CSJ - AC2233-2026

AC2233-2026 Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-01762-00 Bogotá D.C., trece (13) de abril de dos mil veintiséis (2026). La Corte decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Cuarenta de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá D.C y Primero Civil Municipal de Oralidad de Bello – Antioquia.

I. ANTECEDENTES

1. Ante el Juzgado Civil Municipal de Armenia – Quindío, el Banco Fondo Nacional del Ahorro S.A., promovió demanda ejecutiva hipotecaria contra Robinson Nomelin Calderón para obtener el pago de la obligación consignada en el pagaré n.° 80440744, junto con los intereses moratorios, y simultáneamente solicitó que se decretara el embargo y posterior secuestro del bien inmueble hipotecado identificado con el folio de matrícula inmobiliaria n.° 280-208576.

Fijó la competencia por la ubicación del bien, que se localiza en Armenía, y la cuantía, que estimó en $31’391.755.

2. El Juzgado Quinto Civil Municipal de ArmeniaQuindío, a quien correspondió el asunto por reparto, mediante auto del 16 de octubre de 2024 libró mandamiento ejecutivo y dispuso lo pertinente para continuar con laRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-01762-00 2 actuación. No obstante, en proveído del 6 de agosto de 2025

ejecutivo y dispuso lo pertinente para continuar con laRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-01762-00 2 actuación. No obstante, en proveído del 6 de agosto de 2025 rechazó la demanda al declararse impedido, por encontrase en segundo grado de afinidad con el representante legal de la entidad apoderada de la parte activa, conforme a lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 141 del Código General de Proceso. En consecuencia, remitió el asunto al Juzgado Sexto Civil Municipal de la misma ciudad.

3. El segundo receptor, mediante auto del 30 de septiembre de 2025, rehusó la competencia al establecer que el Fondo Nacional del Ahorro, como empresa industrial y

comercial del Estado con domicilio en Bogotá D.C., está sujeta al fuero privativo previsto en el artículo 28, numeral 10° del CGP, según el cual cuando una entidad pública es parte, corresponde conocer del proceso al juez de su domicilio, prevaleciendo sobre cualquier otro fuero. Para sustentar esta conclusión, el juzgado se remitió al auto AC14212024 de la Corte Suprema de Justicia. Adicionalmente, no se acreditó la existencia de una sucursal o agencia del FNA en Armenia, dado que el “punto de

atención” informado en su página web no configura sucursal según lo dispuesto en los artículos 263 y 264 del Código de Comercio.

4. El 17 de marzo de 2026, el Juzgado Setenta Civil

Municipal de Bogotá D.C. también rehusó conocer del asunto y planteó colisión negativa de competencia, al estimar que al tratarse de un proceso ejecutivo para la efectividad de la garantía real y la ubicación del bien inmueble identificado con número de folio de matrícula inmobiliaria 280208576 está ubicado en Armenia - Quindío, conforme al fuero privativo previsto en el numeral 7º del artículo 28 del Código General del Proceso.Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-01762-00 3

II. CONSIDERACIONES

1. Como el asunto que se analiza se promovió entre funcionarios de diferente distrito judicial, a esta Corporación le atañe dirimirlo como superior funcional común de ellos, por conducto de la suscrita Magistrada Sustanciadora en Sala Unitaria, de conformidad con los artículos 35 y 139 del Código General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996.

2. Para asignar la competencia de los procesos entre las distintas autoridades judiciales del país, el ordenamiento procesal acude a los factores subjetivo, objetivo, territorial, funcional y de conexidad. 3.- En este evento, la controversia se presenta en torno al fuero real, dada la ubicación del inmueble, y el fuero subjetivo por la calidad de entidad pública que ostenta la parte demandante, dado que al aplicar cada uno de esos

al fuero real, dada la ubicación del inmueble, y el fuero subjetivo por la calidad de entidad pública que ostenta la parte demandante, dado que al aplicar cada uno de esos criterios se asigna la competencia a un juez diferente. Respecto del fuero real por la ubicación del bien, aplicable a procesos en los que se ejerciten derechos reales, el numeral 7° del artículo 28 del Código General del Proceso, que regula la competencia territorial, contempla una « competencia privativa », mediante la cual atribuye el conocimiento del asunto al juez del lugar donde se encuentran ubicados los bienes. De otro lado, el numeral 10° de la norma procesal en cita refiere que, «[e]n los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad pública, conocerá en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad».Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-01762-00 4 De esta manera, al tratarse de procesos en que se ejercitan derechos reales y en los que interviene una entidad pública, se presenta una concurrencia entre fueros privativos que genera una aparente colisión, lo cual amerita una interpretación que la solucione. 4.- En el caso concreto, se advierte que la entidad convocante es una sociedad de economía mixta, del tipo de las anónimas, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito

interpretación que la solucione. 4.- En el caso concreto, se advierte que la entidad convocante es una sociedad de economía mixta, del tipo de las anónimas, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público de la rama ejecutiva del poder público de orden nacional, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C., por lo que es una de las personas jurídicas a que alude el numeral 10° del artículo 28 referido. Al aplicarse este fuero privativo al Fondo Nacional del Ahorro, podría inferirse que el conocimiento de la demanda corresponde al juez del domicilio principal de dicha entidad y/o al de las sucursales o agencias que tengan relación directa con el asunto.

Lo anterior, si se tiene en cuenta que, de conformidad con el artículo 29 del Código General del Proceso «[e]s prevalente la competencia establecida en consideración a la calidad de las partes». De hecho, esta Corporación acogió en su oportunidad la tesis conforme a la cual la colisión entre estos dos fueros privativos se resuelve a partir de la aplicación de la disposición antes citada, en el siguiente sentido: «[E]s dable afirmar, con contundencia, que con dicha regla lo que quiso el legislador fue dar prevalencia al factor subjetivo sobre cualquier otro, con independencia de donde se halle previsto, al expresar que la competencia “en consideración a la calidad de las partes” prima, y ello cobija, como se explicó en precedencia, laRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-01762-00 5

expresar que la competencia “en consideración a la calidad de las partes” prima, y ello cobija, como se explicó en precedencia, laRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-01762-00 5 disposición del mencionado numeral 10º del artículo 28 del C.G.P.» (CSJ AC140-2020) Por lo anterior, concluyó que: «[L]a colisión presentada entre los dos fueros privativos de competencia consagrados en los numerales 7º (real) y 10º (subjetivo) del artículo 28 del Código General del Proceso, debe solucionarse partir de la regla establecida en el canon 29 ibídem, razón por la que prima el último de los citados.» (CSJ AC140-2020) La principal justificación del auto citado para descartar la competencia a prevención en aplicación de los dos fueros se basó en que, por ser las normas de competencia de orden público, eran irrenunciables, por lo que la demandante en estos casos no podía renunciar a la prerrogativa conferida y demandar en foro distinto del previsto en el numeral 10° del artículo 28 del Código General del Proceso. «Finalmente, en virtud de lo expuesto hasta ahora y de la condición de imperativa de las normas procesales por ser de orden público (Art. 13, C.G.P.), surge una última consecuencia, no menos importante, el carácter de irrenunciable de las reglas de competencia establecidas en razón de los aludidos foros, en tanto que, como ya se dijo, no pueden ser desconocidas ni por el juez ni

importante, el carácter de irrenunciable de las reglas de competencia establecidas en razón de los aludidos foros, en tanto que, como ya se dijo, no pueden ser desconocidas ni por el juez ni por las partes, motivo por el cual no puede interpretarse que el no acudir a ellas significa una renuncia tácita a la prerrogativa que confieren, como lo sería, en este caso, la ventaja otorgada a las entidades públicas en el evento previsto en el numeral 10º del artículo 28 del citado estatuto.» (CSJ AC140-2020) No obstante, en esta oportunidad la Sala se aparta de esta posición, con fundamento en las consideraciones que se exponen a continuación. En primer lugar, si bien las normas procesales son de orden público, conforme lo dispone el artículo 13 del Código General del Proceso, ello no implica que, de manera categórica, deban considerarse irrenunciables, pues las prerrogativas procesales consagradas en la ley pueden serRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-01762-00 6 objeto de renuncia por la parte en cuyo beneficio han sido establecidas. Muestra clara de ello es lo previsto en el artículo 119 del mismo estatuto, el cual dispone: « ARTÍCULO 119. RENUNCIA DE TÉRMINOS. Los términos son renunciables total o parcialmente por los interesados en cuyo favor se concedan. La renuncia podrá hacerse verbalmente en audiencia, o por escrito, o en el acto de la notificación personal de la providencia que lo señale.» Con respecto al fuero fijado en el numeral 10º del

audiencia, o por escrito, o en el acto de la notificación personal de la providencia que lo señale.» Con respecto al fuero fijado en el numeral 10º del artículo 28 del Código General del Proceso, el mismo es un «“beneficio” o “privilegio” a favor de la entidad pública, conforme al cual se le autoriza demandar ante el juez del sitio de su propio domicilio, quien deberá avocar el conocimiento del libelo así propuesto.» (CSJ AC925-2019). Ello implica su carácter renunciable, toda vez que, como lo ha dicho esta Sala: «A esas prerrogativas, el legislador les ha conferido la posibilidad de declinarse, conforme dimana del contenido del artículo 15 del Código Civil. La renuncia, desde la perspectiva ontológica, supone la dejación de una ventaja (derecho o regla jurídica dispensadora de efectos a favor de alguien) mediante una declaración unilateral de voluntad, expresa o tácita, encaminada a tal propósito» (CSJ AC925-2019).» En segundo lugar, porque emerge la aplicación en cambio de principios procesales tales como el establecido en el artículo 11 de la Ley 1564 de 2012, que dispone que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial. Al optar la entidad por demandar conforme al fuero real, consagrado en el numeral 7 º del artículo 28, o según el fuero personal previsto en su numeral 10 (i) se facilita la descentralización de la justicia, descongestionando los juzgados de Bogotá, (ii) se garantiza

7 º del artículo 28, o según el fuero personal previsto en su numeral 10 (i) se facilita la descentralización de la justicia, descongestionando los juzgados de Bogotá, (ii) se garantiza la cercanía geográfica entre el juez y el lugar de ubicación deRadicación n.° 11001-02-03-000-2026-01762-00 7 los bienes, permitiendo una justicia contextualizada, (iii) se ahorra a las partes costos y las dificultades logísticas de desplazarse a Bogotá o a las capitales departamentales, y (iv) se fortalece el principio de inmediación al permitir que los jueces tengan un contacto directo con las partes, los hechos y las pruebas. En ese sentido, atendiendo a la conducta de la entidad estatal, quien radicó su demanda en lugar diferente al de su asiento, se desprende que el Fondo Nacional del Ahorro renunció al fuero que lo cobija, previsto en el numeral 10º del artículo 28 del Código, y se decantó por el real atinente a la ubicación del inmueble dado en garantía, conforme el numeral séptimo del artículo 28 ejusdem. 5.- En ese orden de ideas, se declarará que la competencia para conocer este asunto corresponde al Juzgado Sexto Civil Municipal en Oralidad de Armenia – Quindío y, en consecuencia, se ordenará a la Secretaría remitirle el expediente, para que se surta el trámite legal correspondiente.

III. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la suscrita Magistrada de la

remitirle el expediente, para que se surta el trámite legal correspondiente.

III. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la suscrita Magistrada de la

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Agraria y Rural,

RESUELVE: Primero: Declarar que el Juzgado Sexto Civil Municipal en Oralidad de Armenia – Quindío es el competente para conocer la causa de la referencia.Radicación n.° 11001-02-03-000-2026-01762-00

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Segundo: Por Secretaría, remitir el expediente digital al citado despacho para lo pertinente y comunicar lo decidido a la otra dependencia inmersa en el conflicto dirimido. Ofíciese.

NOTIFÍQUESE

ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ

Magistrada