CSJ - AC2270-2026

Corte Suprema de Justicia

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Detalles

Título
CSJ - AC2270-2026
Autor
Corte Suprema de Justicia
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Civil
Año
—

AC2270-2026 Radicación n.° 18001-31-03-002-2024-00039-01 Bogotá D. C., catorce (14) de abril de dos mil veintiséis (2026). La Corte decide la queja interpuesta por Paula Andrea Hoyos Cerón, Reined Hoyos Valenzuela, Neisa Vargas Camacho y Xilena Hoyos Vargas frente al auto proferido el 30 de julio de 2025 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia, Sala Civil Familia Laboral, mediante el cual denegó la concesión del recurso extraordinario de casación que formularon respecto de la sentencia dictada el 12 de junio de esa misma anualidad, en el proceso de responsabilidad médica que iniciaron aquellos junto con Ana Sofía Hoyos Cerón y Keidy Yurany Cerón Torres contra Clínica Medilaser S.A.S., La Previsora S.A. Compañía de Seguros y la Secretaría de Salud del Departamento de Caquetá.

I. ANTECEDENTES 1.- Los actores en la demanda y en su reforma pidieron que se declarara a los convocados « medicamente responsables por los perjuicios morales, materiales y daño de vida en relación » sufridosRadicación n.° 18001-31-03-002-2024-00039-01 2 por el fallecimiento de Reinel Hoyos Vargas y, en consecuencia, se les condenara a pagar: 1.1.- Por perjuicios morales « el equivalente a 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes para la fecha de ejecutoria del pago

consecuencia, se les condenara a pagar: 1.1.- Por perjuicios morales « el equivalente a 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes para la fecha de ejecutoria del pago de la sentencia suma que deberá ser cancelada a la esposa, hijas, padres del fallecido Reinel Ernesto Hoyos Vargas, y el equivalente a 50 salarios mínimos legales vigentes para la fecha de ejecutoria del pago de la sentencia para la hermana del fallecido, (…) cuya sumatoria nos arroja el equivalente total a 550 salarios mínimos legales mensuales vigentes». 1.2.- Por lucro cesante, teniendo en cuenta « el salario base de sus cotizaciones vigentes al año 2021, junto con sus prestaciones laborales integras (…) desde el momento en que se produjo su fallecimiento hasta la edad promedio y/o de expectativa de vida en Colombia, (…) hasta el momento en que quede ejecutoriada esta sentencia, (…) [esto es] hay un tiempo productivo de 45 años, (…) por 12 meses, nos darían 540 meses de productividad, por $6.841.408 pesos mcte por mes (suma que percibía cuando falleció Reinel), nos daría un total de $3.694.360.320 mcte más (…) $ 719.272.404 que era la utilidad pactada del contrato de obra No. 135-licp-2020 suscrito con la Alcaldía de Montañita, es decir la suma total del lucro cesante es de

$4.413.632.274». 1.3.- Por el daño a la vida en relación « el equivalente a 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes para la fecha de ejecutoria del pago de la sentencia, suma que deberá ser cancelada a la esposa, hijas, padres del fallecido Reinel Ernesto Hoyos Vargas, y el equivalente a 50 salarios mínimos legales vigentes para la fecha de ejecutoria del pago de la sentencia para la hermana del fallecido, (…) cuya sumatoria nos arroja el equivalente total a 550 salarios mínimos legales mensuales vigentes» [Archivos digitales: 03Demanda.pdf y 12ReformaDemanda.pdf; 02CuadernoPrincipal].Radicación n.° 18001-31-03-002-2024-00039-01 3 2.- La primera instancia fue tramitada con oposición de las accionadas, a saber: El Departamento de Caquetá formuló las excepciones de mérito: « Falta de legitimación en la causa por pasiva», «Ausencia de nexo causal», «Falta de jurisdicción y competencia» y la « genérica». Por su parte, La Previsora S.A. Compañía de Seguros propuso las defensas denominadas: « Inexistencia de responsabilidad por los hechos narrados en la demanda en relación a La Previsora S.A.», «Falta de legitimación en la causa por pasiva de La Previsora S.A. para ser parte del proceso», «Pago de la obligación», «Inexistencia de cobertura de la póliza SOAT expedida por La Previsora S.A. respecto de perjuicios

morales, lucro cesante y daño a la vida en relación », «Límite del valor asegurado», «Cobro de lo no debido» y la « genérica». La Clínica Medilaser S.A.S. presentó los medios exceptivos « Inexistencia de falla en la prestación del servicio médico atribuible a la Clínica Medilaser S.A.S.», «Inexistencia de nexo causal entre la prestación del servicio suministrado al paciente y su desenlace», « Indebida tasación de perjuicios materiales (lucro cesante consolidado y futuro)», «Petición infundada de daño a la vida en relación/ condiciones de existencia – indebida tasación de perjuicio », «Hecho exclusivo de la víctima» y la « genérica»; además, llamó en garantía a Seguros del Estado S.A. 3.- El a quo por sentencia de 27 de marzo de 2025 declaró prósperas las excepciones « Inexistencia de falla en la prestación del servicio médico e inexistencia de nexo causal entre la prestación del servicio médico y el deceso» y «falta de legitimación en la causa de La Previsora » invocadas por la Clínica Medilaser y La Previsora S.A., respectivamente; exoneró de responsabilidadRadicación n.° 18001-31-03-002-2024-00039-01 4 a Seguros del Estado y, en consecuencia, desestimó los pedimentos del litigio [Archivo digital: 47 ActaAudienciaSentencia.pdf]. 4.- Inconformes con esa directriz, los demandantes la apelaron, empero, el Tribunal declaró la deserción del

pedimentos del litigio [Archivo digital: 47 ActaAudienciaSentencia.pdf]. 4.- Inconformes con esa directriz, los demandantes la apelaron, empero, el Tribunal declaró la deserción del recurso incoado por Ana Sofía Hoyos Cerón y Keidy Yurany Cerón Torres por falta de sustentación y, en veredicto del pasado 12 de junio, refrendó lo decidido por el juez de primer grado [Archivo digital: 21SentenciaSegundaInstancia.pdf, Cdno 02SegundaInstancia]. 5.- Paula Andrea Hoyos Cerón, Reined Hoyos Valenzuela, Neisa Vargas Camacho y Xilena Hoyos Vargas formularon recurso de casación el 18 de junio posterior, cuya concesión fue denegada por el Tribunal, en tanto, el agravio económico que el fallo aludido les causaba debía ser tomado separadamente al tratarse de un litisconsorcio facultativo, el cual « no alcanza el límite cuantitativo establecido en el artículo 338 del

C. G. del P.» [Archivo digital: 25AutoNiegaCasacion.pdf]. 6.- El 1° de agosto último, los impugnantes interpusieron reposición y, en subsidio, queja arguyendo que el ad quem no tuvo en cuenta que las aspiraciones económicas de Paula Andrea, al ser hija de Reinel Ernesto Hoyos Vargas, son más altas, dado que ella pidió que se reconociera: a) por daño moral $142.350.000; b) por daño a la vida en relación el mismo valor; c) por lucro cesante consolidado $283.233.060,365; d) por lucro cesante futuro

reconociera: a) por daño moral $142.350.000; b) por daño a la vida en relación el mismo valor; c) por lucro cesante consolidado $283.233.060,365; d) por lucro cesante futuro $901.621.506,925 y e) por la « utilidad del contrato No. 135-LICP2020» $359.636.202; para un total de $1.829.190.769,255,Radicación n.° 18001-31-03-002-2024-00039-01 5 monto que « supera el tope de los mil salarios mínimos legales mensuales para interponer la casación». 7.- El 14 de agosto de 2025 el iudex de segundo grado mantuvo la determinación criticada y resolvió enviar el expediente a esta Corporación para surtir la queja. Explicó que « la división que realiza el profesional del derecho respecto del lucro cesante consolidado, lucro cesante futuro y la utilidad del CONTRATO No 135-LICP-2020, no se ajusta a lo que efectivamente se solicitó en el escrito genitor, pues aquellas categorías no fueron individualizadas, siendo que nunca se precisó el reconocimiento de dichos perjuicios en cabeza de quien estarían, sin importar, tal como se propuso en la jurisprudencia trasuntada establecer quién o quiénes mantenían dependencia económica de REINEL ERNESTO HOYOS VARGAS

(Q.E.P.D.)».

Aunado a que « olvida[n] [los] recurrente [s] que como

dependencia económica de REINEL ERNESTO HOYOS VARGAS

(Q.E.P.D.)».

Aunado a que « olvida[n] [los] recurrente [s] que como beneficiarios de tales condenas se encuentran la cónyuge del fallecido y su otra hija, quienes no enfilaron este recurso vertical, por lo que mal podría hacer este despacho asignar la mitad de los perjuicios materiales genéricos a una de las demandantes como hija de la víctima ». De ahí que, debe tomarse al extremo actor como un litisconsorcio facultativo, cuyo perjuicio se examina de manera individual, reflexión que apoyó en el CSJ AC7203-2016. 8.- Las diligencias fueron allegadas a esta Corte, dentro del traslado respectivo no hubo pronunciamiento alguno de los contendientes.

II. CONSIDERACIONESRadicación n.° 18001-31-03-002-2024-00039-01 6 1.- De conformidad con el artículo 35 del Código General del Proceso, a las salas de decisión concierne « dictar las sentencias y los autos que decidan la apelación contra el que rechace el incidente de liquidación de perjuicios de condena impuesta en abstracto o el que rechace la oposición a la diligencia de entrega o resuelva sobre ella », y al magistrado sustanciador corresponde dictar « los demás autos que no correspondan a la sala de decisión».

En el caso bajo estudio, por tratarse de la resolución de una queja interpuesta contra la decisión que negó la concesión del remedio extraordinario, se deberá aplicar la

En el caso bajo estudio, por tratarse de la resolución de una queja interpuesta contra la decisión que negó la concesión del remedio extraordinario, se deberá aplicar la última de las reglas transcritas a espacio y la decisión se adoptará de forma unipersonal. 2.- Según los preceptos 334 y 338 del mismo ordenamiento procesal, la « casación procede contra las… sentencias… proferidas por los tribunales superiores en segunda instancia… dictadas en toda clase de procesos declarativos », y si las pretensiones debatidas son « esencialmente económicas», cuando se acredite que « el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente sea superior a un mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (1.000 smlmv)» (negrita fuera de texto), cifra que se calcula con los perjuicios que la decisión de segundo grado ocasiona al opugnante. Luego, esas disposiciones supeditan la procedencia del remedio extraordinario no solo a que el trámite sea declarativo y que haya culminado mediante sentencia proferida por un Tribunal en segunda instancia, sino también a que el agravio económico del recurrente alcance elRadicación n.° 18001-31-03-002-2024-00039-01 7 monto mínimo señalado; esta última exigencia solamente se obviará cuando el asunto litigioso verse sobre la indemnización de los perjuicios causados a un grupo de al menos 20 personas o el estado civil. Frente al interés crematístico para acudir en casación

obviará cuando el asunto litigioso verse sobre la indemnización de los perjuicios causados a un grupo de al menos 20 personas o el estado civil. Frente al interés crematístico para acudir en casación la doctrina de la Corte ha sido constante e invariable en señalar que corresponde a « la cuantía de la afectación o desventaja patrimonial que sufre el recurrente con la resolución que le resulta desfavorable, evaluación que debe efectuarse para el día del fallo» (negrita fuera de texto. CSJ AC7638-2016, reiterado en AC6341-2024 y en CSJ AC1985-2026). En otras palabras, la cuantificación del menoscabo ocasionado al inconforme depende del « valor económico de la relación sustancial definida en la sentencia, esto es, del agravio, la lesión o el perjuicio patrimonial que con las resoluciones adoptadas en el fallo sufre el recurrente, sólo la cuantía de la cuestión de mérito en su realidad económica en el día de la sentencia, es lo que realmente cuenta para determinar el monto del comentado interés » (CSJ AC 064, 15 may. 1991, reiterado en AC2918-2020, AC867-2021, AC551-2022 y AC1985-2026, entre otros), precisando que la operación aritmética se realiza con base en el salario mínimo mensual vigente a la fecha de emisión del veredicto confutado. A lo que se aúna que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte cuando la decisión censurada desestima

aritmética se realiza con base en el salario mínimo mensual vigente a la fecha de emisión del veredicto confutado. A lo que se aúna que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte cuando la decisión censurada desestima íntegramente los pedimentos del actor, el detrimento económico se determina a partir de lo pretendido en el escrito genitor o su reforma, con independencia de que tengan o no asidero jurídico, dado que lo que es materia de valoración enRadicación n.° 18001-31-03-002-2024-00039-01 8 ese estadio procesal es la cuantía de la aspiración perdida (CSJ AC 6 jul. 2005, rad. 00706; AC 4 nov. 2009, rad. 200900976-00; AC 28 ag. 2012, rad. 2012-01238-00; AC5512022 y AC1985-2026 entre otros). 3.- Adicional a ello, esta Corporación ha predicado que en juicios de responsabilidad extracontractual, entre los reclamantes y/o víctimas se conforma un litisconsorcio facultativo, debido a que « son consideradas ‘todas y cada una, acreedoras de una prestación resarcitoria emancipada de las demás, y el agente dañador se constituye en deudor de tantos créditos indemnizatorios como personas hayan tenido que soportar las secuelas

negativas de su conducta’ (CSJ, AC4043-2021), porque, a decir verdad, ‘es posible que el juez disponga soluciones distintas para cada uno de aquellos; de ahí que sea ineludible cuantificar el interés para recurrir de forma individual’» (CSJ AC027-2025, citado en el AC19852026). En tal virtud, no pueden agruparse los anhelos del pliego inaugural como un todo para acreditar la cuantía para acudir en esta senda extraordinaria, entonces para su viabilidad, al menos uno de los pretensores debe cumplir con la cuantía del interés para recurrir, conforme lo establece el canon 338 ídem. 4.- Las anteriores consideraciones normativas y jurisprudenciales descendidas al asunto que ocupa la atención de la Corte, permiten concluir que la queja no tiene vocación de prosperidad, comoquiera que el Tribunal Superior de Florencia para desestimar la concesión del recurso de casación y mantener su decisión, efectuó una liquidación individual respecto de las pretensiones de cada uno de los recurrentes, de la siguiente manera:Radicación n.° 18001-31-03-002-2024-00039-01 9 i)- Reined Hoyos Valenzuela (Padre): Daño moral $142.350.000,00 Daño a la vida en relación $142.350.000,00 Lucro cesante consolidado $141.611.530,18 Lucro cesante futuro $450.810.753,46 Utilidad Contrato $179.818.101,00

Total: $1.056.940.384,64 ii)- Neisa Vargas Camacho (Madre): Daño moral $142.350.000,00

Lucro cesante futuro $450.810.753,46 Utilidad Contrato $179.818.101,00

Total: $1.056.940.384,64 ii)- Neisa Vargas Camacho (Madre): Daño moral $142.350.000,00

Daño a la vida en relación $142.350.000,00 Lucro cesante consolidado $141.611.530,18 Lucro cesante futuro $450.810.753,46 Utilidad Contrato $179.818.101,00

Total: $1.056.940.384,64 iii)- Paula Andrea Hoyos Cerón (Hija): Daño moral $142.350.000,00

Daño a la vida en relación $142.350.000,00 Lucro cesante consolidado $141.611.530,18 Lucro cesante futuro $450.810.753,46 Utilidad Contrato $179.818.101,00

Total: $1.056.940.384,64 iv)- Xilena Hoyos Vargas (Hermana): Daño moral $71.175.000,00

Daño a la vida en relación $71.175.000,00 Lucro cesante consolidado $141.611.530,18 Lucro cesante futuro $450.810.753,46 Utilidad Contrato $179.818.101,00

Total: $914.590.384,64Radicación n.° 18001-31-03-002-2024-00039-01

10 Labor con la cual encontró que ninguno de los opugnantes cumple con el monto que los habilitaría para acudir en sede de casación, pues, para los conceptos de «lucro cesante consolidado, lucro cesante futuro y la utilidad del CONTRATO No 135-LICP-2020» en el libelo genitor no estipularon el porcentaje que le correspondería a cada uno, por ende, dividió los

cesante consolidado, lucro cesante futuro y la utilidad del CONTRATO No 135-LICP-2020» en el libelo genitor no estipularon el porcentaje que le correspondería a cada uno, por ende, dividió los valores solicitados en cuatro (4), así: i)- $566.446.120,73 de lucro cesante consolidado = $141.611.530,18. ii)- $1.803.243.013,85 de lucro cesante futuro = $450.810.753,46. iii)- $719.272.404,00 de utilidad del contrato = $179.818.101,001 . En tal virtud, se evidencia la relevancia de las pretensiones esgrimidas en el pliego inaugural o en su reforma, en tanto, dichos pronunciamientos sirven como punto de apoyo para tasar el interés para promover la súplica extraordinaria. Entonces, como no se acreditó que a Reined Hoyos Valenzuela, Neisa Vargas Camacho o a Paula Andrea Hoyos Cerón, quienes reclamaron las aspiraciones más cuantiosas, cumplieran con el monto requerido, porque los pedimentos implorados en su favor consistieron en $1.056.940.384,64, cifra que no se acerca al valor mínimo de $1.423’500.000 establecido para el año en que fuera pronunciado el fallo censurado, pues según el Decreto 1572

1 Archivo digital 29Liquidacion.pdf, Cdno 02SegundaInstancia.Radicación n.° 18001-31-03-002-2024-00039-01 11 de 2024 el salario mínimo legal fijado para el 2025 era de

1 Archivo digital 29Liquidacion.pdf, Cdno 02SegundaInstancia.Radicación n.° 18001-31-03-002-2024-00039-01 11 de 2024 el salario mínimo legal fijado para el 2025 era de $1’423.500, no es procedente conceder el recurso implorado. De modo que no es plausible acoger la tesis de los libelistas al señalar que Paula Andrea Hoyos Cerón pidió el reconocimiento de un porcentaje superior a los demás frente a los conceptos mencionados, en atención a que, como se advirtió antes, « de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte cuando la decisión censurada desestima íntegramente los pedimentos del actor, el detrimento económico se determina a partir de lo pretendido en el escrito genitor o su reforma , con independencia de que tengan o no asidero jurídico, dado que lo que es materia de valoración en ese estadio procesal es la cuantía de la aspiración perdida» (Negrillas adrede; CSJ AC 6 jul. 2005, rad. 00706; AC 4 nov. 2009, rad. 2009-00976-00; AC 28 ag. 2012, rad. 2012-01238-00; AC551-2022 y AC1985-2026 entre otros). Por consiguiente, nada hay que reprocharle al auto cuestionado y, como consecuencia de lo discurrido, la queja bajo estudio no puede salir avante, por lo que así se

declarará. 4.- Finalmente, no se condenará en costas del recurso de queja a los impugnantes, dado que no aparecen causados a términos de los numerales 1 y 8 del artículo 365 del Código General del Proceso.

III. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de laRadicación n.° 18001-31-03-002-2024-00039-01

12 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, RESUELVE: Primero: Declarar bien denegado el recurso de casación interpuesto dentro de este proceso.

Segundo: No se condena en costas del recurso de queja a los reclamantes.

Tercero: En oportunidad devuélvase la actuación al despacho de origen.

Notifíquese y cúmplase,

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO

Magistrado

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