CSJ - SC30-04-1955 - [062]

Sentencia C – SC – 062 de 1955

NO ES POSIBLE ACUMULAR, NI SIQUIERA EN FORMA

SUBSIDIARIA, ACCIONES CUYOS FUNDAMENTOS SEAN

CONTRADICTORIOS. PUEDEN ACUMULARSE

SUBSIDIARIAMENTE LA ACCIÓN DE TERMINACIÓN DE UN

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO Y LA REIVINDICATORÍA.

ERROR DE DERECHO EN LA INTERPRETACIÓN DE LA DEMANDA 1. —Si en un juicio ordinario se pide que se declare que ha terminado un contrato de arrendamiento y que como consecuencia de esto se ordene la restitución del inmueble arrendado, este hecho no configura una acción de lanzamiento, y por eso apenas podrá haber lugar a denegar dicha restitución. 2. —La calificación de las acciones y los textos señalados como configuración jurídica de aquéllas, no determinan una pauta inflexible en la tarea de juzgar. Lo que importa son los hechos. La calificación de ellos puede tener importancia, pero necesariamente no la tiene. Los hechos generan las situaciones jurídicas y éstas las acciones de que se vale el hombre para lograr del Estado la tutela de sus derechos; pero las situaciones jurídicas se producen cualesquiera que sean los preceptos de la ley que se c-tan en la demanda y los nombres con que se denominen las acciones que se ejerzan y aun los hechos generadores. 3. —El error en la interpretación de la demanda, sólo por excepción es de derecho, v. gr. cuando a la confesión que en ella se hace, se atribuye mérito de confesión extrajudicial, siendo judicial. 4. —Todo error de derecho en la apreciación de pruebas

implica una doble infracción legal: la del precepto de orden probatorio, que el sentenciador desatendió dando a la prueba un valor que no tiene, o negándole el que tiene; y la de los preceptos tocantes al fondo de la acción. Si pues, cuantío en casación se acusa por esta clase de error no se cita el precepto de orden probatorio, es imposible saber si en la estimación de la prueba que se dice fue mal apreciada se incurrió en error de derecho. 5. —No es posible acumular en una demanda, ni aun en forma subsidiaria, acciones cuyos fundamentos sean contradictorios. Así no son nunca acumulables las acciones respecta de las cuales la elección de cualquiera de ellas destruye la otra, como, por ejemplo, la doble acción alternativa del artículo 1546 del C. C., según el cual elegida la de resolución, desaparece la de cumplimiento, o viceversa; o también la pena y la indemnización que, según el artículo 1600 del citado Código, no se pueden pedir a un tiempo si no se, ha estipulado, de modo que en aquel caso, elegida la pena, queda eliminado el resarcimiento, y viceversa. Tampoco pueden acumularse nunca las acciones que por cualquier otro motivo se consideren incompatibles, es decir, las acciones de las cuales no puede subsistir ninguna, porque todas ellas se aniquilan recíprocamente, desde el punto de vista de las ideas, nociones o conceptos lógicos o jurídicos; como, por ejemplo, la acción posesoria de recuperación y la posesoria de perturbación, pues si se acepta la primera —que se basa en el hecho de haber perdido la posesión— la otra

queda sin apoyo, por fundarse en el hecho contrario de conservarla, y viceversa. Puede citarse igualmente el caso de la acción que persigue el reconocimiento del actor como dueño y la que demande que se le reconozca como arrendatario del demandado. 6. —Se pueden acumular, subsidiariamente, las acciones de terminación de un contrato de arrendamiento y de reivindicación, porque ambas acciones tienen como base el derecho de propiedad, la calidad de dueño por parte del actor, y no hay incompatibilidad en que un propietario que ha celebrado con un tercero un contrato de arrendamiento y que dada la actitud que, éste ha asumido «n el desarrollo, tema que no solo le desconozca su calidad de arrendador, sino aún más la de dueño, pueda ejercitar en un mismo juicio las dos acciones: la proveniente del arrendamiento fundado en el contrato, y la de dueño, en subsidio, para el caso de que no logre demostrar su primera calidad.

REFERENCIA:

GACETA JUDICIAL Nº 2153

PROCEDENCIA:

TRIBUNAL SUPERIOR DEL

DISTRITO JUDICIAL DE

MEDELLÍN

PETICIONARIO:

Marco Tulio Cadavid

MAGISTRADO PONENTE:

JOSÉ J. GÓMEZ R.

Corte Suprema de Justicia. — Sala de Casación Civil B. Bogotá, abril treinta de mil novecientos cincuenta y cinco. Recurrió en casación el demandado contra la sentencia del

H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, fechada el 12 de marzo de 1964 y proferida en el juicio ordinario de Alfonso

Vélez contra Marco Tulio Cadavid. CAPITULO PRIMERO Los antecedentes

1. —Alfonso Vélez promovió demanda contra Marco Tulio Cadavid ante el Juez del Circuito de Antioquia, en la cual pide se hagan estas declaraciones: “A) Que el contrato de arrendamiento de que se hizo mérito en el hecho segundo de este libelo de demanda, terminó desde el día diez de julio del presente año de mil novecientos cincuenta y dos, fecha de la inscripción de la escritura número cincuenta y dos, de la Notaría Cuarta .del Circuito de Medellín, por la cual el señor Juan J.

Pereira vendió la finca denominada "Lomas de Fortuna", situada dentro de la comunidad de Fortuna a mi poderdante señor Alfonso Vélez H. y que, en consecuencia, el señor Marco Tulio Cadavid está en la obligación de entregarle la finca especificada en el hecho primero de este escrito de demanda, al señor Alfonso Vélez H., dentro del término que se le fijare; o mejor, que se decrete el lanzamiento del señor Marco Tulio Cadavid de la expresada finca 'Lomas de Fortuna'. "B) Que se le condene en las costas de este juicio, ni se opusiera a él. "Como declaratoria subsidiaria, pido lo siguiente: "Como en virtud de la escritura número cinco mil cuatrocientos setenta y cuatro, de ocho de julio de mil novecientos cincuenta y dos, de la Notaría Cuarta del Circuito de Medellín, el señor Alfonso Vélez H. es dueño exclusivo de la finca territorial llamada 'Lomas de Fortuna', situada dentro de la comunidad de Fortuna, en el Municipio de Buriticá. Y alinderada así: 'Por el oriente, el río Cauca;

por el sur la quebrada Malpaso, hasta sus cumbres se sigue de travesía por cercos de. alambre y Barrancos, hasta un portón que hay en el llano del Tigre, 'colinda en este lado con propiedad de Francisco Cadavid por el occidente, se parte del portón ya citado en el Llano del Tigre, se sigue por un filo abajo, hasta encontrar otro portón colinda con propiedad del mismo Francisco Cadavid; por el norte, se parte de este portón, y por un alambrado hasta donde termina, colinda con predio de Nazario Usuga; de allí a buscar una cañada abaje, hasta ponerse en frente de una meseta, donde hay un aguadero, llamado Cañaveral; de aquí en travesía pasando por un cascarillo en la loma del avinge a buscar la cañada Chascarral, cañada abajo al río Cauca lindando con predio de la señora Amelia Uribe de H., y de aquí al río Cauca, primer lindero'. Y en consecuencia, el señor Marco Tulio Cadavid, está en la obligación de restituirle la mencionada finca ‘Lomas de Fortuna’, como dije, al señor Alfonso Vélez H., dentro del corto plazo que se le fijare". 2. —El demandado se opuso a las pretensiones del actor, alegando, en síntesis, que no había celebrado contrato alguno de arrendamiento sobre el fundo en referencia, y aún lejos de ser arrendatario es poseedor de él. 3. —La sentencia de primera instancia desestimó la demanda por haberla hallado inepta, en razón de que el actor no tenía sino derechos de cuota en el inmueble a que se contrae el libelo, motivo

por el cual debió demandar para la comunidad y no para sí mismo. 4. —Apelado este fallo el Tribunal resolvió: "Se revoca la sentencia de diez y ocho (18) de noviembre de mil novecientos cincuenta y tres (1953), originaria del Juzgado del Circuito de Antioquia y en su lugar se decide el litigio de la siguiente manera: "1º—Se declara no procedentes las excepciones propuestas; “2º—Por las razones expuestas en la parte motiva, no prospera la acción principal deducida en el libelo; "3º—Prospera la acción de dominio deducida subsidiariamente. En consecuencia, se declara que pertenece a Alfonso Vélez H. la finca territorial denominada 'Lomas de Fortuna', comprendida dentro de la comunidad de Fortuna, ubicada en el Municipio de Buriticá y delimitada así: 'Por el oriente, el río Cauca; por el sur, la quebrada Malpaso, hasta sus cumbres; se sigue de travesía por cercos de alambre y barrancos, hasta un portón que hay en el Llano del. Tigre, colinda en este lado con propiedad de Francisco Cadavid; por el occidente, sé parte del portón ya citado en el Llano del Tigre, se sigue por un filo abajo, hasta encontrar otro portón colinda con propiedad del mismo Francisco Cadavid; por el norte, se parte de este portón y por un alambrado hasta donde termina, colinda con predio de Nazario Usuga; de allí a buscar una cañada; cañada abajo, hasta ponerse en frente de una meseta donde hay un aguadero, llamado Cañaveral; de aquí en travesía

pasando por un cascarillo en la loma del avige a buscar la cañada Chascarral, cañada abajo al río Cauca lindando con predio de la señora Amelia Uribe de R., y de aquí al río Cauca, primer lindero'. "4º—El demandado como poseedor de buena fe sólo es responsable de los frutos percibidos o que el demandante hubiese podido percibir con mediana inteligencia y actividad, teniendo la cosa en su poder, con posterioridad a la contestación de la demanda; "5º—El actor Vélez H. debe al demandado el importe de las mejoras que mediante el trámite de una articulación, acredite éste que implantó en el fundo sobre que versa la acción de dominio. Se declara que tiene derecho a retener. "Sin costas en ninguna de las instancias''. La Corte procede a resolver sobre el recurso de casación interpuesto por el demandado, agotado como está el trámite legal.

CAPITULO SEGUNDO La casación: causales y cargos Cinco cargos se formulan con apoyo en la causal primera, de los cuales tratará la Sala en este orden: I. Cargos primero, tercero y quinto. II. Cargo cuarto. III. Cargo segundo.

I Cargos primero, tercero y quinto Se trata de ellos en un mismo capitulo por referirse todos a errores en la interpretación de la demanda. Cargo Primero 1. —Consiste en la violación indirecta por Indebida aplicación de los artículos 209, ordinal 2º, 250, 471, inciso final y 593 del C. J., a consecuencia de errores de hecho en la apreciación de la demanda y en la falta de apreciación del poder (f. 1, C. 1') y la

diligencia de requerimiento (f.2 ib.). 2. —El error consiste en haber interpretado la demanda en el sentido de que la acción que ejerce el actor en la primera petición, no es la de lanzamiento, sometida al trámite especial del capitulo 1º, Título XXXVII del Libro II del C. J., sino una distinta, encaminada a obtener la declaración de haber expirado el contrato de arrendamiento que el demandante afirma había celebrado el reo con el antecesor de él y que puede ventilarse en juicio ordinario. Interpretado así el líbelo, la sentencia quebranta aquellos preceptos, especialmente el ordinal 2º del artículo 209 del C. J., según el cual la acumulación objetiva de acciones exige que todas "puedan sustanciarse bajo una misma cuerda por seguir el mismo procedimiento judicial", siendo así que la de lanzamiento —de que trata la petición principal— y la de reivindicación —a la cual se refiere la subsidiaria— no están sujetas al mismo trámite judicial.

Se considera: 3. —No existe el error de hecho alegado, por estos motivos: 1º La razón que el sentenciador tuvo en cuenta para no ver en la primera petición una acción de lanzamiento, sino una acción encaminada a obtener la declaración de extinción del arrendamiento, es la de que no teniendo el actor esa prueba no podía entablar juicio de lanzamiento, pues los preceptos legales al respecto la exigen indispensablemente. Es exacto que el artículo 1104 del C. J. exige que con la demanda de lanzamiento se presente la prueba del contrato y la de haber éste expirado; y es legal, según el artículo 734 ib., que en juicio ordinario se pueda impetrar la declaración sobre terminación de un contrato

desarrendamiento; pero, no lo es que se pida la restitución de la finca, esto es, el lanzamiento, como consecuencia de la expiración del contrato, porque para esto ha señalado la ley el procedimiento especial del Capítulo 1º, Título XXXVII del Libro II del C. J. Por medio de un juicio ordinario no se lanza; para ello está previsto el expresado trámite especial de lanzamiento. 2º—El hecho de haber pedido la restitución, como efecto de la terminación del arrendamiento, no caracteriza la primera petición de la demanda, o sea la dirigida a obtener la declaración de haber expirado el contrato y la irregularidad de haber sido impetrada la restitución en un juicio ordinario, como si se tratara de un lanzamiento, apenas podría dar lugar a negar dicha restitución, mas no a configurar por ella una acción de lanzamiento, como efecto de la declaración de haber expirado el contrato. 3º—Las palabras finales de la petición primera: "...o mejor, que se decrete el lanzamiento del señor Marco Tulio Cadavid de la expresada finca", no desnaturalizan la acción en su objetivo principal, de obtener la declaración sobre extinción del contrato, con apoyo en la prueba de éste, de que carecía el demandante. 4º—La calificación de las acciones, ni los textos señalados como configuración jurídica de aquéllas, determinan una pauta inflexible en la tarea de juzgar. Lo que importa son los hechos. La calificación de ellos puede tener importancia, pero necesariamente no la tiene. Los hechos generan las situaciones jurídicas y éstas las acciones de que se vale el hombre para lograr del Estado la tutela

de sus derechos; pero las situaciones jurídicas se producen cualesquiera que sean los preceptos de la ley que se citen en la demanda y los nombres con que se denominen las acciones que se ejerzan y aun los hechos generadores. Ello consulta mejor los intereses de la justicia, cuyo imperio moral universal y cuya dispensación concreta a los asociados, no puede depender de factores tan inciertos e inseguros. Es menester atender a la intención de los actos humanos, porque en la intención radican sus objetivos. Por ello, al prescribir la ley que en la interpretación de los contratos se atienda primordialmente a la intención de las partes, consagra tan sólo una regla trivial de conducta forense. Y de la misma manera, la doctrina cuando, en lo tocante a la interpretación de la demanda, que es acto propicio a inexactitudes y deficiencias, ensena que, mientras éstas se circunscriban a las palabras empleadas o a los textos invocados, no tienen por que influir en la función de administrar justicia. En una palabra, la interpretación del Tribunal no pugna a la evidencia, y por tanto no se acoge el cargo. Cargo tercero 4. —Consiste en haber interpretado la demanda con error de hecho, por haber considerado el sentenciador "que estuviera dirigida contra el actual poseedor del inmueble, con infracción, por aplicación indebida, de los artículos 762, 946 a 952 del C, C., siendo así que el actor dice en el hecho quinto que el reo "se niega a la entrega alegando posesión y dominio de la finca", y agrega: "Y no es cierto, ni lo uno ni lo otro, como lo comprobaré dentro del juicio

en la debida oportunidad.

Se considera: 5. —Descartada la acción introducida en primer término, por falta de prueba del contrato de arrendamiento, entra a operar la incoada en segundo término, o sea la reivindicatoria, previa una declaración de pertenencia.

Por lo que respecta a esta declaración, el carácter de poseedor en el demandado, no es necesario. Cuanto a la reivindicación, sí, porque esta acción se encamina contra quien desconoce el derecho del dueño, en la forma más categórica, significativa y de mayores consecuencias: poseyendo la cosa sobre la cual recae el derecho, por ignorar que es ajena o sabiendo que es ajena o considerar que tiene mejor derecho a ella, y en todo caso en vía de usucapirla o de reforzar o sanear sus títulos mediante la prescripción. A este respecto el actor afirma en la demanda que "en el supuesto caso de ser poseedor (el reo), como él mismo lo afirma, sólo alega una posesión de veintidós meses". AI aceptar el Tribunal a Cadavid con el carácter de poseedor, en la forma subsidiaria en que se ha promovido la reivindicación, no estimó erróneamente la demanda, porque al referirse Vélez al aserto de Cadavid, lo acoge subsidiariamente, circunscrito a veintidós meses de posesión. En estas circunstancias es realmente imposible que la estimación del sentenciador contraríe la evidencia producida en este punto por la demanda, y por ello el, cargo no prospera.

Cargo quinto Dice así: "La sentencia acusada es violatoria de la ley sustantiva por aplicación indebida. "Ley sustantiva violada: Art. 209 ordinal 3? del C. J.; arts.

1.973 y 775 del C. C., arts. 669 y 946 id., arts. 947 hasta el 952 del

C. C. "La violación de estas normas es consecuencia de la apreciación errónea de la demanda, lo que llevó al fallador a cometer un error de derecho que aparece de modo manifiesto en los autos "Error de derecho: que la afirmación de un contrato de tenencia, envuelve la negación del hecho de la posesión, y que la existencia de este hecho es indispensable para la prosperidad de la acción reivindicatoria. “Al estudiar la demanda, la interpretación del Tribunal fue correcta hasta donde afirma que como principal se propuso la acción declarativa de la terminación de un contrato de arrendamiento cuya prueba también se pretendía en el juicio, pero de esta constancia procesal no concluyó, por las características del contrato de arrendamiento, su fundamento jurídico inconciliable con el de la acción reivindicatoria".

Se considera: 7. —En primer lugar, el cargo está formulado en forma asaz confusa. En segundo lugar, el error en la interpretación de la demanda, sólo por excepción es de derecho, v. gr., cuando a la confesión que en ella se hace, se atribuye mérito de confesión extra judicial, siendo judicial. En el caso presente no se explica en que consiste el error de derecho en la estimación del libelo. Y por último, todo error de derecho en la apreciación de pruebas —y la demanda es una prueba— implique una doble infracción legal: la del precepto de orden probatorio, que el sentenciador desatendió dando a la prueba un valor que no tiene, o negándole el que tiene; y la de los preceptos tocantes al fondo de la acción. En este caso

fueron citados estos últimos, mas no aquél y de esta materia es imposible saber si en la estimación de la demanda se incurrió en error de derecho, esto es, en violación inmediata de un texto legal sobre el valor de la prueba, con la ineludible repercusión en el ámbito sustantivo de la ley. Por ello, no se acoge el cargo. II Cargo Cuarto Hay infracción, por no haberlos aplicado, de los artículos 209, ordinal 3o del C. J., 669, 775, 946 a 952 y 1973 del C. C., debido a que los fundamentos de las acciones incoadas son incompatibles, pues al paso que la primera afirma un estado de mera tenencia, la segunda se apoya en una situación posesoria.

Se considera: 1º—Según el artículo 209 del C. J., se pueden ejercer varias acciones en una misma demanda, con tal que haya unidad de competencia e identidad de procedimiento, y sean, además, compatibles entre sí. Empero, en relación con este último requisito, pueden ser contrarias si se proponen en forma subordinada o eventual.

Mas, si aún en esta forma pueden incoarse, si hay entre ellas oposición o contradicción. 2º—La Corte ha hecho copiosa aplicación de esta regla. En sentencia de 2 de abril de 1932 (Sala de Negocios Generales. XL. 240) declara que hay contradicción entre la acción de despojo y la de perturbación, motivo por el cual no se pueden proponer en una misma demanda, ni aún en forma subsidiaria. Las casaciones de 30 de marzo de 1936 (XLIII, 752) y de 30 de abril de 1937 (XLV 114), exponen al doctrina general sobre las distintas especies de

acumulación objetiva y subjetiva. La de 23 de septiembre dé 1938 (XLVII. 245) enseña que no se pueden introducir sino en forma subsidiaria, las acciones alternativas del articulo 1546 del

C. C. La de 12 de diciembre de 1940 (L. 1966, 934) reza qué no hay contradicción entre la petición de condena al pago de una suma de pesos determinada —como valor de la cosa debida— y la subsidiaria de pagar la que señalen peritos. Las de 19 de agosto de 1940 (XLIX. 823) y 9 de febrero de 1944 (LVII. 44) admiten la acumulación en forma subsidiaria, de la acción de simulación y la de nulidad a causa de demencia de una de las partes. La de 24 de marzo de 1942 (LUÍ. 262), autoriza la acumulación eventual de la acción de simulación y de la acción de rescisión por lesión enorme.

De la misma manera la de 10 de diciembre del citado año (LIV. Bis. 317), respecto de la de simulación y la de resolución; la de 9 de marzo de 1943 (LV. 45), en relación con la de nulidad y la de resolución; la de 8 de noviembre del mismo año (LVI. 260) respecto de la acción dirigida a que se declare la preferencia del registro en el caso del artículo 1873 del C. C., y la de nulidad absoluta contenida en otro contrato. Según la de 14 de julio de 1945 (LIX. 348) si pueden acumular en forma subordinada, las acciones do un contrato de arrendamiento y de reivindicación. La de 26 de junio de 1947 (LXII, 475) considera que no se pueden ejercer

simultáneamente la acción resolutoria y la de cumplimiento del contrato, y la de nulidad de un contrato por incapacidad absoluta de una de las partes y la de simulación. Según la de 7 de abril de 1949. (Sala de Negocios Generales, LXV, 846), no son contradictorias y por tanto se pueden proponer subordinadamente, la que persigue la declaración de ser propietario y la de ser copropietario (LXV. 846). Y la casación de 12 de agosto de 1948 (LXIV 706) recomienda un criterio amplio por la apreciación de las diversas acciones ejercidas en un mismo libelo, pues "aunque se hayan acumulado de hecho dos o más acciones sin tratarse de lo autorizado por el artículo 209 del C. J., la secuela del juicio con la claridad que arrojan las alegaciones y probanzas de las partes puede permitir el fallo de una de aquéllas, y en tal evento lo procedente es establecer la escogencia y distribución a que estos elementos dan lugar y decidir el pleito en el fondo, en vez de pronunciar con olvido de la economía procesal la sentencia inhibitoria que anula los esfuerzos, expectativas y erogaciones de los interesados. Naturalmente para ello se empieza por suponer la posibilidad legal de aquella solución". 3º—Teniendo en cuenta el criterio de la jurisprudencia y de la doctrina (V. Eduardo Pallares "Tratado de las Acciones Civiles" 2º ed., pág. 102 y ss. Hernando Morales "Curso de Derecho Procesal Civil". Parte General. 1º ed. p. 277. Antonio J. Pardo "Tratado de

Derecho Procesal Civil". t° 1º p. 256), los fundamentos de las acciones que se hacen valer en la demanda, si bien son diversos e incompatibles entre sí, no son contradictorios, de modo que ejercidas subsidiariamente, se ajustan a la exigencia del ordinal 3º del articulo 209 del C. J. En efecto: "Como lo anota la sentencia, los fundamentos de las acciones que pueden acumularse en una misma demanda, son de tres especies: 1) idénticos; 2) diversos, pero compatibles y 3) diversos e incompatibles. Hay una cuarta especie de fundamentos, los contradictorios, mas no para autorizar la acumulación, así sea subsidiaria, sino para todo lo contrario: para negarla, y a los cuales se refiere la última parte del ordinal 3º del artículo 209 del

C. J. Conviene traer algunos ejemplos a fin de hacer más clara la doctrina. 1) Fundamentos idénticos: de la acción tendiente a obtener la entrega de la cosa debida y de la encaminada a que se pegue su valor en dinero. Fundamento de ambas: la falta de cumplimiento del contrato. Se comprende que no hay el menor inconveniente en acumularlas en forma subsidiaria. 2) Fundamentos diversos, pero compatibles: a) de la acción de rescisión de un contrato, por error de una de las partes y de la dirigida a obtenerla por dolo sufrido por la misma parte.

Fundamentos diversos de ambas: el error y el dolo; empero, son compatibles, por la finalidad que tienen. b) de la acción de dominio y de la publiciana: aquélla se funda en la titularidad del derecho, en tanto que ésta se basa en la mera posesión regular; sin

embargo, las causas son compatibles, por el objetivo de recuperar el bien. Tampoco hay óbice en acumularlas en forma eventual o subsidiaria. 3) Fundamentos diversos e incompatibles; a) de la acción de nulidad absoluta del contrato de la de resolución del mismo; b) de la de simulación y de la resolución. La diversidad es obvia. La incompatibilidad resulta de que la resolución parte de la existencia del contrato, en tanto de nulidad absoluta parte de la inexistencia, y la simulación, de la ineficacia del contrato aparente 4) Fundamentos contradictorios. Se refiere a ello la segunda parte del ordinal 3º del articulo 209 del C. J., que dice: "Sin embargo, pueden proponerse subsidiaria o condicionalmente dos remedios contrarios, siempre que los derechos sean tales que no se destruyan por la elección o que por cualquier otro motivo no se consideren incompatibles". Este precepto comprende: A) Las acciones respecto de las cuales la elección de cualquiera de ellas destruya la otra, v gr.: a) la doble acción alternativa del artículo1546 del C. C., según el cual elegida la de resolución, desaparece la de cumplimiento, o viceversa. Dicho precepto otorga una sola de ellas, elección del acreedor, pero no las dos, siquiera en forma condicional; b) la pena y la indemnización no se pueden pedir al tiempo, si no se ha estipulado, según el artículo 1600 del citado Código; en aquel caso, elegida la pena, queda eliminado el resarcimiento, y viceversa. No se puede pues, incoar ni aún en subsidio. B) Las acciones "que por cualquier otro motivo no se

consideren incompatibles". Se refiere sin duda la disposición a aquellas cuyos fundamentos están en absoluta contradicción, de manera que el fundamento de una sea la negación absoluta del fundamento de la otra. Es decir, que de las acciones no puede subsistir ninguna, porque todas ellas se aniquilan recíprocamente, desde punto de vista de las ideas, nociones o conceptos lógicos o jurídicos. Se ha apelado al principio de contradicción para saberlo, pero la misma Corte aconseja emplear este criterio con suma prudencia a fin de no sacrificar a él el derecho (sentencia de 26 de junio de 1947. LXII, 475). La Corte registra como ejemplo de este caso la acción posesoria de recuperación y la posesoria de perturbación, según la citada sentencia de 2 de abril de 1932 (240), pues si se adopta la primera —que se basa en el hecho de haber perdido la posesión— la otra queda sin apoyo, por fundarse el hecho contrario de conservarla, y viceversa. Puede citarse igualmente el caso de la acción que persiga el reconocimiento del actor como dueño y la que demande que se le reconozca como arrendatario del demandado. Se comprende que ni aun subsidiariamente se pueden proponer. Se sigue de lo expuesto que siempre que se trate de fundamentos idénticos, diversos pero compatibles y diversos 5 incompatibles, procede la acumulación, mas siempre en forma subordinada, subsidiaria o eventual. 9º. —De las acciones acumuladas en este caso, una se dirige a obtener la declaración de que el arrendamiento expiró por el hecho de la venta del inmueble y a la entrega del mismo; la otra,

subsidiaria, pide se declara la pertenencia y se ordene la restitución del fundo. La causa de las dos acciones no es idéntica; no son simplemente diversas —como lo estima el fallo— sino incompatibles, pues al paso que la primera busca la restitución, como prestación que genera el arrendamiento, la segunda la persigue como efecto peculiar de la propiedad cuando otro atenta contra ella poseyendo el bien sobre el cual recae. Son causas incompatibles, pero no contradictorias, porque la una no es la negación de la otra, ya que ambas reposan en la titularidad del dominio en el actor. Así lo dijo la Corte en la citada casación de 14 de julio de 1945 (LIX. 348): "De acuerdo con el artículo 209 del C. J., son perfectamente acumulables las acciones de terminación de un contrato de arrendamiento y de reivindicación. En la de cesación del contrato de arrendamiento sostiene el actor su carácter de poseedor y el demandado es simple tenedor. En la acción de dominio el actor sostiene que el demandado es el poseedor. Ambas acciones tienen como base el derecho de propiedad, la calidad del dueño por parte del actor. No hay incompatibilidad en que un propietario, que ha celebrado con un tercero un contrato de arrendamiento y que dada la actitud que éste haya asumido en el desarrollo, tema que no sólo le desconozca su calidad de arrendador, sino aún más, la de dueño, pueda ejercitar en un mismo juicio las dos acciones; la proveniente del arrendamiento fundado en el contrato, y la de dueño, en subsidio, para el caso de que no logre demostrar su primera calidad".

Se desecha, por tanto, el cargo. Cargo Segundo 10. —Consiste en haber cometido el fallador errores de hecho y de derecho en la apreciación de algunas pruebas, con violación, por aplicación indebida, de los artículos 946 a 952, 1760, 2637, 2652 y 2673 del C. C., 597, 687, 688 y 690 del C. J. 11. —Las pruebas erróneamente apreciadas son: "Requerimiento, a folio 2; R, P. 5474 a folio 5; libelo de demanda a folios 7 y ss. Contestación de la demanda a folio 15; copias tomadas del juicio sobre pertenencia de Juan J. Pereira; f. 22 y ss. Certificado sobre registro de la R. P. 5474, a folio 34; Escrituras públicas número 75, 12 y 32, a folios 35 y ss,; declaraciones de Román Salas, Roberto Higuita, Ángel Mª Flórez, Julio David y Elíseo Silva, a folios 52 y ss., y 57 vto., y ss.; Posiciones de Marco T. Cadavid, a folio 57; R. P., número 522 a folio 66, certificado del Registrador sobre diligencia de registro del remate en el juicio de sucesión de Bibiana Tascón de Hincapié, a. folio 69 y s. s., e