CSJ - AC2087-2026

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

Magistrada Ponente AC2087-2026 Radicación n° 11001-02-03-000-2024-01466-00 (Aprobado en sesión extraordinaria del veinticinco de marzo de dos mil veintiséis). Bogotá D.C., veintisiete (27) de marzo de dos mil veintiséis (2026). Se decide el recurso de súplica interpuesto por Inversiones El Marquez S.A.S. – En reorganización, para que se revoque el auto CSJ, AC7937-2025 del 6 de noviembre de 2025, por el cual se rechazó la demanda de revisión que instauró frente al laudo arbitral del 12 de julio de 2022, dentro del Tribunal promovido por Juan Carlos Trujillo Barrera y José Saúl Trujillo González contra Energizando Ingeniería y Construcción S.A.S. y la hoy recurrente.

I. ANTECEDENTES

1. El 12 de julio de 2022 el Tribunal Arbitral, con Rdo.

A005-2021 del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio del Aburrá Sur, profirió laudo en el que, entre otras decisiones, declaró a la actual recurrente comoRadicación n° 11001-02-03-000-2024-01466-00 2 incumplida parcialmente de la obligación convenida en el contrato, denominado « contra escrito o documento privado prevalente, contrato de cesión de derechos como corporado», por lo

2 incumplida parcialmente de la obligación convenida en el contrato, denominado « contra escrito o documento privado prevalente, contrato de cesión de derechos como corporado», por lo que, la condenó a pagar el precio no cancelado de la cesión. Además, se condenó a pagar intereses moratorios, costas del proceso y cláusula penal, esta última al siguiente tenor: «UNDÉCIMO: SE CONDENA a INVERSIONES EL MARQUEZ S.A.S., como consecuencia de la declaración de incumplimiento parcial del contrato, a pagar, a favor de JUAN CARLOS TRUJILLO BARRERA y de JOSÉ SAÚL TRUJILLO GONZÁLEZ, en un término no mayor a veinte (20) días hábiles siguientes a la ejecutoria del laudo, DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS ($288.648.430) por concepto de cláusula penal»

2. La sociedad acá recurrente, dentro del término legal presentó solicitud de aclaración, corrección y adición del laudo, que fue desestimada por el Tribunal el 27 de julio de

2022.

3. Inconforme con la decisión arbitral, la ahora recurrente en revisión, formuló dentro de la oportunidad respectiva recurso extraordinario de anulación sustentado en las causales 6, 7 y 8 del artículo 41 de la Ley 1563 de

2012.

4. El 29 de noviembre de 2022, la Sala Civil del Tribunal

respectiva recurso extraordinario de anulación sustentado en las causales 6, 7 y 8 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012.

4. El 29 de noviembre de 2022, la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín emitió fallo de anulación, en el que desestimó la impugnación frente a los cargos 6 y 7 del artículo 41 del Estatuto Arbitral y declaró probada la causal 8ª, en lo que concierne a la corrección aritmética en laRadicación n° 11001-02-03-000-2024-01466-00 3 cláusula penal. Por ello, ordenó el ajuste «por cuanto el valor de la condena por concepto de cláusula penal es de Cincuenta y Nueve

Millones Novecientos Noventa y Un Mil Doscientos Pesos ($59.991.200.)».

5. El 29 de abril de 2024 la sociedad Inversiones El Marquez S.A.S. – En reorganización interpuso recurso extraordinario de revisión por la causal primera del artículo 355 del Código General del Proceso, atinente a haberse encontrado después de pronunciada la sentencia documentos que habrían variado la decisión contenida en ella, y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.

6. Mediante AC754-2025 del 17 de febrero de 2025, la Sala de Conjueces declaró la procedencia de los impedimentos manifestados por los Magistrados Martha

6. Mediante AC754-2025 del 17 de febrero de 2025, la Sala de Conjueces declaró la procedencia de los impedimentos manifestados por los Magistrados Martha Patricia Guzmán Álvarez, Hilda González Neira, Octavio Augusto Tejeiro y Francisco Ternera Barrios, para conocer de este asunto, en atención al fallo de tutela CSJ STC-10644 del 17 de agosto de 2022, en el que se resolvió una solicitud de amparo promovida por un anterior árbitro que fue apartado del conocimiento por emitir opinión fuera de audiencia.

7. Previo a emitir pronunciamiento sobre la admisión de la demanda, el 24 de abril de 2025 se requirió al Centro de Arbitraje para la remisión del expediente.

8. En proveído AC5415-2025 del 15 de agosto de 2025, el Magistrado sustanciador inadmitió el libelo para que la promotora subsanara el sustento factual de la causal deRadicación n° 11001-02-03-000-2024-01466-00 4 revisión alegada, en el sentido de precisar la fecha exacta en la que tuvo conocimiento del «CONTRATO DE CESIÓN DE CRÉDITO», así como las circunstancias de modo y lugar de dicho enteramiento.

Además, para que precisara la transcendencia de dicho documento en el laudo en revisión, porque si bien el recurrente « considera que la oportuna aportación del contrato de cesión habría redundado necesariamente en un fallo distinto del que finalmente se profirió en el proceso arbitral», el perfeccionamiento de

recurrente « considera que la oportuna aportación del contrato de cesión habría redundado necesariamente en un fallo distinto del que finalmente se profirió en el proceso arbitral», el perfeccionamiento de este negocio por sí solo no generaría una alteración del sustento fáctico de la decisión cuestionada, que encontró acreditado el incumplimiento de la sociedad convocada, pues bien pudo acontecer que el contrato que se reputa como faltante, del que no hizo parte el recurrente, «sea completamente intrascendente frente a la existencia, eficacia, oponibilidad y cumplimiento del vínculo jurídico que sí l[o] involucra». Por otra parte, requirió a la sociedad recurrente para que especificara si la ausencia del documento obedeció a un actuar malintencionado u omisivo de alguna de las partes del trámite arbitral, así como que precisara la forma en que se efectuó tal comportamiento, como la manera en que se enteró y los medios de prueba que así lo demuestren. Por último, exigió explicar con detalle la forma en que obtuvo las direcciones electrónicas de los demandados, conforme a lo reglado en el artículo 6º de la Ley 2213 de 2022, así como aclarar la fecha en que quedó ejecutoriado el laudo, teniendo en cuenta que fue objeto de modificación por el falloRadicación n° 11001-02-03-000-2024-01466-00 5 de anulación del 29 de noviembre de 2022.

9. La interesada presentó en tiempo escrito de subsanación, en el que detalló los requisitos que exigió el

5 de anulación del 29 de noviembre de 2022.

9. La interesada presentó en tiempo escrito de subsanación, en el que detalló los requisitos que exigió el auto inadmisorio y adicionó los hechos 2, 4 y 9 de la demanda para precisar la fecha en que se tuvo conocimiento del documento, al igual que las circunstancias por las que se enteró de dicho elemento.

Igualmente, al referirse al hecho 5 del libelo inicial, para modificar y adicionarlo, señaló las razones, que en su sentir, soportaban que el medio de prueba era relevante para el proceso arbitral, al indicar que, «Con fundamento en la declaración rendida por el señor representante legal de ENERGIZANDO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. se observa la trascendencia del documento denominado “CONTRATO DE CESIÓN DE CRÉDITOS” en el “CONTRAESCRITO O DOCUMENTO PRIVADO PREVALENTE – CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS COMO CORPORADO” y especialmente en la cláusula del precio de la cesión de los derechos de corporado». Precisó que, como Juan Carlos Trujillo Barrera era el contratante incumplido en el contrato que se reputa como ausente en el proceso inicial, no tendría legitimación para formular la demanda arbitral. Además, indicó que en atención a la cesión del 100% de los derechos de crédito o pasivos únicamente a la sociedad Energizando, el precio convenido en el documento, que se reputa como ausente, «se

atención a la cesión del 100% de los derechos de crédito o pasivos únicamente a la sociedad Energizando, el precio convenido en el documento, que se reputa como ausente, «se modificó sustancialmente, ya que, la obligación contenida en el “CONTRATO DE CESIÓN DE CRÉDITOS” le fue cedida únicamente a Energizando pero el cedente pretendió su cobro ($4.400.000.000) tanto al Marquez como a Energizando, aún a sabiendas que esa obligación deRadicación n° 11001-02-03-000-2024-01466-00 6 ceder pasivos había sido incumplida para Inversiones el Marquez». Adicionalmente, refirió la incidencia de la prueba en la valoración de la confesión que pudo hacer el señor Trujillo en sede arbitral pues consideró que « el TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO no le dio mucha fuerza a esta confesión, porque no tuvo

conocimiento del CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS DE CRÉDITO».

Conforme a lo anterior, resumió el análisis de la trascendencia por el posible ocultamiento de la prueba en la decisión del Tribunal, así: «1. El panel arbitral no pudo valorarla al momento de decidir.

2. Inversiones El Marquez S.A.S. no pudo aportarla, toda vez que desconocía la existencia del contrato de cesión de créditos.

3. El tribunal arbitral no declaró el incumplimiento del cedente, señor Juan Carlos Trujillo Barrera, consistente en haber transferido únicamente los pasivos —que integraban el valor total

3. El tribunal arbitral no declaró el incumplimiento del cedente, señor Juan Carlos Trujillo Barrera, consistente en haber transferido únicamente los pasivos —que integraban el valor total de $12.400.000.000— a la sociedad Energizando Ingeniería y

Construcción S.A.S.

4. Como consecuencia, se condenó exclusivamente a Inversiones El Marquez S.A.S. al pago de $3.145.231.651,83, suma tasada con base en el valor total del contrato ($12.400.000.000). Ello, a pesar de que, como cesionaria del contraescrito, únicamente recibió el 50% de los derechos corporativos del Cedente en las corporaciones Unisabaneta y Caequinos, valorados en $4.000.000.000, sin haber recibido el 50% del pasivo cedido, que ascendía a $2.200.000.000, según la cláusula tercera del contraescrito, o a $2.164.170.070,5 si se atiende al 50% de los créditos efectivamente cedidos en el contrato del 02 de diciembre de 2019 (documento ocultado).

5. De haber sido conocida y valorada dicha cesión de créditos, la condena contra Inversiones El Marquez S.A.S. se habría reducido de manera sustancial, pues no debió fijarse en $3.145.231.651,83, sino en $981.061.581, al corresponderle a esta sociedad únicamente el 50% de los créditos cedidos

$3.145.231.651,83, sino en $981.061.581, al corresponderle a esta sociedad únicamente el 50% de los créditos cedidos ($2.164.170.070,5), monto que hacía parte del precio global de $12.400.000.000 pactado en el contraescrito». En cuanto a la exigencia de subsanación de precisar el actuar reprochable de la parte contraria, la recurrenteRadicación n° 11001-02-03-000-2024-01466-00 7 presentó una línea de tiempo «en la que se constata la cronología de los hechos y la imposibilidad de que Inversiones el Marquez hubiera podido aportar la prueba antes y que denota el actuar malintencionado de la parte contraria, esto es, Juan Carlos Trujillo como convocante». Además, presentó las enmiendas de los demás defectos formales enlistados en la inadmisión, al precisar la forma en que obtuvo las direcciones de las partes y la fecha de ejecutoria del laudo, que estimó para el 6 de diciembre de 2022, por la notificación en estados de la Sala Civil del Tribunal, por la cual se notificó la decisión de anulación.

10. En CSJ, AC6405-2025 del 6 de noviembre de la anterior anualidad, el Magistrado sustanciador rechazó la demanda al concluir que los defectos indicados en el inadmisorio, «específicamente los atinentes a la carga argumentativa que debía atender la parte recurrente en cuanto a la trascendencia del

demanda al concluir que los defectos indicados en el inadmisorio, «específicamente los atinentes a la carga argumentativa que debía atender la parte recurrente en cuanto a la trascendencia del documento sobreviniente y la causa extraña que le habría impedido aportar oportunamente esa probanza al trámite arbitral, no fueron cabalmente superados». Al efecto, consideró que, ni la demanda, ni la subsanación, demostraban la relevancia que se le pretende otorgar por el recurrente al contrato de cesión de créditos que habrían celebrado únicamente, Juan Carlos Trujillo Barrera y Energizando Ingeniería y Construcciones S.A.S., convocante y convocada en el trámite arbitral respectivamente. Destacó también que,Radicación n° 11001-02-03-000-2024-01466-00 8 «[S]in saber si el «CONTRATO DE CESIÓN DE CRÉDITOS» es anterior o posterior al « contraescrito o documento privado prevalente – contrato de cesión de derechos como corporado» (vicisitud de la que, se repite, la actora dijo no tener certeza), no hay manera de asumir que las estipulaciones que se recogieron en el primero de esos documentos no se entienden cobijadas por los efectos derogatorios que se acordaron en el segundo escrito, en el que los contratantes señalaron de manera expresa que «el siguiente contraescrito prevalecerá por encima de cualquier documento público o privado y sobre cualquier actuación judicial

que los contratantes señalaron de manera expresa que «el siguiente contraescrito prevalecerá por encima de cualquier documento público o privado y sobre cualquier actuación judicial que llegare a adelantar cualquier de los acá intervinientes, en los términos establecidos en el art. 1617 y 1766 del Código Civil (….)»1 . Por otra parte, estimó que no existe claridad en el argumento expuesto por la recurrente de que el contrato de cesión fuera posterior al contrato de cesión de derechos como corporado, por cuanto las obligaciones «no surgieron en virtud de ninguno de los dos «contratos de cesión», sino por cuenta de unos prestamos que Juan Carlos Trujillo Barrera le habría hecho a Unisabaneta y a Caequinos, antes de que se celebraran las cesiones». Además, si se considerara lo que pareciera insinuar la impugnante de que el convocante arbitral pretendía obtener un doble provecho económico por la cesión de iguales derechos de crédito, la lógica permitiría entender que el contrato de cesión de créditos pudiera ser anterior o posterior al de cesión de derechos, pues en cualquiera de estos eventos « habría podido conseguir el propósito fraudulento que se le endilga al cedente». Frente a la razón de trascendencia vinculada al interrogatorio de parte del convocante, indicó que no se comprendía el alcance que la recurrente quiere darle, pues

1 Cita del original: « Pág. 9, archivo “ANEXOS DEMANDA REVISIÓN

comprendía el alcance que la recurrente quiere darle, pues

1 Cita del original: « Pág. 9, archivo “ANEXOS DEMANDA REVISIÓN SUBSANADA”, consecutivo n.° 39, expediente digital».Radicación n° 11001-02-03-000-2024-01466-00 9 de ser cierto lo que al parecer se quiere señalar que éste declaró, el mencionado contrato de cesión de créditos « no se habría orientado realmente a transferir las deudas que Unisabaneta y a Caequinos tenían con Juan Carlos Trujillo Barrera, sino a lograr -con un propósito que no se entiendeque dichas personas jurídicas saldaran esas obligaciones con recursos que les suministró Energizando Ingeniería y Construcción». Precisó que la introducción de este interrogatorio como sustento de la relevancia requerida, agrava la falta de claridad del fundamento del recurso de revisión, pues sin conocerse el cómo, cuándo y porqué el demandante arbitral suscribió esa otra cesión, lo que si parecería revelarse es que la convocada Energizando Ingeniería y Construcción «no adquirió realmente unos derechos de crédito en virtud de ese « CONTRATO DE CESIÓN», sino que por el contrario, y de manera inexplicable, pagó -de su propio peculiolas obligaciones que Unisabaneta y a Caequinos le adeudaban al señor Trujillo Barrera». Agregó que la recurrente no llegó a explicar la temporalidad de las obligaciones pactadas en el contraescrito o documento privado prevalente, aspecto que tiene incidencia

Agregó que la recurrente no llegó a explicar la temporalidad de las obligaciones pactadas en el contraescrito o documento privado prevalente, aspecto que tiene incidencia en la preponderancia de la causal de revisión, por cuanto, como lo explicó en el escrito introductorio, la obligación de cesión asumida por Trujillo Barrera no debía atenderse el mismo día de suscripción, sino cuando las cesionarias pagaran la totalidad del precio convenido. Así, comoquiera que la convocada Inversiones El Marquez no terminó de pagar la porción del precio que le correspondía, «no se entiende cómo el cedente pudo haber « incumplido» una obligación que no llegó a hacerse exigible».Radicación n° 11001-02-03-000-2024-01466-00 10 Por lo anterior, precisó que, resultaba del todo necesario que la recurrente explicara por qué la celebración del contrato de cesión era una condición que, «por sí sola, y pese a la aparente inexigibilidad de la obligación de cesión que contrajo el señor Trujillo Barrera, habría impedido a los árbitros tenerla como contratante incumplida». En el siguiente nivel, en el análisis de la causal de inadmisión sobre la precisión de la causa extraña que impidió aportar el documento, el Despacho sustanciador indicó que la demandante se limitó a insistir en que solo tuvo conocimiento del escrito con posterioridad a la fecha de emisión del laudo, sin indicar si obedeció a un actuar malintencionado o simplemente omisivo de uno, algunos o

conocimiento del escrito con posterioridad a la fecha de emisión del laudo, sin indicar si obedeció a un actuar malintencionado o simplemente omisivo de uno, algunos o todos los demás litigantes, ni precisar el mecanismo en que se materializó ese comportamiento, como tampoco, la forma en que se enteró de su ocurrencia y los elementos de juicio que lo soportan. Manifestó que en el escrito de subsanación la recurrente mantuvo la ambigüedad frente a estos aspectos, pues solo expresó de manera general que la falta de aporte obedeció «a una culpa o a un dolo imputable a uno o ambos de los dos (2)» suscribientes del negocio, lo que «no permite establecer si fue por olvido, descuido o mala intención que Juan Carlos Trujillo Barrera y Energizando Ingenieria y Construcción habrían dejado de aportar el aludido contrato al trámite arbitral». Además, destacó que, no obstante calificar lasRadicación n° 11001-02-03-000-2024-01466-00 11 conductas de las partes como dolosas o de engaño, no enlistó un hecho concreto que respaldara tales calificaciones. Finalmente, puntualizó que el análisis de rechazo no involucra un estudio de fondo o la definición de aspectos de prueba del proceso, sino la verificación formal de las exigencias técnicas que se requieren para la admisión del

recurso extraordinario de revisión. En atención a la naturaleza excepcional del recurso, es del todo indispensable que el recurrente atienda «la exigente y cualificada carga argumentativa que reposaba sobre sus hombros, en orden a construir una plataforma fáctica que, en caso de llegarse a corroborar en los puntuales términos en que fue esgrimida, conduciría necesariamente al decaimiento del fallo censurado», pues la revisión no fue prevista para evaluar irregularidades que se pudieron cometer al momento de la sentencia, sino establecer las « específicas anomalías», que formula el impugnante. Por lo anterior, se debe considerar que la admisión de esta vía extraordinaria supone la exposición de un escenario fáctico que, en principio, revele con claridad la configuración de alguna de las causales que prevé el artículo 355 del Código General del Proceso.

11. Frente a esa decisión, la afectada interpuso en oportunidad súplica y rogó la revocatoria del rechazo, para en su lugar admitir la demanda de revisión.

La recurrente sustentó la impugnación en tres (3)Radicación n° 11001-02-03-000-2024-01466-00 12 argumentos, denominados «Transgresión al derecho de acceso a la jurisdicción – tutela jurisdiccional efectiva», «Sobre la trascendencia del documento» y «Sobre la causa extraña que impidió aportar el documento

oportunamente», que se pasan a relacionar. En cuanto al primer reparo, expuso que, siguiendo el artículo 2º del estatuto procesal, sobre acceso a la justicia, el magistrado ponente había previsto requisitos de inadmisión que no están contemplados en la Ley y que por ello, «desde el punto de vista constitucional, la providencia debe ser objeto de reconsideración en favor de la sociedad demandante». Resaltó que la doctrina constitucional y la jurisprudencia han establecido unas consecuencias frente al principio del acceso a la jurisdicción, esto es, la no admisión de requisitos procesales que configuren formalismos desenfocados del sentido propio de la normatividad; la tipificación legal de los requisitos de inadmisión; y la interpretación a favor de la admisión de dichos elementos. Por ello rogó que, en garantía del derecho a la tutela judicial efectiva y el acceso a la administración de justicia, se revoque el auto de rechazo. Frente al segundo reparo sobre la trascendencia del documento, refirió que en la inadmisión se requirió se explicara esta condición. En su sentir, el escrito de subsanación dio cumplimiento a lo exigido por el magistrado ponente, pues se explicó y detalló la connotación del

documento para el trámite arbitral.Radicación n° 11001-02-03-000-2024-01466-00 13 En este aspecto, refirió el alcance normativo y la función del examen de admisibilidad, para resaltar que, conforme al artículo 357 de la Ley 1564 de 2012, la evaluación de la admisibilidad tiene una connotación estrictamente formal y preliminar y no es posible exigir, como lo hizo el auto inadmisorio, «una demostración acabada de la eficacia probatoria del documento o del cambio de la decisión equivale a convertir la etapa de admisión en una sentencia anticipada, desnaturalizando la función garantista del recurso». A reglón seguido, precisó el contenido, naturaleza y efecto del documento para reiterar que este fue descubierto con posterioridad al laudo que se solicita revisar, y que, de haberse conocido anteriormente, la justicia arbitral habría constatado la «imposibilidad jurídica de exigir a Inversiones El Márquez el pago de una contraprestación derivada de un crédito que ya no le correspondía, y la existencia de una doble cesión que comporta un incumplimiento esencial de la parte cedente». Sobre las consecuencias jurídicas, según el momento de suscripción del contrato de cesión de créditos, indicó que en todos los escenarios éste hecho sobreviniente ratifica la modificación del precio y la afectación patrimonial de la aquí recurrente. En cuanto a las consideraciones sobre la obligación de cesión y su exigibilidad, y lo indicado en el auto que se impugna de que no podría predicarse un incumplimiento del

recurrente. En cuanto a las consideraciones sobre la obligación de cesión y su exigibilidad, y lo indicado en el auto que se impugna de que no podría predicarse un incumplimiento del cedente de una obligación que no había llegado a ser exigible,Radicación n° 11001-02-03-000-2024-01466-00 14 manifestó que, este sustento desconoce que la cesión de créditos no era una obligación subordinada, sino un activo vinculado al precio del negocio. El «documento sobreviniente prueba que Trujillo Barrera transfirió dicho activo únicamente a Energizando, alterando la estructura del precio e introduciendo un desequilibrio contractual que afecta de manera directa la condena impuesta en el laudo », por lo que la valoración de este documento permitirá en esta sede extraordinaria establecer «la real incidencia del incumplimiento inicial en la conformación del precio y en el resultado económico del laudo» . Luego presentó estimaciones sobre el valor probatorio del interrogatorio de parte del representante de la convocada, Energizando Ingeniería y Construcción S.A.S., y relacionó que esta declaración «no genera confusión ni ambigüedad: constituye una ratificación judicial del documento sobreviniente y un elemento confirmatorio de su existencia, autenticidad y relación directa con el negocio examinado en el arbitraje». Para cerrar esta inconformidad, invocó argumentos sobre la causa extraña que impidió aportar el documento oportunamente y resaltó que, «el estándar de carga argumentativa

negocio examinado en el arbitraje». Para cerrar esta inconformidad, invocó argumentos sobre la causa extraña que impidió aportar el documento oportunamente y resaltó que, «el estándar de carga argumentativa exigido en esta etapa ha sido cumplido en su totalidad: se demostró de manera precisa cuándo y cómo se conoció el documento, se acreditó que no obraba en el expediente arbitral conforme se acredita con la documentación allegada por el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio Aburrá Sur, y se evidenció la imposibilidad real de aportarlo oportunamente». Además que, como se afirmó y probó el documento soloRadicación n° 11001-02-03-000-2024-01466-00 15 fue conocido el 6 de agosto de 2022, por lo que estimó que se cumplió con el requisito exigido en la inadmisión «toda vez que nadie esta obligado a lo imposible, es decir, a describir circunstancias de tiempo modo y lugar que no conoce». Por todo lo expuesto, rogó a esta Sala revocar el auto impugnado y disponer la admisión del recurso extraordinario de revisión.

12. La Secretaría corrió traslado y la contraparte guardó silencio, como consta en informe de 20 de noviembre de 2025.

13. En consideración a los impedimentos declarados anteriormente por los magistrados de la Sala y por la nueva conformación de ésta, el 1º de diciembre del año pasado y el 20 de enero de 2026, este Despacho y el magistrado Juan Carlos Sosa Londoño, manifestaron no estar incursos en causal de separación.

conformación de ésta, el 1º de diciembre del año pasado y el 20 de enero de 2026, este Despacho y el magistrado Juan Carlos Sosa Londoño, manifestaron no estar incursos en causal de separación.

14. Finalmente, el expediente ingresó al Despacho el 28 de enero de este año.

II. CONSIDERACIONES

1. Según el artículo 331 del Código General del Proceso, el recurso de súplica procede, entre otros, « contra los autos que en el trámite de los recursos extraordinarios de casación o revisión profiera el magistrado sustanciador y que por su naturaleza hubieran sido susceptibles de apelación» y será decidido por los « demásRadicación n° 11001-02-03-000-2024-01466-00 16 magistrados que integran la sala» con ponencia del « magistrado que sigue en turno al que dictó la providencia» , acorde con artículo 332 ibidem.

A su vez, el artículo 321 del régimen procesal civil consagra como susceptible de apelación el auto que «rechaza la demanda», supuesto en el que encaja la providencia que no da vía al recurso de revisión, pues aunque se trata de un medio excepcional de contradicción, su interposición se hace « por medio de demanda» (art. 357 CGP) y ya sea que se allegue fuera de tiempo o por persona no legitimada e incluso si no

se subsanan las irregularidades advertidas en su inadmisión previa, la consecuencia será la misma, esto es, su rechazo (art. 358 ib.) , razón que habilita la súplica cuando se pretende una reconsideración sobre el particular.

2. En el caso examinado, el magistrado sustanciador rechazó la demanda tras advertir que la revisionista no adecuó el sustento de la causal primera de revisión invocada a los supuestos de hecho en ella previstos.

3. Según el numeral 4º del artículo 357 del estatuto procesal, constituye exigencia obligatoria, en la formulación del recurso extraordinario de revisión, expresar «la causal invocada y los hechos concretos que le sirven de fundamento».

En el canon siguiente 358, el ordenamiento dispone que esta Corporación deberá examinar en detalle si la demanda reúne los requisitos exigidos y la declarará inadmisible cuando no reúna éstos, otorgando un plazo perentorio de 5Radicación n° 11001-02-03-000-2024-01466-00 17 días para subsanar, so pena de rechazo. Se debe advertir que, los presupuestos exigidos por el ordenamiento, así como sus condiciones materiales de acreditación y de fundamentación presentan una especial relevancia, en consideración a la naturaleza excepcional del recurso que se está analizando. En efecto, el articulo 354 del Código General del Proceso califica a este medio de impugnación como «excepcional» y las normas siguientes contemplan su procedencia a limitadas sentencias, por causales taxativas, así como con posibilidad limitada en su formulación en tiempo. De vieja data, esta Corporación ha considerado la

normas siguientes contemplan su procedencia a limitadas sentencias, por causales taxativas, así como con posibilidad limitada en su formulación en tiempo. De vieja data, esta Corporación ha considerado la naturaleza excepcional de este remedio, pues se ha estimado que el acceso a la administración de justicia por esta vía se encuentra en pugna con otros elementos de igual relevancia, como serían la cosa juzgada y la intangibilidad de las sentencias en firme: «[E]l recurso que se analiza, precisamente por ser excepcional, requiere, al decir de la Corte, “de la colocación de precisos mojones delimitadores de su campo de acción para que esa naturaleza extraordinaria no se desvirtúe, con demérito de la inmutabilidad propia de las sentencias ejecutoriadas. (…) El recurso de revisión tiende derechamente a la entronización de la Justicia, al derecho de defensa claramente conculcado y al imperio de la cosa juzgada material (…)” » (CSJ. Sentencia 24 de nov. 1992, Citada en CSJ SC, 3 de sep. 2013, Rad. 2012-01526-00 y en CSJ SC675-2020). En la ponderación de estos principios, el ordenamiento procesal, como se dijo atrás, ha señalado causales taxativas y precisas para incoar el recurso, que según esta CorporaciónRadicación n° 11001-02-03-000-2024-01466-00 18 deben evaluarse con un criterio restrictivo, « en otras palabras, únicamente las causales expresamente contempladas por el legislador tienen la potenc