CSJ - AC1870-2026

AC1870-2026 Radicación n.° 76001-31-03-015-2013-00001-02 Bogotá D.C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintiséis (2026). Procede la Corte a resolver el recurso de queja interpuesto por la demandante frente al auto de 20 de octubre de 2025, que negó el de casación de la sentencia de 2 de octubre de 2020, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali en el proceso de nulidad de promesa de compraventa de María S. Millán Arango & Cía. S.C.S., contra la Asociación de Proyectos Comunitarios Asoproc, con vinculación de los herederos de Heriberto Millán Villafañe.

I. ANTECEDENTES

1. La accionante solicitó declarar la nulidad absoluta de la promesa de compraventa suscrita el 2 de junio de 2006 entre Heriberto Millán Villafañe, promitente vendedor, y la Asociación de Proyectos Comunitarios – Asoproc-, promitente compradora, por incumplir los requisitos del artículo 1611

del Código Civil.

2. Durante el trámite del proceso fueron vinculados María del Socorro y Liliana Millán Arango, Felipe MillánRadicación n.º 76001-31-03-015-2013-00001-02

Naranjo, Ángela Helena Arango Arriaga, Natalia, Jerry Paul y Juan Sebastián Castro Millán, como herederos del promitente vendedor, quienes coadyuvaron las pretensiones.

Naranjo, Ángela Helena Arango Arriaga, Natalia, Jerry Paul y Juan Sebastián Castro Millán, como herederos del promitente vendedor, quienes coadyuvaron las pretensiones.

3. El Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de Cali, en fallo de 10 de mayo de 2018, accedió a las pretensiones y declaró la nulidad del contrato, pero negó las restituciones mutuas, así como la indemnización de perjuicios.

4. El Superior, al desatar la alzada interpuesta por la parte demandada, en sentencia de 2 de octubre de 2020, declaró la falta de legitimación en la causa por activa de María S. Millán Arango & Cía. S.C.S., revocó el ordinal tercero y, en su lugar, ordenó a la sucesión de Heriberto Millán Villafañe restituir $527’502.398 a la Asociación de Proyectos Comunitarios -Asoprocen el término de quince (15) días, so pena de que en lo sucesivo se generen intereses y negó la restitución del bien al considerar que nunca le fue entregado a la promitente compradora. En lo demás, confirmó el fallo.

5. María del Socorro Millán Arango, quien actúa como heredera de Heriberto Millán Villafañe y también liquidadora de la sociedad María S. Millán Arango & Cía. SCS., interpuso

recurso de casación (9. oct. 2020), que fue concedido el 10 de diciembre de 2020.

6. No obstante, en el CSJ AC432-2022 (17 feb.) la Corte declaró prematura la concesión del recurso, al advertir que el Tribunal omitió constatar si la demandante, que resultóRadicación n.º 76001-31-03-015-2013-00001-02 favorecida con el fallo de segunda instancia, tenía interés para interponer dicho medio de control y le ordenó analizar el caso nuevamente, lo que reiteró en AC1368-2022 (5 abr.), al decidir la reposición interpuesta por la recurrente.

7. En auto de 20 de octubre de 2025 se negó la concesión del recurso extraordinario porque el agravio que la sentencia del Tribunal le ocasionó a la parte recurrente lo constituye la condena impuesta a la demandante, valor que, tras ser indexado, fue igual a $527’502.398, por el anticipo pactado en el contrato anulado, sin que esa cifra supere los 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes exigidos por el artículo 338 del Código General del proceso y que para el 2020 era igual a $877’803.000.

8. La demandante formuló reposición y en subsidio queja, con sustento en que el interés para recurrir debe ser establecido con el valor comercial del inmueble que asciende a $3.394’310.880 y supera en amplitud el umbral legal.

9. El Magistrado sustanciador, en auto del 2 de febrero de 2026, mantuvo su posición y explicó que el interés de la recurrente está determinado por los $527’502.398 que fue condenada a restituir y no por el costo del inmueble pactado en la promesa invalidada, porque este nunca le fue entregado a la promitente adquirente (archivo digital n.° 76).

10. La Corte surtió traslado correspondiente y transcurrió en silencio, según el informe secretarial del 3 de marzo de 2026.Radicación n.º 76001-31-03-015-2013-00001-02

II. CONSIDERACIONES

1. Según el artículo 333 del Código General del Proceso, el recurso de casación se distingue por su carácter extraordinario, lo que implica que su procedencia está limitada a situaciones específicas y excepcionales. En coherencia con esta naturaleza, el artículo siguiente establece de manera restrictiva que dicho medio de control solo es viable contra sentencias dictadas por los Tribunales Superiores en segunda instancia, siempre que se trate de procesos declarativos de cualquier clase , acciones de grupo cuya competencia corresponda a la jurisdicción ordinaria o decisiones que liquiden una condena en concreto, con la advertencia de que en asuntos relativos al estado civil sólo recae en las de impugnación o reclamación y las de declaración de uniones maritales.

En esa línea, el artículo 338 ibídem señala que cuando las pretensiones del litigante vencido son netamente

recae en las de impugnación o reclamación y las de declaración de uniones maritales. En esa línea, el artículo 338 ibídem señala que cuando las pretensiones del litigante vencido son netamente económicas, el ataque procede si «el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente » excede de 1.000 SMLMV, sin que esa exigencia económica aplique a las « sentencias dictadas dentro de las acciones de grupo y las que versen sobre el estado civil». En los procesos meramente patrimoniales, el artículo 339 ibídem dispone que cuando «sea necesario fijar el interés económico afectado con la sentencia, su cuantía deberá establecerse con los elementos de juicio que obren en el expediente. Con todo, el recurrente podrá aportar un dictamenRadicación n.º 76001-31-03-015-2013-00001-02 pericial si lo considera necesario, y el magistrado decidirá de plano sobre la concesión ». Esta norma establece una carga para aquel de acreditar el monto del detrimento que le ocasiona el pronunciamiento, simultáneamente con la interposición del embate o a más tardar antes de que le venza el lapso con tal fin, salvo que lo estime determinable con los elementos obrantes en el expediente, en cuyo caso es labor del funcionario constatarlo. De todas formas, la fijación de la afrenta debe concretarse al momento en que surge la legitimación para disentir, esto es la fecha del pronunciamiento cuestionado, y tener bases susceptibles de confirmación.

del funcionario constatarlo. De todas formas, la fijación de la afrenta debe concretarse al momento en que surge la legitimación para disentir, esto es la fecha del pronunciamiento cuestionado, y tener bases susceptibles de confirmación. Y aunque el artículo 336 ibídem, donde se consagran las causales a ser invocadas, en su inciso final indica que la Corte «podrá casar la sentencia, aún de oficio, cuando sea ostensible que la misma compromete gravemente el orden o el patrimonio público, o atenta contra los derechos y garantías constitucionales», eso no quiere decir que esté habilitado de manera irrestricta el estudio por dicho medio extraordinario para todos los asuntos a manera de un motivo adicional, ya que esa atribución queda sometida al agotamiento de los pasos previos de procedencia, oportunidad, legitimación, interés, concesión, admisión y sustentación, que no pueden ser obviados. Ahora bien, cuando se declara la nulidad de un negocio jurídico, por regla general debe resolverse sobre las restituciones mutuas, incluso de oficio, conforme lo disponeRadicación n.º 76001-31-03-015-2013-00001-02 el artículo 1746 del Código Civil. Ello obedece a la necesidad de restablecer las cosas al estado anterior a la celebración del contrato invalidado. En consecuencia, este aspecto es un parámetro relevante para determinar el interés del recurrente en casación, dependiendo del alcance y los efectos que la decisión impugnada le haya generado, pues es ello lo que constituye su afectación. A lo anterior debe añadirse lo previsto en el inciso final

en casación, dependiendo del alcance y los efectos que la decisión impugnada le haya generado, pues es ello lo que constituye su afectación. A lo anterior debe añadirse lo previsto en el inciso final del artículo 337 del Código General del Proceso, según el cual « [n]o podrá interponer el recurso quien no apeló de la sentencia de primer grado, cuando la proferida por el tribunal hubiere sido exclusivamente confirmatoria de aquella». Por lo tanto, cuando la sentencia de primera instancia niega una pretensión o excepción, y la parte afectada no cuestiona dicha determinación en apelación, si el Tribunal la confirma, ello cierra toda posibilidad de que pueda debatirla en casación o utilizarla como parámetro para acreditar el interés y viabilizar este medio de control extraordinario. Lo contrario significaría desconocer la predicha restricción legal, que está orientada precisamente a salvaguardar la coherencia procesal, así como a evitar que, en casación, se reabran discusiones que la parte afectada dejó precluir en las instancias, al ser ese el escenario natural para su planteamiento y oportuna solución.

2. En este caso, le asistió razón al Tribunal al denegar la concesión del recurso extraordinario, toda vez que no se cumplían los requisitos para concederlo.Radicación n.º 76001-31-03-015-2013-00001-02

Lo anterior porque la sentencia del a quo negó la restitución del predio al promitente vendedor, tras constatar que este no se lo entregó anticipadamente a la promitente compradora, sin que tal determinación haya sido

Lo anterior porque la sentencia del a quo negó la restitución del predio al promitente vendedor, tras constatar que este no se lo entregó anticipadamente a la promitente compradora, sin que tal determinación haya sido cuestionada por la parte demandante, quien podía apelarla, pero aun así guardó hermético silencio y, en consecuencia, se mostró de acuerdo con dicha conclusión, lo que resulta especialmente relevante, dado que el Tribunal confirmó íntegramente ese punto. Desde esta perspectiva, el interés de la parte accionante para recurrir en casación quedó delimitado por la modificación hecha por el ad quem, es decir, la orden de restituir la suma pagada como parte del precio, debidamente indexada. Este fue el único aspecto desfavorable a dicha parte en segunda instancia, por tratarse de la única variación realizada por el Tribunal a la decisión de primer grado, la cual, se insiste, no fue apelada por la demandante. Es preciso destacar que el valor del inmueble objeto del negocio declarado nulo no constituía un parámetro para determinar el interés de la recurrente, pues esta se mostró conforme con la negativa del a quo de ordenar su restitución, fundada en la falta de su entrega anticipada a la promitente compradora, y esa decisión no fue variada por el Tribunal. En consecuencia, el interés de la demandante se circunscribía únicamente a la condena impuesta por el Tribunal, cuyo monto de $527’502.398 no supera el umbral

En consecuencia, el interés de la demandante se circunscribía únicamente a la condena impuesta por el Tribunal, cuyo monto de $527’502.398 no supera el umbral de los 1.000 SMMLV que exige el artículo 338 ibidem,Radicación n.º 76001-31-03-015-2013-00001-02 equivalentes en el 2020 a $877’803.000 1 . Por consiguiente, se declarará bien denegada la casación.

3. Aunque según el numeral 1° del artículo 365 ibídem, hay lugar a imponer costas a la parte que « se le resuelva desfavorablemente el recurso de (…) queja », se prescinde de ese ordenamiento al no estar demostrada su causación.

III. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,

Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, RESUELVE Primero: Declarar bien denegado el recurso de casación interpuesto por María del Socorro Millán Arango, quien actúa como heredera de Heriberto Millán Villafañe y liquidadora de María S. Millán Arango & Cía. S.C.S., en este asunto.

Segundo: Sin costas.

Tercero: Devolver la actuación a la oficina de origen.

Notifíquese,

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

Magistrada

1 Decreto 2360 del 26 de diciembre de 2019, expedido por el Gobierno Nacional.