CSJ - SC14-03-1938 [008]

Sentencia C – SC – 008 de 1938 DELITO Y CULPA CIVIL/ Distinción. “La obligada distinción jurídica entre delito y culpa civil la hace nuestra ley escrita en diversas oportunidades, de ellas en el art. 39 de la 169 de 1896, en cuya parte última se refiere a los cuasi delitos y culpas para establecer que la acción civil encaminada a indemnizar el daño puede intentarse “sin sujeción a lo criminal”, después de haber establecido en sus incisos precedentes algo atañedero al delito tan sólo y a las dos acciones, la criminal y la de reparación del daño, para decir que pueden intentarse conjuntamente, sin necesidad de constituirse acusador el interesado, o que puede la civil intentarse por separado, caso para el cual advierte que esta acción estará en suspenso hasta que la criminal se decida”. ACCIÓN CIVIL/ Procedencia. “La acción civil derivada de la sola culpa no puede ser afectada ni detenida por la acción criminal, dada la diferencia de causales y de fines. El estudio de aquélla y de la sola culpa en que se basa no puede significar violación de la cosa juzgada en el juicio criminal y establecida sobre el delito en la sentencia dictada respecto de éste, tanto por las razones ya expresadas, cuanto porque la controversia civil sobre la indemnización no puede entenderse surtida y decidida en el fallo de la autoridad en lo criminal que se ha concretado y debe concretarse, en su caso, a absolver sobre el delito”. COSA JUZADA/ Violación/Simultaneidad de juicios. “Si en un caso dado se ha condenado por delito es claro que el juez

civil violaría la cosa juzgada si decidiese el ulterior litigio civil de indemnización fundándose en no haber delito; pero si por este se ha absuelto, no se viola la cosa juzgada ni por tanto se incurre en los males y peligros de todo orden que esto traería consigo, por el hecho de que en el juicio civil sobre indemnización derivada, no de delito, sino de culpa civil, se contienda ante este juez y él decida absolviendo o condenando tal como corresponde a las probanzas de este proceso civil y a las pertinentes disposiciones civiles”. SENTENCIA PENAL/ Posibilidad de adelantar una demanda civil por indemnización de perjuicios. “Una sentencia condenatoria en lo criminal anticipa base, firme a la del pleito civil que se siga por la indemnización patrimonial procedente del delito, en el caso de que esta acción no se haya ejercitado conjuntamente con esa otra; y una sentencia absolutoria en lo penal por sobreseimiento definitivo, no prejuzga sobre la acción civil cuando después se demanda indemnización aduciendo como fuente no el delito sobre el cual ya la autoridad competente juzgó en definitiva absolviendo sino la culpa civil acerca de la cual la autoridad en lo criminal no ha tenido porque decidir ya que la mera culpa es algo diferente del delito y que es este y no la indemnización o sentenciado en el juicio criminal”. TEORÍA DEL RIESGO/ Carga probatoria/ Exoneración de la culpa. “La teoría del riesgo, según la cual al que lo crea se le tiene por responsable, mira principalmente a ciertas actividades por los peligros que implican inevitablemente anexos a ellas y miran a la

dificultad que suele llegar sobre imposibilidad de levantar las respectivas probanzas los damnificados por hechos ocurridos en razón con motivo o con ocasión de ejercicio da esas actividades .Un depósito de sustancias inflamables, una fábrica de explosivos, así como un ferrocarril o un automóvil, por ejemplo, llevan consigo o tienen de suyo extraordinaria peligrosidad de que generalmente los particulares no pueden escapar con su sola prudencia. De ahí que los daños de esa clase se presuman, en esa teoría, causados por el agente respectivo, como sería en estos ejemplos el autista, el maquinista, la empresa ferroviaria, etc. Y de ahí también que tal agente o autor no se exonere de la indemnización sea en parte en algunas ocasiones, demuestre caso fortuito, fuerza o intervención de elemento extraño”. RESPONSABILIDAD/ Culpa/ Exoneración. “Entendido de la manera aquí expuesta nuestro art. 2356 tantas veces citado, se tiene que al autor de un hecho no le basta alegar que no tuvo culpa ni puede con esta alegación ponerse a esperar que el damnificado se la compruebe, sino que para excepcionar eficazmente ha de destruir la referida presunción demostrando uno al menos de estos tres factores: caso fortuito, fuerza mayor intervención de elemento extraño”.

REFERENCIA:

GACETA JUDICIAL Nº 1933

PROCEDENCIA:

TRIBUNAL SUPERIOR DEL

DISTRITO JUDICIAL DE

PEREIRA

PETICIONARIO:

Rosendo Echeverri

MAGISTRADO PONENTE:

RICARDO HINESTROSA

DAZA

PERJUICIOS – DELITO Y CULPA – ACCION CRIMINAL Y

ACCION CIVIL – RESPONSABILIDAD PENAL Y

RESPONSABILIDAD CIVIL – CONCEPTO DE VON TUHR –

INDEMNIZACION DE PERJUICIOS – TEORIA DEL RIESGO – RESPONSABILIDAD POR EL MANEJO DE MAQUINAS. 1. —La obligada distinción jurídica entre delito y culpa civil la hace nuestra ley escrita en diversas oportunidades, de ellas en el art. 39 de la ley 169 de 1896. Si se ha decidido ya sobre el delito, es claro que esta decisión en nada obsta a la acción civil de indemnización por culpa, porque siendo distintos el delito y la culpa y no tratándose en el pleito civil de aquél sino de ésta, la decisión sobre aquél, extraña por ende a la fuente de la acción civil, no puedo tener alcance de cosa juzgada. Muy distinta modalidad del problema es la que se presenta cuando se ha decidido sobre el delito y en que la acción civil sobre indemnización del daño se ejercita aduciendo ese delito como fuente o causa, porque entonces, habiendo esta conexión o vinculación, ese alcance es incuestionablemente decisivo, haya habido absolución o condena. La acción civil derivada de la sola culpa no puede ser afectada ni detenida por la acción criminal, dada la diferencia de causales y de fines. El estudio de aquella y de la sola culpa en que se basa no puede significar violación de la cosa juzgada en el juicio criminal. Distintas las fuentes, distintas las acciones, distintos los fines, no puede conceptuarse que la absolución por el delito tenga fuerza de cosa juzgada para absolver de la indemnización o impedir controversia por ésta. Si, por regla general, todo delito

determina indemnización, el solo hecho de no hallarse delictuoso un acto dado no autoriza para decir A PRIORI que no hay lugar a indemnización, puesto que no es necesario a ésta un delito como causa única y perfectamente puede caber indemnización, aun sin pensarse en delito, tan solo porque haya culpa civil. 2. —La obligación de indemnizar cae sobre el que ha cometido un delito o culpa, al tenor del art. 2341 del C.

C. El art. 2356 ibídem contempla una situación distinta y la regula, naturalmente, como a esta diferencia corresponde.

Exige tan sólo que el daño pueda IMPUTARSE a malicia o negligencia de otra persona, 3. —La teoría del riesgo, según la cual al que lo crea se le tiene por responsable, mira principalmente a ciertas actividades por los peligros que implican, inevitablemente anexos a ellas y miran a la dificultad, que suelo llegar a imposibilidad, de levantar las respectivas probanzas los damnificados por hechos ocurridos en razón o con motivo o con ocasión de ejercicio de esas actividades. 4. —La carga de la prueba no es del damnificado sino del que causó el daño, con sólo poder éste imputarse a su malicia o negligencia. En las actividades caracterizadas por su peligrosidad, de que es ejemplo el uso y manejo do un automóvil, el hecho dañoso lleva en sí los elementos de negligencia o malicia. Al autor de un hecho no le basta alegar que tuvo culpa ni puede con esta alegación ponerse a esperar que el damnificado se la compruebe, sino que para excepcionar eficazmente ha de destruir la referida presunción demostrando

uno al menos de estos tres factores: caso fortuito, fuerza mayor, Intervención de elementos extraños. Caso de esta intervención es el ejemplo que trae el art. 2357 del C.C. Corte Suprema de Justicia, - Sala de Casación Civil. Bogotá, marzo catorce de mil novecientos treinta y ocho. Va a decidirse el recurso de casación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del Tribunal Superior de Pereira que, revocando la de primera instancia pronunciada por el Juzgado 2º Civil de ese circuito, absolvió al demandado de todos los cargos de la demanda en el juicio ordinario por perjuicio incoado el 2 de noviembre de 1931 por el señor Rosendo Echeverri en su nombre y en el de su consorte señora Lucrecia Botero, así como en el de la sociedad conyugal existente entre los dos, contra el señor Pablo Villegas. Antecedentes Del aludido matrimonio nació el 12 de abril de 1913 un niño bautizado enseguida con el nombre de Arnulfo. Este iba a la izquierda de un compañero, en sendas bicicletas, en la tarde del domingo 29 de septiembre de 1929 por la carretera de Nacederos hacia la ciudad de Pereira, cuando en la misma dirección apareció detrás de ellos un automóvil conducido por el señor Pablo Villegas. En distancia entre treinta y quince metros el joven Arnulfo, por el temor de verse alcanzado o por insuficiente pericia o por ambos o cualesquiera otros motivos, comenzó a zigzaguear cambiando de línea transversalmente, y cuando ya casi estaba contra él el

automóvil, en momentos en que Villegas lo desviaba para evitar el choque, Arnulfo impensadamente cayó al suelo y la rueda derecha trasera del auto le pasó por encima, de resultas de lo cual esa noche murió. Este relato de los hechos se formula como resumen de las diversas probanzas que obran al respecto en el expediente, entre ellas las posiciones absueltas por Villegas, múltiples declaraciones de testigos recibidas a solicitud de una y otra de las partes litigantes y, de su lado, las correspondientes actas de estado civil. En la actuación seguida ante las autoridades de lo criminal se sobreseyó por el Juzgado Superior de Pereira definitivamente en providencia de 9 de diciembre de ese año, la que el Tribunal confirmó en la de 18 de marzo de 1930. Distinguiendo entre la actuación criminal y la civil y llamando la atención reiteradamente hacia la diferencia entre las dos y hacia el hecho de que el sobreseimiento pone término a un juicio que versa exclusivamente sobre el delito, el libelo inicial del presente juicio ordinario se concreta a la indemnización por la culpa civil, con expresa prescindencia de la calidad del hecho que la origina como delictuoso o no y antes bien situándose en el pie de que no lo es. La súplica, repítese, es sólo de indemnización, fijada por el actor, no sin salvedad sobre alteración mediante avalúo pericial, en diez mil y cinco mil pesos, respectivamente, por los daños materiales y morales. El Juzgado acogió el pedimento y condenó por todo al pago de $ 4,200, en sentencia de 7 de abril de 1934, de que ambas

partes apelaron. El Tribunal desechó la acción y absolvió al demandado, en fallo de 16 de febrero de 1937, de cuya casación se trata. Se funda cardinalmente en que el sobreseimiento por ser definitivo tiene fuerza de cosa juzgada, según el art. 33 de la ley 104 de 1922, y en que ello es así en el presente caso no sólo para lo penal, sino también sobre este pleito civil en que se busca la indemnización del daño, observando que Juzgado y Tribunal sobreseyeron definitivamente porque hallaron que no había delito ni cuasi delito en el accidente causa causarum de todo ello, o sea, la muerte del joven Arnulfo en las circunstancias ya expuestas sucintamente aquí. El recurso Así las cosas, el primer problema del recurso es la determinación del alcance de aquel sobreseimiento, para establecer si llega a la acción civil y la abarca, Y en efecto, el recurrente formula como principal cargo la violación de los arts. 63, 2’341 y 2356 del C. Civil por haberlos interpretado erróneamente y haber dejado de aplicar el último, confundiendo la sentencia recurrida las dos culpas, la delictual y la civil y las dos acciones, la pública para el castigo del delito y la privada para la indemnización del daño, Acogiendo la Sala este cargo, por lo que se ve en seguida, a él se concreta, sin considerar los restantes, de conformidad con el art. 538 del C. J. La obligada distinción jurídica entre delito y culpa civil la hace nuestra ley escrita en diversas oportunidades, de ellas en el art. 39 de la 169 de 1896, en cuya parte última se refiere a los

cuasi delitos y culpas para establecer que la acción civil encaminada a indemnizar el daño puede intentarse “sin sujeción a lo criminal”, después de haber establecido en sus incisos precedentes algo atañedero al delito tan sólo y a las dos acciones, la criminal y la de reparación del daño, para decir que pueden intentarse conjuntamente, sin necesidad de constituirse acusador el interesado, o que puede la civil intentarse por separado, caso para el cual advierte que esta acción estará en suspenso hasta que la criminal se decida. Y es obvio que esto no podía suceder de otro modo, puesto que cuando se trata del delito como fuente de la reparación, mal podría decidirse sobre ésta, que es efecto, sin tenerse como base la decisión sobre aquél, que es la causa; y del propio modo, cuando no se trata de delito, no siendo éste la causa de la reparación, no hay lugar ni motivo para aquella espera. Posible y hasta frecuente es que a la vez se esté ante un delito y una mera culpa; y posible consiguientemente que se incoe, sin sujeción a lo criminal, la acción civil correspondiente a la indemnización por la culpa, a tiempo que el proceso netamente criminal esté cursando por separado. En tal evento, no habría motivo alguno para demorar el pleito civil sobre indemnización por la culpa en espera de la decisión en lo criminal, siendo así que, como empieza en este evento por suponerse, lo indicado como fuente de la acción civil no es el delito. Y si (siguiendo el mismo supuesto), ya se ha decidido sobre el delito, es igualmente claro que esta decisión en nada obsta a la acción civil de indemnización por la culpa, porque, siendo distintos

el delito y la culpa y no tratándose en el pleito civil de aquél sino de ésta, la decisión sobre aquél, extraña por ende a la fuente de la acción civil, que se repite es la sola culpa, no puede tener alcance de cosa juzgada. Muy distinta modalidad del problema es la que se presenta cuando se ha decidido sobre el delito y en que la acción civil sobre indemnización del daño se ejercita aduciendo ese delito como fuente o causa, porque entonces, habiendo esta conexión o vinculación, ese alcance es incuestionablemente decisivo, haya habido absolución o condena si lo primero, cegada con ella esa fuente o negada la causa, no puede producirse el efecto; si lo segundo, establecida la fuente y causa, ya no habrá cómo ni para qué contender sobre ello en el pleito civil y éste será sólo contienda sobre el perjuicio en sí y su monto, a que se agrega lo que oficiosamente ha de hacer el juez por virtud del art. 113 de la ley 57 de 1887, sobre lo cual ocurre citar el art. 9º de la ley 92 de 1920, según el cual “De la acción civil que resulte de una sentencia ejecutoriada, dictada en causa criminal, corresponde conocer a los jueces civiles, conforme a las reglas generales sobre jurisdicción y competencia.” La acción civil derivada de la sola culpa no puede ser afectada ni detenida por la acción criminal, dada la diferencia de causales y de fines. El estudio de aquélla y de la sola culpa en que se basa no puede significar violación de la cosa juzgada en el juicio criminal y establecida sobre el delito en la sentencia dictada

respecto de éste, tanto por las razones ya expresadas, cuanto porque la controversia civil sobre la indemnización no puede entenderse surtida y decidida en el fallo de la autoridad en lo criminal que se ha concretado y debe concretarse, en su caso, a absolver sobre el delito. Claro es que esta autoridad puede y aun debe en muchas ocasiones adentrarse en el estudio íntimo del respectivo caso —y de ello es ejemplo el presente— en forma de considerar si hubo o no algo inevitable o casual que exonere de responsabilidad al autor de un suceso dado o impida ver en éste un delito. En la actuación contra Villegas, v. gr., quedó para él establecida la situación de que habla el art. 614 del Código Penal. Pero la responsabilidad a que esta disposición mira es a la que el delito, cuando lo hay, lleva consigo o genera. No puede ser la simplemente civil. La ley, que tan nítidamente distingue entre esas dos responsabilidades, no ha atribuido a los jueces en lo criminal, de suyo, la decisión de lo tocante a la última, ni impone la actuación sobre ésta como incidente de la actuación sobre aquélla. Distintas las fuentes, distintas las acciones, distintos los fines, no puede conceptuarse que la absolución por el delito tenga fuerza de cosa juzgada para absolver de la indemnización o impedir controversia por ésta. Si en un caso dado se ha condenado por delito es claro que el juez civil violaría la cosa juzgada si decidiese el ulterior litigio civil de indemnización fundándose en no haber delito; pero si por este se ha absuelto, no se viola la cosa juzgada ni por tanto se incurre en los males y peligros de todo orden que esto traería

consigo, por el hecho de que en el juicio civil sobre indemnización derivada, no de delito, sino de culpa civil, se contienda ante este juez y él decida absolviendo o condenando tal como corresponde a las probanzas de este proceso civil y a las pertinentes disposiciones civiles. Si toda absolución en lo criminal o, digamos, una proveniente de que la autoridad de ese ramo no ha hallado delito en el hecho respectivo, hubiera de cegar toda fuente o posibilidad de acción civil se podría producir una situación conflictiva demasiado extraña, cual seria la de que el interesado en esta ultima se aplicase a activar su acción civil por la culpa con presidencia de la criminal a fin de lograr que aquella se le decidiese antes que esta y de evitar así que una posible absolución en lo criminal le sacrificase su derecho pecuniario y que del propio modo el imputado se empeñase en apresurar el fallo en el proceso criminal a fin de, absuelto en él, estar armado de la excepción de cosa juzgada que lo librase de indemnizar la culpa. Se asistiría así a algo como un espectáculo deportivo en que de dos contendores sería vencedor el primero en llegar a la meta. Salta a la vista lo inaceptable de esa interpretación del procedimiento y de la ley. (Art. 39 citado). Y se habla de actividad del imputado en obtener fallo que de antemano puede confiar le será favorable, porque a la verdad, particularmente tratándose de accidentes automoviliarios, lo sorprendente por excepcional sería que un homicidio, y. gr., obedeciese a propósito deliberado del chofer de matar al chofer, transeúnte, jinete, carrero o ciclista a quien atropelle o con quien

choque empleando su propio vehículo como arma y valiéndose de la apariencia de un mero accidente fortuito para disimular su ánimo homicida. Lo habitual, lo cotidiano, lo de ocurrencia constante es la falta de intención dañada y que quien viene a resultar autor de la muerte de otro sufra tanto que sinceramente se crea víctima; a que se agrega que él pasó por igual peligro, lo que concurre a rechazar, dentro de lo general, hasta la sospecha de haber mediado animus nocendi. De ahí que lo frecuente sea la absolución en lo penal del que iba dirigiendo el automóvil que hirió o golpeó a quien quieto o en marcha, en dirección contraria o igual, a pie, o a caballo o en automóvil u otro vehículo, chocó contra aquél o se vio alcanzado por el mismo; y más probable y hasta segura esa absolución en lo penal, sí no se trata de simple herida sino de muerte. Si el juez en lo penal, conceptuando que no hubo delito, sobresee o dicta sentencia absolutoria, el imputado queda libre en razón del delito; y cualesquiera que hayan sido las razones de aquel concepto, las que, como es de rigor, se exponen en la parte motiva del fallo, este deja juzgado solo el delito, que es lo que en la parte resolutiva se decide. Y no sobra recordar que la cosa juzgada consiste o se halla en la parte resolutiva de la respectiva sentencia y no en la motiva. Una sentencia condenatoria en lo criminal anticipa base, firme a la del pleito civil que se siga por la indemnización patrimonial procedente del delito, en el caso de que esta acción no

se haya ejercitado conjuntamente con esa otra; y una sentencia absolutoria en lo penal por sobreseimiento definitivo, no prejuzga sobre la acción civil cuando después se demanda indemnización aduciendo como fuente no el delito sobre el cual ya la autoridad competente juzgó en definitiva absolviendo sino la culpa civil acerca de la cual la autoridad en lo criminal no ha tenido porque decidir ya que la mera culpa es algo diferente del delito y que es este y no la indemnización o sentenciado en el juicio criminal. Siguiendo la frecuente comparación de los dos consabidos círculos concéntricos, se halla con radio menor el penal; de suerte que un acto dado que escapa a la acción criminal o que no está o no podría estar bajo ella, bien puede ser fuente de indemnización pecuniaria. En otras palabras: si, por regla general, todo delito determina indemnización, el solo hecho de no hallarse delictuoso un acto dado no autoriza para decidir a priori que no hay lugar a indemnización, puesto que no es necesario a ésta un delito como causa única y perfectamente caber puede caber indemnización, aun sin pensarse en delito, tan sólo porque haya culpa civil. En realidad, más que tales dos círculos concéntricos de radios diferentes, lo que hay es dos grupos distintos de hechos, según sean o no delictuosos, y pari pasu con cada uno van sus respectivas acciones Los delictuosos con solo serlo generan indemnización de esta precisa procedencia, y los otros, que no siendo delictuosos no tienen por qué condenarse en sentencia penal, pueden generar indemnización si constituyen culpa. Estos últimos no determinan siquiera estudio del problema de si son o no

delito cuando se les aduce en su mera calidad de culpa como fundamento o razón de la demanda de indemnización por el daño patrimonial. En juicios de esta clase no hay sentencia criminal que esperar para decidirlos y del propio modo la sentencia absolutoria que se haya dictado en el juicio criminal seguido por si eran delito y en que resultaron no siéndolo, no obsta en manera alguna a que la controversia civil se incoe, se tramite y se falle ni a que el fallo sea, en su caso, condenatorio. Así en el presente caso, Villegas fue absuelto en el juicio criminal y en éste quedó juzgado definitiva y negativamente el delito; de suerte que no podía válidamente seguírsele nuevo juicio sobre ese delito para decidir si lo hubo o no, o si es inocente o culpado, y por el mismo motivo no podría prosperar demanda de indemnización por el delito. Pero cosa muy distinta es este litigio civil que se está sentenciando, en que se pide no que se le considere delincuente o que como tal pague, sino que se demanda la indemnización por algo muy diferente del delito, como es la mera culpa, el mero daño en si, abstracción hecha de si el acto que lo causo es o no delictuoso, más aún: dentro del concepto y sobre la base de no serlo. No obsta la circunstancia de haber llegado el juez en lo criminal a la decisión expresada en la extrema plenitud del citado art. 614, ya porque aquí no se trata del delito sino de la culpa civil como fuente de la acción, según acaba de recordarse Y ahincadamente lo advierte la demanda, ya porque hay, además,

otras razones sobre improcedencia de la cosa juzgada. Alúdese con esto a la identidad jurídica requerida por el art. 474 del C. J., la que aquí falta. En el proceso criminal se ejercita por el Estado una acción pública y se busca la intención, la peligrosidad y el castigo de, un delincuente; en la civil el actor ejercita para así una acción privada que mira a su interés patrimonial. Si la absolución en lo criminal se reputase cosa juzgada contra la demanda de indemnización por culpa, se incurriría hasta en quebranto de precepto constitucional (codificación de la Constitución, art. 22), pues el interesado en la reparación civil, no oído en la actuación criminal en que no ha, siclo parte y en que la indemnizacióifñ5 fue debatida quedaría vencido de antemano Es de esta suerte como en el presente juicio el actor ha visto embotada su acción con el referido sobreseimiento por el alcance que le dio el Tribunal, sin haber intervenido en manera alguna en la actuación criminal en que se sobreseyó, sin que ella, como ya se observó, versara sobre la indemnización y sin que él (Echeverri), por tanto, tuviera oportunidad ni manera de alegar, de invocar su derecho, ni de aducir prueba alguna sobre su interés patrimonial debatido ahora en el presente juicio civil. La limitación que en fuerza de las consideraciones hasta aquí hechas tiene la absolución en lo penal, no sólo es consecuencia e interpretación de disposiciones legales nuestras, lo que bastaría en su caso, sino que no es algo aislado que nos singularizara “Con frecuencia —dice von Tuhr— el acto ilícito es a la vez punible, porque

constituye igualmente un delito en el sentido del derecho penal. El legislador se coloca en puntos de vista diferentes cuando instituye una pena o cuando prescribe indemnización de perjuicios; la solución diferirá por consiguiente a menudo en derecho civil y en derecho penal, especialmente en lo concerniente a la responsabilidad. Según los términos del inciso 1º del art. 53, el juez civil, que estatuye sobre los perjuicios no está vinculado por las disposiciones del derecho penal en materia de imputabilidad. De igual manera el procedimiento penal difiere del procedimiento civil sobre numerosos puntos, en particular sobre la apreciación de la prueba el juez civil no se halla, pues, vinculado por una absolución pronunciada en lo penal; a pesar del texto muy estrecho del art. 53, inciso 1º, esta regla se aplica no solamente cuando se trata de decidir si ha habido culpa o si el actor era capaz de discernimiento sino aun en otras consideraciones: así, el juez civil aprecia libremente si el acto era lícito. Ninguna sentencia penal, aun de condena, vincula al juez civil en lo que concierne a la apreciación de la culpa y a la fijación del daño, art. 53, inciso 2º Se deriva de esta disposición que la sentencia penal cuando es de condena vincula al juez civil para otras cuestiones, por ejemplo en la medida de la comprobación del hecho y de su carácter ilícito.” El art. 53 a que se refiere este comentario es del Código Suizo de las Obligaciones y reza: “El juez no queda vinculado por las disposiciones del Derecho Criminal en materia de imputabilidad, ni por la absolución pronunciada en lo penal, para decidir si ha

habido culpa cometida o si el autor del acto ilícito era capaz de discernimiento.” “La sentencia penal no vincula tampoco al juez civil en lo que concierne a la apreciación de la culpa y a la fijación del daño.” La presunción de inocencia en favor de todo imputado y la de buena fe en pro del poseedor implican, como toda presunción, la carga de la prueba en contrario. No es excepción al principio que informa las disposiciones legales a que así se alude la que hace responsable de la pérdida del cuerpo cierto a quien debe su entrega, puesto que está obligado a conservarlo hasta que la haga y, por ende, a poner en ello la diligencia y cuidado correspondientes según la naturaleza o estipulaciones del respectivo contrato o las pertinentes disposiciones legales. A ese mismo principio, determinante de lo que sucede en los ejemplos que brevemente acaban de invocarse, obedece el art. 2341 del C. C., según el cual la obligación de indemnizar en él mismo impuesta cae sobre el que ha cometido un delito o culpa: tal su catégorica redacción. El art. 2356 ibídem, que mal puede reputarse como repetición de aquél ni interpretarse en forma que sería absurda si a tanto equivaliese, contempla una situación distinta y la regula, naturalmente, como a esta diferencia corresponde. Así es de hallarse desde luego en vista de su redacción y así lo persuaden, a mayor abundamiento los ejemplos que aduce o plantea para su mejor inteligencia, a manera de casos en que especialmente se debe reparar el daño a que esta disposición legal se refiere, que es todo el que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra

persona. Exige, pues, tan sólo que el daño pueda imputarse. Esta es su única exigencia como base o causa o fuente de la obligación que en seguida pasa a imponer. Esos ejemplos o casos explicativos corresponden, y hasta sobra observarlo, a la época en que el código se redactó, en que la fuerza del hombre como elemento material y los animales eran el motor principal, por no decir único en la industria en las labores agrícolas, en la locomoción, todo lo cual se ha transformado de manera pasmosa en forma que juntó con sus indecibles favores ha traído también indudable peligros. Innecesario expresar el protuberante contraste, por ejemplo, entre la locomoción de hoy y la de entonces. Si para aquella edad fueron escogidos ejemplos el disparo imprudente de un arma de fuego; la remoción o descubrimiento de las losas de acequia, cañería, calle o camino sin las precauciones necesarias para que no caiga el transeúnte, o dejar en estado de causar daño la obra de construcción o reparación o fuente a través de un camino, a penas se podrá imaginar de que ejemplos se habría valido el legislador en disposición dictada cundo el ferrocarril eléctrico queda a la zaga del automóvil y este parece lento ante el velívolo, y en que los caminos y las calles se atestan por obra del paralelo crecimiento y desarrollo de la población, de la producción y del intercambio comercial. La teoría del riesgo, según la cual al que lo crea se le tiene por responsable, mira principalmente a ciertas actividades por los peligros que implican inevitablemente anexos a ellas y miran a la

dificultad que suele llegar sobre imposibilidad de levantar las respectivas probanzas los damnificados por hechos ocu