose recíprocamente, conformando una sociedad de hecho”, cuyo fin fue “acrecentar y consolidar un patrimonio común”, en “beneficio recíproco”, para “repartiese tanto las utilidades como las pérdidas provenientes de su ejercicio”. (sic) 2.3. Fruto de ese trabajo conjunto y armónico por más de quince años, las partes adquirieron algunos bienes de fortuna, entre ellos, varios inmuebles, acciones en la sociedad Logística de Combustibles S.A.S., un automóvil,

2 Radicación n.° 11001-31-03-020-2018-00266-01 algunos de los cuales se encuentran a nombre del señor Sandoval Orjuela. 2.4. El aporte de la actora se concretó, fundamentalmente, “en la orientación, asesoría y gestión para la adquisición de varios lotes en Chocontá (Cund.); asesoría en el proceso de construcción de las casas bifamiliares levantadas sobre los inmuebles identificados con la matrículas inmobiliarias Nos.

154-45364, 154-45362 y 154-45359 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chocontá; adicionalmente con el propósito de vigilar las inversiones comunes de la pareja, la señora Iveth Magaly Duarte Ramírez asumió el acompañamiento, montaje, puesta en marcha y posterior administración de la ‘Estación de Servicio El Salitre (sic)’ y [d]el ‘Hotel El Salitre (sic)’, construidos en el inmueble denominado ‘Club Deportivo de Tiro y Caza y Pesca – El Salitre’, ubicado en la vereda Veracruz del municipio de Chocontá, (…); amén de las labores domésticas propias del hogar que cumplió a cabalidad durante el término de la unión marital”. 2.5. La referida convivencia terminó el 24 de diciembre de 2017, sin que hubiere dado lugar al surgimiento de una unión marital de hecho, en los términos de la Ley 54 de 1990, como quiera que los intervinientes “tenían vínculo conyugal previo vigente”. 2.6. El convocado se negó a liquidar la sociedad de hecho, razón por la cual la gestora de la controversia tiene derecho a que se reconozca y finiquite la misma, en orden a “evitar su empobrecimiento patrimonial”. 3 Radicación n.° 11001-31-03-020-2018-00266-01

3. Previa admisión de la demanda por parte del Juzgado Veinte Civil del Circuito de la ciudad, pronunciamiento contenido en auto de 1º de junio de 2018 (folio 82, cuaderno

No. 1), y surtido el enteramiento personal de ese proveído al

accionado (folio 89, ib.), éste, por intermedio del apoderado que designó para que lo representara, replicó el libelo introductorio, escrito en el que se opuso al acogimiento de las pretensiones incoadas, negó los hechos alegados y propuso la excepción meritoria de “INEXISTENCIA DE LA

SOCIEDAD”.

La defensa se cimentó en que la actora, además de la convivencia que mantuvo con el demandado, fue su empleada, sin que hubiere efectuado algún aporte a las obras civiles realizadas por aquél, toda vez que el salario que ella devengaba, lo invertía en sus necesidades personales y en las de su hija. Los bienes que se encuentran a nombre del accionado, él los consiguió como resultado de su trabajo exclusivo. De otra parte, no puede mal interpretarse su generosidad, al colocar ciertos bienes y derechos en cabeza de la actora.

4. Agotado el trámite de la primera instancia, el juzgado del conocimiento le puso fin con sentencia que dictó el 30 de mayo de 2019, en la que desestimó la excepción alegada por el convocado; declaró que entre las partes “existió una sociedad de hecho, la cual tuvo como objeto [la] creación y explotación de la sociedad Logística de Combustibles S.A.S.[,] compañía que tiene matriculados como establecimientos de

4 Radicación n.° 11001-31-03-020-2018-00266-01 comercio, el Hotel El Satélite y la Estación de Servicio El Satélite”; determinó que “las acciones de las cuales es titular el señor

Fernando Sandoval Orjuela en la sociedad Logística de Combustibles S.A.S. pertenecen al haber social y deben por tanto ser objeto de la correspondiente liquidación y distribución, cuyo trámite se efectuar[á] a continuación de la ejecutoria de esta sentencia”; ordenó la disolución de la mencionada sociedad y “la inscripción de la señora Iveth Magaly Duarte Ramírez en el libro de registro de accionistas de la sociedad Logística de Combustibles S.A.S. como titular de la mitad de la acciones que se encuentren en cabeza de Fernando Sandoval Orjuela”; y condenó a este último al pago de las costas (fls. 176 a 186, cd. 1).

5. Al desatar las apelaciones que los dos extremos procesales interpusieron contra el fallo del a quo, el superior lo revocó y, en defecto del mismo, acogió la excepción aducida por el demandado y, aparejadamente, negó las suplicas del libelo introductorio, pronunciamiento que efectuó en audiencia de 22 de octubre de 2019.

LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL Para arribar a la decisión desestimatoria que adoptó, dicha Corporación esgrimió los argumentos que, resumidos, pasan a reseñarse:

1. Empezó por referirse, en abstracto, sobre la sociedad de hecho, en desarrollo de lo cual reprodujo los artículos 498

5 Radicación n.° 11001-31-03-020-2018-00266-01 y 499 del Código de Comercio y, con ayuda de la jurisprudencia, identificó sus requisitos esenciales.

2. Enseguida pasó al caso sometido a su conocimiento

y advirtió que “no está en discusión” la existencia de la “relación sentimental entre las partes”, pese a lo cual puso en entre dicho que estuviere probado que se trató de un nexo “permanente”, como quiera que tanto la demandante como el convocado fueron “esquivos y evasivos en este tema de decir exactamente dónde vivían”. En tal orden de ideas, aseveró que lo demostrado fue que “se visitaban”, inferencia en pro de la cual trajo a colación la denuncia penal aportada por la primera, en la que relacionó direcciones de residencia diferentes de ellos.

3. Tras advertir que, “más allá del carácter sentimental o de la simple comunidad marital en la relación de pareja, para que exista una sociedad de hecho, ésta debe estar acompañada de hechos, valga la redundancia, o actos inequívocos con el propósito de obtener utilidades y asumir las pérdidas que llegaren a sufrir, además de los aportes que se realizaren o que se lleguen a hacer”, el ad quem coligió que en el presente asunto litigioso “no están plenamente demostrados esos aspectos”, por las siguientes razones: 3.1. Que el demandado presentara a la actora como su esposa, que ella hubiese participado en la construcción de la estación de servicio “El Satélite” de Chocontá y que, posteriormente, mandara en la misma, como lo declararon

6 Radicación n.° 11001-31-03-020-2018-00266-01 los señores Elie Ghassan Zarzour, José Ferney Gañan Hernández y Flor Marina Forero López, son “hechos” que, “por

sí solos, no son indicativos del (…) ánimo societario”. Los dos últimos testigos atrás mencionados, “eran empleados, uno trabajador en la obra inicialmente y luego como islero; la otra, preparaba alimentos para la pareja y obreros”, de modo que, “por la labor que desempeñaban, se limitaron a relatar simplemente lo que veían, tan es así (…) que refi[rieron] que el manejo y órdenes que impartía la demandante, lo era en ausencia del señor Sandoval”. Sobre la declaración rendida por el señor Elie Ghassan Zarzour, el Tribunal observó que, si bien, cuando aludió a la construcción de la estación de servicio y del hotel en el municipio de Chocontá, manifestó que fue realizada por los tres, esto es, por Iveth Magaly Duarte Ramírez, Fernando Sandoval Orjuela y él, no fue así, habida cuenta que el propio deponente señaló que desconocía si los dos primeros, en desarrollo de la relación sentimental que sostuvieron, conformaron un patrimonio común; que los actos de administración ejecutados por la actora, fueron resultado del “acuerdo con Fernando”; y que al ser preguntado sobre si existió subordinación de la actora frente a Logística de Combustibles S.A.S., cuando el deponente se desempeñó como su representante legal, respondió que en ese tiempo “por respeto le hacíamos caso al señor Fernando”, manifestación con la que dejó al descubierto que este último “era el que delegaba en la demandante las labores que ella desarrollaba”. 7 Radicación n.° 11001-31-03-020-2018-00266-01

3.2. De los testimonios recepcionados, no se infiere la comprobación del ánimo societario de las partes. 3.3. Conforme lo alegó el demandado, la vinculación que tuvo la señora Duarte Ramírez con su “actividad empresarial”, obedeció a que ella fue empleada de Sandoval Orjuela S.A., donde inició como auxiliar de topografía, luego como topógrafo, persona jurídica que patrocinó sus estudios de ingeniería civil, los cuales adelantó hasta titularse, en 2007. Parte del salario que percibía estuvo representado en el pago de sus tarjetas, como lo señaló el accionado y lo admitió la promotora en el interrogatorio de parte que absolvió, al expresar que “los gastos de mantenimiento del hogar de ella y de su hija se manejaban con una cuenta a través de la tarjeta débito de la empresa” y eran pagados por la misma. En el reporte de aportes a pensiones que milita en los folios 15 y 16 del cuaderno principal, figura que, entre mayo de 2003 y enero de 2011, Sandoval Olarte S.A. fue la empleadora de la accionante, con lo que se ratifica la relación laboral que existió entre ellas. Respecto de ese mismo documento, más adelante, el ad quem añadió que, posteriormente, los aportantes de los recursos fueron: del mes de febrero de 2011 a agosto de 2015, Elie Ghassan Zarzour; entre junio de 2016 y abril de 2017, nuevamente Sandoval Olarte S.A.; y para los meses de 8 Radicación n.° 11001-31-03-020-2018-00266-01

septiembre y octubre de 2017, Logística de Combustibles S.A.S. Así las cosas, estimó que esa información “corrobora aún más la dependencia [y] subordinación” de la actora frente a los empleadores atrás relacionados. 3.4. Fue el demandado quien otorgó autorización a la gestora del litigio para que, en sus “ausencias (…), lo reemplazara, es decir, esto (…) fue por una delegación, no como lo quiere hacer [ver] la parte actora, que lo fue(…) por un trabajo en pie de igualdad”, según lo señalaron “todos los declarantes solicitados por las partes”, quienes relataron, en síntesis, que “ella era quien quedaba a cargo en las ausencias por la delegación que hacía el señor Fernando Sandoval”. 3.5. Del certificado de existencia y representación legal de Logística de Combustibles S.A.S. se infiere que se constituyó en octubre de 2013 y que fueron designados, como gerente, Elie Ghassan Zarzour y, como subgerente, Luis Fernando Sandoval Casas. Debido a ello, cobra relevancia la carta fechada el 8 del mes y año citados, en la que la actora aceptó el cargo de suplente del representante legal de la citada empresa y agradeció a los accionistas “el voto de confianza que depositaron”, evidenciándose su “dependencia” y “subordinación” frente a la misma. 3.6. La promotora del proceso, en el interrogatorio de parte que absolvió, narró que realizó su propia afiliación al sistema de seguridad social, como quiera que era la encargada de efectuar tal gestión para todo el personal de la

9 Radicación n.° 11001-31-03-020-2018-00266-01 empresa y, además, precisó que “estaba afiliada en pensión a Colpensiones, a EPS Alianz Salud y a riesgos laborales con Sura”, manifestaciones que “demuestran la veracidad de las afirmaciones que hiciera el demandado”. 3.7. De los testimonios rendidos por los señores Libardo Acosta Rodríguez, Mauricio Ángel Mesa y Hollman Alberto Yasunguaira Parra, a solicitud de la parte demandada, se concluye la “inexistencia de la sociedad de hecho reclamada”, puesto que, pese a que todos conocieron a las partes, se limitaron a decir que los vieron trabajando juntos y que, en ausencia de Fernando Sandoval Orjuela, era la señora Iveth Magaly Duarte Ramírez quien “administraba y manejaba el personal”, sin que dieran “fe si existía o no ese elemento de subordinación”. 3.8. Respecto del argumento aducido en la alegación de segunda instancia, relativo al “enfoque de género”, cabe advertir que “el análisis jurídico y probatorio que se ha hecho de las relaciones sustanciales debatidas, de ninguna manera conlleva el menoscabo para alguna de las partes por razón del género, pues estas relaciones de pareja no permiten considerar que en el litigio concurren situaciones que involucren estas condiciones”.

4. En definitiva, el Tribunal concluyó que la sentencia apelada debía revocarse para, en su defecto, “declarar probada la excepción propuesta, inexistencia de sociedad, por lo que se negarán las pretensiones de la demanda y se condenará en costas

de ambas instancias a la parte demandante”. 10 Radicación n.° 11001-31-03-020-2018-00266-01 LA DEMANDA DE CASACIÓN Contiene tres cargos, todos fincados en la causal segunda de casación. La Corte los resolverá conjuntamente, por las razones que en su momento se expondrán. CARGO PRIMERO Denunció la sentencia cuestionada, por ser indirectamente violatoria de los artículos 38 y 42 de la Constitución Política, 98, 498, 499 y 505 del Código de Comercio, por falta de aplicación, como consecuencia de los errores de hecho en que incurrió el ad quem al apreciar la contestación de la demanda y algunos medios de prueba. En pro de la acusación, su proponente, en síntesis, expuso:

1. La conclusión a que arribó el sentenciador de segunda instancia, consistente en que la relación de pareja que existió entre las partes “no fue permanente” y que “no vivían en el mismo sitio”, es resultado de los graves yerros que esa autoridad cometió, al no advertir que los señores Iveth Magaly Duarte Ramírez y Fernando Sandoval Orjuela “sostuvieron una auténtica relación concubinaria, de manera estable, continua y bajo un mismo techo”.

2. Las pruebas deficitariamente apreciadas fueron los interrogatorios de parte absueltos por los extremos

11 Radicación n.° 11001-31-03-020-2018-00266-01 procesales y la denuncia penal que, en copia, aportó la actora; y las preteridas, la contestación de la demanda, la copia de la escritura pública No. 2390 de 2 de diciembre de

2014, el documento fechado el 11 de mayo de 2018 que obra en el folio 152 del cuaderno principal, los testimonios rendidos por Elie Ghassan Zarzour, José Ferney Gañan Hernández y Flor Marina Forero López y la confesión ficta respecto del hecho cuarto del libelo introductorio, derivada de su falta de contestación.

3. Con el propósito de demostrar los desatinos del Tribunal, luego de reproducir la conclusión que sobre la relación concubinaria de los litigantes éste plasmó en su fallo, la censora adujo: 3.1. En los interrogatorios practicados a las partes, ninguna de las preguntas formuladas estuvo dirigida a establecer dónde vivían; no obstante, el convocado, dejó en claro su convivencia con la actora e, incluso, refirió algunos detalles sobre cuestiones cotidianas de la misma. 3.2. Si bien es verdad, en la denuncia penal formulada por la accionante al demandado por “violencia intrafamiliar”, aquélla relacionó direcciones diferentes de ellos, esa circunstancia no era indicativa de que vivían por separado sino de que, debido a los actos generadores de dicha queja, la señora Duarte Ramírez, para ese momento, se había trasladado a un lugar diferente al de la residencia común.

12 Radicación n.° 11001-31-03-020-2018-00266-01 3.3. La contestación de la demanda da cuenta de que, al responderse los hechos primero a quinto, el accionado admitió la cohabitación con la gestora de la controversia, pese a su propósito de negar la relación concubinaria que los

unió. 3.4. A su turno, en la escritura pública 2390 de 2 de diciembre de 2014, los nombrados expresaron que “es su voluntad AFECTAR A VIVIENDA FAMILIAR” el inmueble objeto de dicho título, manifestación que significó destinar el bien como sede del hogar que conformaron. 3.5. En el documento que aparece a folio 152 del cuaderno No. 1, el señor Elie Ghassan Zarzour declaró la convivencia de la pareja conformada por los señores Duarte Ramírez y Sandoval Orjuela, sin que el demandado hubiese solicitado la ratificación del mismo o lo hubiere tachado de falso. 3.6. En las declaraciones rendidas en el curso del proceso por el precitado señor y, además, por José Ferney Gañan Hernández y Flor Marina Forero López, los tres relataron que el señor Fernando Sandoval Orjuela les presentó a la señora Iveth Magaly Duarte Ramírez como su esposa, trato que se dieron por mucho tiempo. 3.7. El hecho cuarto de la demanda, contentivo de los aportes efectuados por la accionante a la sociedad de hecho por ella reclamada, no fue respondido en forma alguna en la 13 Radicación n.° 11001-31-03-020-2018-00266-01 contestación del libelo introductorio, por lo que operó la confesión ficta del mismo, quedando así comprobado, por lo tanto, que aquella colaboró con las labores domésticas propias del hogar, durante todo el tiempo que perduró la convivencia de las partes.

4. Así las cosas, estimó la recurrente, en primer lugar,

está completamente desvirtuada la afirmación del ad quem de que la relación de pareja de las partes no supuso su convivencia y no fue permanente; y, en segundo término, es trascendente dicho error, toda vez que, demostrada como quedó la unión concubinaria permanente en que se sustentó la acción, su plena comprobación era base suficiente para reconocer la sociedad de hecho deprecada, habida cuenta que, conforme la jurisprudencia nacional, una y otra son inescindibles, de modo que la primera permite establecer el surgimiento de la última. CARGO SEGUNDO Con respaldo en la causal de casación del mismo número, se reprochó al ad quem haber quebrantado indirectamente las normas relacionadas en la acusación anterior y el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el 1º de la Ley 50 de 1990, debido a los evidentes errores de hecho en que incurrió al ponderar el material probatorio. 14 Radicación n.° 11001-31-03-020-2018-00266-01

1. El primer cuestionamiento formulado recayó, sobre las razones que “llevaron al Tribunal a tener por acreditada la existencia de una relación laboral de la demandante frente al demandado”.

Al respecto, la impugnante expuso: 1.1. El sentenciador de segunda instancia se equivocó, de una parte, al tener por demostrado, sin estarlo, que las labores ejecutadas por la actora en beneficio del accionado fueron en desarrollo de “un vínculo laboral” entre ellos; que aquella, en su desempeño, “se encontró bajo continua subordinación y dependencia” de éste; que percibió salario; y

que “Fernando Sandoval Orjuela es la misma sociedad Sandoval Orjuela S.A. o Logística de Combustibles S.A.S.”. Y de otra, al no dar por acreditado, estándolo, que las actividades de la señora Duarte Ramírez “no fueron remuneradas, ni subordinadas, ni por tanto se dieron como resultado de una relación laboral”. 1.2. Los elementos de juicio que, en criterio de la recurrente, fueron incorrectamente ponderados son: la carta librada por la demandante el 8 de octubre de 2013; el reporte de cotizaciones a pensión; el diploma de ingeniera civil que le fue otorgado; el certificado de existencia y representación de Logística de Combustibles S.A.S.; el interrogatorio absuelto por la convocante; y los testimonios de los señores Elie Ghassan Zarzour, José Ferney Gañan Hernández, Flor 15 Radicación n.° 11001-31-03-020-2018-00266-01 Marina Forero López, Libardo Acosta Rodríguez, Mauricio Ángel Mesa, Hollman Yasunguaira Parra y Misael Traslaviña Herreño. A su turno, las pruebas desconocidas corresponden a la denuncia penal aportada con el libelo introductorio y al indicio grave referido en el artículo 225 del Código General del Proceso. 1.3. Una vez precisó con detalle los argumentos que el Tribunal esgrimió en apoyo de la conclusión discutida, la censora le enrostró a dicha Corporación los siguientes desatinos: 1.3.1. No apreció que los pagos relacionados en el reporte de semanas cotizadas en Colpensiones en favor de la

actora no son continuos y, por lo tanto, supuso lo que el documento no acredita, esto es, “la prueba del vínculo laboral entre la señora Magaly Duarte y el demandado Fernando Sandoval Orjuela”, cuando este último no efectuó un solo aporte, sin que se hubiere acreditado que él autorizó con tal fin a Sandoval Orjuela S.A., o que fuera su “socio, gerente, representante, jefe”, o que tuviera algún nexo con ella. 1.3.2. Ni el elemento de juicio atrás indicado, ni ninguno otro, demuestra que la mencionada persona jurídica “hubiera realizado inversiones o negocios con Fernando Sandoval Orjuela o la sociedad Logística de Combustibles S.A.S., o la estación de servicio u hotel, de la que pudiera remotamente inferirse que existía algún motivo por el cual las labores realizadas 16 Radicación n.° 11001-31-03-020-2018-00266-01 por la demandante en la estación de servicio estaban vinculadas, se ordenaban, o prestaban a favor de tal sociedad”. 1.3.3. El mencionado vínculo tampoco fluye del interrogatorio de parte absuelto por la actora, como quiera que ella allí dejó en claro que las actividades que realizó al lado del demandado, lo fueron “dada su condición de pareja y en pie de igualdad”, como se constata en los distintos pasajes que de la prueba reprodujo la inconforme. 1.3.4. En cuanto hace a los testimonios, observó: 1.3.4.1. Según el propio Tribunal, las declaraciones rendidas por los señores Libardo Acosta Rodríguez y Mauricio Ángel Mesa no dieron cuenta del “elemento

subordinación”. 1.3.4.2. El señor Hollman Alberto Yasunguaira Parra no refirió la existencia de un nexo laboral entre las partes, de donde mal podía colegirse de su dicho que la actora se desempeñó en condiciones de “subordinación o dependencia” del accionado. 1.3.4.3. Las versiones suministradas por los señores José Ferney Gañan Hernández y Flor Marina Forero López, que la censora compendió con detalle, tampoco informaron sobre los referidos elementos sino, por el contrario, dieron cuenta que la señora Iveth Magaly Duarte Ramírez “se comportaba públicamente como dueña” y que “los trabajadores de 17 Radicación n.° 11001-31-03-020-2018-00266-01 la estación de servicio la reconocían como jefe”, sin que de lo expuesto por la segunda de los nombrados, en el sentido de que era en las ausencias del señor Fernando Sandoval Orjuela que ella mandaba, se siga la comprobación de la “subordinación” sino, más bien, que entre ellos existía “colaboración”. 1.3.4.4. El testimonio del señor Elie Ghassan Zarzour, del que la inconforme igualmente reprodujo diversos fragmentos, a decir de esta última, resulta de especial importancia, como quiera que él, en asocio con las partes, realizó la compra del predio, construcción y puesta en marcha de la estación de servicio “El Satélite” de Chocontá. Con dicha versión se demostró que los tres tomaron las decisiones para sacar adelante ese proyecto y, por lo mismo, el ad quem la descontextualizó cuando, soportado en que el

deponente indicó que, en principio, por respeto, hacían caso al señor Fernando Sandoval Orjuela, infirió la existencia de un vínculo laboral entre aquéllos. Más adelante, la impugnante reiteró los anteriores planteamientos, particularmente, en punto de las actividades que la demandante desplegó en relación con el montaje y funcionamiento del establecimiento de comercio arriba identificado. 1.3.4.5. La declaración del señor Misael Traslaviña Herreño tampoco acreditó la subordinación de la actora 18 Radicación n.° 11001-31-03-020-2018-00266-01 frente al demandado, como quiera que el deponente no refirió ningún hecho del que pudiera deducirse tal circunstancia. 1.3.5. El Tribunal, respecto la carta que la accionante dirigió a la junta de accionistas de la sociedad Logística de Combustibles S.A.S., en la que aceptó y agradeció su designación como suplente del representante legal, “no vio” que estaba “lejos de mostrar que la señora Iveth Magaly Duarte se encontraba bajo el control, subordinación o dependencia del señor Fernando Sandoval Orjuela”; por el contrario, dicha misiva evidenció “el grado de autonomía y control que tenía ella de las actividades emprendidas en asocio con [é]ste, al punto que desde el mismo momento de la constitución de la sociedad quienes quedaron como gerente y subgerente fueron Elie Zarzour (sic) e Iveth Magaly Duarte”. 1.3.6. La precedente omisión del sentenciador de segunda instancia aparejó el desconocimiento del certificado

de existencia y representación de la precitada sociedad, puesto que conforme el mismo, el señor Fernando Sandoval Orjuela nunca fue designado subgerente, hecho que supuso tal autoridad.

2. El segundo reproche formulado consistió en que “[t]ampoco las pruebas examinadas por el tribunal permitían tener por demostrado que la señora Iveth Magaly Duarte hubiera recibido del demandado un salario o remuneración como retribución por las labores que ella desempeñaba”.

19 Radicación n.° 11001-31-03-020-2018-00266-01 2.1. En opinión de la recurrente, esa inferencia del ad quem fue fruto de la indebida apreciación del interrogatorio de parte absuelto por la actora, del reporte de cotizaciones a pensión, del “acta de grado” de la demandante como ingeniera civil, de los testimonios de Elie Ghassan Zarzour y José Fernando Gañan Hernández y, adicionalmente, de la preterición del indicio grave contemplado en el artículo 225 del Código General del Proceso, así como de la denuncia penal allegada con el libelo introductorio. 2.2. Al respecto, explicó: 2.2.1. El reporte de cotizaciones a pensión no demuestra que la sociedad Sandoval Orjuela S.A. hubiese pagado los estudios profesionales de la promotora del litigio, ni siquiera considerada la simultaneidad de los aportes allí relacionados con la fecha de obtención del respectivo título. 2.2.2. La declaración de parte rendida por la señora Duarte Ramírez fue tergiversada por la citada colegiatura, toda vez que la exponente negó que el convocado le hubiese

pagado salario y precisó, adicionalmente, que acordó con él, como pareja, manejar unas cuentas bancarias, de ahorro y corriente, para atender los gastos del hogar común, sin que de allí se desprenda, como lo entendió esa Corporación, que admitió la percepción de alguna remuneración proveniente del señor Sandoval Orjuela, como contraprestación de los servicios por ella prestados. 20 Radicación n.° 11001-31-03-020-2018-00266-01 2.2.3. El sentenciador de segunda instancia desconoció el indicio contemplado en el artículo 225 del Código General del Proceso, ante la ausencia de un principio de prueba por escrito de la relación laboral y de los pagos salariales aducidos por dicha autoridad. 2.2.4. Pasó por alto la declaración del señor Elie Ghassan Zarzour, quien negó que la gestora del presente asunto hubiese recibido sueldo o salario por las labores que desplegó en la estación de servicio “El Satélite” de Chocontá. 2.2.5. De igual modo desconoció que con la copia de la denuncia penal aportada con el libelo introductorio, se acreditó “la ausencia de salario o remuneración alguna”.

3. Al cierre, la impugnante predicó la trascendencia de los errores denunciados, habida cuenta que, debido a ellos, el Tribunal reconoció que los servicios prestados por la actora fueron en desarrollo de una relación laboral con el demandado y a cambio de un salario, desatino que lo condujo a negar la sociedad de hecho reclamada en la demanda.

CARGO TERCERO

Fincada en la causal esgrimida en los reproches anteriores, la recurrente delató la infracción indirecta de los mismos preceptos especificados en la censura inicial, en razón de los errores de hecho en que incursionó el ad quem al valorar las pruebas del proceso. 21 Radicación n.° 11001-31-03-020-2018-00266-01

1. De entrada, le reprochó a la mencionada Corporación no haber tenido por demostrado, estándolo, en primer lugar, que las partes “desarrollaron una actividad económica conjunta, en pie de igualdad, en orden a conseguir beneficios mutuos desde el mes de abril de 2002 hasta diciembre de 2017”; en segundo término, que “dicha actividad se dio de manera paralela a la unión marital o concubinaria que existió entre las partes”; en tercer puesto, que “la demandante hizo importantes aportes en trabajo e industria a dicha sociedad”; y, por último, “el ánimo societario”.

2. Puntualizó que el Tribunal a