CSJ - AC1225-2026

Corte Suprema de Justicia

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Detalles

Título
CSJ - AC1225-2026
Autor
Corte Suprema de Justicia
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Civil
Año
—

AC1225-2026 Radicación n° 11001-02-03-000-2026-00481-00 Bogotá D.C., tres (03) de marzo de dos mil veintiséis (2026). Sería del caso resolver el conflicto de competencia suscitado entre la Superintendencia de Sociedades y el Juzgado Primero Civil del Circuito de Montería, si no fuera porque se advierte prematuro su planteamiento. ANTECEDENTES 1.- La sociedad Comerciales Mónaco y CIA. S.A. presentó «acción social de responsabilidad», contra Mónica Viviana García Izquierdo, en la que solicitó declarar que «infringió sus deberes como administradora (…), consagrados en el artículo 23 de la Ley 222 de 1995 (…)», y condenarla a pagar las sumas de dinero allí reclamadas. Atribuyó la competencia a los «Juzgados Civiles del Circuito de Montería», en consideración a «la facultad que le otorga el numeral quinto del artículo 24 del Código General del Proceso (sic)». 2.- El asunto se asignó al Juzgado Primero Civil del Circuito de Montería, que rechazó la demanda por falta de competencia. Explicó que, como las pretensiones noRadicación No. 11001-02-03-000-2026-00481-00

superaban la mayor cuantía, la competencia correspondía a los jueces civiles municipales de la misma localidad, de conformidad con el artículo 25 del Código General del Proceso. 3.- El expediente fue recibido por el Juzgado Cuarto

los jueces civiles municipales de la misma localidad, de conformidad con el artículo 25 del Código General del Proceso. 3.- El expediente fue recibido por el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Montería, que también declaró su falta de competencia. Sostuvo que, en atención a la naturaleza del asunto, la competencia recaía en la Superintendencia de Sociedades, acorde con los artículos 85 y siguientes de la Ley 222 de 1995.

4. La Superintendencia de Sociedades planteó el conflicto, porque, a su juicio, en virtud de la sentencia C3182023, la competencia era del Juzgado Civil del Circuito de Montería, atendiendo el numeral 4 del artículo 20 ibidem. En consecuencia, ordenó la remisión del trámite al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, «a efectos de que conozca el conflicto de competencia». 5.- El mencionado Tribunal consideró que, como la colisión se suscitó entre un juzgado de Montería y la Superintendencia de Sociedades, « en su sede principal en la ciudad de Bogotá», involucra distintos distritos judiciales y, por ello, corresponde dirimirla a esta Corporación.

CONSIDERACIONES

1. Competencia de la Corte

2Radicación No. 11001-02-03-000-2026-00481-00

La Corte es competente para resolver el presente conflicto, pues, si bien las autoridades involucradas participan del mismo grado jerárquico jurisdiccional, ya que la Superintendencia de Sociedades funge como autoridad

conflicto, pues, si bien las autoridades involucradas participan del mismo grado jerárquico jurisdiccional, ya que la Superintendencia de Sociedades funge como autoridad judicial equivalente a la teóricamente desplazada, en este caso, un Juzgado Civil del Circuito, lo cierto es que no pertenecen al mismo Distrito Judicial (Montería – Bogotá) 1, puntualmente porque dicha autoridad tiene su sede en la ciudad de Bogotá. Esta diferencia territorial justifica la intervención de la Corte, conforme al artículo 18 de la Ley 270 de 1996 (CSJ, AC455-2025). 2.- La falta de competencia El artículo 139 del Código General del Proceso impone que siempre que el juez declare su incompetencia para conocer de un proceso, «ordenará remitirlo al que estime competente»; determinación que requiere de un examen razonado de las pretensiones del demandante, atendiendo las reglas de competencia. Al efecto, resulta necesario tener en cuenta los factores de competencia, entendidos como los criterios previstos por el legislador para establecer, de manera previa y objetiva, el funcionario judicial llamado a conocer de un determinado 1 Lo primero se deduce de lo normado en los artículos 24, parágrafo 3°, y 139, inciso 5°, del Código General del Proceso, que otorgan a las autoridades administrativas funciones jurisdiccionales equiparables a las de los jueces ordinarios. Lo segundo, del precepto 31-2 ibídem, que asigna la función

General del Proceso, que otorgan a las autoridades administrativas funciones jurisdiccionales equiparables a las de los jueces ordinarios. Lo segundo, del precepto 31-2 ibídem, que asigna la función de juez de segunda instancia al «tribunal superior del distrito judicial de la sede principal de la autoridad administrativa o de la sede regional correspondiente al lugar en donde se adoptó la decisión, según fuere el caso». 3Radicación No. 11001-02-03-000-2026-00481-00

proceso, los cuales, según clasificación doctrinaria, son objetivo, subjetivo funcional, territorial y de conexidad.2 En ese orden, asumir o rechazar la competencia impone al funcionario judicial el deber de motivar la correspondiente decisión, en la medida que «un juez es competente cuando por la materia, por el valor, por las personas que intervienen, por las funciones que va a desempeñar, por el lugar donde está radicado y en consideración a la conexión de pretensiones y procesos, le corresponde el conocimiento del pleito»3. 3.- Controversias societarias -naturaleza del asunto. En materia societaria, el legislador estableció un régimen competencial que comprende dos reglas susceptibles de generar, en algunos eventos de concurrencia, en la medida en que atribuyó el conocimiento de ciertos asuntos tanto a al funcionario judicial, propiamente dicho, como a una autoridad administrativa investida de funciones jurisdiccionales. 2 El factor objetivo, «tiene en cuenta, por un lado, la naturaleza jurídica de las cuestiones

asuntos tanto a al funcionario judicial, propiamente dicho, como a una autoridad administrativa investida de funciones jurisdiccionales. 2 El factor objetivo, «tiene en cuenta, por un lado, la naturaleza jurídica de las cuestiones debatidas en el proceso y por otro lado, el valor del objeto litigioso» (Palacio, Lino Enrique. Derecho Procesal Civil. Tomo II. Sujetos del Proceso. Quinta Reimpresión. Abeledo – Perrot. Buenos Aires. 1994. Pág. 368) ; el subjetivo, «se refiere a la calidad de las personas interesadas en el respectivo proceso (ratione personae)» (Morales Molina, Hernando. Curso de Derecho Procesal Civil. Editorial ABC – Bogotá. 1991. Pág. 36), en estricto sentido «mira a la calidad de las personas que forman parte del juicio» (Devis Echandía, Hernando. Tratado de Derecho Procesal Civil. Parte General. Tomo III. Sujetos de la Relación Jurídica Procesal. Editorial Temis. Bogotá. 1962, Pág. 90) ; y el factor funcional atiende las tareas que determinado juez tiene asignadas según su categoría, es decir, «contempla las diversas etapas de que consta todo proceso y la posibilidad de que en cada una de ellas intervenga un órgano distinto» (Palacio, Lino Enrique. Ob. Cit. Pág. 369). El territorial, «hace relación al lugar del territorio nacional donde debe iniciarse el proceso» (Morales Molina, Hernando. Ob. Cit. Pág. 36), procurando «allanar a las partes y peticionarios los inconvenientes derivados de la distancia» (Palacio, Lino Enrique. Ob. Cit. Pág. 368);

donde debe iniciarse el proceso» (Morales Molina, Hernando. Ob. Cit. Pág. 36), procurando «allanar a las partes y peticionarios los inconvenientes derivados de la distancia» (Palacio, Lino Enrique. Ob. Cit. Pág. 368); y el factor de conexidad hace alusión a que un juez que, en principio, no tiene competencia para conocer de un proceso o de algunas de sus pretensiones, por virtud de «la conexión de pretensiones y procesos, le corresponde el conocimiento del pleito» (DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Ob. Cit. Pág. 91). 3 Ibídem. 4Radicación No. 11001-02-03-000-2026-00481-00

De una parte, el numeral 4 del artículo 20 del Código General del Proceso, dispone que los jueces civiles del circuito conocen, en primera instancia, de «todas las controversias que surjan con ocasión del contrato de sociedad (…)». Esta regla consagra un criterio de competencia amplio, fundado en la conexidad del litigio con dicha relación contractual, sin establecer restricción alguna a la calidad de las partes involucradas. De otra parte, el literal b) del numeral 5 del artículo 24 ibidem, preceptúa que la Superintendencia de Sociedades tendrá facultades jurisdiccionales en materia societaria, referida a «las diferencias que ocurran entre los accionistas, o entre estos y la sociedad o entre estos y sus administradores, en desarrollo del contrato social o del acto unilateral» (negrilla fuera de texto). Esta disposición, en cierta medida, delimita la competencia en

estos y la sociedad o entre estos y sus administradores, en desarrollo del contrato social o del acto unilateral» (negrilla fuera de texto). Esta disposición, en cierta medida, delimita la competencia en atención a los sujetos vinculados a la relación societaria, esto es, entre accionistas y sociedad; o entre accionistas y administradores; como a la fuente obligaciones que origina la controversia, ya provenga del contrato social o de un acto unilateral. Cabe resaltar que el aparte de esta última regla, que inicialmente asignaba una competencia jurisdiccional amplia en materia societaria a la referida autoridad administrativa para la «resolución de conflictos societarios», fue declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-318/2023, en particular, porque, al examinar sus interpretaciones admisibles, dicha Corporación concluyó que la expresión resultaba «radicalmente indeterminada». 5Radicación No. 11001-02-03-000-2026-00481-00

Así las cosas, la coexistencia de ambas reglas no implica necesariamente el desplazamiento automático del funcionario judicial, propiamente dicho, porque, de conformidad con el parágrafo 1o del artículo 24 ibidem, las funciones jurisdiccionales consagradas en esta reglan generan competencia a prevención y, por ende, no excluyen la otorgada a las autoridades judiciales y a las autoridades administrativas en esos determinados asuntos. 4.- Caso concreto 4.1.- La presente colisión deviene prematura, por

generan competencia a prevención y, por ende, no excluyen la otorgada a las autoridades judiciales y a las autoridades administrativas en esos determinados asuntos. 4.- Caso concreto 4.1.- La presente colisión deviene prematura, por cuanto, en el acto de desprendimiento de la causa, el Juzgado Civil del Circuito de Montería omitió analizar, en su integridad, el factor objetivo de competencia. Remitió el asunto a un juzgado de su misma especialidad y de menor jerarquía, considerando solamente la cuantía, sin explicar por qué, dada la naturaleza del asunto y en atención al factor funcional, era el llamado a conocer del trámite en primera instancia. Ello, porque no se advierte un análisis respecto del numeral 4o del artículo 24 del Código General del Proceso, que asigna a los jueces civiles del circuito la competencia para conocer, en primera instancia, de todas las controversias que surjan con ocasión del contrato de sociedad y, m ás relevante aún, no indagó por el factor territorial, gobernado, de manera general, por el artículo 28, ibidem, y, por consiguiente, no reparó en que, en la demanda, al 6Radicación No. 11001-02-03-000-2026-00481-00

parecer, no se indicó el «domicilio» de la administradora demandada. 4.2.- Las descritas omisiones condujeron que el proceso llegara a la Corte, sin que el juez designado por el legislador para conocer, en primera instancia, las controversias surgidas del

demandada. 4.2.- Las descritas omisiones condujeron que el proceso llegara a la Corte, sin que el juez designado por el legislador para conocer, en primera instancia, las controversias surgidas del contrato de sociedad (como la suscitada entre la sociedad y sus administradores -acción social de responsabilidad iniciada por el ente moral-), se pronunciara respecto de su competencia y, sobre todo, sin la información requerida para determinar la competencia territorial; falencia que abrió paso a que se planteara un prematuro conflicto, circunscrito a la naturaleza del asunto.

5. Conclusión Comoquiera que no se examinó en su integridad el factor objetivo de competencia, porque no se analizó la naturaleza del asunto ni el factor territorial, se declarará prematuro el conflicto. En consecuencia, se ordenará la devolución de las diligencias al Juzgado Civil del Circuito de Montería, para que adelante el trámite que corresponda, atendiendo lo expuesto en esta providencia.

DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la suscrita Magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, 7Radicación No. 11001-02-03-000-2026-00481-00

RESUELVE: PRIMERO: Declarar prematuro el planteamiento del presente conflicto de competencia.

SEGUNDO: Remitir el expediente al Juzgado Primero Civil del Circuito de Montería, para que proceda de conformidad.

TERCERO: Comunicar lo decidido al Juzgado

del presente conflicto de competencia.

SEGUNDO: Remitir el expediente al Juzgado Primero Civil del Circuito de Montería, para que proceda de conformidad.

TERCERO: Comunicar lo decidido al Juzgado Cuarto Civil Municipal de Montería y a la Delegatura para Procedimientos Mercantiles, Dirección Jurisdicción Societaria II, de la Superintendencia de Sociedades, así como a la parte actora.

Notifíquese,

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ

Magistrada 8

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