CSJ - SC10-08-1937

C O R T E P L E N A DECRETO ACUSADO No. 685 DEL 14 DE ABRIL DE 1934, SOBRE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LAS INSTITUCIONES DE UTILIDAD COMÚN El decreto expedido en desarrollo del numeral 3o. del artículo 120 de la Constitución de 1886 y del ordinal 1o. del articulo 68 de la ley 4a. de 1913, no puede considerarse inconstitucional por falta de atribuciones del gobierno para dictarlo, o por abuso de poder. 2.—El artículo 1o. de ese decreto es exequible entendiéndose en el sentido de que únicamente comprende aquellas entidades que se caracterizan por la destinación de un patrimonio determinado a una determinada finalidad social, sin ánimo de lucro. 3.—Es Inexequible el artículo 3o. del decreto en cuanto da al Ministro de Gobierno el derecho de aprobar o improbar los actos o contratos de valor mayor de dos mil pesos que celebran los representantes de las instituciones y establece este requisito como necesario para la validez de los referidos actos o contratos. Es inexequible ^también el artículo 6o, porque reforma la legislación civil y viola el artículo 76 (hoy 69) de la Constitución. Es igualmente inexequible la parte final del artículo 21, porque si el Gobierno tiene el derecho de nombrar un auditor para ejercer la inspección y vigilancia de las instituciones de utilidad común, no lo tiene para imponer a éstas la carga de pagar el empleado. Las demás disposiciones del decreto son exequibles. Corte Suprema de Justicia. —Sala Plena. —Bogotá,... agosto diez de mil

novecientos treinta y siete. (Magistrado ponente, Dr. Pedro A. Gómez Naranjo) FJ doctor Carlos Bravo en su propio nombre y en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 4] del acto legislativo N" 3 de 1910 (artículo' 149 de la Constitución actual), acusó ante la Corte como inconstitucional el decreto ejecutivo Nº 685 de 4 de abril de 1934, expedido por el Gobierno nacional, y publicado en el número 22,565 del Diario Oficial. Decidido afirmativamente el incidente de impedimento promovido por el doctor Miguel Arteaga H., Procurador general de la nación, fue nombrado por la Corte, de conformidad con el artículo 168 del Código Judicial, Procurador ad-hoc el doctor Antonio José Montoya, quien emitió su concepto manifestándose adverso a las pretensiones de la demanda, con excepción de lo relativo a la parte de los artículos 3º y 6º del decreto acusado, en donde se determina que la autorización del Gobierno es requisito para la validez de algunos actos o contratos celebrados por las instituciones de utilidad común. Se procede hoy a decidir del negocio, previas las siguientes consideraciones: La demanda contiene dos partes: Se refiere la primera a la inconstitucionalidad de todo el decreto, y se funda principalmente en la carencia de facultades del Gobierno para reglamentar las instituciones de utilidad común; la segunda critica en especial varias disposiciones del decreto acusado, aun cuando no se hace una petición concreta sobre la inexequibilidad de ellas. Aspecto general de la cuestión

El decreto acusado por el doctor Bravo, como ya se dijo, es el número 685 de 1934, del Ministerio de Gobierno, "por el cual se reglamenta la manera como ha de ejercerse el derecho conferido al Presidente de la República por el numeral 21 del artículo 120 de la Constitución nacional y en desarrollo del numeral 1º del artículo 68 de la lev 4ª de 1931." El Gobierno al expedir el decreto, hace mérito de la autorización especial contenida en el artículo 1° de la ley 20 de 1933, disposición que reza así: "Autorizase al Poder Ejecutivo para reorganizar el Ministerio de Gobierno y para establecer en él los departamentos que considere necesarios para el mejor funcionamiento de esa dependencia administrativa, y facúltasele igualmente para crear y suprimir empleos, fijar asignaciones y señalar las correspondientes funciones de todo el personal adscrito a dicho ministerio." El numeral 21 del artículo 120 de la Constitución de 1886 citado en el preámbulo del decreto (19, artículo 115 de la actual), es el siguiente: "Corresponde al Presidente de la República como suprema autoridad administrativa:

21. Ejercer derecho de inspección y vigilancia sobre instituciones de utilidad común para que sus rentas se conserven y sean debidamente aplicadas, y que en todo lo esencial se cumpla con la voluntad de los fundadores." El artículo 68 de la ley 4ª de 1913, trata de las atribuciones del Presidente de la República como suprema autoridad administrativa. El numeral 1º, mencionado igualmente en el epígrafe del decreto materia de la demanda, dice así: "Cuidar de la exacta y debida inversión de las rentas de establecimientos públicos

de cualquier género, cuya administración esté confiada al Gobierno de la República." La atribución general del Presidente de la República sobre reglamentación de las leyes, está consignada en el numeral 3' del artículo 120 de la Constitución de 1886 (id, art. 115 de la actual), en estos términos: "Ejercer la potestad reglamentaria expidiendo las órdenes, decretos y resoluciones necesarias para la cumplida ejecución de las leyes." Concreta el doctor Bravo su acusación contra el decreto número 685 en los siguientes pasajes de la demanda: "La disposición legal que acabo de transcribir es parte integrante del Código sobre Régimen Político y Municipal; es decir, del cuerpo de leyes que consagra 'la legislación relativa a las facultades constitucionales de los poderes legislativo y ejecutivo', conforme a la declaración fundamental contenida en el artículo 1º de ese código (ley 4ª de 1913), igual a la declaración que hacía en el artículo 1º de la ley 149 de 1888, sustituida por aquélla. Concretando un poco la cuestión, la misma disposición legal transcrita contiene y expresa la facultad constitucional del Presidente de la República en orden al derecho de inspección y vigilancia sobre las instituciones de utilidad común, que contempla el artículo 120 de la Constitución en su ordinal 21. Es decir, el legislador en el ejercicio de sus funciones constitucionales legisló sobre la materia y definió cómo entendía y quería que se cumpliera el precepto constitucional citado. Y si se detiene la atención en la disposición legal (ordinal 1º, artículo 68, ley 4ª de

1913), se verá que el legislador ordenó que la función de inspección y vigilancia del Presidente de la República se debía ejercer en relación con las rentas de los 'establecimientos públicos de cualquier género, cuya administración esté confiada al Gobierno de la República.’ Así lo entendió también el legislador de 1888 al consagrar una dispsoición igual en el articulo 71, ordinal 1º de la ley 149 de 1888, ley que quedó abrogada por la citada ley 4ª. Dentro de tal norma el Presidente de la República podía ejercer la potestad reglamentaria que le confiere el ordinal 3º del mismo artículo 120 de la Constitución, que dice así: ‘3º Ejercer la potestad reglamentaria expidiendo las órdenes, decretos y resoluciones necesarias para la cumplida ejecución de las leyes.' Esta disposición es de suma importancia, porque viene a consagrar y a afirmar con precisión el principio del derecho constitucional moderno, que define los límites de la potestad reglamentaria y la circunscribe a lo que debe ser, impidiendo que se convierta en poder de legislar, que el legislador no puede delegar. En efecto, si la potestad reglamentaria comprende la facultad de expedir las órdenes, decretos y resoluciones necesarios para la cumplida ejecución de las leyes, sigúese, por una parte, que el Presidente de la República no puede suplantar al legislador para reglamentar él mismo una disposición constitucional y, por otra, no puede enmendarle la plana al legislador, desde luego que las providencias que dicte en ejercicio de la potestad reglamentaria deben estar

encaminadas a la cumplida ejecución de las leyes. Como dice A. Esmein en su Tratado de Derecho Constitucional (pág. 676), 'la potestad reglamentaria es completamente distinta de la de legislar, y el reglamento no es la ley. La reglamentación hecha en ejecución de la ley le está subordinada; no puede sino desarrollar y completar en los detalles lo que ella ha establecido; no puede abrogarla ni contrariarla, debe respetar la en su letra y en su espíritu.' , Dedúcese rectamente de lo que acaba de exponerse que las órdenes, decretos o resoluciones que dicte el Presidente de la Republica en ausencia de una ley o para adicionar una ley deficiente, tocante a un precepto constitucional, no corresponde al ejercicio legítimo de la potestad reglamentaria que le concierne de acuerdo con el ordinal 3º del citado artículo 120 de la Constitución, sino que envuelven simplemente ejercicio de la potestad legislativa, que según la Constitución misma atañe al Congreso solamente." Más adelante agrega: "Dos conclusiones se desprenden muy naturalmente de las consideraciones y transcripciones anteriores, son a saber: 1º el constituyente no delegó al Poder Ejecutivo la facultad de reglamentar el ordinal 21 del artículo 120 de la Constitución que expedía; 2ª el legislador reglamentó esa disposición en la forma que aparece en el ordinal 1º del artículo 68 del Código Político y Municipal. Por consiguiente, el Poder Ejecutivo no podía sino ejercer respecto de esta última disposición la facultad reglamentaria que de modo expreso le confiere el

ordinal 3º del mismo artículo 120, esto es, para expedir 'las órdenes, decretos y resoluciones necesarias para la cumplida ejecución' de dicha ley. Se trata ahora de saber si el Poder Ejecutivo contrajo su intervención en el particular, al dictar el decreto acusado N' 685, a la cumplida ejecución de la ley o contrarió lo ordenado por ésta, ingiriéndose en asuntos propios del legislador. Ya el mismo doctor José María Samper, en el comentario transcrito, apuntó la necesidad de que el legislador principiara por determinar claramente la naturaleza de las instituciones llamadas de 'utilidad común', con lo cual manifiestamente se excluye tal función como propia del Presidente de la República.

El epígrafe del decreto acusado: 'por el cual se reglamenta la manera como ha de ejercerse el derecho conferido al Presidente de la República por el numeral 21 del artículo 120 de la Constitución nacional y en desarrollo del numeral 1º del artículo 68 de la ley 4ª de 1913', demuestra claramente el propósito dominante del Poder Ejecutivo de reglamentar directamente la disposición constitucional contenida en el ordinal 21 del artículo 120 precitado.

Es verdad que al propio tiempo quiso desarrollar el numeral 1° del artículo 68 de la Ley 4ª nombrada; pero este último intento lo realizó apartándose sustancialmente de la ley reglamentada, ya en cuanto a las entidades sobre que debía ejercerse la inspección y vigilancia, ya en lo tocante a la índole misma y extensión de la función fiscalizadora.

Y téngase en cuenta como cosa previa que la autorización conferida al Poder Ejecutivo por el artículo 1º de la ley 20 de 1933, de que dijo hacer uso el decreto acusado, no modificaba en nada la cuestión planteada, porque tal disposición sólo faculta al Poder Ejecutivo para reorganizar el Ministerio de Gobierno y para establecer en él los departamentos que se consideren necesarios para el mejor funcionamiento de esa dependencia administrativa, por lo cual en nada modificó dicha ley lo que existía a propósito de la facultad de inspección y vigilancia, consagrada en la Constitución y definida en la ley 4ª de 1913." Sobre la primera conclusión que saca el demandante de sus alegaciones, se observa lo siguiente: El artículo 120 de la Constitución de 1886 le da al Presidente de la República como suprema autoridad administrativa, entre otras atribuciones, la señalada en el numeral 3º de que ya se ha hecho mención, o sea, la de ejercer la potestad reglamentaria expidiendo las órdenes, decretos y resoluciones necesarios para la cumplida ejecución de las leyes; también le da ese artículo, como ya se ha visto, la facultad de "ejercer derecho de inspección y vigilancia sobre instituciones de utilidad común para que sus rentas se conserven y sean debidamente aplicadas, y que en todo lo esencial se cumpla con la voluntad de los fundadores." No hay que confundir la potestad reglamentaria que tiene el Presidente de la República respecto de las leyes, con la facultad de dictar normas para el ejercicio de los derechos que la Constitución le confiere. Al dictar el Presidente de la República el decreto Nº 685 de 1934, no hizo uso de la potestad reglamentaria de

que trata el ordinal 3º del artículo 120 ya citado, sino del derecho consagrado en el numeral 21 del mismo texto, para cuyo ejercicio dictó las normas administrativas que juzgó convenientes. Es verdad que el decreto acusado contiene un reglamento; pero éste no emana de la facultad general que con respecto a las leyes tiene el Presidente de la República, conforme al numeral 3º del artículo 120 de la Constitución, sino de un derecho especial de inspección y vigilancia que le confiere la carta fundamental, con relación a las instituciones de utilidad común. El Gobierno tenía la facultad de dictar el .reglamento necesario para el ejercicio del derecho que le confirió el artículo 120, numeral 21, de la Constitución de

1886. La tenía igualmente para reglamentar el ordinal 1º del artículo 68 de la ley 4ª de 1913. Por consiguiente, el decreto expedido en desarrollo de los dos preceptos citados, no puede considerarse inconstitucional por falta de atribuciones del Gobierno para dictarlo, o por abuso de poder, como lo dice el demandante. La reglamentación se hizo creando una sección especial en el Ministerio de Gobierno, de conformidad con la facultad conferida al Poder Ejecutivo por el artículo 1º de la ley 20 de 1033, para establecer en el ministerio referido los departamentos que se consideren necesarios para el mejor funcionamiento de esa dependencia administrativa.

Para estudiar la segunda conclusión a que llega el demandante, o sea, que el legislador reglamentó el numeral 21 del artículo 120 de la carta de 1886 en la forma que aparece en el ordinal 1º del artículo 68 del Código Político y Municipal,

conviene precisar lo que se entiende por instituciones de utilidad común. Ni en la Constitución ni en la ley se definen. Pero sobre el particular es muy autorizada la opinión del doctor José María Samper, uno de los autores de la Constitución de 1886, citada por el mismo demandante en su libelo. Es la siguiente: "F. Por último, el inciso 21 da facultad al Presidente para ejercer el derecho de inspección y vigilancia sobre instituciones de utilidad común, a fin de que sus rentas se conserven y sean, debidamente aplicadas, y que en todo lo esencial se cumpla con la voluntad de los fundadores. Vaga es esta atribución, a causa de la gran latitud que tienen las palabras 'instituciones de utilidad común.' Pero se comprende desde luego que el inciso no se refiere ni a instituciones de carácter nacional, esto es, creadas y sostenidas por la nación, que forzosamente han de estar bajo la dirección de la autoridad pública, ni a instituciones puramente privadas, que si son de utilidad, no están aplicadas a un servicio verdaderamente público, y son del dominio del derecho civil o de la propiedad particular. Quisieron referirse los constituyentes a ciertas instituciones que, teniendo un origen privado o de corporaciones particulares, por razón de sus fundadores, prestan a la sociedad un servicio que, sin ser oficial y de la nació, es de notoria utilidad pública. De esta naturaleza son muchos colegios, escuelas y otros establecimientos de instrucción, y muchos hospicios, hospitales y otros establecimientos de caridad o beneficencia. Se comprende que el Presidente de la República no ha de inmiscuirse en la dirección y administración de tales establecimientos, que no dependen del

Gobierno; pero que, como en su buen servicio está interesada la sociedad, el jefe de la nación puede ejercer una inspección y vigilancia saludables, en beneficio de aquellos a quienes la institución ha de favorecer con sus auxilios." Si por instituciones de utilidad común no se entienden las de carácter nacional, respecto de las cuales tiene el Presidente de la República el control que le otorga la Constitución en su calidad de jefe de la administración pública, es claro que la disposición del numeral 1º del artículo 68 del Código Político y Municipal no se refiere a aquellas, como lo pretende el demandante, y no es jurídica, por tanto, la conclusión de que el precepto legal citado reglamenta la facultad dada al Presidente por el numeral 21 del: artículo 120 de la Constitución de 1886. Basta comparar los términos del numeral 21 del artículo 120 de la Constitución de1886 y del numeral 1º del artículo 68 de la ley 4ª de 1913, para ver que son cosas completamente distintas. El primero le da facultad al presidente para ejercer derecho de inspección y vigilancia sobre instituciones de utilidad común, para que sus rentas se conserven y sean debidamente aplicadas, y que en todo lo esencial se cumpla con la voluntad de los fundadores; y el segundo le da la atribución al presidente de cuidar de lá exacta y debida inversión de las rentas de establecimientos públicos de cualquier genero, cuya administración esté confiada al gobierno. La Constitución habla de instituciones de utilidad común, fundadas por personas distintas del Estado, y el Código politico y Municipal se refiere a establecimientos públicos de creación nacional, y por consiguiente, administrados

por el Gobierno. Hecha esta distinción no es posible aceptar que el numeral citado del Código Político y Municipal sea la reglamentación del precepto constitucional. Pero si lo fuera, sería para el Gobierno aplicable el último, por ser notable la discrepancia, de conformidad con el artículo 40 del acto legislativo Nº 3 de 1910 (artículo 150 de la Constitución actual) La anterior disertación está de acuerdo con la doctrina de los expositores de Derecho Administrativo. Para establecer la diferencia que existe entre el establecimiento público y las instituciones de utilidad publica, o utilidad común, Gastón Jéze da una norma en su obra "Principios Generales de Derecho Administrativo": "Cuando una necesidad de interés general no se satisface por el procedimiento del servicio público y la autoridad pública competente, en las condiciones y formas legales, acepta la colaboración de los particulares con un patrimonio privado especial a este efecto, se dice que existe establecimiento de utilidad pública. El establecimiento de utilidad pública no debe ser confundido con el establecimiento público. El punto capital que marca la diferencia entre el establecimiento público y el establecimiento de utilidad pública es el de que aquél es una modalidad del procedimiento del servicio público, mientras que éste es una modalidad del procedimiento del servicio privado. Pudiera parecer a primera vista que es siempre fácil establecer la distinción, pero no es así. A veces esta distinción es de una labor muy delicada, no sólo porque en ambos casos (establecimiento público y establecimiento de utilidad pública), existe un patrimonio afecto al servicio, sino porque el establecimiento de utilidad pública en razón del fin de interés general que persigue debe ser objeto de formal

reconocimiento por parte de la autoridad pública. Es esta circunstancia lo que le distingue claramente de los otros establecimientos privados. Por consiguiente, se explica perfectamente la vacilación que experimenta el ánimo en presencia de ciertos casos en que parecen darse las dos condiciones del establecimiento público: servicio público y patrimonio propio. Una nueva causa de confusión estriba en que las leyes y reglamentos toman en consideración la circunstancia de que los establecimientos de utilidad pública que satisfacen intereses sociales son auxiliares de los servicios públicos. En consecuencia, dichas leyes y reglamentos organizan un régimen de control administrativo que da a los establecimientos de utilidad pública una fisonomía parecida a la de los establecimientos públicos y que parece poner de manifiesto la intención del legislador de organizar un establecimiento público." Los anteriores conceptos fijan de manera clara la diferencia que existe entre las entidades expresadas, y puede llegarse a la conclusión de que en principio los establecimientos públicos son desmembraciones del Estado, emanaciones de un servicio público o de una autoridad pública, o creaciones del Estado; en tanto que las instituciones de utilidad pública son creaciones de la iniciativa privada, pero dedicadas al servicio de la comunidad social. Esta distinción facilita en el caso que se estudia determinar con precisión el alcance de las disposiciones comentadas de la Constitución y del Código Político y Municipal. Por las razones expuestas se llega a la conclusión de que carecen de fundamento los reparos del demandante sobre inconstitucionalidad del decreto acusado por falta de atribuciones del Gobierno para dictarlo. Disposiciones acusadas de manera especial.

En la demanda se hacen críticas especiales a algunos artículos del decreto Nº 685, las cuales pasan a analizarse por separado, una vez que se han estudiado las objeciones de carácter general formuladas contra el decreto. Artículo 1º "Instituciones de utilidad común son todas las entidades que tienen por objeto prestar servicios a la comunidad con el concepto de beneficio social y que no persiguen fines simplemente lucrativos." Acerca de esta disposición se pronuncia el demandante así: "La comparación de los dos textos citados, el de la ley y el del decreto, da como resultado casi una contraposición, pues al paso que la ley sólo autoriza la inspección, vigilancia sobre los establecimientos públicos cuya administración esté confiada al Gobierno de la República, el decreto ejecutivo abarca toda clase de instituciones de utilidad común, inclusive aquellas cuya administración no atañe al Gobierno, como son todas las de origen privado. No puede darse nada más evidente que esta oposición entre el decreto y la ley." Se observa: La oposición entre el decreto y la ley no es cuestión que por sí sola pudiera originar una declaración de inexequibilidad, porque la Corte no puede confrontar los motivos de ilegalidad de los decretos que se acusen ante ella. Pero en relación con el artículo que se estudia es preciso fijar la interpretación de la Corte acerca de la definición allí contenida. Las personas morales de derecho privado se dividen, según la clasificación que de ellas hacen los más modernos y autorizados expositores, en tres clases: a) Sociedades, que son las que se caracterizan por la finalidad de lucro; b) Entidades caracterizadas por la pluralidad de personas que reúnen sus

esfuerzos y actividades para una finalidad no lucrativa, sino de orden espiritual o intelectual o deportivo o recreativo; y c) Las entidades que se caracterizan por la destinación de un patrimonio determinado a una determinada finalidad social, sin ánimo de lucro. Estima la Corte que el texto del numeral 21 del artículo 120 de la Constitución de 1886 sólo se refiere a estas últimas; pero como el artículo 1° del decreto N° 685, por la vaguedad con que está concebido, puede dar lugar a que entidades con otros fines se consideren comprendidas también dentro de la definición que él trae, es necesario establecer que se le declara exequible entendiéndose en el sentido de que únicamente comprende aquellas entidades especificadas en el punto c) de la enumeración que acaba de hacerse. Hay una consideración que sirve para fijar el alcance de la definición. Y es la de que, interpretada con la extensión y generalidad que aparenta, llevaría a aplicaciones injurídicas, como pasa a verse. En el artículo 1° se predican dos calidades o atributos de aquello a que el decreto se refiere: servicios que se presten en beneficio social, y fines no simplemente lucrativos. Esos dos atributos o calidades, son predicados propios de la clase de instituciones a que se refiere el ordinal 21 del artículo 120 de la Constitución de 1886, pero también son comunes a entidades que están evidentemente fuera de la letra y del espíritu del decreto. Así, la nación, los departamentos, los municipios, la Iglesia católica, las iglesias en particular y parroquias, las asociaciones y congregaciones

religiosas cuyo funcionamiento esté autorizado por el respectivo legítimo prelado, tienen los mencionados caracteres: buscan el beneficio social y no persiguen un fin simplemente lucrativo. Sin embargo, no podría pensarse que por esa circunstancia de tener un predicado común a las instituciones a que se refiere el decreto, estén incluidas en él y sujetas a sus requisitos. Las tres primeras son personas jurídicas de derecho público; las últimas, gozan de una personería jurí- dica de acuerdo con leyes anteriores y posteriores al Concordato, y por virtud de éste mismo. Además, siendo uno de los fines del acto acusado el de determinar al Gobierno, tras un proceso de información, a conferir o negar la personería jurídica, es claro que el decreto no puede referirse a aquellas instituciones que hayan recibido o reciban en adelante la personería jurídica en virtud de la ley. En ese caso está, por ejemplo, el Colegio de Nuestra Señora del Rosario, en cuanto la ley, respetando los estatutos de tal institución, reconoció su autonomía como un hecho cumplido. Claro está que el ejecutivo nacional inspecciona y vigila la marcha de dicho colegio, pero ello obedece a una voluntad de sus estatutos, y además a facultades del Gobierno, también constitucionales, dentro del ramo de la instrucción pública, es decir, por atribuciones de distinto orden; y, finalmente, porque el colegio recibe auxilios del tesoro público. Así como las entidades de derecho público y las eclesiásticas, a pesar de poderse predicar de ellas que persiguen el beneficio social sin un fin lucrativo, no están

cobijadas por el decreto, sucede que tampoco lo están aquellas entidades de quienes no se pueda predicar ni una ni otra de aquellas condiciones. Así, las compañías mineras, las sociedades de derecho civil y las del comercial, regulares o de hecho, por perseguir el lucro, evidentemente quedan excluidas. Artículo 3° "El derecho de inspección y vigilancia consiste en la facultad de examinar libros, cuentas y demás documentos dé las instituciones y aprobar o improbar los actos o contratos de valor mayor de dos mil pesos que celebren sus representantes sobre la aplicación de rentas, inversión de capitales o destinación de bienes, para que tales actos o contratos se acomoden al fin perseguido por la institución, según sus estatutos. En consecuencia este requisito será necesario para la validez de los referidos actos o contratos." Sobre esta disposición dice el demandante: "El artículo 3° del decreto acusado, qué define como derecho la función de inspeccionar y vigilar, es excesivo y encierra un abuso de poder, por cuanto al tomarse la facultad de aprobar o improbar los actos o contratos de valor mayor de dos mil pesos que celebren los representantes de las entidades respectivas se arroga la gestión misma, arrebatando a tales entidades la facultad de resolver o de obrar, la de determinar la conveniencia o inconveniencia de determinada operación, acto o contrato, aun cuando esté en un todo de acuerdo con las leyes, so capa de una tutela que las leyes mismas no han establecido con esa extensión." La Corte observa: El Presidente de la República tiene atribuciones en relación con el poder legislativo

(órgano legislativo), que están detalladas en el artículo 118 de la Constitución de 1886 (artículo 113 de la actual); las tienen también en relación con el poder judicial (órgano judicial), que son las que enumera el artículo 119 ibídem (art. 114 de la nueva Constitución); y, por último, le corresponden también como suprema autoridad administrativa, que son las que enumera el artículo 120 (hoy artículo 115). Entre estas está la de inspección y vigilancia de instituciones de utilidad común; de manera que la facultad que al Presidente de la Republica le corresponde en este particular es de índole simplemente administrativa, y es obvio que esa facultad no puede comprender la de reformar las leyes preexistentes que es el único y exclusivo resorte del congreso, con arreglo al artículo 76 de la constitución de 1886 (artículo 69 de la actual). El citado artículo 3° del decreto se refiere a la capacidad civil de las personas y a la nulidad de los actos y contratos, cuestiones que son materia del Código Civil y que según el artículo 50 de la Constitución de 1886 (artículos 12 y 45 de la actual) sólo pueden ser reglamentadas por la ley. Por estas razones la Corte llega a la conclusión de que se debe declarar inexequible el artículo 3° del acto acusado, en cuanto da al Ministro de Gobierno el derecho de aprobar o improbar los actos o contratos de valor mayor de dos mil pesos que celebren los representantes de las instituciones y establece este requisito como necesario para la validez de los referidos actos o contratos. Respecto de la primera parte de este artículo 3°, se observa que sólo puede referirse a los libros, cuentas y demás documentos que se relacionen con la

conservación y aplicación de las rentas de las instituciones y con el cumplimiento de la voluntad de los fundadores, pero no al examen de documentos de carácter privado y ajenos a los fines expresados. Artículo 6° "Cuando por disposición del fundador o fundadores de una institución de utilidad común, o por necesidad o utilidad para la misma, hubieren de enajenarse bienes raíces de cualquier precio o muebles de valor mayor de dos mil pesos que le pertenezcan, será necesaria la aprobación del Ministro de Gobierno, previa la calificación de los motivos de utilidad o necesidad. Este requisito será necesario para la validez de las referidas enajenaciones." El demandante hace la crítica de la disposición copiada, en estos términos: "A poco que se ahonde en la disposición del artículo 6°, que examinamos, y se