CSJ - SC22-09-1942 [075]

Corte Suprema de Justicia

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Detalles

Título
CSJ - SC22-09-1942 [075]
Autor
Corte Suprema de Justicia
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Civil
Año
1942

C-SC-077/1942

FILIACION NATURAL - HISTORIA EVOLUTIVA DEL

DERECHO SOBRE ESTA MATERIA EN FRANCIA - CINCO CASOS EN QUE PERMITE LA LEY FRANCESA LA INVESTIGACIÓN DE LA PATERNIDAD - HISTORIA SOBRE LA MATERIA EN COLOMBIAANALOGÍAS Y DIFERENCIAS ENTRE LAS DOS LEGISLACIONESEL ESTATUTO PATRIO NO SEÑALO TERMINOS PARA EL

EJERCICIO DE LA ACCION DE INVESTIGACIÓN. LA MUERTA DEL

PADER NATURAL ES CAUSA DE LA EXTINCIÓN DE ESA ACCION

DE INVESTIGACIÓN - QUIÉN ES LEGÍTIMO CONTRADICTOR

CONFORME A NUESTRA LEGISLACIÓN, EN LA CUESTION DE

PATERNIDAD - INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY 45 DE 1936 RESPUESTA A VARIAS OBJECIONES. “1. Sólo debido a una errada interpretación del artículo 12 de la Ley 45 de 1936 se ha venido dando intervención, como demandado, al Ministerio Público en los juicios sobre filiación natural, cuando únicamente debe considerarse como parte en los que sean iniciados por él, en virtud de lo dispuesto en el artículo 12. 2. Los cinco casos en que con criterio de justicia social admite la Ley 45 de 1936 la acción de investigación de la paternidad son similares en su esencia a los de la ley francesa de 1912, de suerte que las exposiciones de algunos expositores franceses cono Josserand, Planiol y Ripert, Colin y Capitant sobre el particular tienen completa actualidad y aplicación al texto colombiano. Más difieren las dos legislaciones en relación con los

términos procesales para el ejercicio de la acción de estado y con la viabilidad y procedencia de la misma. Nuestra legislación no señala, como la francesa, términos perentorios para el ejercicio de la acción de investigación y, en cuanto a la viabilidad de la acción de investigación contra los herederos del presunto padre natural no es una misma la doctrina, pues en tanto que los tratadistas y la jurisprudencia franceses no admiten el fallecimiento del pretendido padre como causa extintiva del derecho del hijo, entre nosotros no cabe admitir lo mismo. Dentro del sistema normativo francés la doctrina y la jurisprudencia son rigurosamente lógicas. Tales doctrinas y jurisprudencia, fundadas en el silencio de la ley francesa y en el señalamiento de plazos cortos prescriptivos, no pueden tener aplicación en nuestro país, dado que la ley colombiana se apartó en tales extremos de la francesa. Al efecto, el estatuto patrio no fijó términos perentorios para el ejercicio de la acción; y en cambio la Ley 45 sí señalo de manera tácita o implícita la muerte del padre natural como causa de extinción de la acción. 3. Los artículos 403 y 404 del Código Civil, a los cuales quiso darles estricta y obligatoria aplicación la Ley 45 de 1936, son de tan diáfana claridad que no es necesario acudir a reglas complicadas de hermenéutica para conocer e interpretar su sentido. Estatuyen y consagran que en controversias de esta índole sólo es legitimo contradictor el padre contra el hijo o viceversa, y que siempre que esté comprometida la paternidad “deberá intervenir el padre forzosamente”. En

consecuencia, siempre que en una cuestión esté comprometida la paternidad del hijo natural, deberá el padre intervenir, so pena de nulidad. Aunque la Corte comparte, en principio, la tesis general sobre la legitimidad de la personería de todo el que tenga interés jurídico sobre la materia, en perfecta armonía con ella acepta y sostiene que en estas acciones de investigación de la paternidad del Código colombiano ha sentado una expresa, definida y concreta excepción a ese principio general de derecho procesal. Tal excepción está consagrada por los artículos 403 y 404 del Código Civil, sin que el más ilustrado y generoso jurisprudencial pueda modificar la interpretación y alcance de esos textos legales. En ellos se ha dispuesto que sólo puede ser legitimo contradictor el padre, so pena de nulidad, y que los herederos únicamente representan al contradictor legitimo que ha fallecido antes de la sentencia. No hay fuerza de dialéctica que tenga la operancia de oscurecer o modificar el sentido natural y obvio de tales preceptos, que establecen en una norma procesal especial a esta clase de controversias sobre filiación. Y si el artículo de la Ley 45 dispone perentoriamente que tales reglas del Código sean de obligatoria aplicación a los juicios de filiación natural. No es posible hacer un esguince a tan imperativos preceptos, para ir a derogarlos con el pretexto de darles aplicación a simples reglas de derecho procesal, que no se compadecen con nuestro sistema normativo en la materia. 4. En el artículo 403 se reconoce como exclusivo y legítimo contradictor en estos juicios al mismo padre, o a sus herederos o representantes, si

fallece antes de fenecer el proceso. Si no fuera esta la única interpretación que puede dársele al mencionado texto, quedaría sin sentido ni aplicación el artículo 404, en cuya virtud los herederos representan al contradictor legítimo que ha fallecido antes de la sentencia; lo que quiere decir que la acción tiene que iniciarse en vida del pretendido padre: Estima la Corte que el artículo 401 no puede dársele otra interpretación distinta de la que los fallos en esta clase de juicios deben siempre producir efectos obligatorios para toda persona erga omnes, aunque no hayan estado representadas en el litigio, porque la naturaleza intrínseca de esta clase de controversias y la trascendencia de la declaración de filiación así lo exigen. Para esto sólo es necesario que se haya proferido la sentencia contra legitimo contradictor (artículo 402), pues bien claro resulta que si no existe en la parte opositora capacidad jurídica para ser parte, ningún resultado puede producir la declaración judicial de paternidad. Los fallos de filiación, para que prosperen, siempre han de seguirse contra legitimo contradictor, so pena de nulidad, y esos fallos siempre producirán efectos erga omnes. 5. Si en Francia, nadie discute que el hijo tiene derecho a obtener la declaración de su filiación natural después de muerto el padre, eso se explica en presencia d determinantes preceptos como el artículo 1351 del Código Civil francés y la Ley de 16 de noviembre de 1912, pero en Colombia resulta que nuestro Código Civil, en sus artículos 101 a 403, y la Ley 45 de 1936 en su artículo 7. º disponen cosa distinta. El artículo 401 del Código Civil colombiano

consagra no la teoría del legítimo contradictor, sino el principio de los efectos absolutos de las sentencias sobre filiación; de manera que la regla pragmática del artículo 17 del Código Civil no es aplicable a los procesos sobre filiación legítima o ilegitima, porque el legislador colombiano así lo ha querido al consagrar la regla de excepción del artículo 401, que atribuye efectos absolutos a esta clase de fallos. Por esa circunstancia no pueden tener aplicación en Colombia las reglas de derecho francés, ni puede adoptarse la jurisprudencia francesa sobre relatividad de estas decisiones, ni caben las observaciones de los doctrinales franceses. 6. No comparte la Corte el concepto de que la teoría del legítimo contradictor nada tiene que ver con el derecho del hijo a ejercitar la acción de reconocimiento ante los herederos del padre, porque nuestro legislador quiso precisamente que estas acciones sobre reconocimiento de la paternidad natural se consiguieran con el supuesto padre, como legítimo contradictor en el proceso, y ante esa exigencia perentoria de nuestro sistema normativo es claro que la tesis del legítimo contradictor si tiene que ver con la pretendida facultad de hijo para ejercitar la acción ante los herederos del padre. 7. El estado civil de hijo natural no puede adquirirse después de fallecido quien debía aceptarlo o rechazarlo, quien debía ser vencido en juicio por quien lo pretendiera, y una cosa es la transmisibilidad a los herederos de los derechos y obligaciones del de cujus, y otra totalmente distinta el estado civil, que no es derecho transmisible. 8. Al rechazar la Corte cualquier interpretación de los textos legales citados que se base en

teorías transaccionales francesas o en determinadas interpretaciones jurisprudenciales que no sean las que claramente establecen los preceptos de nuestro Código Civil, no admite la distinción que pretende establecer entre la tesis del legítimo contradictor y la viabilidad misma de la acción, pues si nuestra Ley dijera en alguna de sus normas que los fallos sobre filiación tiene efectos absolutos cuando interviene el contradictor legítimo y sólo relativos cuando se obtiene contra los herederos o causahabientes, habría razón para formular esa glosa. Pero como lejos de aceptar esa distinción consagra en el artículo 401 que esta clase de procesos sólo puede adelantarse contra legítimo contradictor, aparece evidente que esa conclusión o distinción es infundada porque nuestra Ley no la hace en texto alguno. 9. Nadie nace hijo natural respecto de su padre y para adquirir ese estado se requiere el cumplimiento de alguno de los dos requisitos que establece el artículo 1. º de la Ley 45 de 1936: reconocimiento voluntario del padre por alguno de los medios solemnes que estatuye taxativamente el artículo 2. ºo declaración judicial de filiación natural, hecha conforme a los dispuesto en la citada Ley 10. 11. Por lo demás, la tesis de la Corte que es la consagrada en textos expresos de nuestra legislación civil, resulta mucho más generosa, más eficaz y más protectora que las adoptadas en otras legislaciones, como las de Francia, Alemania, Bélgica, Suiza, etc., dado que en nuestro País y con aplicación de esta doctrina, la acción de reconocimiento puede ejecutarse durante toda la vida del pretendido padre, mientras que en aquellas legislaciones se

han fijado términos cortos para su viabilidad y ejercicio. Ni se ajusta a la realidad del cargo de que se ha adulterado el pensamiento que tuvo el legislador al dictar esa Ley 45 de 1936, porque este no tuvo la voluntad, ni menos el propósito de asignarle al nuevo estatuto la extensión y la eficacia a que se aspira con la interpretación que se pretende. Ni la doctrina de la Corte puede tacharse de exegética porque no está reñida con el método de interpretación científica. 12. A lo anterior agrega la Corte que el artículo 401 del Código Civil consagra, no la teoría del legitimo contradictor, sino el principio de los efectos absolutos de las sentencias sobre filiación; de manera que la regla pragmática del artículo 17 del Código Civil no es aplicable a los procesos sobre filiación legitima e ilegitima, porque el legislador Colombiano así lo ha querido al consagrar la regla de excepción del artículo 401, que atribuye efectos absolutos a esta clase de fallos. Por esa circunstancia, no pueden tener aplicación en Colombia las reglas del derecho francés, ni puede adoptarse la jurisprudencia francesa sobre relatividad de estas decisiones, ni caben las observaciones de los doctrinantes franceses. Bien se explica, por otra parte, que en Francia nadie discuta que el pretendido hijo pueda perseguir la declaración, muerto el supuesto padre, porque el legislador francés, al atenuar el principio de la prohibición de la investigación de la paternidad natural, fijó los breves plazos extintivos de la acción consagrada en los ordinales 11,12 y 13 del artículo 340 del Código Francés, plazos que en

ese caso sí establecen un claro derecho sustantivo de acción procesal a favor de los interesados y que no pueden ser desconocidos por el juzgador, ni menos estar sometidos a la contingencia de la muerte del supuesto padre. En suma, la Corte expone tres argumentos más que refuerzan la doctrina que la Sala ha venido sosteniendo : a) El inicio final del artículo 4ºde la Ley 45 de 1936 indica que únicamente el presunto padre, desde luego mientras viva, puede ser demandado para que se declare judicialmente la paternidad natural; b) De acuerdo con lo ordenado en el artículo 7.º de la Ley 45 de 1936, las reglas de los artículos 401, 403 y 404, entre otros del Código Civil , se aplican al caso de la filiación natural. No se aplica, por tanto, lo dispuesto en el artículo 402 ¿Por qué? Sin duda porque el legislador quiso que los fallos sobre declaración de paternidad natural produzcan siempre efectos erga omnes, conforme al artículo 401, porque deben siempre pronunciarse contra el legítimo contradictor de que habla el artículo 403, o sea contra el presunto padre. De lo contrario no se explicaría el que no se apliquen a esos fallos las reglas del artículo 402; c) Sostiene el Doctor Zuleta Angel que “en todos los juicios que se refieran a la paternidad deberá intervenir forzosamente el padre si vive, y si éste ha muerto, sus herederos “porque en su sentir, “siendo los sucesores a título universal continuadores de la persona del de cujus, aquellos sustituyen completamente a éste tanto desde el punto de vista activo, de suerte que todos los derechos, bienes, obligaciones y carga de cujus

pasan a principio a sus sucesores, pues la sucesión no es sino una transmisión de todos los bienes y cargas, salvo de aquellos que por disposición de la ley o por la convención se extingan con la muerte del de cujus”. Acepta la Sala que la tesis del doctor Zuleta Ángel es exacta, como regla general del derecho, pero ella no tiene cabida en los casos de filiación natural, porque los artículos 401 a 404 constituyen una verdadera excepción a dicha regla general, y como tal excepción es de aplicación restrictiva . Desde luego que el artículo 404 dice que “los herederos representan al contradictor legítimo que ha fallecido antes de la sentencia”. Está afirmando claramente que no lo representan cuando el juicio se inicia después de muerte aquél, porque si no fuera así sobraría completamente el citado artículo 404”.

Demandante: Peregrino Coral

Demandado: Zenón Realpe, Trinidad

Realpe

Magistrado Ponente: Dr. ISAÍAS CEPEDA Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil. Bogotá, veintidós (22) de septiembre de mil novecientos cuarenta y dos.

SENTENCIA Vistos: El 25 de Julio de 1938 Peregrino Coral, por medio de apoderado, presento una demanda una demanda ordinaria sobre filiación natural ante el Juez Civil del Circuito de Túquerres para que, con audiencia del representante del Ministerio Público y de los señores Zenón Realpe y Trinidad Realpe, se hicieran por sentencia definitiva las siguientes declaraciones: “Primera: Que mi mandante señor Peregrino Coral, mayor de edad y vecino del Municipio de Guachucal, es hijo natural del señor

Presbítero doctor Eustorgio D. Morán y éste es su padre natural. “Segunda: Que consecuencialmente de la declaración de filiación de paternidad natural (sic), se producen respecto a Peregrino Coral todos los efectos que la ley asigna a los hijos de tal condición, en defectos de otros legitimarios”. Como hechos fundamentales de la demanda expuso el actor los que enseguida se transcriben: “Primero: El señor Presbítero doctor Eustorgio D. Morán, en estado de soltería y antes de optar el carácter de clérigo con órdenes sagradas, estado en que falleció, tuvo por hijo a Peregrino Coral en la señora Sabina Coral, el que fue concebido por ésta también en estado de soltería, de donde procede su condición de hijo natural del expresado Padre Eustorgio D. Morán. “Segundo: El señor Presbítero doctor Eustorgio D. Morán notoriamente reconoció y trató a Peregrino Coral como a su hijo natural desde su nacimiento, y con el carácter de padre natural atendió a su subsistencia, mediana educación, establecimiento y demás necesidades mediante la provisión de recursos reconocimiento que ratificó una vez mas en forma expresa ante sus deudos el día quince de febrero del año en curso, cuatro o cinco horas antes de su fallecimiento; por lo cual estos sus amigos y el vecindario de su domicilio en general siempre lo han reputado como hijo natural del señor Presbítero doctor Eustorgio D. Morán. “Tercero: Peregrino Coral continuamente ha vivido en posesión notoria de su estado de hijo natural de su predicho padre Eustorgio D.

Morán, por un lapso mayor de treinta años”. El representante del Ministerio Público manifestó que estima procedente la acción siempre que en tiempo oportuno se demostrarán satisfactoria y plenamente los hechos en que se apoyaba. Los demandados Trinidad y Zenón Realpe contestaron la demanda oponiéndose a la acción intentada, negando los hechos y el derecho, y aquella propuso las excepciones perentorias de “carencia de derecho e improcedencia de la demanda”. El juicio termino en la primera instancia por sentencia del veintiuno de noviembre de mil novecientos treinta y nueve, la cual estimo no probadas las excepciones propuestas, y además dijo: “A su vez declara que el señor Peregrino Coral, de las notas civiles ya indicadas, es hijo natural del Presbítero señor Eustorgio D. Morán y este su padre natural; consecuencialmente esta declaratoria de filiación de paternidad natural (sic) surtirá todos los efectos que la ley asigna”. No se hizo condenación en costas. Apelado este fallo por la parte demandada, subió el negocio al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, donde, surtida la tramitación correspondiente, se le puso fin por sentencia fechada el veintiuno de noviembre de mil novecientos cuarenta, por medio de la cual se confirmo la de primer grado, con salvamento de voto al Magistrado doctor Vicente Andrade. Tampoco se hizo condenación en costas. El Tribunal se refiere ampliamente a la doctrina sostenida por la Corte en su sentencia del 26 de abril de 1940 y la propugnada en los salvamentos de voto de los señores Magistrados doctores Mújica,

Salamanca y Tapias Pilonieta, y se pronuncia por la última. Luego hace un ligero análisis de las pruebas aducidas, para demostrar la posesión notoria del estado de hijo natural, y concluye que Peregrino Coral tiene esa calidad con respecto al Presbítero Eustorgio D. Morán. EL RECURSO Contra el fallo del Tribunal interpuso recurso de casación el señor apoderado de los demandantes, quien en extensa demanda, formula contra él nuevos cargos, con fundamento en el artículo 520 del Código Judicial, los que pueden sintetizarse así:

1. El Tribunal omitió estudiar si el actor había demostrado ser mayor de edad, omisión que implica un manifiesto error de hecho, por falta de tal apreciación, con lo cual infringió, por no haberlos aplicado, los artículos 22 de la Ley 57 de 1887, 400 del Código Civil y 12 de la Ley 45 de 1936.

2. El fallo se profirió con audiencia de los señores Zenón y Trinidad Realpe, quienes fueron citados personalmente y en nombre propio, pero no como herederos y representantes del Presbítero Eustorgio D. Morán. En esta material el Tribunal incurrió en error de derecho evidente porque, en tales condiciones dijo que debía entenderse que los señores Realpes eran demandados en su carácter de herederos.

3. El Tribunal incidió en error de derecho por infracción directa de los artículos 403 y 404 del Código Civil y 7. º de la Ley 45 de 1936, por estos, el fallo declara a Peregrino Coral, con audiencia de los señores Zenón y Trinidad Realpe, sin que ninguno de ellos tenga el

carácter de presunto padre natural del actor, en su condición de hijo natural respecto del Presbítero doctor Eustorgio D. Morán. De acuerdo con estas disposiciones, mis mandantes no son legítimos contradictores en el presente juicio. El artículo 7. ºde la Ley 45 de 1936 preceptúa que son aplicables a las controversias sobre filiación natural los artículos 401, 403 y 404 del Código Civil.

4. Errores de hecho y derecho evidentes en que incurrió el Tribunal por errónea apreciación de la prueba con que se pretende acreditar que Coral nació de una mujer, Sabina Coral, cuya existencia se ignora. Tales errores llevaron al tribunal a no darles aplicación a los artículos 1. º y 5. ºde la ley 45 de 1936, en armonía con otras disposiciones sustantivas.

5. Errores de hecho y de derecho en la apreciación de la prueba aducida por Peregrino Coral para demostrar que es hijo natural de Sabina Coral, con lo cual la sentencio violo los artículos 4.ºy 5.ºde la ley 45 de 1936.

6. Errores de hecho y de derecho al considerar demostrada la existencia de Sabina Coral, los cuales llevaron al Tribunal los artículos 90 del Código Civil y 9.º de la Ley 57 de 1887.

7. Errores de hecho y de derecho en que incurrió el Tribunal al estimar que con las declaraciones de Félix Bolaños, Mesías Realpe, Luz María de Gómez, Roberto Gómez, Francisco Chamorro y Félix Tobar se comprueba la existencia de la persona llamada Sabina Coral, con lo cual violó los artículos 22 de la Ley 57 de 1887 y 395 del

Código Civil, en armonía con el 90 del propio Código y con el 9. º de la indicada Ley.

8. Error de derecho de la apreciación de la prueba testimonial con la cual se aspira a demostrar la posesión notoria del actor como hijo natural del doctor Eustorgio D. Morán, error que condujo al Tribunal a violar, entre otras disposiciones legales que el recurrente cita, los artículos 399 del Código Civil, 699 y 701 del Código Judicial y 6. º y 7. º de la Ley 45 de 1936.

9. Errores de hecho y de derecho en que incurrió el Tribunal al aceptar que con las declaraciones que el recurrente analiza, se prueba que el Presbítero Morán proveyó a la educación de Peregrino Coral, cuando existen otras declaraciones que demuestran que la educación primaria, que fue la única que recibió Coral, se la suministro su supuesta madre natural, Sabina Coral.

El Señor Procurador Delegado en lo Civil, al contestar la demanda de casación, reitera su concepto relacionado con la tesis del legitimo contradictor en los juicios sobre filiación natural, que lo han llevado a estar en desacuerdo con la doctrina sentada por la Corte al respecto, pero advierte que insiste en sostener que para conjurar los peligros acerca de la producción de pruebas falsas después de muerto el pretendido padre, el Juez ha de ser particularmente severo en la apreciación de los elementos correspondientes, y finaliza su concepto así: “Aplicando ese criterio severo al caso subjudice, no sale muy bien librada la prueba producida sobre la posesión notoria del estado civil de hijo natural del demandante. La parte recurrente hace un

severo análisis y una muy bien fundada critica de dicha prueba, lo que por hallarse de acuerdo con la verdad procesal ha de conducir a la conclusión de que hubo por parte del Tribunal errada apreciación de la prueba en referencia, lo cual lo condujo a la violación de la ley sustantiva por su indebida aplicación al caso del pleito.” Conviene advertir, para que se tenga en cuenta en lo sucesivo por Jueces y Tribunales, que solo debido a una errada interpretación del artículo 12 de la Ley 45 de 1936se ha venido dando intervención, como demandado, al Ministerio Público en los juicios sobre filiación natural, cuando únicamente debe considerarse como parte en los que sean iniciados por él, en virtud de lo dispuesto en el mencionado artículo 12de agosto de 1941, dijo: “La disposición del artículo 12 de la Ley 45 de 1936 limita el número y calidad de las personas que legalmente tienen derecho de demandar la declaratoria judicial de filiación, señalándolas taxativamente, durante la vida del hijo. Entre estos sujetos activos de la acción, dentro del orden y oportunidad que exige la ley, figura el Ministerio Público, comprensivo de sus diversas categorías. La citada disposición dice que el Ministerio Público es parte en los juicios sobre filiación, y que las acciones encaminadas a obtener su declaratoria judicial se surten precisamente por medio de abogado titulado, salvo cuando las siga un agente de ese Ministerio, de tal manera que es indiscutible que en último término asiste al Ministerio Público derecho de intervención como actor o la facultad para instaurar acciones sobre investigación y declaración de filiación natural. No es pertinente

estudiar aquí el carácter de esta intervención ni los casos en que es legalmente posible el ejercicio de esta personería activa. Fuera de estas ocurrencias en que legítimamente puede asumir la calidad de demandante. El Ministerio Público puede intervenir o interviene como lo manda la ley, ya no estrictamente como parte, sino más bien como el órgano del interés público para vigilar la actuación de la ley, en consideración al trascendente interés social que conlleva el ejercicio de estas acciones familiares, para prevenir e impedir el engaño o el fraude en las declaratorias judiciales de la calidad civil de hijos naturales. Pero lo que no puede entenderse autorizado por la ley ni por la doctrina en materia de intervención del Ministerio Público es lo que en este pleito se ha querido hacer, esto es, darle la calidad legal de legitimo contradictor a uno de sus agentes o funcionarios para obtener con su exclusiva audiencia la declaratoria judicial de filiación.”(Gaceta Judicial, número 1978, página 181). El señor doctor Eduardo Zuleta Angel, apoderado del actor, solicito audiencia pública en este negocio, a fin de analizar ampliamente la doctrina sustentada por la Corte en lo relativo a filiación natural. Adelante se referirá la Sala a los argumentos aducidos por tan distinguido jurisconsulto. ESTUDIO DE LOS CARGOS Entre los cargos formulados encuentra la Corte que es fundado el marcado con el número 3. º, ósea el de violación directa de los artículos 403 y 404 del Código Civil y 7. º de la Ley 45 de 1936, porque el juicio se inicio cuando ya el presunto padre del actor había

muerto, por lo cual no se siguió contra el legítimo contradictor. Por consiguiente, el estudio se concreta a dicho cargo, con prescindencia de los otros como lo ordena el artículo 538 del Código Judicial.

Ahora bien: como el caso en estudio es perfectamente igual a los que decidió la Corte por sentencias de fechas 26 de abril de 1940 y 30 de junio de 1941, y como el objeto del recurso de casación es informar la jurisprudencia, y la Sala no encuentra razones suficientemente poderosas para variar la doctrina sostenida en aquellos fallos, es pertinente reproducir aquí, como fundamento de esta sentencia , lo ducho en el último de aquellos, en el cual no sólo se sostuvo la jurisprudencia sentada en el primero, sino que se amplió y completo convenientemente.

Dice así: “Filiación natural. Evolución del derecho en esta materia “A. EN FRANCIA “A través del derecho feudal europeo se halla reconocido y consagrado el principio de la libre investigación de la paternidad, como un postulado del derecho natural que inclina fatalmente a los seres a buscar y a conocer a sus progenitores. “Así lo consagro el derecho francés de la antigua monarquía, pero tal régimen de la libre investigación de la paternidad vino a ser abolido por la Revolución Francesa, en la ley del 12 de Brumario, año II, promulgada por la convención revolucionaria, así procedió a pesar de haber sentado principios rígidos de justicia social e igualdad jurídica y de haber abolido todas las prerrogativas del sistema feudal. “Las razones que asistieron a la conversión para proceder con tan severo criterio nos las explican los expositores Planiol y Ripert en su

“Traité elementaire de Droit Civil”, en esta forma: “En el antiguo derecho, hasta la revolución, la investigación de la paternidad era libre, aunque con fines distintos de los actuales, porque los bastardos carecían de derechos sucesorales: se dirigían al único objeto de obtener alimentos. Sin embargo, las acciones de investigación eran frecuentes. Los procesos de este genero vinieron a ser, según la expresión de Bigot du Preameneu, el azote de la sociedad. Tronchet refiere que las muchachas que querían dar un padre a sus hijos, perseguían al más rico de los que las habían frecuentado. Cuando una muchacha se declaraba en cinta e indicaba un hombre como el autor de su embarazo, ese hombre era considerado sin remedio, con la simple afirmación de ella, a proveer provisionalmente a los gastos del parto de la madre y al mantenimiento del hijo. De ahí el adagio: Virgini praegnati creditur”. “Expirada en Francia la época revolucionaria, en Código de Napoleón de 1804 consagró el mismo criterio revolucionario, al prohibir el artículo 340 la libre investigación de la paternidad ilegítima, con la única excepción del caso de rapto. Al decir de los principales redactores de tan famosa obra, el antiguo sistema deshonro la justicia y asoló la sociedad. Tal norma prohibitiva se mantuvo en Francia hasta 1912, en que – atendiéndose a la opinión expresada por tratadistas y tribunales contra la inflexibilidad de la prohibición - se dicto la Ley 16 de noviembre de 1912, que autoriza la investigación de la paternidad en cinco casos, aunque manteniendo implícitamente la prohibición en

principio. “El eminente expositor Luis Josserand explica en su “Cours de Droit Civil Francais” tal evolución de derecho francés en materia de investigación de la paternidad. Dice así: “Nuestro antiguo derecho de la investigación de la paternidad era libre, y aun más cuando no podían aspirar a recoger una herencia puesto que en aquella época no heredaban los bastardos, se utilizo de manera muy frecuente y abusiva. Por eso el derecho intermedio tuvo que reaccionar prohibiendo la investigación de la paternidad natural. El Código Civil siguió al derecho revolucionario en el sentido en que se había orientado…La Jurisprudencia no podía hacer cosa distinta de inclinarse ante la prohibición formulada por razones de orden público…Una campaña de protesta se inicio contra el régimen del Código Civil, que consagraba el derecho del mas fuerte, por escritores, dramaturgos, sociólogos y moralistas. Esta campaña tuvo su culminación en 1912, en que vino a autorizarse la investigación de la paternidad natural…Esta ley, con espíritu de moderación de humanidad y de justicia realiza una transacción aceptable entre los intereses antagónicos que se enfrentan en las relaciones extramatrimoniales. El dogma de la irresponsabilidad del padre natural se quebranta, sin que se abra la puerta a los abusos y a las tentativas de chantaje…La ley de 1912 no cambió completamente la situación anterior; no abolió la regla que prohíbe la investigación de la paternidad natural

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