CSJ - AC1001-2026

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

Magistrada Ponente AC1001-2026 Radicación n.° 05809-31-89-001-2017-00153-01 (Aprobado en sesión de doce de febrero de dos mil veintiséis) Bogotá D.C., diecisiete (17) de marzo de dos mil veintiséis (2026). Se decide a continuación sobre la admisibilidad de la demanda presentada por Jaime León Londoño Vera, Héctor Fabio Quiceno Arango y Mina Piedras Blancas NRO 2 S.A.S., para sustentar el recurso de casación interpuesto frente a la sentencia de 14 de junio de 2023, proferida por la Sala CivilFamilia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, en el proceso de responsabilidad civil extracontractual impulsado por Alberto Antonio Muñoz Cano, Jorge Eliecer Cano Palacio y Carbones La Colina S.A.S., contra los recurrentes.

I. ANTECEDENTES

1. Los accionantes solicitaron declarar que Jaime León Londoño Vera, Héctor Fabio Quiceno Arango y la MinaRadicación n.° 05809-31-89-001-2017-00153-01

2 Piedras Blancas NRO 2 S.A.S., son civilmente responsables por los perjuicios que les causaron como consecuencia de la extracción ilegal de carbón en el área correspondiente al contrato de concesión n.° DCK 081 y condenarlos a pagarles $288’000.000 por daño emergente y $2.559’000.000 por lucro cesante, más indexación.

contrato de concesión n.° DCK 081 y condenarlos a pagarles $288’000.000 por daño emergente y $2.559’000.000 por lucro cesante, más indexación. En respaldo expusieron que el 29 de mayo de 2003 celebraron con la Empresa Nacional de Minería (Minercol) el contrato de concesión minera n.° DCK-081, cuyo objeto era la exploración y explotación de un yacimiento de carbón ubicado en la vereda Corcovado del municipio de Titiribí- Antioquia, en un área de 24 hectáreas y 2.000 m2 . Debido a ello constituyeron la sociedad Carbones La Colina -hoy S.A.S.- con el fin de adelantar actividades de exploración, extracción, explotación, beneficio y comercialización de minerales en el país y fuera de este. En desarrollo de ese objeto social, ejecutaron un proyecto de exploración técnica y explotación económica denominado “ Mina La Colina”, el cual colinda con la mina Piedras Blancas, de los demandados, donde se desarrollan labores extractivas al amparo del título minero n.° 6583-B. En visita técnica efectuada el 31 de julio de 2003, la Empresa Nacional de Minería constató que por cuenta de la mina Piedras Blancas se adelantaban trabajos en el área de la concesión DCK-081, asociada a la mina La Colina, y ordenó a los accionados suspender de manera inmediata

mina Piedras Blancas se adelantaban trabajos en el área de la concesión DCK-081, asociada a la mina La Colina, y ordenó a los accionados suspender de manera inmediata dichas actividades en ese sector.Radicación n.° 05809-31-89-001-2017-00153-01 3 El 5 de abril de 2006, la Secretaría General de la Dirección de Titulación y Fiscalización Minera realizó una visita de fiscalización a la Mina Piedras Blancas y evidenció que «a partir de la clavada el límite del título hacia el norte es a los 250 metros, a partir de aquí y siguiendo hacia el norte empieza otro título el título DCK 081; sin embargo, se observó que los niveles de la mina han sobrepasado este límite, explotando dentro de otro título lo cual es ilegal». Por tal razón, requirió a sus titulares para que se abstuvieran de internarse en zonas distintas al área concedida y autorizó a los accionantes para ingresar y verificar lo pertinente. En una segunda visita, realizada en septiembre de 2006, la Secretaría de Productividad y Competitividad dejó constancia de que los beneficiarios del título minero 6583-B persistían en el desconocimiento de los linderos del área otorgada «…internándose en otro título minero». Ante el incumplimiento de las medidas y alternativas propuestas por la autoridad minera, el 20 de febrero de 2008 la Dirección de Titulación y Fiscalización Minera adelantó una nueva visita de fiscalización y constató la existencia de

Ante el incumplimiento de las medidas y alternativas propuestas por la autoridad minera, el 20 de febrero de 2008 la Dirección de Titulación y Fiscalización Minera adelantó una nueva visita de fiscalización y constató la existencia de un daño ocasionado a los beneficiarios del título DCK-081, derivado de labores de explotación realizadas por fuera de los límites autorizados, que continuaron por varios años más. Ese proceder generó condiciones de riesgo y anormalidad en la operación minera, a saber: altas concentraciones de monóxido de carbono (CO) -(395 PPM)-, aumento excesivo de temperatura, comunicaciones noRadicación n.° 05809-31-89-001-2017-00153-01 4 informadas y engasamiento de la mina. Por ello, el 13 de mayo de 2015 los accionantes solicitaron amparo administrativo ante la Agencia Nacional de Minería. En informe técnico de noviembre siguiente se concluyó que « desde el área del contrato n.° 6583 (mina vecina-piedras blancas) se adelantaron labores mineras subterráneas por fuera del área concesionada y dentro del área del contrato DCK-081 ». El 20 de junio de 2016 se concedió el amparo y se ordenó la suspensión inmediata de las actividades. Sin embargo, los accionados omitieron esta directriz y siguieron extrayendo carbón del área del título DCK-081, con lo cual les causaron perjuicios a los accionantes, según el peritaje allegado.

suspensión inmediata de las actividades. Sin embargo, los accionados omitieron esta directriz y siguieron extrayendo carbón del área del título DCK-081, con lo cual les causaron perjuicios a los accionantes, según el peritaje allegado.

2. Jaime León Londoño Vera y la Mina Piedras Blancas n.° 2 S.A.S. alegaron «[i]nexistencia del daño», «[c]aducidad de la acción», « [b]uena fe » y « [e]rror e inexistencia de determinación de presuntas áreas invadidas » y objetaron el peritaje de los accionantes (folios 314 a 327, archivo digital n.° 1).

Por su parte, Héctor Fabio Quiceno Arango manifestó haber cedido su participación en la concesión minera a Jaime León Londoño Vera.

3. El Juzgado Promiscuo del Circuito de Titiribí, mediante sentencia del 12 de febrero de 2020, desestimó las excepciones de los accionados, los declaró civil y extracontractualmente responsables de los perjuicios ocasionados a los accionantes y los condenó solidariamente a pagar $288’000.000 por daño emergente y $2.155’679.347Radicación n.° 05809-31-89-001-2017-00153-01 5 por lucro cesante, junto con la indexación desde el fallo y hasta la solución de la obligación. Así mismo, ordenó remitir copias a la Fiscalía para que se investigue la presunta explotación ilícita de yacimientos mineros y otros minerales

(archivo digital n.° C006).

hasta la solución de la obligación. Así mismo, ordenó remitir copias a la Fiscalía para que se investigue la presunta explotación ilícita de yacimientos mineros y otros minerales (archivo digital n.° C006).

4. Al resolver la apelación de los accionados, el Tribunal, en proveído de 14 de junio de 2023, confirmó el

fallo, con base en las siguientes premisas: a. La responsabilidad civil extracontractual exige acreditar el daño, la culpa y el nexo de causalidad. Bajo ese sistema, los demandantes solicitaron la indemnización de los perjuicios derivados de la invasión y explotación reiterada e ilícita de áreas correspondientes al título minero DCK-081 por parte de los demandados, con sustento en que, entre los años 2003 y 2016, la Empresa Nacional de Minería (Minercol), la Secretaría General de la Dirección de Titulación y Fiscalización Minera de la Gobernación de Antioquia y la Agencia Nacional de Minera, mediante múltiples actuaciones administrativa s, visitas técnicas y requerimientos formales, advirtieron las irregularidades cometidas por los dueños del título minero 6583-B, quienes explotaron carbón por fuera del área concesionada e invadieron terrenos amparados por el título DCK-081, ocasionándoles una afrenta patrimonial. b. La prueba recaudada, integrada por la inspección

concesionada e invadieron terrenos amparados por el título DCK-081, ocasionándoles una afrenta patrimonial. b. La prueba recaudada, integrada por la inspección judicial a las locaciones mineras, cuatro (4) dictámenesRadicación n.° 05809-31-89-001-2017-00153-01 6 periciales, testimonios y documentación técnico-científica, permitió al a quo tener por acreditado el soporte fáctico de la acción y declarar la responsabilidad de los demandados, a quienes condenó a resarcir los perjuicios demostrados. Además, los informes técnicos elaborados por las autoridades mineras sirvieron para identificar, delimitar y demarcar las áreas explotadas, los sectores afectados, los mantos intervenidos y el avance de las labores mineras, a la vez que evidenciaron que dichas actividades se ejecutaron dentro del área concesionada bajo el título DCK-081. Al respecto, se demostró que, en la visita técnica de 9 de julio de 2001, la Gerencia Operativa Regional n.°5 de Minercol constató que los trabajos adelantados por Héctor Fabio Quiceno estaban siendo realizados en el área del contrato DCK-081, ordenó la apertura de proceso minero especial y el pago de las regalías obtenidas de esa invasión. Aunque esa información antecede a la vigencia operacional del título DCK-081 -que inició el 27 de noviembre de 2003y, por ello, no permite imputar directamente un daño indemnizable a los

información antecede a la vigencia operacional del título DCK-081 -que inició el 27 de noviembre de 2003y, por ello, no permite imputar directamente un daño indemnizable a los demandantes por esos hechos iniciales, sí ubica espacial y conductualmente a los demandados en un contexto de explotación irregular en el área posteriormente amparada por dicho título. Esas mismas irregularidades fueron constatadas por la Dirección de Titulación y Fiscalización Minera de la Gobernación de Antioquia, quien requirió a Héctor Fabio Quiceno Arango y Jaime León Londoño Vera para que no se internaran en zonas ajenas al área otorgada y autorizó a losRadicación n.° 05809-31-89-001-2017-00153-01 7 titulares del título DCK-081 para ingresar a la explotación subterránea contigua (6583B) y prevenir otras invasiones. También se indicó que los titulares conocían los límites de su concesión, conforme al Plan de Trabajos y Obras presentado el 27 de diciembre de 2006, por lo cual debían responder por el carbón extraído entre los niveles 10 y 11 dentro del área ajena. Lo anterior demostró que el crecimiento de los niveles de explotación se incrementó de manera progresiva y persistente en el tiempo, aun cuando los demandados ya habían sido advertidos por las autoridades. El 13 de mayo de 2013, los accionantes, como titulares de la concesión DCK 081, solicitaron amparo administrativo ante la Agencia Nacional de Minería, la cual constató que

habían sido advertidos por las autoridades. El 13 de mayo de 2013, los accionantes, como titulares de la concesión DCK 081, solicitaron amparo administrativo ante la Agencia Nacional de Minería, la cual constató que desde el área del contrato n.° 6583 (mina vecina Piedras Blancas) se adelantaban labores subterráneas por fuera del área concesionada y dentro del título DCK-081. En virtud de ello, mediante Resolución VSC n.° 000616 del 20 de junio de 2016, concedió el amparo y ordenó la suspensión inmediata de los trabajos mineros y la adecuación de las labores al área correspondiente. Esas pruebas documentales permitieron establecer el marco temporal de las actividades irregulares, su permanencia en el tiempo, la autoría de la conducta y la ubicación precisa del lugar afectado, configurándose así los presupuestos de la responsabilidad civil reclamada. c. La culpa se fundó en las múltiples observaciones, requerimientos y órdenes impartidas por las autoridadesRadicación n.° 05809-31-89-001-2017-00153-01 8 mineras desde el 2003, que fijaron pautas claras de comportamiento que los demandados omitieron voluntariamente. Ello porque quedó demostrado que Jaime León Londoño y Héctor Fabio Quiceno Arango, como titulares de la concesión 6583-B, incurrieron en incursiones reiteradas por fuera del perímetro concedido y que explotaron terrenos

y Héctor Fabio Quiceno Arango, como titulares de la concesión 6583-B, incurrieron en incursiones reiteradas por fuera del perímetro concedido y que explotaron terrenos amparados por el título minero DCK-081 de los accionantes, pese a las reiteradas advertencias oficiales, lo que acredita su culpa y su relación causal con el daño ocasionado. d. La cesión minera alegada por Héctor Fabio Quiceno Arango no acreditó los requisitos legales y económicos exigidos por la Ley 1955 de 2019. Además, incluso de admitirse su existencia, esta habría tenido lugar en septiembre de 2016, mientras que las conductas dañosas se extendieron desde 2003 hasta junio del 2016, lapso durante el cual dicho demandado tenía la titularidad, control y vigilancia de la actividad minera, razón por la cual responde solidariamente. e. Aunque no se individualizó una conducta concreta atribuible a la sociedad Mina Piedras Blancas NRO 2 S.A.S., sí se acreditó que fue utilizada como instrumento operacional para desarrollar la actividad minera, conforme al contrato de operación minera celebrado con los demandados, mediante el cual se le encomendó la administración, exploración, explotación y comercialización del carbón. Como dicha

compañía era representada por Jaime León Londoño Vera,Radicación n.° 05809-31-89-001-2017-00153-01 9 prestó su capacidad organizacional y operativa para facilitar la explotación irregular del área DCK-081, con cual incurrió en la inobservancia del deber objetivo de cuidado, lo que comprometió su responsabilidad solidaria, por lo que también será condenada. f. El daño fue acreditado con las verificadas incursiones ilegales de los demandados en el área concesionada a los accionantes. Esas intromisiones derivaron en la extracción ilícita de carbón y la consecuente privación del beneficio económico, pese a ostentar estos la titularidad del yacimiento. g. Hizo bien el a quo al otorgarle valor probatorio al dictamen del ingeniero de minas Guillermo Velásquez Zuluaga, quien determinó con rigor técnico el área afectada y cuantificó los perjuicios en $2.847’000.000 a partir de las 93.600 toneladas de carbón extraídas a un valor de $27.341 cada una en el comercio, más $86’000.000 por los costos de trabajos de desarrollo no aprovechables y $206’000.000 por la prolongación en la clavada principal. Sus conclusiones se sustentaron en una metodología integral que incluyó análisis técnico, georreferenciación de las labores mineras, revisión de información legal y catastral, estudio de informes oficiales y visita directa a la mina, lo que le permitió al perito establecer con precisión la imposibilidad futura de

de información legal y catastral, estudio de informes oficiales y visita directa a la mina, lo que le permitió al perito establecer con precisión la imposibilidad futura de explotación y la pérdida de reservas, conforme al artículo 226 del Código General del Proceso y al principio de reparación integral. Además, el a quo tuvo en cuenta el período indemnizable de 29 meses que corresponde al lapso duranteRadicación n.° 05809-31-89-001-2017-00153-01 10 el cual se prolongó la extracción ilegal desde la vigencia del título minero de los accionantes En contraste, los peritajes aportados por la parte convocada se limitaron a describir la existencia histórica de minería artesanal en la zona, sin desvirtuar la explotación ilegal concretamente atribuida a los demandados ni la cuantificación del daño, razón por la cual el a quo valoró de manera preferente el dictamen del perito Velásquez y el rendido de oficio por la Agencia Nacional de Minería. Fracasan las objeciones por supuesta parcialidad de los expertos, pues no se acreditaron circunstancias que comprometieran su objetividad y, por el contrario, su experiencia técnica reforzó la credibilidad de sus

conclusiones. En consecuencia, la alzada no prospera (folios 1 a 47, archivo digital n.° 0019).

5. En desacuerdo, los accionados interpusieron recurso extraordinario de casación que fue concedido por el ad quem en proveído del 17 de agosto de 2023, admitido por la Corte y sustentado por los recurrentes.

II. DEMANDA DE CASACIÓN En un único cargo, planteado por la causal segunda de casación, acusan al Tribunal de infringir de forma indirecta los artículos 1613 y 1614 del Código Civil, como consecuencia de errores de hecho manifiestos y trascendentes en la apreciación de las pruebas.Radicación n.° 05809-31-89-001-2017-00153-01

11 Indican que tanto el a quo como el Tribunal erraron al valorar el dictamen pericial aportado por los accionantes para tasar los perjuicios, conforme se expuso al objetar dicho estudio por error grave. Dicen que ese trabajo adolece de una omisión sustancial, al no incorporar los soportes materiales y contables indispensables para establecer el precio de venta de la tonelada de carbón, tales como facturas de comercialización, ni los costos reales de operación, entre ellos: adquisición de insumos, costos de proveedores para el sostenimiento y mantenimiento de la operación, gastos de energía, transporte, pago de regalías a la Nación, de nómina e impuestos asociados a la operación (impuestos de renta, retención en la fuente, autorretención), etc. Sostienen que los anexos al dictamen del perito Velásquez Zuluaga no dan cuenta del precio de venta del

retención en la fuente, autorretención), etc. Sostienen que los anexos al dictamen del perito Velásquez Zuluaga no dan cuenta del precio de venta del carbón ni acreditan que la mina hubiese estado efectivamente operativa o comercializando carbón en el período considerado. De igual forma, señalan que los documentos aportados para estimar los costos asociados a la operación carecen de información verificable que permita conocer la fuente de los datos utilizados, lo cual impide inferir el sustento de las conclusiones del experto. Afirman que los juzgadores de instancia prescindieron de soportes esenciales para la determinación tanto del daño emergente como del lucro cesante reconocidos, en contravención de la normativa que regula dichas categorías indemnizatorias. Esto significa que los valores reconocidosRadicación n.° 05809-31-89-001-2017-00153-01 12 carecen de suficiente respaldo probatorio, lo que, a su juicio, contraría la jurisprudencia reiterada de la Corte Suprema de Justicia y revela que la cuantificación resulta meramente eventual e hipotética, desprovista de un razonamiento lógico que la sustente. Añaden que el dictamen aportado por los accionantes indujo en error a los falladores, por cuanto carece de la mínima eficacia probatoria exigida, al omitir cualquier referencia a la contabilidad de los reclamantes, pese a que estos, en su condición de operadores mineros que explotan

mínima eficacia probatoria exigida, al omitir cualquier referencia a la contabilidad de los reclamantes, pese a que estos, en su condición de operadores mineros que explotan carbón a través de una sociedad comercial, estaban obligados a llevarla. Aducen que dicho desacierto es manifiesto y trascendente, en la medida en que conduce a un enriquecimiento sin causa de los demandantes y a un correlativo empobrecimiento de los convocados (fls. 6 a 24).

III. CONSIDERACIONES

1. El recurso de casación es de carácter extraordinario, lo que exige el cumplimiento de ciertos requisitos a ser observados por los censores con estrictez y rigor formal, pues, como lo advierte el numeral segundo del artículo 344 del Código General del Proceso, el escrito de sustentación deberá contener la «formulación, por separado, de los cargos contra la sentencia recurrida, con la exposición de los fundamentos de cada acusación, en forma clara, precisa y completa», respetando las reglas propias de cada causal.Radicación n.° 05809-31-89-001-2017-00153-01

13 La norma en cuestión obliga a que la argumentación del escrito a través del cual se sustente el remedio extraordinario sea inteligible, exacta y envolvente, según se reiteró en CSJ

AC6432-2024, lo cual se justifica, pues, ( …) como el anotado medio constituye un mecanismo para juzgar la sentencia recurrida y no el proceso, la norma exige identificar las razones basilares de la decisión y expresar los argumentos dirigidos a socavarlas. Así se facilita, de un lado, establecer si hay acusación; y de otro, verificar, en punto de la violación directa o indirecta de la ley sustancial, si se denuncia como equivocado el análisis jurídico o probatoria del juzgador, en caso positivo, si el ataque es enfocado o totalizador (CSJ AC2947-2017, AC18052020 y AC1561-2022). Esto quiere decir que no le incumbe a la Corte suplir, completar o corregir las falencias, debilidades o vaguedades técnicas que riñen con lo anterior, pues, conforme indican los artículos 346 y 347 ibidem, el incumplimiento de dichas directrices legales es motivo de inadmisión. No obstante, aun cuando la demanda supere las formalidades técnicas requeridas por la ley, la Sala puede ejercer selección negativa en tres (3) eventos: cuando se plantea una discusión sobre asuntos ampliamente decantados, sin que se proponga una tesis que justifique un cambio de criterio; frente a la inexistencia de los errores endilgados, el saneamiento de los advertidos o la intrascendencia de estos; y si la afrenta al orden jurídico no alcanza a perjudicar al recurrente. Por ende, una vez superado ese paso preliminar, no es

endilgados, el saneamiento de los advertidos o la intrascendencia de estos; y si la afrenta al orden jurídico no alcanza a perjudicar al recurrente. Por ende, una vez superado ese paso preliminar, no es viable que al fallar se tengan en cuenta motivos de inconformidad distintos a aquellos aducidos, excepto que laRadicación n.° 05809-31-89-001-2017-00153-01 14 Corte aplique la facultad de casar de oficio la sentencia confutada «cuando sea ostensible que la misma compromete gravemente el orden o el patrimonio público, o atenta contra los derechos y garantías constitucionales » según lo previene el inciso final del artículo 336 ejusdem.

2. Cuando se invoca la segunda causal por la vía indirecta, además de invocar el precepto material que es objeto de afrenta, es necesario precisar si el vicio deriva de un error de derecho al desatender una norma probatoria, en cuyo caso se debe citar y justificar puntualmente dónde radica la infracción; o si es el resultado de yerros de facto en la apreciación del libelo, la respuesta al mismo o algún medio de convicción, singularizando de manera diáfana y exacta en qué consiste la equivocación manifiesta y trascendente del sentenciador.

Al efecto, en CSJ AC354-2025 se enfatizó que (…) debe concretarse si la afrenta es en forma directa o indirecta, esta última en cualquiera de sus dos manifestaciones ya por incursión en errores de hecho ora de derecho, y en qué consiste la misma de acuerdo con las especificidades que las distinguen, ya

esta última en cualquiera de sus dos manifestaciones ya por incursión en errores de hecho ora de derecho, y en qué consiste la misma de acuerdo con las especificidades que las distinguen, ya que como se dijo en CSJ AC8738-2016 «no basta con invocar las disposiciones a las que se hace referencia, sino que es preciso que el recurrente ponga de presente la manera como el sentenciador las transgredió» (CJS AC3415-2018 y AC1804-2020).

3. La demanda de casación no cumple los requisitos formales necesarios para su admisión, ya que el único cargo planteado exhibe diversas deficiencias técnicas, como pasa a explicarse:Radicación n.° 05809-31-89-001-2017-00153-01 15 a). Omite indicar la norma material que, por resultar pertinente para la definición del litigio, habría sido quebrantada por el Tribunal como consecuencia de los errores probatorios que le son atribuidos, pues si bien cita los artículos 1613 y 1614 del Código Civil, estos carecen de la específica connotación sustancial exigida en casación.

En efecto, el primero de estos preceptos se limita a enunciar los elementos que, al decir de esa codificación, integran la indemnización de perjuicios, al disponer que «[l]a indemnización de perjuicios comprende el daño emergente y lucro cesante, ya provenga de no haberse cumplido la obligación, o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado el cumplimiento. Exceptúanse los casos en que la ley la limita expresamente al daño emergente».

obligación, o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado el cumplimiento. Exceptúanse los casos en que la ley la limita expresamente al daño emergente». Por su parte, el artículo 1614 ejusdem tiene un carácter meramente definitorio, pues se circunscribe a precisar el alcance de tales conceptos, al señalar que « [e]ntiéndese por daño emergente el perjuicio o la pérdida que proviene de no haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado su cumplimiento; y por lucro cesante, la ganancia o provecho que deja de reportarse a consecuencia de no haberse cumplido la obligación, o cumplido imperfectamente, o retardado su cumplimiento». Ninguna de esas disposiciones jurídicas ostenta naturaleza sustancial, en la medida en que no contienen un mandato destinado a declarar, crear, modificar, extinguirRadicación n.° 05809-31-89-001-2017-00153-01 16 una relación jurídica concreta, sino que cumplen una función meramente descriptiva y conceptual, insuficiente de por sí para sustentar un reproche casacional por infracción indirecta de la ley material.

Así se precisó en el AC2117-2020 al decir que: En cuanto a los artículos 1613, 1614 y 1615, el primero se circunscribe a precisar los elementos que comprende la indemnización de perjuicios, el segundo define conceptualmente el daño emergente y el lucro cesante, mientras que el tercero prevé

circunscribe a precisar los elementos que comprende la indemnización de perjuicios, el segundo define conceptualmente el daño emergente y el lucro cesante, mientras que el tercero prevé desde cuándo se deben tales detrimentos, lo que significa que solo hacen una clasificación y explicación de esos dos daños resarcibles.

Al respecto, en CSJ AC2506-2016, se precisó que «los artículos 1613, 1614 y 1615, del Estatuto Civil, que explican los componentes de la indemnización de perjuicios (daño emergente y lucro cesante), no son sustanciales pues tan sólo hacen una clasificación y explicación de dos modalidades de daños resarcibles», lo que en relación con los dos primeros se reiteró en CSJ AC3597-2018. Esto significa que el ataque incumplió un presupuesto esencial, consistente en indicarle a la Corte de manera expresa la norma material que, por resultar determinante en la definición del litigio, habría sido infringida por el Tribunal en la sentencia criticada. Tal omisión resulta insuperable y determina, de manera ineludible, la falta de idoneidad formal de la acusación, pues dicha exigencia constituye un requisito mínimo e indispensable para habilitar el estudio de fondo del cargo y verificar la eventual vulneración denunciada. A propósito, en el CSJ AC4867-2025 se destacó que: una norma es de estirpe sustancial cuando contiene una prescripción enderezada a declarar, crear, modificar o extinguirRadicación n.° 05809-31-89-001-2017-00153-01 17

una norma es de estirpe sustancial cuando contiene una prescripción enderezada a declarar, crear, modificar o extinguirRadicación n.° 05809-31-89-001-2017-00153-01 17 relaciones jurídicas concretas” (G.J. CLI, pág.254) y por ende carecen de tal connotación “los preceptos materiales que se limitan a definir fenómenos jurídicos, o a precisar los elementos estructurales de los mismos, o los puramente enunciativos o enumerativos, o los procesales, entre ellos, los de disciplina probatoria” (auto 5 de agosto de 2009, exp. 1999 00453 01; reiterado el 12 de abril de 2011, exp. 11001-3103-026-200024058-01, AC6078-2021, AC5548-2022 y AC3632-2024). De igual manera, en el AC1717-2024 se enfatizó que « (…) cuando el recurso se finque en la transgresión (directa o indirecta) de normas de carácter sustancial, es tarea del impugnante invocar al menos un precepto de esa naturaleza que, «constituyendo base esencial del fallo, o habiendo debido serlo», haya sido infringido por la decisión que se censura» (AC2133-2020, AC1585-2022 y AC2657-2023, entre otros). Todo lo anterior reafirma que, cuando se plantea la causal primera o segunda de casación, la invocación de una

(AC2133-2020, AC1585-2022 y AC2657-2023, entre otros). Todo lo anterior reafirma que, cuando se plantea la causal primera o segunda de casación, la invocación de una norma sustancial que tenga incidencia en la definición del caso resulta indispensable, tanto así que de llegar a omitirse: (…) ‘quedaría incompleta la acusación, en la medida en que se privaría a la Corte, de un elemento necesario para hacer la confrontación con la sentencia acusada, no pudiéndose, ex officio, suplir las deficiencias u omisiones en que incurra el casacionista en la formulación de los cargos, merced al arraigado carácter dispositivo que estereotipa al recurso de casación” (AC3670-2021, entre otros). Aunque al final del cargo se menciona el principio general del derecho que proscribe el enriquecimiento injustificado a expensas de otro, no se desarrolla una exposición clara y contundente dirigida a explicar cómo habría sido vulnerado dicho axioma. En tal medida, su sola invocación, desprovista de un hilo argumentativo que laRadicación n.° 05809-31-89-001-2017-00153-01 18 sustente y articule con el planteamiento fáctico a partir del cual se fundamenta la presunta existencia de los yerros de hecho denunciados, resulta insuficiente para tener por debidamente estructurado el ataque casacional. b). Adicionalmente, el cargo es abstracto, en abierta

cual se fundamenta la presunta existencia de los yerros de hecho denunciados, resulta insuficiente para tener por debidamente estructurado el ataque casacional. b). Adicionalmente, el cargo es abstracto, en abierta contravía de las exigencias de precisión y claridad que impone la ley