CSJ - AC1350-2026
Detalles
- Título
- CSJ - AC1350-2026
- Autor
- Corte Suprema de Justicia
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Civil
- Año
- —
AC1350-2026 Radicación n°. 11001-02-03-000-2025-05860-00 Bogotá D.C., cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026). Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Cuarto de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Cartagena y Doce de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá. ANTECEDENTES 1.- El Fondo Nacional del Ahorro S.A. promovió proceso ejecutivo para la efectividad de la garantía real contra Jairo Alexander Batista Munive, en virtud del Pagaré No. 9099896 e hipoteca abierta sin límite de cuantía constituida mediante Escritura Pública No. 1169 de 25 de abril de 2018, otorgada en la Notaría Tercera del Círculo de Cartagena; respecto al inmueble identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 060-306147, cuya ubicación se encuentra en dicho municipio. Justificó la competencia en elRadicación n°. 11001-02-03-000-2025-05860-00 2 numeral 10 del artículo 28 del Código General del Proceso; así como la cuantía la estimó en $113’318.232,20.1
2. Inicialmente, el asunto fue repartido al Juzgado Tercero Civil Municipal de Cartagena, quien rehusó el conocimiento por considerar, sin mayor explicación, que el domicilio de la parte demandada estaba en el Barrio Ciudad
Tercero Civil Municipal de Cartagena, quien rehusó el conocimiento por considerar, sin mayor explicación, que el domicilio de la parte demandada estaba en el Barrio Ciudad Jardín y, que el proceso era de mínima cuantía; entonces, le correspondía los Juzgados de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de esa urbe, según el Acuerdo No. CSJBOA18-160 y la Circular CSJBOA20-42.
3. Luego, conoció el Juzgado Cuarto de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Cartagena, que también desconoció el conocimiento del expediente al señalar que no era competente, invocando lo indicado por la parte ejecutante, que la entidad demandante tiene domicilio en Bogotá, de acuerdo con el Certificado de Existencia y Representación Legal, «ratificado en el acápite de notificaciones de la demanda»3, entonces, remitió el plenario al Distrito Capital.
4. Recibido por el Juzgado de mínima cuantía de esta ciudad, tampoco avocó conocimiento, por el contrario, rechazó la demanda y, suscitó la colisión negativa en fundamento a que (i) el proceso es de menor cuantía porque supera los 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes, 1 Archivo Pdf “002_02Demanda.pdf”; Carpeta “01CPrincipal”; Carpeta “Única instancia”; Carpeta
fundamento a que (i) el proceso es de menor cuantía porque supera los 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes, 1 Archivo Pdf “002_02Demanda.pdf”; Carpeta “01CPrincipal”; Carpeta “Única instancia”; Carpeta “11001418901220250177200”; Archivo Zip “11001020300020250586000-0005Expediente_remitido”2 Archivo Pdf “005_05AutoRechzaDemanda.pdf”; Carpeta “01CPrincipal”; Carpeta “Única instancia”; Carpeta “11001418901220250177200”; Archivo Zip “11001020300020250586000-0005Expediente_remitido”3 Folio 3, ibid.Radicación n°. 11001-02-03-000-2025-05860-00 3 pues el demandante la estima en $ 113.318.232,20 y; (ii) dio aplicabilidad al numeral 7 del artículo 28 del compendio procesal.
CONSIDERACIONES
1. Esta Corporación debe dirimir el conflicto objeto de estudio, en su condición de superior funcional común y por conducto del suscrito Magistrado, por haberse suscitado entre funcionarios de distinto distrito judicial, conforme a lo dispuesto en los artículos 35 y 139 del Código General del Proceso; 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por los artículos 7° de la Ley 1285 de 2009 y 10 de la Ley 2430 de 2024; y 18 de esa misma Ley.
2. La jurisdicción constituye una manifestación de la soberanía estatal en su función de administrar justicia, cuyo ejercicio corresponde, por regla general, al Estado como
2024; y 18 de esa misma Ley.
2. La jurisdicción constituye una manifestación de la soberanía estatal en su función de administrar justicia, cuyo ejercicio corresponde, por regla general, al Estado como titular exclusivo de dicha potestad. La competencia, por su parte, es la concreción normativa de esa jurisdicción en casos particulares, mediante criterios previamente definidos por el legislador.
Y, en ese sentido, el ordenamiento procesal establece diversos factores determinantes de competencia: el objetivo (naturaleza del asunto o cuantía), el subjetivo (calidad de las partes), el funcional (grado o instancia), el territorial y el de conexidad. Sin embargo, para precisar cuál juez, dentro de la misma especialidad y categoría, debe conocer un asunto específico en el ámbito geográfico nacional, resultaRadicación n°. 11001-02-03-000-2025-05860-00 4 determinante el factor territorial, regulado en el artículo 28 del Código General del Proceso. Este factor territorial se estructura principalmente, a través de distintos fueros: personal (domicilio de las partes, con reglas generales, especiales, privativas y concurrentes), real (ubicación de los bienes o lugar del derecho real comprometido) y contractual (lugar de cumplimiento de la obligación). Algunos de estos foros son concurrentes, lo que faculta al demandante para elegir entre varios jueces competentes, quedando excluidos los demás una vez asumido el conocimiento; otros son privativos, en cuyo caso la atribución territorial radica exclusivamente en un único funcionario.
competentes, quedando excluidos los demás una vez asumido el conocimiento; otros son privativos, en cuyo caso la atribución territorial radica exclusivamente en un único funcionario. Acerca del carácter «privativo» establecido en los numerales 7 y 10 del artículo 28 del Código General del Proceso, la Corte en CSJ AC3744-2018, reiterado, entre otros, en AC2429-2019 y AC4079-2019 dijo: «(…) que constituye el común denominador de las precitadas disposiciones implica que a los juzgadores con autoridad en el territorio donde se cumple alguna de las condiciones señaladas en ellas, es decir, del sitio donde se localizan los inmuebles sobre los que se quiere constituir ese gravamen o del que es vecino el organismo estatal, concierne conocer, tramitar y resolver de manera exclusiva los litigios cuyas pretensiones tienen esa finalidad o han sido formuladas a favor o en contra de una entidad de esa índole. (…)»Radicación n°. 11001-02-03-000-2025-05860-00 5
3. De acuerdo con lo anterior, el fuero privativo comporta que el conocimiento del asunto corresponde de manera exclusiva a una determinada autoridad judicial, bien sea la del lugar de ubicación del bien inmueble sobre el cual recae el gravamen o se pretende constituir, o la del domicilio de la entidad pública involucrada. Surge entonces la cuestión relativa a cuál debe prevalecer cuando ambos fueros privativos concurren en un mismo caso, en ausencia de una
recae el gravamen o se pretende constituir, o la del domicilio de la entidad pública involucrada. Surge entonces la cuestión relativa a cuál debe prevalecer cuando ambos fueros privativos concurren en un mismo caso, en ausencia de una regla legal que establezca preferencia entre ellos, dado que ostentan igual jerarquía normativa. Ese interrogante fue inicialmente abordado en la providencia CSJ AC140-2020, en la que se acogió el criterio de prevalencia del factor subjetivo previsto en el artículo 29 del Código General del Proceso, bajo el entendido de que tal solución respondía a una interpretación sistemática del régimen competencial adoptado por el legislador de 2012 y consultaba el interés general al radicar el conocimiento en el juez del domicilio del ente público que fuera parte en el litigio. Agregando que, el principio perpetuatio jurisdictionis no tenía cabida precisamente por la prevalencia de dicho factor de competencia, al igual que no estaba dado al organismo público disponer de esa prerrogativa por tratarse de una norma de orden público y, por lo tanto, de obligatorio cumplimiento. No obstante, tal postura se ha matizado, así:Radicación n°. 11001-02-03-000-2025-05860-00 6 3.1. Sin perder de vista el carácter privativo del fuero personal de la entidad pública demandante, enfatiza que la regla décima del artículo 28 del Código General del Proceso no restringe la asignación territorial al juez del domicilio principal de esta, por lo que ante la existencia de sucursal o agencia vinculada con el objeto del proceso analógicamente
regla décima del artículo 28 del Código General del Proceso no restringe la asignación territorial al juez del domicilio principal de esta, por lo que ante la existencia de sucursal o agencia vinculada con el objeto del proceso analógicamente aplica el numeral 5 del mismo precepto procesal4. 3.2. Ante la concurrencia de fueros privativos como el real y el personal de los entes públicos, ha dado prelación al primero como resultado de realizar una interpretación sistemática de principios constitucionales y generales del proceso, como el acceso a la administración de justicia, defensa y contradicción, igualdad e inmediación del juez, sin desconocer la existencia del factor subjetivo en la regla del numeral 10 del artículo 28 del estatuto procesal5. 3.3. Recientemente, en providencia CSJ AC041-2026, se precisó que los fueros real y personal del ente público consagrados en los numerales 7 y 10 del artículo 28 del Código General del Proceso tienen carácter privativo, lo que impide dirimir su confrontación con fundamento en el artículo 29 ibidem, pues la regla décima no configura un factor subjetivo, sino «un foro de atribución en función del territorio». En ese contexto, reiteró la procedencia del principio de perpetuatio jurisdictionis cuando el juez asume el conocimiento y luego pretende declinarlo, así como la
4 CSJ AC396-2020, AC2401-2022, AC2418-2023, AC075-2024, AC4168-2024,
el conocimiento y luego pretende declinarlo, así como la 4 CSJ AC396-2020, AC2401-2022, AC2418-2023, AC075-2024, AC4168-2024, AC4264-2024, AC4338-2024, AC4433-2024, AC6356-2024, AC6366-2024, C36632025, AC3908-2025, AC3940-2025, AC3955-2025, AC3956-2025 y AC4044-2025.5 CSJ AC3037-2025, AC422-2025 y AC3953-2025.Radicación n°. 11001-02-03-000-2025-05860-00 7 posibilidad de prórroga de la competencia por el silencio del convocado. Asimismo, indicó que, ante vacíos o tensiones entre fueros territoriales privativos, deben aplicarse los principios constitucionales y procesales – acceso a la justicia, debido proceso, igualdad, inmediación y concentración – privilegiando la asignación del asunto al juez del lugar donde se ubica el bien, por razones de eficiencia, cercanía probatoria y garantía efectiva de los derechos de las partes, criterio extensible a los procesos que involucren derechos reales o los previstos en el numeral 7 del citado artículo 28.
4. Las disquisiciones del numeral anterior, descendidas al caso que ahora ocupa la atención de la Corte permiten concluir que, la competencia territorial para conocer el ejecutivo con garantía real promovido por Fondo Nacional del Ahorro contra Jairo Alexander Batista Munive será deferida al juez del lugar donde se encuentra localizado el bien sobre el cual recae el gravamen, el cual, como se
conocer el ejecutivo con garantía real promovido por Fondo Nacional del Ahorro contra Jairo Alexander Batista Munive será deferida al juez del lugar donde se encuentra localizado el bien sobre el cual recae el gravamen, el cual, como se advierte de la escritura pública n.° 1169 de 25 de abril de 2018 otorgada en la Notaría Tercera del Círculo de Cartagena, se sitúa en ese municipio6. Lo anterior, en atención a que, en esa clase de proceso ante la falta de pago de la deudora se llevará a cabo la subasta pública del inmueble pignorado, cuestión que implica que la ejecución deba tramitarse ante la autoridad 6 Folios 22. “001_01AnexosDemanda.pdf “; “Carpeta “01CPrincipal”; Carpeta “Única instancia”; Carpeta “11001418901220250177200”; Archivo Zip “11001020300020250586000-0005Expediente_remitido”Radicación n°. 11001-02-03-000-2025-05860-00 8 judicial de esa población para evitar un desgaste mayor de la administración de justicia y erogaciones adicionales a la parte ejecutada. En todo caso, aun cuando se le da prevalencia al foro real, lo cierto es que, no resulta afectada la elección de la parte demandante en ejercicio de su derecho de acción, ya que, en la capital de Bolívar confluyen la ubicación del inmueble como el domicilio secundario de la entidad, en el sentido que allí se encuentra la sede vinculada a esta litis puesto que, ahí se originó el negocio jurídico.
inmueble como el domicilio secundario de la entidad, en el sentido que allí se encuentra la sede vinculada a esta litis puesto que, ahí se originó el negocio jurídico.
6. Lo suscitado en este choque de estrados judiciales no obedece sólo al factor de territorialidad, también está inmerso el factor objetivo, en cuanto a la cuantía se refiere.
En efecto, la parte actora en sus pretensiones y causa petendi describe los valores del capital tanto en UVR como en moneda legal colombiana, al igual que los intereses y estima la cuantía en $113.318.232,20. De conformidad con lo expuesto por el demandante en el libelo, además de los umbrales vigentes para la época de presentación de la demanda, dicha estimación ubica el asunto en la categoría de menor cuantía, cuyo conocimiento corresponde a los Juzgados Civiles Municipales. No obstante, de la providencia proferida por el primer despacho al que fue repartido el proceso, esto es, el Juzgado Tercero Civil Municipal de Cartagena7, no se advierte análisis 7 Archivo Pdf “003_03ActaReparto.pdf”; ibid.Radicación n°. 11001-02-03-000-2025-05860-00 9 alguno orientado a determinar la cuantía del litigio, ni las razones que lo condujeron a concluir que se trataba de un asunto de mínima y no de menor cuantía, como de manera expresa lo señala el ejecutante en su escrito de demanda8. En ese orden, la competencia territorial debe radicarse en la ciudad de Cartagena, por concurrir allí los factores
asunto de mínima y no de menor cuantía, como de manera expresa lo señala el ejecutante en su escrito de demanda8. En ese orden, la competencia territorial debe radicarse en la ciudad de Cartagena, por concurrir allí los factores determinantes previamente analizados, a elección de la accionante. Por consiguiente, procede asignar el conocimiento al Juzgado Tercero Civil Municipal de Cartagena, en virtud de la aplicación de los principios de economía procesal y celeridad, máxime ambos factores fueron objeto de controversia en las providencias que rechazaron la demanda. En consecuencia, el Juzgado municipal memorado debe adelantar la ejecución, para lo cual se le remitirá el expediente digital y se informará de ello a los despachos también involucrados en el conflicto. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, RESUELVE 8 Folio 6; “002_02Demanda.pdf”; Carpeta “01CPrincipal”; Carpeta “Única instancia”; Carpeta “11001418901220250177200”; Archivo Zip “11001020300020250586000-0005Expediente_remitido”Radicación n°. 11001-02-03-000-2025-05860-00 10 Primero. Declarar que el Juzgado Tercero Civil Municipal de Cartagena es el competente para conocer la causa de la referencia. Segundo. Remitir el expediente por el medio más
10 Primero. Declarar que el Juzgado Tercero Civil Municipal de Cartagena es el competente para conocer la causa de la referencia. Segundo. Remitir el expediente por el medio más expedito al despacho que aquí se asignó la competencia para que proceda de conformidad. Tercero. Comunicar lo decidido a las otras dependencias que tuvieron el asunto.
NOTIFÍQUESE
JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO
Magistrado