CSJ - AC173-2026
Detalles
- Título
- CSJ - AC173-2026
- Autor
- Corte Suprema de Justicia
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Civil
- Año
- —
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
Magistrada Ponente AC173-2026 Radicación n.° 11001-02-03-000-2025-06295-00 Bogotá, D. C., veintisiete (27) de enero de dos mil veintiséis (2026). Se decide sobre la admisibilidad de la demanda de exequatur promovida por Ivone Romero Arambula.
I. ANTECEDENTES 1.- Se formuló petición de homologación, a través de la cual se pretende el reconocimiento de efectos en la República de Colombia de la providencia emitida el 26 de octubre de 2023, por el Tribunal Quinto del Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los municipios San Cristobal y Torres de la Circunscripción Judicial del Estado de Táchira. 2.- En la referida determinación, según lo señaló la demandante, se decretó el divorcio del matrimonio civil que contrajo con Oscar Mora Laguado -de nacionalidadRadicación n.° 11001-02-03-000-2025-06295-00 2 venezolana-, el 17 de octubre de 1991 en San Cristobal, estado de Táchira, Venezuela.
En el escrito inaugural del presente trámite también se indicó que el juzgador foráneo decretó el divorcio con fundamento en la causal de «desafecto» que guarda semejanza con la prevista en el ordenamiento jurídico patrio (núm. 10, art. 154 C.C., Ley 2442 de 2024 ); además, señaló que, aunque la pareja concibió un hijo de nombre Oscar
semejanza con la prevista en el ordenamiento jurídico patrio (núm. 10, art. 154 C.C., Ley 2442 de 2024 ); además, señaló que, aunque la pareja concibió un hijo de nombre Oscar Adrián Mora Romero, éste es mayor de edad y en la actualidad tiene 32 años. Del mismo modo precisó que la «sentencia no versa sobre derechos reales en bienes que estuvieran en territorio colombiano en el momento de iniciarse el proceso, ni se opone a las leyes o disposiciones colombianas de orden público» [archivo digital 0005].
II. CONSIDERACIONES 1.- Según lo tiene precisado la jurisprudencia, ninguna providencia dictada por jueces extranjeros puede tener obligatoriedad ni ejecución forzada en Colombia, a menos que medie la autorización del órgano judicial colombiano competente, que según el ordenamiento adjetivo es la Corte
Suprema de Justicia. En ese orden, para que una sentencia judicial extranjera surta efectos vinculantes en nuestro país se requiere el cumplimiento de los presupuestos que se reclaman en el orden legal interno, específicamente los contenidos en el Capítulo I del Título I del Libro V del CódigoRadicación n.° 11001-02-03-000-2025-06295-00 3 General del Proceso. El trámite del exequatur deberá ceñirse, por tanto, a la forma y términos establecidos en el artículo 607 eiusdem, cuyo numeral 2º prescribe que la demanda deberá rechazarse si faltare alguno de los requisitos previstos en los
forma y términos establecidos en el artículo 607 eiusdem, cuyo numeral 2º prescribe que la demanda deberá rechazarse si faltare alguno de los requisitos previstos en los numerales 1º a 4º del canon 606. Entre las citadas exigencias se impone que la sentencia extranjera, cuya homologación se solicita, «no se oponga a las leyes u otras disposiciones colombianas de orden público, exceptuadas las de procedimiento» (numeral 2º ídem) y, que «se encuentre ejecutoriada de conformidad con la ley del país de origen, y se presente en copia debidamente legalizada» (numeral 3º ibidem). 2.- No obstante, contrastadas las piezas documentales aportadas con las premisas legales que se indicaron, se advierte que la libelista no aportó la constancia de ejecutoria de la decisión judicial extranjera o prueba de la que se pueda colegir que aquel pronunciamiento cobró firmeza. Y es que, si bien en el pliego introductor se indicó que la decisión quedó ejecutoriada el 9 de octubre de 2024, ninguna constancia en tal sentido obra en el plenario. Sobre el punto, es necesario recordar que (…) la jurisprudencia decantada de la Corte tiene dicho que, para demostrar el carácter definitivo, es menester que el interesado allegue prueba idónea que permita tener seguridad de que el fallo es “final”, lo cual resulta inviable cuando ‘no hay mención sobre los recursos procedentes en contra del mismo y la manera en que, de haberse interpuesto, fueronRadicación n.° 11001-02-03-000-2025-06295-00 4
mención sobre los recursos procedentes en contra del mismo y la manera en que, de haberse interpuesto, fueronRadicación n.° 11001-02-03-000-2025-06295-00 4 agotados, evento que impide igualmente definir el carácter definitivo’ (CSJ, AC2970-2021; reiterado en CSJ,
AC995-2022; CSJ, AC3426-2023; CSJ, AC2435-2024;
CSJ, AC3568-2024; CSJ, AC4490-2024 y CSJ, AC1770-2025). 3.- A lo anotado se suma que los documentos foráneos incorporados al expediente no fueron debidamente apostillados o autenticados por el cónsul o agente diplomático de la República de Colombia en dicho país, como lo establece el artículo 251 del estatuto adjetivo, lo que impide dar por satisfecha la exigencia dispuesta en el numeral 3º del artículo 606 ejusdem. Nótese que, aunque a folio 49 del expediente obra la apostilla emitida por la directora general de la Oficina de Relaciones Consulares de Venezuela, tal pieza certifica únicamente la autenticidad de la firma del documento suscrito por el director general del SAREN [folio 27, archivo digital 0005] , el cual legaliza la rúbrica de la Registradora Principal del estado del Táchira impuesta en el pliego mediante el cual el secretario del Tribunal emisor del fallo a homologar dio fe de la «exactitud de la sentencia» [folio 25, ib.],
Principal del estado del Táchira impuesta en el pliego mediante el cual el secretario del Tribunal emisor del fallo a homologar dio fe de la «exactitud de la sentencia» [folio 25, ib.], sin que su aportación resulte suficiente para cumplir el presupuesto legal en cita.
4. Si no resultaran suficientes las referidas falencias para proceder al rechazo que se anuncia, debe destacarse que en la postulación de apertura se pasaron por alto algunos de los requisitos formales, indispensables para impulsar esta tramitación.Radicación n.° 11001-02-03-000-2025-06295-00 5 4.1.- Lo precedente, por cuanto no se acompañó la evidencia sobre reciprocidad en cuanto al reconocimiento de efectos a providencias judiciales extranjeras, siendo deber de las partes y sus apoderados la obtención de « documentos que directamente o por medio del ejercicio del derecho de petición hubiere podido conseguir» (num. 10 artículo 78 C.G.P.), máxime cuando el inciso segundo del artículo 173 ibídem preceptúa que al juez le está vedado ordenar la práctica de las pruebas que pudo haber obtenido directamente el interesado mediante el derecho de petición.
Sobre el particular la Corte ha adverado que: (…) la reciprocidad es un presupuesto neurálgico del exequátur, su demostración constituye carga del interesado1, por lo que el fundamento fáctico y jurídico de la demanda debe contener alusión sobre el particular, en la cual se sustente la existencia de correspondencia jurídica de orden diplomático o la subsidiaria de
fundamento fáctico y jurídico de la demanda debe contener alusión sobre el particular, en la cual se sustente la existencia de correspondencia jurídica de orden diplomático o la subsidiaria de carácter legislativo. Tratándose de la reciprocidad legislativa, se deberá allegar la prueba idónea de la ley extranjera en los términos del artículo 177 del Código General del Proceso (CSJ, AC2822-2021, criterio reiterado en CSJ, AC996-2022 y en CSJ, AC1944-2024; CSJ, AC6537-2025, entre otras). 4.2.- Tampoco arrimó el texto de las disposiciones que le sirvieron de soporte al fallo extranjero, en aras de acreditar la reciprocidad legislativa sobre la materia discutida en el juicio. Para tal fin, el precepto 177 del Código General del Proceso, faculta su aportación «en copia al proceso, de oficio o a solicitud de parte », bien, previa expedición de « (…) la autoridad 1 CSJ, SC 15495 de 11 de noviembre de 2015.Radicación n.° 11001-02-03-000-2025-06295-00 6 competente del respectivo país, por el cónsul de ese país en Colombia o solicitarse al cónsul colombiano en ese país»; también, mediante un «dictamen pericial rendido por persona o institución experta en razón de su conocimiento en cuanto a la ley de un país o territorio fuera de Colombia, con independencia de si está habilitado para actuar como abogado allí», o a través del «testimonio de dos o más abogados del
su conocimiento en cuanto a la ley de un país o territorio fuera de Colombia, con independencia de si está habilitado para actuar como abogado allí», o a través del «testimonio de dos o más abogados del país de origen o mediante dictamen pericial en los términos del inciso precedente». 5.- Finalmente, tampoco se encuentran satisfechas las formalidades impuestas en el Código General del Proceso y en la Ley 2213 de 2022 en materia de notificación, puntualmente, la de remitir al contendiente copia de la demanda y sus anexos. Así las cosas, suficientes resultan las razones esbozadas en precedencia para rechazar la demanda, por lo que así se procederá.
III. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, RESUELVE: PRIMERO. Rechazar la demanda de exequatur de la referencia.
SEGUNDO. No hay lugar a devolución de anexos por haber sido allegados en medio digital.Radicación n.° 11001-02-03-000-2025-06295-00 7 TERCERO. Se reconoce personería a la profesional del derecho Astrid Yajaira Villamizar Medina , para actuar en representación de la solicitante, en los términos y para los fines del mandato conferido.
NOTIFÍQUESE,
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
Magistrada