EPM - Política Pública de Transparencia e Integridad del Sector Minero Energético 2021

Política Pública de Transparencia e Integridad del Sector Minero Energético Octubre de 20212

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

Diego Mesa Puyo Ministro de Minas y Energía Sandra Sandoval Valderrama Viceministra de Minas Miguel Lotero Robledo Viceministro de Energía Laura Jimena Mojica Salazar Secretaria General Mónica Verdugo Parra Líder del Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo María Lorena Roa Barrera Coordinadora Nacional EITI Colombia Paola Peña Berdugo Asesora Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo Bogotá DC. Octubre 2021.34 !"#$%#&'" Introducción 6

1. Justificación 10

2. Antecedentes 12 2.1 Antecedentes Internacionales 13 2.2 Antecedentes Nacionales 14

3. Marco Jurídico 16

3.1 Marco Jurídico Internacional 16 3.2 Marco Jurídico Nacional 17

4. Marco Conceptual 23 4.1 Enfoques 24 4.2 Principios orientadores 25 4.3 Componentes de la Política Pública 26 4.3.1 Transparencia 26 4.3.2 Rendición de Cuentas 26 4.3.3 Integridad 28

5. Objetivos de la Política Pública 30 5.1 Objetivo general 30 5.2 Objetivos específicos 30

6. Lineamientos y acciones prioritarias 31 6.1 Componente de transparencia 31 6.2 Componente de rendición de cuentas 32 6.3 Componente de integridad 34

7. Actores responsables 36

8. Glosario 39

9. Siglas 43

6.1 Componente de transparencia 31 6.2 Componente de rendición de cuentas 32 6.3 Componente de integridad 34

7. Actores responsables 36

8. Glosario 39

9. Siglas 43

10. Bibliografía 45

Contenido5 Ilustraciones Ilustración 1. Marco Jurídico Internacional 16 Ilustración 2. Marco Jurídico Nacional 17 Tablas Tabla 1. Entidades que se relacionan con el sector minero energético y gestionan información relevante 38 Tabla 2. Normativa de los componentes que orientan la política pública. 386 (#$)"'++&,# 1 En este sentido, Colombia está orientada a garantizar la oferta energética, en particular a alcanzar un suministro confiable y diversificado de la canasta energética y a garantizar un abastecimiento de minerales para la demanda interna y para exportar; y por medio de las regalías aportar importantes recursos de financiamiento territorial (UPME, 2019). 2 Se entiende por Gobernanza “la forma de gobierno que otorga un lugar central a la articulación de actores con intereses, visiones del mundo, narrativas, concepciones del tiempo y códigos de comunicación diversos, con el propósito de buscar, en el marco de reglas de juego vigentes y mediante prácticas de deliberación y concertación, acuerdos que garanticen el manejo democrático, transparente y eficiente de los bienes y servicios públicos, de manera que estos se puedan convertir en fuente de bienestar” (Velásquez, 2020). Introducción De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la equidad”, el sector minero energético es uno de los principales motores de crecimiento del país, no sólo por sus acciones

Introducción De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la equidad”, el sector minero energético es uno de los principales motores de crecimiento del país, no sólo por sus acciones en materia de inversión extranjera, comercio exterior y regalías, sino por el impacto que tienen sus actividades a nivel local en la generación de empleo y desarrollo del país. En este sentido, se reconocen los aportes de este sector al desarrollo del país 1 , a la canasta energética a nivel interno y de exportación. Por ende, se ha diseñado un modelo de “gobernanza de los recursos naturales” 2 que integra un conjunto de normas, procesos y políticas orientados al cumplimiento de los objetivos propuestos, el cual permita tener lineamientos claros y una ruta de acción definida para tal fin. En el centro de este modelo se encuentran el Gobierno Nacional y local, el sector privado, la sociedad civil y las comunidades que buscan participar en los procesos de decisión y coordinación de las actividades minero-energéticas y de la explotación de los recursos naturales en un territorio. En este contexto, la transparencia y el gobierno abierto constituyen una herramienta fundamental que “(…) impulsa la cooperación, el debate, la construcción conjunta de ideas, la participación ciudadana y la colaboración entre el ciudadano y el gobernante en turno (Scholl y Luna-Reyes, 2011 en Sandoval, 2015), alentando los procesos democráticos y de rendición de cuentas” (Sandoval, 2015: 211). Por tal razón y para dar cumplimiento a los preceptos fundamentales que conforman las

alentando los procesos democráticos y de rendición de cuentas” (Sandoval, 2015: 211). Por tal razón y para dar cumplimiento a los preceptos fundamentales que conforman las bases locales para la gobernanza del sector, el Ministerio de Minas y Energía (MME) crea la Política Pública de Transparencia e Integridad del Sector Minero-Energético, cuyo objetivo es fijar un marco de acción que permita garantizar el acceso a información veraz, comprensible y oportuna del sector minero energético a través de la rendición de cuentas y la consolidación de una cultura de la integridad, que fortalezca la confianza y contribuya a la toma de decisiones informada y concertada por parte de los grupos de interés. De la misma manera, el Ministerio de Minas y Energía en cumplimiento de lo previsto en el artículo 7! numeral 7 de la Ley 2056 del 2020, atiende el mandato de formular una Política Pública de Transparencia del Sector Minero- -Energético, en el marco del Sistema General de Regalías, que comprenda la recolección, cotejo y disposición de la información de la actividad extractiva. Desde esta perspectiva, la Política de Transparencia e Integridad del Sector Minero7 Energético, en adelante PTISME, propone unos lineamientos y acciones integrales enmarcadas en los componentes de: transparencia, rendición de cuentas e integridad, siendo esta política un vehículo articulador de las entidades públicas del orden nacional y territorial, las empresas pertenecientes a los subsectores de minería, gas, hidrocarburos y energía, y la sociedad civil, para la implemensiendo esta política un vehículo articulador de las entidades públicas del orden nacional y territorial, las empresas pertenecientes a los subsectores de minería, gas, hidrocarburos y energía, y la sociedad civil, para la implementación, evaluación y monitoreo efectivo del sector minero energético. Así mismo, se constituye en una apuesta para promover la articulación de las acciones del sector en cuanto a generar información veraz, confiable y accesible para la toma de decisiones informada por parte de los grupos de interés. La formulación e implementación de la PTISME parte del marco normativo vigente, los lineamientos que se expiden desde la Nación en materia de transparencia, rendición de cuentas e integridad, así como las recomendaciones que las organizaciones internacionales especializadas ponen a disposición de los Estados. Las acciones propuestas y priorizadas tendrán un horizonte de 4 años, empezando en el año 2022 y finalizando en el 2025. Estas contarán con un instrumento de seguimiento y monitoreo con metas bienales que estarán a cargo de las siguientes entidades del orden nacional: - Entidades del Sector Minero Energético: el Ministerio de Minas y Energía, Agencia Nacional de Hidrocarburos-ANH, Agencia Nacional de Minería-ANM, Unidad de Planeación Minero Energética-UPME, Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas-IPSE, Comisión de Regulación de Energía y Gas-CREG y el Servicio Geológico Colombiano-SGC. - Entidades corresponsables que se relacionan con el sector minero energético en el marco de sus competencias y funSoluciones Energéticas-IPSE, Comisión de Regulación de Energía y Gas-CREG y el Servicio Geológico Colombiano-SGC. - Entidades corresponsables que se relacionan con el sector minero energético en el marco de sus competencias y funciones: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales-ANLA, el Departamento Nacional de Planeación-DNP, el Ministerio de Interior, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y las Corporaciones Autónomas Regionales-CAR. En el orden municipal y departamental se encuentran las entidades municipales y departamentales que reciben asignaciones directas por la explotación de recursos naturales no renovables, por la inversión local y regional del Sistema General de Regalías. En el ámbito privado, se encuentran las empresas de los subsectores de hidrocarburos, minería, gas y energía que suscriben contratos, títulos, y/o proyectos con el Estado colombiano. Cabe mencionar que la información que genera el sector sirve de insumo por parte de las compañías para la toma de decisiones de inversión. Finalmente, se encuentra la sociedad civil quien tiene una responsabilidad en el uso de la información del sector para participar en los ejercicios de deliberación pública y control social.8 Introducción La política pública contiene la siguiente estructura:

I. Justificación que abarca la identificación del problema público.

II. Antecedentes nacionales e internacionales que presentan los avances de los temas centrales que comprenden los componentes de la política pública.

III. Marco jurídico internacional y nacional que contiene los habilitadores jurídicos de los linedel problema público.

II. Antecedentes nacionales e internacionales que presentan los avances de los temas centrales que comprenden los componentes de la política pública.

III. Marco jurídico internacional y nacional que contiene los habilitadores jurídicos de los lineamientos y acciones de la política pública.

IV. Lineamientos y acciones priorizadas.

V. Actores responsables y corresponsables en la implementación de la PTISME.

VI. Anexo 1. Instrumento de seguimiento y monitoreo en el cual se establecen los indicadores y metas.910 -XVWLȩFDFLµQ 3 Para este proceso, y en aras de ampliar la comprensión acerca del problema que aborda esta política pública, se realizó la construcción del documento a partir de la consulta y análisis de fuentes secundarias que permitieran identificar las problemáticas que se generan por cada una de las categorías definidas: transparencia, rendición de cuentas e integridad. Con relación a la revisión de fuentes, se planteó un análisis cualitativo y cuantitativo de fuentes secundarias de la oferta y demanda de la información que se produce en el sector minero energético para “identificar carencias de información, información disponible, para qué y quiénes la utilizan, así como el valor que se le añade en su uso, entre otros” (Beta Group, 2021). Con ello se estableció una delimitación conceptual alrededor de las categorías mencionadas, a partir de las cuales se construyó una matriz de sistematización que facilitó la selección de 15 entidades nacionales, locales, adscritas y relacionadas con el sector minero energético para realizar el análisis. 4 Las 10 sesiones participativas se llevaron a cabo entre el 1 de septiembre y el 15 de octubre del 2021. En ellas participaron las sinacionales, locales, adscritas y relacionadas con el sector minero energético para realizar el análisis. 4 Las 10 sesiones participativas se llevaron a cabo entre el 1 de septiembre y el 15 de octubre del 2021. En ellas participaron las siguientes entidades: Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), Servicio Geológico Colombiano (SGC), Agencia Nacional de Minería (ANM), Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas no Interconectadas

(IPSE), Gobernación de Santander, Drummond LTD, Colombian Natural Resources S.A.S, Mineros Aluvial S.A.S, Asociación Colombiana de Minería (ACM), Federación Nacional de Productores de Carbón (Fenalcarbón), Beta Group administrador independiente del informe de EITI, Sociedad Civil de EITI Colombia: CSIR-Cesar, Crudo Transparente, Transparencia por Colombia, Grupo de Diálogo sobre Minería en Colombia (GDIAM), Facultad de Minas Universidad Nacional de Colombia. Justificación La Política Pública de Transparencia e Integridad del Sector Minero Energético tiene el propósito de abordar el problema sobre la calidad y el tipo de información que el gobierno y las empresas del sector ponen a disposición de los grupos de interés, el cual no está permitiendo la toma de decisiones de manera informada, así como el monitoreo de aspectos centrales de las actividades en los subsectores de hidrocarburos, minería, gas y energía (GR Compliance, 2020). Dicha problemática ha sido reconocida por el gobierno y los actores del sector, hecho que abona a la construcción de un camino que

subsectores de hidrocarburos, minería, gas y energía (GR Compliance, 2020). Dicha problemática ha sido reconocida por el gobierno y los actores del sector, hecho que abona a la construcción de un camino que permita en conjunto superar los retos identificados y consolidar acciones articuladas a través de los ejes de transparencia, rendición de cuentas e integridad. Al respecto, en consultas 3 con actores relevantes se logró identificar varias problemá- ticas del sector en esta materia 4 : En relación con la transparencia los actores consultados manifestaron la necesidad de realizar un trabajo articulado entre las áreas de interés de las entidades públicas y el sector privado para facilitar la labor de construir datos abiertos con información clara, completa y oportuna acerca de temas ambientales, sociales, económicos y de las operaciones, acorde con sus competencias. El enfoque consiste en que las entidades pú- blicas y el sector privado actualicen constantemente su esquema de datos abiertos, con el fin de conocer qué se publica, su periodicidad y quién es el responsable en el marco del cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos por la ley. Adicionalmente, otro de los aspectos planteados tiene relación con la promoción de estrategias de divulgación digitales y presenciales, que faciliten la disposición y difusión de la información de acuerdo con las dinámicas territoriales de cada subsector y las características de los grupos de interés.11 Finalmente, se identificó la importancia de fortalecer mecanismos para que los grupos de interés utilicen y comprendan adecuadamente el esquema y la información suministerritoriales de cada subsector y las características de los grupos de interés.11 Finalmente, se identificó la importancia de fortalecer mecanismos para que los grupos de interés utilicen y comprendan adecuadamente el esquema y la información suministrada a través de datos abiertos por parte de las entidades públicas y el sector privado. En cuanto a la rendición de cuentas, en las sesiones participativas se evidenciaron falencias relacionadas con la información que se divulga o reporta en los siguientes aspectos: inversión social, responsabilidad social empresarial de las compañías del sector minero energético, seguimiento a la inversión de los recursos provenientes del Sistema General de Regalías (SGR) a nivel territorial (regiones, departamentos y municipios), permisos, licencias, contingencias ambientales, y estado de los procesos de consulta previa. Por tal razón, se destacan propuestas realizadas por los actores consultados enfocados a incentivar estrategias in situ (“puertas abiertas”, visitas, pasantías, eventos, foros) por parte de las empresas para divulgar y hacer pedagogía de quiénes son, de dónde vienen, cuáles son sus operaciones, al igual que puedan compartir información generalizada acerca de lo reportado a las autoridades gubernamentales en cuanto a sus obligaciones contractuales. Asimismo, estas estrategias de comunicación se conectan con las actividades realizadas por las entidades públicas quienes, según los actores, presentan debilidades en cuanto a los medios que utilizan para divulgar los ejercicios de rendición de cuentas. En este sentido, se enfatizó sobre la necesidad de generar espacios a nivel territorial con un lenguaje accetores, presentan debilidades en cuanto a los medios que utilizan para divulgar los ejercicios de rendición de cuentas. En este sentido, se enfatizó sobre la necesidad de generar espacios a nivel territorial con un lenguaje accesible para los grupos de interés. Por otro lado, en referencia al componente de integridad, se encontraron similitudes entre las intervenciones de los actores sobre la importancia de desarrollar campañas de promoción y divulgación de las normas que buscan prevenir los riesgos de corrupción al interior de las entidades públicas y las organizaciones privadas. También se reiteró la oportunidad que tienen los gremios y las empresas que los integran de fortalecer su gestión con instrumentos de compliance en el ámbito privado del sector minero energético, para prevenir actos de corrupción y de relacionamiento indebido con los actores involucrados de las empresas. Finalmente, se destaca que varios de los consultados, plantearon deficiencias en cuanto a la disposición, seguimiento y efectividad de los mecanismos de denuncia y peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS) de las entidades públicas y del sector privado. Por lo expuesto, la Política Pública de Transparencia e Integridad del Sector Minero Energético se plantea como una estrategia para coordinar y articular el comportamiento de los actores (Melo & Santander, 2013), brindar oportunidades de mejora e incentivar el intercambio de experiencias. El propósito será construir una agenda política para la definición de rutas de acción sectoriales y gubernamentales, en el marco de la transparencia,

oportunidades de mejora e incentivar el intercambio de experiencias. El propósito será construir una agenda política para la definición de rutas de acción sectoriales y gubernamentales, en el marco de la transparencia, la rendición de cuentas y la integridad como parte del modelo de gobernanza de los recursos no renovables de Colombia.12 La transparencia es clave en el establecimiento de las condiciones sistémicas que favorecen el crecimiento económico basado en recursos naturales (BID, 2015) 5 , a la vez que fomenta la confianza entre las empresas, los actores de la sociedad civil, la ciudadanía y los gobiernos. A partir de ella, se puede crear el clima de apertura e inclusión necesario para mitigar los conflictos y activar sosteniblemente el potencial económico del sector para las comunidades y la industria como “una condición esencial para catalizar los factores necesarios para alcanzar este objetivo” (GR Compliance, 2020). En esa línea, es importante resaltar la evolución sobre el derecho de acceso a la información pública a nivel internacional y nacional. A continuación, se presentan los avances en esta materia. -./0#$%+%'%#$%1/ 5 Citado por (GR Compliance, 2020, pág. 25). Antecedentes13 2.1 Antecedentes Internacionales A nivel internacional se vienen promoviendo estrategias y apuestas que buscan mejorar la transparencia de la gestión pública a través de la recolección, análisis, medición, disposición y socialización de la información por parte de los distintos actores públicos y privados. Dichas iniciativas se han promovido desde distintos sectores y aunque no todas competen a la industria extractiva y energética,

sición y socialización de la información por parte de los distintos actores públicos y privados. Dichas iniciativas se han promovido desde distintos sectores y aunque no todas competen a la industria extractiva y energética, sí son herramientas que consolidan buenas prácticas6 y estándares que le apuntan a sociedades más transparentes. Al respecto, encontramos ejemplos como: el Índice Latinoamericano de Transparencia Presupuestaria: Proyecto Internacional de Presupuesto 7 , los Indicadores Globales de Medición de la Corrupción 8 y otros más cono5 Citado por (GR Compliance, 2020, pág. 25) . 6 Existen experiencias lideradas por organizaciones sociales con las cuales se busca “exigir transparencia, rendición de cuentas y buenas prácticas de gobernanza a las instituciones públicas y privadas” (Revista Haz Fundación, 2017). Tal es el trabajo que han llevado a cabo organizaciones como, por ejemplo: Access Info Europe, Fundación Civio o la Fundación Haz en España. 7 “Se trata de una iniciativa que busca promover el acceso del público a información sobre los presupuestos y la adopción de sistemas de presupuestos que sean confiables y verificables. Evalúa el grado en que las decisiones gubernamentales, así como sus fundamentos, costos y recursos comprometidos son claros, verificables y se comunican a los ciudadanos (transparencia presupuestaria)” (OEA, 2021). 8 “Desde el año 1996, el Instituto del Banco Mundial publica, cada dos años, seis indicadores para medir el nivel de buena gobernabilidad de un buen

número de países (212 para el 2008). Los seis indicadores incluyen: Control de la corrupción; Estado de derecho; voz y rendición de cuentas; efectividad de gobierno; estabilidad política y ausencia de violencia; calidad regulatoria. Estos seis componentes que miden las dimensiones de la gobernabilidad son compilados por el Instituto del Banco Mundial a través de cientos de indicadores, 31 diferentes bases de datos y 25 instituciones” (OEA, 2021). 9 “El Índice de Percepción de Corrupción (IPC) 2020 mide los niveles percibidos de corrupción en el sector público en 180 países a través de una puntuación con una escala de 0 (corrupción elevada) a 100 (ausencia de corrupción). En esta edición más de dos tercios de los países obtuvieron una puntuación inferior a 50” (Transparencia por Colombia, 2021). 10 “La Corporación Latinobarómetro investiga el desarrollo de la democracia, la economía y la sociedad en su conjunto usando indicadores de opinión pública que miden actitudes, valores y comportamientos. Los resultados son utilizados por los actores socio políticos de la región, actores internacionales, gubernamentales y medios de comunicación” (Latinobarómetro, 2021). 11 “El documento oficial de los Principios Empresariales para Contrarrestar el Soborno, preparados durante dos años con el liderazgo de Transparencia Internacional y Social Accountability International y la participación de un Comité de Trabajo integrado por varias de las más reconocidas empresas multinacionales de diversos sectores de la economía. Estos Principios han sido desarrollados para prevenir los principales riesgos de soborno identificados a nivel mundial” (Transparency International y Social Accountability International, 2003). 12 Esta edición de los Principios parte del principio de que las PYMES, en muchas sociedades del mundo, se enfrentan a menudo al problema del soa nivel mundial” (Transparency International y Social Accountability International, 2003). 12 Esta edición de los Principios parte del principio de que las PYMES, en muchas sociedades del mundo, se enfrentan a menudo al problema del soborno. Tratándose de empresas más pequeñas y con recursos limitados, resistir y luchar contra tales presiones constituye para las PYMES un gran desafío (…) Esta edición se propone exponer, de un modo claro y directo, el proceso mediante el cual las empresas pequeñas y medianas pueden desarrollar un programa adecuado para luchar contra el soborno, en función de su tamaño y recursos” (Transparency International, 2008). 13 “GRI visualiza un futuro sostenible habilitado por la transparencia y el diálogo abierto sobre los impactos. Este es un futuro en el que informar sobre los impactos es una práctica común en todas las organizaciones del mundo. Como proveedor de los estándares de divulgación de sostenibilidad más utilizados en el mundo, somos un catalizador de ese cambio” (GRI, 2021). cidos como Índice de Percepción de la Corrupción 9 o el Latinobarómetro 10 . En relación con el sector empresarial y minero energético, se presentan apuestas de origen civil o de organismos internacionales encaminadas a brindar lineamientos para fortalecer la gobernanza del sector, en donde se destacan: - Los Principios Empresariales para Contrarrestar el Soborno 11 de Transparencia Internacional, en los cuales se establecieron estándares y un modelo para desarrollar programas de lucha contra el soborno en empresas grandes, pequeñas y medianas (PYMES) 12 . - El Global Report Initiative (GRI) desde el cual se ha impulsado la construcción de reportes de gestión sobre diferentes actividades desde una visión de desarrollo

borno en empresas grandes, pequeñas y medianas (PYMES) 12 . - El Global Report Initiative (GRI) desde el cual se ha impulsado la construcción de reportes de gestión sobre diferentes actividades desde una visión de desarrollo sustentable, que promueva la calidad, relevancia y credibilidad de la información desarrollada13 .14 14 “Para lograr la transparencia fiscal es necesario proveer información completa y confiable sobre las actividades pasadas, presentes y futuras del gobierno; su disponibilidad potencia las decisiones en materia de política económica. Además, la transparencia fiscal facilita la identificación de los posibles riesgos para las perspectivas fiscales, permitiendo la adopción de medidas más oportunas y metódicas de política fiscal frente a las cambiantes condiciones económicas” (FMI, 2007). 15 “Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas” (DNP, 2019). 16 “Colombia obtuvo la aprobación de la candidatura al EITI bajo las reglas de 2011. En cumplimiento de las normas formuló el Plan de Acción Nacional (PAN), para ser implementado en un período de 22 meses a partir de octubre de 2014. El plazo se cumplió en julio de 2016, pero el Comité Tripartito Nacional amplió el tiempo de ejecución del PAN hasta julio de 2017” (EITI, 2021). 17 La Línea ética - Canal de denuncias sectorial y gubernamental del Ministerio de Minas y Energía es una plataforma confidencial en donde funcionarios,

contratistas, usuarios y ciudadanía en general pueden denunciar e informar los casos relacionados con posibles actos de corrupción, conductas no éticas, violaciones a la legislación, las regulaciones o las políticas internas. Antecedentes - El Manual de Transparencia Fiscal del Fondo Monetario Internacional (FMI) el cual desarrolló estrategias para fortalecer la transparencia fiscal en los países miembros, a través de los lineamientos del código de buenas prácticas de transparencia fiscal y su manual conexo 14 . - Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en su lineamiento 16 sobre “Paz, Justicia e Instituciones sólidas” se incluyen acciones que permitan “garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con la legislación nacional y los acuerdos internacionales” 15 (DNP, 2019).

• La Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) 16 , promueve la implementación de una serie de requisitos, enfocados a garantizar la gestión abierta y responsable de los recursos, abordando los asuntos claves relativos a la gobernanza petrolera, gasífera y minera17 . - La Guía de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo EconómicosOCDE de debida diligencia para una conducta empresarial responsable, que tiene como objetivo “brindar apoyo práctico a las empresas en la implementación de las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales” (OCDE, 2018). 2.2 Antecedentes Nacionales Colombia ha impulsado algunas de las estralas empresas en la implementación de las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales” (OCDE, 2018). 2.2 Antecedentes Nacionales Colombia ha impulsado algunas de las estrategias desarrolladas a nivel internacional de transparencia en la información en el sector minero energético, operativizando la iniciativa EITI desde el 2014 y cuya coordinación está a cargo del Ministerio de Minas y Energía.

La iniciativa ha logrado de manera voluntaria el fortalecimiento en la generación de confianza y el diálogo informado entre las empresas, el gobierno y la sociedad civil (EITI Colombia, s.f.), teniendo como marco la Ley 1712 de 2014 de transparencia y acceso a la información pública. Actualmente, las acciones impulsadas se articulan con el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, en el cual en uno de sus pilares “Pacto por los recursos minero energéticos para el crecimiento sostenible y la expansión de oportunidades en los territorios” determinó el desarrollo de: “(...) Un nuevo modelo de relacionamiento entre el Gobierno y las regiones basado en el diálogo recíproco y enfoque territorial” (DNP, 2018). Como resultado de dicha estrategia en el 2019 se expidió el Acto Legislativo No. 05, por medio del cual se modifica el artículo 361 de la Constitución Política de Colombia relacionado15 1 con la distribución, manejo y monitoreo del Sistema General de Regalías y promulga la Ley 2056 de 2020 18 con la cual se realiza una reforma al Sistema General de Regalías estaConstitución Política de Colombia relacionado15 1 con la distribución, manejo y monitoreo del Sistema General de Regalías y promulga la Ley 2056 de 2020 18 con la cual se realiza una reforma al Sistema General de Regalías estableciendo en el artículo 7", numeral 7, literal a, como funciones del Ministerio de Minas y Energía: “Fijar la política de transparencia del sector extractivo en el marco del Sistema General de Regalías, que incluyan la recolección, cotejo y disposición de la información de la actividad”. Dentro de las acciones que dan cuenta de los avances en esta materia, se identificó la Polí- tica de Derechos Humanos del Sector MineroEnergético en cuyo lineamiento 5 se evidencia la necesidad de fomentar procesos participativos y de generar instrumentos para proveer información, donde la transparencia sea: “(...) un factor de competitividad en el sector minero-energético, a nivel regional y nacional”.

Desde el Ministerio de Minas y Energía se han venido adela