CSJ - AC1872-2026
Detalles
- Título
- CSJ - AC1872-2026
- Autor
- Corte Suprema de Justicia
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Civil
- Año
- 1872
AC1872-2026 Radicación n.º 11001-02-03-000-2026-01441-00 Bogotá D.C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintiséis (2026). La Corte decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Veintisiete de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá y Primero Promiscuo Municipal de Pacho.
I. ANTECEDENTES
1. El Banco Agrario de Colombia S.A. solicitó librar mandamiento de pago en contra de Wilson Rodríguez Maldonado por las obligaciones contenidas en el pagaré 031956100003785 y demandó ante juez del lugar en donde se encuentra ubicado su domicilio principal.
2. Por reparto, le fue asignado el conocimiento de este asunto al Juzgado Veintisiete de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá. Dicho funcionario rechazó el conocimiento de la demanda por competencia, y remitió las diligencias al Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Pacho, al advertir que el domicilio de las partes se encontrabaRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-01441-00 2 en ese sitio, por lo que afirmó que la competencia corresponde a los juzgados de ese lugar.
3. El Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Pacho, planteó el conflicto negativo de competencia, al estimar que debía acogerse la pauta prevista en el numeral 10º del artículo 28 del compendio procesal, según el cual en «los procesos
planteó el conflicto negativo de competencia, al estimar que debía acogerse la pauta prevista en el numeral 10º del artículo 28 del compendio procesal, según el cual en «los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad pública, conocerá en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad», constituyendo un factor de competencia privativo.
II. CONSIDERACIONES
1. Como el asunto que se analiza se promovió entre funcionarios de diferente distrito judicial, a esta Corporación le corresponde dirimirlo como superior funcional común de ellos, por conducto de la suscrita Magistrada Sustanciadora en Sala Unitaria, de conformidad con los artículos 35 y 139 del Código General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996.
2. Para asignar la competencia de los procesos entre las distintas autoridades judiciales del país, el ordenamiento procesal acude a los factores subjetivo, objetivo, territorial, funcional y de conexidad. El tercero de ellos indica cuál es el juez que, debido a la circunscripción, debe conocer del litigio y para concretarlo establece los «foros o fueros», de modo que, por lo general, en los pleitos contenciosos acude al «personal» que radica la competencia en el juez del lugar del domicilio delRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-01441-00
3 demandado o en el de su residencia. Además, consagra otros especiales, como el « fuero real», el cual se circunscribe a la ubicación de los bienes objeto del litigio. En el presente caso, la discusión se centra en el factor territorial, atendiendo el fuero personal, dada la calidad de entidad pública que concurre en la demandante. Al respecto, si bien el artículo 28 del Código General del Proceso consagra, como regla general, la competencia ante el «Juez del domicilio del demandado», dicha regla no es absoluta y cede frente a competencias privativas señaladas en el mismo artículo. En efecto, el numeral 10º del mencionado artículo establece un fuero exclusivo, según el cual, en « los procesos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad pública, conocerá en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad». Lo anterior, con independencia de que sea demandante o demandada, dado que la prerrogativa no se condiciona a que la entidad ocupe alguna posición específica en el litigio. Por su parte, el numeral 5º del artículo 28 del estatuto procesal dispone que en «los procesos contra una persona jurídica es competente el juez de su domicilio principal. Sin embargo, cuando se trate de asuntos vinculados a una sucursal o agencia serán competentes, a prevención, el juez de aquel y el de ésta».Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-01441-00 4 A su vez, el artículo 29 del Código regula que «[e]s
aquel y el de ésta».Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-01441-00 4 A su vez, el artículo 29 del Código regula que «[e]s prevalente la competencia establecida en consideración a la calidad de las partes». Teniendo en cuenta este marco, resulta necesario determinar si, en caso de que la entidad pública haya constituido sucursales o agencias para el desarrollo de sus funciones, pero presente la demanda en el lugar donde se encuentra su domicilio principal, es atendible la pauta del numeral 5° mencionado en el sentido de admitir la atribución de competencia con base en el lugar escogido para presentar la demanda. Nótese que la finalidad del fuero establecido en el numeral 10º propende por resguardar los principios prevalentes de la entidad pública, relacionados con el interés general que se vincula a ese tipo de personas jurídicas, al punto que esa regla se refiere de manera concreta a las entidades de derecho público. No obstante, esa prelación encuentra equilibrio si se armoniza con el concepto amplio que se instituyó en el numeral 5°, pues allí se hace referencia, de manera genérica, a los procesos «contra personas jurídicas», sin especificar su naturaleza pública o privada, y que admiten su tramitación en el lugar de la respectiva sucursal o agencia donde se vinculen los asuntos materia del proceso. En este sentido, puede sostenerse que el criterio del
sin especificar su naturaleza pública o privada, y que admiten su tramitación en el lugar de la respectiva sucursal o agencia donde se vinculen los asuntos materia del proceso. En este sentido, puede sostenerse que el criterio del numeral 10º persigue fines que no se excluyen con la aplicación del numeral 5°, sino que se complementan. De este carácter complementario se deriva, además, que la reglaRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-01441-00 5 prevista en el numeral 5º ha de interpretarse en el sentido de que aplica independientemente de que la entidad pública comparezca al proceso en calidad de demandante o de demandada, siendo que así lo prevé el criterio privativo previsto en el numeral 10º. Cuando una persona de derecho público integra alguno de los extremos de la litis, es admisible que el concepto de « domicilio» cobije tanto el de la agencia o sucursal vinculada al asunto, como el de su sede principal, a fin de asignar, a prevención, la competencia del asunto correspondiente. Conforme a esta regulación, es viable considerar que el numeral 5º del artículo 28 del estatuto procesal estima la posibilidad de entender, para la definición de la competencia territorial, que el domicilio de la parte comprenda los conceptos de agencia y sucursal cuando se encuentren vinculados al asunto, bajo el criterio de que en dichos lugares igualmente se desarrolla el objeto de la empresa.
3. De acuerdo con lo expuesto y frente al caso
conceptos de agencia y sucursal cuando se encuentren vinculados al asunto, bajo el criterio de que en dichos lugares igualmente se desarrolla el objeto de la empresa.
3. De acuerdo con lo expuesto y frente al caso concreto, se advierte que, conforme al certificado que obra en el expediente, el Banco Agrario de Colombia S.A., es una «[s]ociedad de economía mixta del orden nacional, sujeta al régimen de empresa industrial y comercial del Estado, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de la especie de las anónimas », con domicilio en Bogotá, pero que cuenta con sucursales y agencias en todo el territorio nacional.
Del expediente se extrae que, aunque la entidadRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-01441-00 6 demandante cuenta con una sucursal en el lugar donde se pactó el cumplimiento de las obligaciones, optó por presentar la demanda ante los juzgados de Pequeñas Causas de Bogotá, ciudad donde se encuentra su sede principal. En ese sentido, se indica que el despacho judicial al cual se repartió inicialmente la demanda no obró de manera acertada al disponer la remisión de esta por falta de competencia, ya que la elección del acreedor estaba conforme con las pautas antes señaladas, en cuanto a la posibilidad de escoger entre los jueces de su domicilio principal, o los jueces del domicilio de su sucursal o agencia vinculada. De todas formas, se insta a los jueces a que, con el objeto
con las pautas antes señaladas, en cuanto a la posibilidad de escoger entre los jueces de su domicilio principal, o los jueces del domicilio de su sucursal o agencia vinculada. De todas formas, se insta a los jueces a que, con el objeto de verificar los aspectos necesarios para decidir sobre su competencia cuando se presente un conflicto con las características aquí abordadas, consulten el Registro Único Empresarial y Social o el registro equivalente, entre otros, con miras a determinar si la entidad demandante cuenta con una sucursal o agencia en el lugar en que se presentó la demanda. En conclusión, para el caso de entidades públicas la regla 5ª del artículo 28 ibídem, no se descarta por la principal a que refiere el numeral 10º; al contrario, la complementa y desarrolla, como ocurre en el particular con el Banco Agrario S.A., por su esencia de entidad financiera con presencia en todo el país, tal y como se ha reconocido mayoritariamente por la Sala en los CSJ, AC9465-2025, AC9712-2025, AC0102026, AC218-2026 entre muchos otros.
4. En consecuencia, se declara que la competencia deRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-01441-00 7 este asunto le corresponde al Juzgado Veintisiete de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá, por lo que se ordenará por Secretaría remitirle las diligencias para que imprima el trámite pertinente.
III. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación Civil, Agraria y Rural,
RESUELVE:
imprima el trámite pertinente.
III. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, RESUELVE: Primero: Declarar que el Juzgado Veintisiete de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá, es el competente para conocer la causa de la referencia.
Segundo: Por Secretaría, remitir el expediente digital al citado despacho para que proceda de conformidad y comunicar lo decidido a la otra dependencia inmersa en el conflicto dirimido.
Tercero: Librar los oficios correspondientes.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ
Magistrada