PGN - ACCION DE REPARACION DIRECTA - Falla del servicio en la protección a los ciudadanos ocurriendo

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Falla del servicio en la protección a los ciudadanos ocurriendo un homicidio causado por grupos al margen de la Ley PRUEBAS-La víctima no recibió amenazas ni presentó ante las autoridades competentes solicitud de protección La premisa fundamental objeto del caso bajo estudio, está referida a lo expresado por el apoderado de la parte actora, al exponer que la causa del homicidio de la señora fue causada por grupos al margen de la Ley, previos atentados. Sea lo primero mencionar, conforme a la reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado, que para que la Fuerza Pública asuma la posición de garante, es preciso que el demandante cumpla con la carga probatoria que le atañe, debiendo probar fehacientemente la existencia de las amenazas como una situación de riesgo actual, serio e inminente. Según se desprende del material probatorio aportado al expediente, la señora no recibió amenazas, ni presentó ante las autoridades competentes solicitud de protección para ella y su familia, frente a lo cual no aparece dentro del expediente prueba de ello, pues al parecer prefirió dejar su protección al cuidado de sus propios medios. De igual manera, se tiene que no aparecen acreditadas probatoriamente las denuncias que la señora hubiere presentado ante las autoridades encargadas de brindar la seguridad a los ciudadanos (en este caso Policía Nacional – Ejército Nacional). En consecuencia, no se puede vislumbrar responsabilidad alguna de parte de la entidad demandada, pues ésta no tiene la facultad de estar en todos los momentos y lugares en

los que posiblemente se pudiese cometer algún delito. DEBER DE PROTECCIÓN DEL ESTADO-No está obligado a prestarse cuando no ha sido solicitada En el caso que nos ocupa, es pertinente mencionar que la Constitución Política de 1991 consagra como una obligación de las autoridades públicas la protección a la vida, honra y bienes de los colombianos, pero la misma no es de carácter absoluto, puesto que el Estado no está obligado a prestar protección cuando no ha sido solicitada, pues las autoridades encargadas no pueden presumir las amenazas que padecen algunos sujeto en el país, es decir, situaciones como estas que se escapan de su radio de acción protectora. Adicionalmente, como bien ha decantado el Consejo de Estado, a través de su jurisprudencia, el deber de brindar protección a los ciudadanos es general e impersonal habida consideración de que es casi imposible brindar una protección individualizada a cada ciudadano en particular, puesto que ello equivaldría a tener que asignar un agente de policía para cada uno de los ciudadanos, lo cual resulta por demás inverosímil desde toda punto de vista. PRUEBAS-No se demostró que la señora hubiera recibido amenazas de grupos al margen de la ley Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27PBX. 5878750 Ext. 12761www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp: 540012331000200500882-01(51047) RZO

En opinión de esta Delegada, de las pruebas que obran en el caso bajo estudio, no se demostró que la señora hubiera recibido amenazas de grupos al margen de la ley y que tales amenazas hubieran sido conocidas oportunamente por las entidades demandadas, o que hubiera demandado protección especial en razón a las actividades propias como personera, frente a lo cual, a juicio de esta Delegada, la parte actora tenía el deber de probar los hechos señalados en la demanda, no obstante no cumplió con tal objetivo. FALLA DEL SERVICIO POR OMISIÓN-No se configuró/PRUEBAS-La víctima acudió a cita con sujetos al margen de la ley sin pedir protección Esta Delegada considera recordar que cuando se trate de la falla del servicio originada en la omisión por parte de la administración en la prestación de un servicio o en el incumplimiento de una obligación impuesta por la ley o los reglamentos, es necesario que aparezca demostrado que se pidió concretamente la protección o la vigilancia de la autoridad ante determinado hecho ilícito que pueda causar o está causando daño, o que las circunstancias que rodeaban el hecho o las personas en él involucradas imponían una especial protección o vigilancia y que tal protección no se prestó. Sin embargo, en casos como el presente, no es legítimo imputar responsabilidad a las entidades accionadas, si se tiene en cuenta que no existían ni se probaron antecedentes de amenazas contra la vida de la persona asesinada, ni se contaba con informes relacionados con esos hechos o se había evidenciado algún tipo de atentado contra la persona de la señora, así mismo medió imprudencia de la víctima, pues acudió a cita con sujetos al margen de la ley, sin

pedir protección. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO-No se acreditó la imputación del daño antijurídico al Estado Con fundamento en los breves argumentos expuestos en este concepto, es dable colegir que los hechos materia de la presente demanda no son atribuibles a título de responsabilidad administrativa a las entidades demandadas (Ministerio de Defensa – Policía Nacional – Ejército Nacional y al Municipio de El Tarra) dado que no se demostró que hubiera incurrido en un actuación que pudiera tenerse como la causa eficiente de la muerte de la señora, en consecuencia, no se puede atribuir responsabilidad a las entidades demandadas por estos hechos, razón por la cual, las pretensiones de la demanda no pueden tener vocación de prosperidad, lo que obliga a concluir, que la sentencia de primera instancia deberá confirmarse. De tal manera que, al no haberse acreditado la imputación del daño antijurídico al Estado, resulta claro que no se configuró uno de los elementos estructurantes exigidos para comprometer la responsabilidad patrimonial de la Administración. DEBER DE PROTECCIÓN DEL ESTADO-Hecho de un tercero según jurisprudencia del Consejo de Estado 2 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp: 540012331000200500882-01(51047) RZO DEBER DE PROTECCIÓN DEL ESTADO-Relatividad según jurisprudencia del

Consejo de Estado 3 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp: 540012331000200500882-01(51047)

RZO CONCEPTO No. 143 /2014

Bogotá, D.C., 1 de septiembre de 2014 Señores Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera Subsección A Consejero ponente Dr. Hernán Andrade Rincón

E. S. D.

EXPEDIENTE: 540012331000200500882-01 (51047)

ACCIÓN: Reparación Directa ACTOR: Agapito Duarte Sandoval y otros DEMANDADAS: NaciónMinisterio de Defensa–Ejército Nacional y otros.

Sentido del concepto: solicitud de confirmar la sentencia recurrida. / No se configuró la falla en el servicio del Ministerio de DefensaEjército Nacional – Policía Nacional ni del Municipio de El Tarra (N.S.). / Ausencia de elementos probatorios. / No medió previa solicitud especial de protección a las autoridades por parte de la víctima.

El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento de la Constitución Política y la Ley, además de la protección de los Derechos Humanos.

1. ANTECEDENTES 1.1. Demanda – hechos En ejercicio de la acción de reparación directa, por intermedio de apoderado judicial, los señores Agapito Duarte Sandoval, Isabel Martínez de Duarte; los menores de edad José Guillermo, Jesús David Arias Duarte y los señores María Isabel Duarte Martínez y Lorenzo Duarte Martínez, solicitaron al Tribunal Administrativo de Norte de Santander

4 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp: 540012331000200500882-01(51047) RZO declarar administrativamente responsable a la Nación - Ministerio de Defensa NacionalEjército Nacional - Policía Nacional y al Municipio El Tarra (N.S.) por la muerte de la señora Rosa Elena Duarte Martínez, quien fue elegida personera del ese municipio y a quien le correspondía, en ejercicio de sus funciones, cumplir citas con personas pertenecientes a grupos armados al margen de la ley como A.U.C., E.L.N. y las FARC. El 15 de noviembre de 2003, fue requerida por presuntos miembros paramilitares para que asistiera al kilómetro 92 en la región del Catatumbo a reunirse con ellos, una vez la personera Duarte Martínez llegó al referido sitio fue asesinada. Por este hecho condenaron a Rubén Darío Padilla Argumedo, alias “EL COMANDANTE FELIPE” y David

García Mancipe, alias “EL CHULO”, quienes según testigos, el primero de los nombrados es comandante del grupo paramilitar con operaciones El Tarra y municipios aledaños. 1.2.Contestación de la demanda 1.2.1. El Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, contestó la demanda y se opuso a las pretensiones argumentando que no se configuran los elementos para la responsabilidad del Estado.

Como excepción propuso: -Hecho de un tercero y culpa exclusiva de la víctima. 1.2.2. La Nación - Policía Nacional contestó la demanda, se opuso a las pretensiones argumentando que para que pueda declarar su responsabilidad, deben encontrarse demostrada la falla en el servicio por acción u omisión, un daño antijurídico y un nexo de causalidad.

Como excepción propuso: -Hecho de un tercero y culpa exclusiva de la víctima.

5 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp: 540012331000200500882-01(51047) RZO 1.2.3. El municipio El Tarra: no contestó la demanda. 1.3.Sentencia de primera instancia El 14 de febrero de 2014, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander dictó sentencia en la que declaró probada la excepción del hecho de un tercero, propuesta por el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional – Policía Nacional.

Dijo que la autoría del homicidio en la persona de Rosa Elena Duarte Martínez, por personas integrantes de grupos armados al margen de la ley, se encuentra acreditado con la sentencia proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Cúcuta, y por el fallo del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, mediante la cual se condenó a Rubén Darío Padilla Argumendo alias el comandante Felipe y a David García Mancipe alias “el chulo”. Dijo que en estas condiciones, es totalmente claro que la muerte de Rosa Elena generó un daño antijurídico para los miembros de su grupo familiar, pues es evidente que ninguna persona está obligada a asumir la muerte de un pariente cercano, causada por la acción de personas al margen de la ley. Empero, en el presente proceso no se encuentra configurado el segundo elemento de la responsabilidad extracontractual del Estado, esto es, la imputabilidad, ya que dada la forma como ocurrieron los hechos no es posible ni fáctica, ni jurídicamente imputarle el daño al Ministerio de Defensa, pues se itera que fueron terceros al margen de la ley quienes causaron la inaceptable muerte de la mencionada señora. 1.4. Recurso de apelación 1.4.1. El apoderado demandante presentó recurso de apelación contra de la sentencia que negó la totalidad de las pretensiones; en términos generales manifestó lo siguiente: 6 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761www.procuraduria.gov.co

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp: 540012331000200500882-01(51047) RZO Con las pruebas aportadas en el expediente se pudo demostrar que la vida de la familia de la personera y la de ella estaban en riesgo, incuso le tocó sacar a sus dos hijos del municipio de El Tarra hacia el municipio de Ocaña por las amenazas constantes que tenía, en ese entendido no era necesario que ella solicitara protección por parte del Estado, cuando éste debió garantizárselo por ser su obligación desde el punto de vista constitucional y legal, máxime cuando esa zona era considerada una de las más violentas de la región de Norte de Santander, y tenía presencia de varios grupos armados. Pidió que se revocara la sentencia proferida el 14 de marzo de 2014 por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander y, en su lugar, se accediera a las súplicas de la demanda.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1.Problemas jurídicos Pueden ser expresados en los siguientes términos: 2.1.1. ¿Le asiste a la Nación – Ministerio de Defensa –Policía Nacional responsabilidad administrativa y patrimonial por los perjuicios señalados en la demanda, causados a los demandantes, derivados de la muerte de la señora Rosa Elena Duarte Martínez

(q.e.p.d.)? 2.1.2. ¿En el presente caso se produjo un daño antijurídico a los demandantes por la presunta acción u omisión del Estado en cabeza de la Nación - Ejercito Nacional, Policía Nacional y el municipio de El Tarra (N.S.)?.

2.2. Marco teórico. Premisa normativa. Pueden ser tenidos como referentes teóricos, los siguientes aspectos, que integran el argumento que constituye el concepto de esta Delegada del Ministerio Público: 7 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp: 540012331000200500882-01(51047) RZO 2.2.1. Responsabilidad extracontractual del Estado La responsabilidad en materia extracontractual del Estado, encuentra su sustento en el artículo 90 de la Constitución Política. Para que proceda la declaratoria de responsabilidad estatal, el Consejo de Estado, varias décadas atrás, ha señalado que se den los siguientes presupuestos: “a) Una falta o falla del servicio o de la administración, por omisión, retardo, irregularidad, ineficiencia o ausencia del servicio. La falta de que se trata no es la del agente administrativo, sino la del servicio o anónima de la administración. b) Lo anterior implica que la administración ha actuado o dejado de actuar, por lo que se excluyen los actos del agente, ajenos al servicio, ejecutados como simple ciudadano c) Un daño que implica la lesión o perturbación de un bien protegido por el derecho bien sea civil, administrativo, etc. con características generales predicadas en el derecho privado para el daño indemnizable, como de que sea cierto, determinado o determinable, etc. d) Una relación de causalidad entre la falta o falla de la administración y el daño, sin la

cual, aún demostradas la falta o falla del servicio, no habrá lugar a la indemnización...” 2.2.2. Deber de protección del Estado - Hecho de un tercero Resulta pertinente hacer mención a los señalamientos que se han efectuado en punto a la determinación de la responsabilidad estatal por los daños que, siendo inferidos por un tercero, se atribuyen a la falta de protección de la víctima1. 1 Consejo De Estado, Sala De Lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Consejero Ponente: Mauricio Fajardo Gómez, Bogotá, D.C., Veintitrés (23) De Abril De Dos Mil Nueve (2009), Radicación Número: 76001-23-31-000-1996-0266401 (16923) 8 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp: 540012331000200500882-01(51047) RZO Así, en sentencia del 3 de febrero de 2000, dijo la Sala2: “El mandato que impone la Carta Política en el artículo 2º. inc. 2º., de que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en sus vidas, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades….”3 Es que las obligaciones que son de cargo del Estado y por lo tanto la falla del servicio que

constituye su trasgresión-, han de mirarse en concreto, frente al caso particular que se juzga, tomando en cuenta las circunstancias que rodearon la producción del daño que se reclama, su mayor o menor previsibilidad y los medios de que disponían las autoridades para contrarrestarlo. Se le exige al Estado la utilización adecuada de todos los medios de que está provisto, en orden a cumplir el cometido constitucional en el caso concreto; si el daño se produce por su incuria en el empleo de dichos medios, surgirá su obligación resarcitoria; si el daño ocurre, pese a su diligencia, no podrá quedar comprometida su responsabilidad.” (Se subraya) 2.2.3. Deber de Protección del Estado – Relatividad Al respecto, en Sentencia Nº 66001-23-31-000-1996-03099-01(14443) de 6 de Marzo de 2008, Sección Tercera, el H. Consejo de Estado dijo: (…..) No obstante, cabe señalar que la Sala ha considerado que a pesar de que es deber del Estado brindar protección a todas las personas residentes en el país, no le son imputables todos los daños a la vida o a los bienes de las personas causados por terceros, porque las obligaciones del Estado son relativas 4 , en tanto limitadas por las capacidades que en cada caso concreto se establezcan, dado que “nadie 2 Expediente No. 14.787. Magistrado Ponente Dr. Alier E. Hernández Enríquez. 3 Cita original de la sentencia citada: “Sentencia del 8 de abril de 1998, expediente No. 11837.” 4 Precisión realizada por la Sala en providencia de 10 de agosto de 2000, exp. 11.585.

9 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp: 540012331000200500882-01(51047) RZO está obligado a lo imposible”5. Aunque, se destaca que esta misma Corporación en providencias posteriores ha aclarado que la relatividad de las obligaciones del Estado no excusa su incumplimiento, sino que debe indagarse en cada caso si en efecto fue imposible cumplir aquéllas que en relación con el caso concreto le correspondían (Subrayado fuera de texto. 2.3. Las pruebas obrantes. Supuestos fácticos. Se allegó el material probatorio de conformidad con las reglas establecidas en materia de prueba documental, en el Código de Procedimiento Civil.

En su orden son: En su orden son:  Certificado de Definición de Rosa Elena Duarte Martínez.  Copia del Acta de Posesión del 6 de diciembre de 2002, donde Rosa Elena Duarte Martínez asumió el cargo de Personera Municipal de El Tarra (N.S.). 5 Así, por ejemplo, en sentencia de 11 de octubre de 1990, exp. 5737, dijo la Sala “Es cierto que en los términos del artículo 16 de la Constitución Política las autoridades están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra y bienes y que a partir de este texto se fundamente la responsabilidad del Estado, pero también lo es que esa responsabilidad no resulta automáticamente declarada cada vez que una persona es afectada en tales bienes pues la

determinación de la falla que se presente en el cumplimiento de tal obligación depende en cada caso de la apreciación a que llegue el juzgador acerca de las circunstancias de tiempo, modo y lugar, como se hubieren sucedido los hechos así como de los recursos con que contaba la administración para prestar el servicio, para que pueda deducir que la falla se presentó y que ella no tiene justificación alguna, todo dentro de la idea de que "nadie es obligado a lo imposible". Así lo ha reconocido en varias oportunidades esta Sala y al efecto puede citarse la sentencia del 7 de diciembre de 1.977 en donde dijo: "Hay responsabilidad en los casos en que la falta o falla administrativa es el resultado de omisiones actuaciones, extralimitaciones en los servicios que el Estado está en capacidad de prestar a los asociados, mas no en los casos en que la falta tiene su causa en la imposibilidad absoluta por parte de los entes estatales de prestar un determinado servicio". (Exp. N° 1564, Actor: Flota La Macarena, Anales, Segundo Semestre 1.977, pág. 605). Si bien es cierto que en esta materia el juez de la administración debe tener en cuenta que "la pobreza [del Estado] no lo excusa de sus obligaciones", ello no quiere decir que en cada caso concreto no deba tener en cuenta por ejemplo, las disponibilidades con que pueda disponer el ente demandado para cumplir con las funciones que le correspondan, como sería en eventos como de sub - lite, la consideración de la imposibilidad de tener fuerza policial disponible en forma más o menos permanente en cada una de las cuadras en que están divididas las avenidas, calles y carreras de una ciudad como Bogotá y con mayor razón cuando

una parte importante de aquella tiene que ser destacada en un lugar donde se estén desarrollando desórdenes o tumultos. Con esto, naturalmente no se quiere significar que la apreciación del juez sobre las anotadas circunstancias de tiempo, modo y lugar deba ser benigna (por el contrario, debe ser rigurosa), pero sin olvidar la máxima expuesta acerca de la no obligatoriedad a lo imposible y teniendo siempre presente que dicha máxima jamás debería utilizarse para justificar una indefensión de la administración al deber de protección a la vida de los ciudadanos, valor fundamental de un Estado de Derecho”. 10 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp: 540012331000200500882-01(51047) RZO  Copia de la sentencia condenatoria que hizo el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de San José de Cúcuta (N.S.) del 15 de agosto de 2007 en contra de Rubén Darío Padilla Argumedo, alias “EL COMANDANTE FELIPE”; David García Mancipe, alias “EL CHULO” y Carlos Augusto Hernández, alias “ EL PELIGROSO” como autores materiales del delito contra la vida y la integridad física de Rosa Elena Duarte Martínez (fls.2 a 20 cuaderno dos de copias).  Copia de la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cúcuta de fecha 14 de julio de 2008, mediante la cual confirma integradamente el fallo de

Primer Grado (fls. 21 a 33 cuaderno dos de copias).  Se le recibieron testimonios a las siguientes personas: -María Audelina Guerreo Mendoza. PREGUNTADO: “¿Qué sabe usted sobre la muerte de la señora ROSA HELENA DUARTE MARTÍNEZ?”. CONTESTÓ: “No sé nada, solamente que la mataron”. PREGUNTADO: ¿”Durante el tiempo que permaneció la doctora ROSA HELENA DUARTE MARTÍNEZ, como personara municipal, sabe usted, si ella fue citada en algún momento por algún grupo al margen de la ley?”. CONTESTÓ: “No”. -William Díaz Guerrero. PREGUNATDO: “¿Que nos puede decir usted, en relación con los hechos en los cuales resultó muerta la señora ROSA HELENA DUARTE MARTÍNEZ?”. CONTESTÓ: “No, nada, porque hacía un mes, en la época de los hechos, me encontraba en la ciudad de Cúcuta, realizando diligencias para mis estudios superiores”. -Yajaira Milena Sanabria Peñaranda. PREGUNTADO: ¿Qué nos puede decir sobre los hechos en los cuales resultó muerta la Doctora ROSA HELENA DUARTE MARTÍNEZ?”.

CONTESTÓ: “Sé que murió violentamente, eso es lo único que sé”.

11 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761www.procuraduria.gov.co

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Exp: 540012331000200500882-01(51047) RZO 2.4. Caso concreto La premisa fundamental objeto del caso bajo estudio, está referida a lo expresado por el apoderado de la parte actora, al exponer que la causa del homicidio de la señora Rosa Elena Duarte Martínez fue causada por grupos al margen de la Ley, previos atentados.

Sea lo primero mencionar, conforme a la reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado, que para que la Fuerza Pública asuma la posición de garante, es preciso que el demandante cumpla con la carga probatoria que le atañe, debiendo probar fehacientemente la existencia de las amenazas como una situación de riesgo actual, serio e inminente. Según se desprende del material probatorio aportado al expediente, la señora Rosa Elena Duarte Martínez, (q.e.p.d.), no recibió amenazas, ni presentó ante las autoridades competentes solicitud de protección para ella y su familia, frente a lo cual no aparece dentro del expediente prueba de ello, pues al parecer prefirió dejar su protección al cuidado de sus propios medios. De igual manera, se tiene que no aparecen acreditadas probatoriamente las denuncias que la señora Rosa Elena Duarte Martínez hubiere presentado ante las autoridades encargadas de brindar la seguridad a los ciudadanos (en este caso Policía Nacional – Ejército Nacional). En consecuencia, no se puede vislumbrar responsabilidad alguna de parte de la entidad demandada, pues ésta no tiene la facultad de estar en todos los momentos y lugares en los que posiblemente se pudiese cometer algún delito. Según las circunstancias como sucedieron los hechos, se demuestra palmariamente que

no hay nexo de causalidad entre los actores del hecho dañoso (muerte) y la entidad demandada, sólo se señalan las amenazas en la demanda, pero de las pruebas testimoniales no se acreditaron, por lo tanto, no se prueba la responsabilidad de la Fuerza Púbica, y lo que se denota es que la muerte de la señora Rosa Elena Duarte, fue 12 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp: 540012331000200500882-01(51047) RZO causada por un grupo delincuencial al margen de la ley en el kilómetro 92 en la región del Catatumbo, de donde se desprende un hecho de un tercero que exonera de responsabilidad al Estado. Frente a lo anterior, cabe considerar que en principio el Estado no es responsable por el homicidio de una persona, perpetrado cuando supuestamente fue requerida por un grupo de paramilitares e igualmente fue avisada del asesinato de un comerciante de la zona y que debía ir a buscar el cuerpo en el kilómetro 92 en la Región del Catatumbo; por lo tanto, no hay lugar a la responsabilidad administrativa. En el caso que nos ocupa, es pertinente mencionar que la Constitución Política de 1991 consagra como una obligación de las autoridades públicas la protección a la vida, honra y bienes de los colombianos, pero la misma no es de carácter absoluto, puesto que

el Estado no está obligado a prestar protección cuando no ha sido solicitada, pues las autoridades encargadas no pueden presumir las amenazas que padecen algunos sujeto en el país, es decir, situaciones como estas que se escapan de su radio de acción protectora. Adicionalmente, como bien ha decantado el Consejo de Estado, a través de su jurisprudencia, el deber de brindar protección a los ciudadanos es general e impersonal habida consideración de que es casi imposible brindar una protección individualizada a cada ciudadano en particular, puesto que ello equivaldría a tener que asignar un agente de policía para cada uno de los ciudadanos, lo cual resulta por demás inverosímil desde toda punto de vista. En opinión de esta Delegada, de las pruebas que obran en el caso bajo estudio, no se demostró que la señora Rosa Elena Duarte hubiera recibido amenazas de grupos al margen de la ley y que tales amenazas hubieran sido conocidas oportunamente por las entidades demandadas, o que hubiera demandado protección especial en razón a las actividades propias como personera, frente a lo cual, a juicio de esta Delegada, la parte 13 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Exp: 540012331000200500882-01(51047) RZO actora tenía el deber de probar los hechos señalados en la demanda, no obstante no cumplió con tal objetivo.

Esta Delegada considera recordar que cuando se trate de la falla del servicio originada en la omisión por parte de la administración en la prestación de un servicio o en el incumplimiento de una obligación impuesta por la ley o los reglamentos, es necesario que aparezca demostrado que se pidió concretamente la protección o la vigilancia de la autoridad ante determinado hecho ilícito que pueda causar o está causando daño, o que las circunstancias que rodeaban el hecho o las personas en él involucradas imponían una especial protección o vigilancia y que tal protección no se prestó. Sin embargo, en casos como el presente, no es legítimo imputar responsabilidad a las entidades accionadas, si se tiene en cuenta que no existían ni se probaron antecedentes de amenazas contra la vida de la persona asesinada, ni se contaba con informes relacionados con esos hechos o se había evidenciado algún tipo de atentado contra la persona de la señora Rosa Elena Duarte Martínez, así mismo medió imprudencia de la víctima, pues acudió a cita con sujetos al margen de la ley, sin pedir protección. Así pues, con fundamento en los breves argumentos expuestos en este concepto, es dable colegir que los hechos materia de la presente demanda no son atribuibles a título de responsabilidad administrativa a las entidades demandadas (Ministerio de Defensa – Policía Nacional – Ejército Nacional y al Municipio de El Tarra) dado que no se demostró que hubiera incurrido en un actuación que pudiera tenerse como la causa eficiente de la muerte de la señora Rosa El