PGN - ACCION DE REPETICION - Contra el rector de la universidad popular del cesar por la condena imp

ACCIÓN DE REPETICIÓN-Contra el Rector de la Universidad Popular del Cesar por la condena impuesta con ocasión de la declaratoria de nulidad de la Resolución por la cual se adjudicó un contrato para la prestación del servicio de aseo y cafetería RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LOS AGENTES ESTATALESElementos esenciales En cuanto a los elementos esenciales de la responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado, el artículo 2 de la Ley 678 antes mencionada, establece que la repetición es una acción civil de carácter patrimonial que se ejerce contra el servidor público, exservidor público o particular que cumpla función pública, que mediante una conducta dolosa o gravemente culposa haya dado lugar a un reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, como consecuencia de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto ACCIÓN DE REPETICIÓN-Marco constitucional El artículo 90 de la Constitución Política consagra la responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado y la posibilidad de repetir contra estos cuando su actuar u omisión generen un daño antijurídico que el Estado deba pagar con cargo al erario. De esta forma los agentes del Estado son sujetos pasivos del régimen de responsabilidad patrimonial que se encuentra previsto en el último inciso del artículo 90 superior RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LOS AGENTES ESTATALESMarco legal ACCIÓN DE REPETICIÓN-Funciones según la jurisprudencia de la Corte Constitucional En la sentencia antes citada, se señala que la repetición tiene tres funciones: resarcitoria, preventiva, y retributiva. En cuanto a la resarcitoria se sostiene que, sin

perjuicio del pago de la condena por parte del Estado para asegurar el derecho a la reparación de la víctima, la repetición implica que el verdadero responsable del daño sea quien asuma el valor de la indemnización de este con cargo a su patrimonio. ACCIÓN DE REPETICIÓN-Objeto ACCIÓN DE REPETICIÓN-Presupuestos constitucionales para su procedencia

ACCIÓN DE REPETICIÓN-Caducidad

PROCURADURÍA DELEGADA CON FUNCIONES MIXTAS 6 PARA LA

CONCILIACIÓN ADMINISTRATIVA

CONCEPTO N° 102/2023

Bogotá, D.C., 22 de junio de 2023. Señores

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA SUBSECCION C

Consejero Ponente: Dr. NICOLÁS YEPES CORRALES

E. S. D.

Ref.: Proceso 11001032600020180002900 (60977) Acción de repetición

Actor: Universidad Popular del Cesar

Demandado: Jesualdo Hernández Mieles Honorable Señor Consejero: En mi condición de agente de la señora Procuradora General de la Nación para intervenir en el trámite de la referencia, con fundamento en las competencias previstas en los artículos 277-7 de la Constitución Política, 302 del Decreto Ley 262 de 2000, procedo a rendir concepto dentro del proceso de repetición de la referencia, en los siguientes términos: Síntesis: La parte demandante busca en sede de única instancia que se condene al señor JESUALDO HERNÁNDEZ MIELES, en su condición de Rector de la Universidad Popular del

Cesar para la época de los hechos, a reintegrar la suma de $143.972.987 con motivo del pago que tuvo que realizar dicho establecimiento educativo, en virtud de la condena proferida por la jurisdicción contencioso administrativa, con ocasión de la declaratoria de nulidad del acto de adjudicación de un contrato para la prestación del servicio de aseo y cafetería en varias sedes de esa Universidad.

1. ANTECEDENTES 1.1 Demanda La UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR instauró acción de repetición contra el señor JESUALDO HERNÁNDEZ MIELES, quien fungiera como Rector de ese establecimiento educativo para el año 2013, con fundamento en el pago de $143.972.987 que canceló la Universidad al señor Diego Alfonso Londoño Cárdenas, en virtud de la condena impuesta por la PROCURADURIA DELEGADA CON FUNCIONES MIXTAS 6 PARA LA CONCILIACION ADMINISTRATIVA

Calle 16 No. 4-75 Torre C Piso 4° PBX: 5878750 Ext: 13710 2 PROCURADURÍA DELEGADA CON FUNCIONES MIXTAS 6 PARA LA CONCILIACIÓN ADMINISTRATIVA jurisdicción contencioso administrativa, con ocasión de la declaratoria de nulidad de la Resolución No. 635 de abril 11 de 2013, mediante la cual se adjudicó un contrato para la prestación del servicio de aseo y cafetería en varias sedes de ese establecimiento educativo. En la demanda se señala que el actuar del referido Rector fue dolosa, según lo consagrado en el artículo 5 de la Ley 678 de 2001, por cuanto al momento de la expedición del acto administrativo se presentaron vicios en su

motivación, en la medida en que no se seleccionó al mejor proponente; y gravemente culposa, dado que se violaron normas de contratación de obligatorio cumplimiento, lo que produjo un perjuicio de orden material a quien debió ser favorecido con la adjudicación del contrato, conforme a lo establecido en el artículo 6 de la Ley ídem. 1.2 Hechos La demandante fundó la mencionada acción en la relación de hechos que se enuncian a continuación, tal cual como los presentó el accionante: a) El señor JESUALDO HERNANDEZ MIELES, en calidad de Rector de la Universidad Popular del Cesar, profirió la Resolución No. 635 de fecha 11 de abril de 2013, mediante la cual se adjudicó un contrato a la empresa BUSCAMOS LTDA., donde funge como representante el señor Diego Alfonso Londoño Cárdenas. b) El citado señor Londoño Cárdenas instauró medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Universidad Popular del Cesar, con el fin de que se declarara la nulidad del acto administrativo antes relacionado, el cual fue despachado favorablemente por el Juzgado Cuarto Administrativo de Valledupar, el 10 de julio de 2015. Decisión confirmada en segunda instancia el 03 de diciembre de 2015 por el Tribunal Administrativo del Cesar, en consideración a que al escoger la propuesta presentada por la empresa BUSCAMOS LTDA. y no la ofertada por la empresa SUMINISTROS Y SERVICIOS FYV, se desconocieron los principios de la contratación pública, tales como, la selección objetiva y la trasparencia, cuya finalidad es

garantizar la imparcialidad de la administración y por consiguiente la escogencia objetiva de los contratistas. c) Como consecuencia de lo anterior, se ordenó reconocer y cancelar a favor del señor Diego Alfonso Londoño Cárdenas, el valor de la utilidad que PROCURADURIA DELEGADA CON FUNCIONES MIXTAS 6 PARA LA CONCILIACION ADMINISTRATIVA Calle 16 No. 4-75 Torre C Piso 4° PBX: 5878750 Ext: 13710 3 PROCURADURÍA DELEGADA CON FUNCIONES MIXTAS 6 PARA LA CONCILIACIÓN ADMINISTRATIVA esperaba recibir el actor en la ejecución de contrato ofertado, más las costas ordenadas en la sentencia. d) En cumplimiento de la orden judicial, mediante Resolución 491 de 2 de marzo de 2016, la Universidad ordenó pagar el valor total de $143.972.987, distribuidos así: $129.382.443 a la empresa Suministros y Servicios FIB, representada legalmente por el señor Diego Londoño, correspondiente a la utilidad que esperaba recibir el actor en la ejecución del contrato; la diferencia, por las costas procesales liquidadas por el Juzgado de conocimiento. e) El pago de la citada suma se efectuó el dio 2 de marzo de 2016, según comprobante de pago No. 20160100197 y comprobante de egreso No. 2016010033. 1.3 Contestación de la demanda El demandado JESUALDO HERNÁNDEZ MIELES se opuso a todas y a cada una de las pretensiones, tanto declarativas como condenatorias, por cuanto su actuación siempre estuvo ajustada al procedimiento de contratación estatal de la Universidad.

Indicó que no basta con que se haya condenado a la entidad para ordenar el recobro de lo pagado, sino que debe estar acreditada la responsabilidad subjetiva del agente, que este haya actuado con dolo o culpa grave. En el caso que nos ocupa, la Universidad le atribuye a la parte demandada la realización de una conducta a título de culpa grave (Numeral 1 del Artículo 6° de la Ley 678 de 2001, esto es, violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho), y a título de dolo (Numeral 2 del Artículo 5° de la Ley 678 de 2001, esto es, haber expedido el acto administrativo con vicios en su motivación por inexistencia del supuesto de hecho de la decisión adoptada o de la norma que le sirve de fundamento), sin probar que se encuentran presentes los elementos de la responsabilidad; solo aglutina disposiciones legales, olvidando que es improcedente equiparar los conceptos de dolo y culpa grave, que son netamente civiles, con aquellos expuestos en materia penal, como equivocadamente se ha planteado; no debe olvidarse que la naturaleza de la acción de repetición es eminentemente patrimonial o indemnizatoria, mientras que la acción penal, en todo caso punitiva, se fundamenta en la interposición de una sanción o castigo.

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PROCURADURÍA DELEGADA CON FUNCIONES MIXTAS 6 PARA LA

CONCILIACIÓN ADMINISTRATIVA De conformidad con lo anterior, el juicio subjetivo de responsabilidad que recae sobre el agente estatal demandado en acción de repetición o de manera autónoma, con fundamento en el artículo 142 de la Ley 1437 de 2011, debe construirse bajo diversos criterios; para determinar la existencia del dolo o de la culpa grave, el juez debe observar lo dispuesto en los artículos 5 y 6 de la Ley 678 de 2001, y además interpretar y aplicar el artículo 63 del Código Civil, y armonizarlos con los fundamentos constitucionales de esta acción patrimonial -analizados supra-, pero enfatizando en los postulados de los artículos 6, 91 y 123 de la Carta, los cuales le imponen a los agentes estatales la obligación de actuar conforme al ordenamiento jurídico, situación que lleva a considerar lo dispuesto, incluso, desde los manuales de funciones de la respectiva entidad. Manifiesta que en el caso en estudio NO existe una violación al Proceso Contractual de la Universidad Popular del Cesar, ya que el que se realizó y que culminó con la suscripción del contrato No. 004 de 15 de abril de 2013, entre dicha Universidad y la empresa BUSCAMOS LTDA., se llevó a cabo en debida forma. El único inconveniente fue una diferencia de criterio entre quien elaboró la evaluación técnica (LEONCIO PERALTA CANO, Coordinador del Grupo de Gestión y Servicios, Compras y Mantenimientos) y el señor DIEGO ALFONSO LONDOÑO CARDENAS (Representante legal de la empresa SUMINISTROS Y SERVICIOS F y V), en la medida en que el

primero consideró que el valor agregado ofrecido por la empresa BUSCAMOS LTDA, representaba mayores beneficios económicos para el ente educativo que el ofrecido por la segunda empresa, lo cual no fue valorado por los despachos judiciales en su decisión, por cuanto solo se limitaron a determinar la cantidad de valores agregados (10/12), pero sin tener en cuenta el testimonio del evaluador, funcionario de la planta de personal de la Universidad Popular del Cesar con suficiente experticia que hizo las correspondientes verificaciones de las propuesta presentadas en la invitación a cotizar, que fue lo único que se reprochó en el contencioso administrativo y que generó la repetición que hoy se discute. Agregó que la Universidad fue tan garantistas que, aunque el Proceso Contractual de la Universidad, para ese tipo de proceso NO contemplaba la etapa de formulación de observaciones y respuestas de las mismas, se le dio la oportunidad al señor DIEGO ALFONSO LONDOÑO CARDENAS, para que las presentara, las cuales fueron absueltas por los funcionarios responsables de las evaluaciones.

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Calle 16 No. 4-75 Torre C Piso 4° PBX: 5878750 Ext: 13710 5 PROCURADURÍA DELEGADA CON FUNCIONES MIXTAS 6 PARA LA CONCILIACIÓN ADMINISTRATIVA Frente a los conceptos de dolo y culpa grave, el Consejo de Estado ha sostenido que el juez no se debe limitar a las definiciones contenidas en el Código Civil, sino que debe tener en cuenta las características particulares del caso que deben armonizarse con lo previsto en los artículos 6° y 91 de la

Constitución Política sobre la responsabilidad de los servidores públicos, como también la asignación de funciones contempladas en los reglamentos o manuales respectivos. Resulta igualmente necesario tener en cuenta otros conceptos como los de buena fe que están contenidos en la Constitución Política y en la ley, a propósito de algunas instituciones, como por ejemplo contratos, bienes y familia. Señaló que en el proceso deberán aparecer acreditados la responsabilidad subjetiva del servidor público en el ejercicio de sus funciones, así como el pago de la condena, a efectos de probar que efectivamente se afectó el patrimonio de la entidad estatal. En el caso que nos ocupa, NO se hizo el juicio de responsabilidad, ya que no se confrontó, ni siquiera sumariamente que se haya desplegado una conducta con la intención de causar daño, NI que se hubiera desconocido el Manual de Contratación de la Universidad Popular del Cesar, NI los términos de la Invitación a Cotizar, ya que, reiteró, los jueces de instancia solo se limitaron a confrontar que la empresa SUMINISTROS Y SERVICIOS F y V ofreció doce (12) valores agregados y la empresa BUSCAMOS LTDA, ofreció diez (10), sin corroborar que estos últimos representaban mayores beneficios para el ente universitario y que eran más pertinentes para el servicio que se iba a contratar. Propuso como excepciones de fondo: i) Falta de requisitos de la demanda por la insuficiencia probatoria. ii) Ausencia de dolo o culpa grave en la conducta endilgada, pues la presunción establecida en los artículos 5 y 6 de la Ley 678 de 2001 es legal y, en consecuencia, admite prueba en contrario, por lo que debe ser probado

el supuesto fáctico en que se basa la misma. 1.4 Trámite procesal La referida excepción se dio por probada por el Juzgado Segundo Administrativo de Neiva en audiencia inicial de 01 de febrero de 20171, razón por la cual se trasladó el proceso al Consejo de Estado, correspondiéndole por reparto a la Sección Tercera, Subsección C, quien en virtud de la 1 Folios 282 y 283 Cuaderno principal PROCURADURIA DELEGADA CON FUNCIONES MIXTAS 6 PARA LA CONCILIACION ADMINISTRATIVA Calle 16 No. 4-75 Torre C Piso 4° PBX: 5878750 Ext: 13710 6 PROCURADURÍA DELEGADA CON FUNCIONES MIXTAS 6 PARA LA CONCILIACIÓN ADMINISTRATIVA competencia establecida en el citado artículo 149 del CPACA, asumió el conocimiento de la actuación a través de auto de 13 de agosto del mismo año2, teniendo en cuenta que la demanda es contra la representante legal de una empresa industrial y comercial del Estado del orden nacional.

2. CONSIDERACIONES Contenido: 2.1 Problema jurídico. 2.2 Elementos esenciales de la responsabilidad de los agentes del Estado y los presupuestos constitucionales de la acción de repetición, y caducidad de dicho medio de control. 2.3.1 Acreditación de la condena, del pago y de la causación de una lesión al patrimonio de la UNIVERSIDAD DEL CESAR. 2.2.2 Caducidad de la acción de repetición. 2.2.3 Acreditación de la presunción de la culpa grave como factor de imputación de la responsabilidad patrimonial.

2.1 Problema jurídico Para este agente del Ministerio Público, el problema jurídico a resolver consiste en determinar si resulta procedente o no declarar responsable al señor JESUALDO HERNÁNDEZ MIELES por el pago realizado por la UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR, en virtud de la condena de que fue objeto dicha entidad, por la declaratoria de nulidad de la Resolución No. 635 de 11 de abril de 2013, a través de la cual se adjudicó un contrato de prestación de servicios a la empresa BUSCAMOS LTDA. 2.2 Elementos esenciales de la responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado y los presupuestos constitucionales de la acción de repetición, y caducidad de dicho medio de control El artículo 90 de la Constitución Política consagra la responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado y la posibilidad de repetir contra estos cuando su actuar u omisión generen un daño antijurídico que el Estado deba pagar con cargo al erario. De esta forma los agentes del Estado son sujetos pasivos del régimen de responsabilidad patrimonial que se encuentra previsto en el último inciso del artículo 90 superior3. El marco legal de la responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado, para la época de los hechos, se encontraba en la Ley 678 de 2001, hoy en la Ley 2195 de 2022, la cual regula, entre otros, el objeto de la responsabilidad, la definición de la repetición, las finalidades de esta responsabilidad, las 2 Folio 292 Cuaderno principal 3 Gil Botero, Enrique y Rincón Córdoba, Jorge Iván. La responsabilidad patrimonial del servidor público. Universidad

Externado de Colombia. Bogotá, 2016, p. 23.

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Calle 16 No. 4-75 Torre C Piso 4° PBX: 5878750 Ext: 13710 7 PROCURADURÍA DELEGADA CON FUNCIONES MIXTAS 6 PARA LA CONCILIACIÓN ADMINISTRATIVA definiciones del elemento subjetivo, dolo y culpa grave, las presunciones de dolo y culpa grave, los aspectos procesales de la acción de repetición, el llamamiento en garantía con fines de repetición y el régimen de medidas cautelares que pueden practicarse en la acción de repetición. En cuanto a los elementos esenciales de la responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado, el artículo 2 de la Ley 678 antes mencionada, establece que la repetición es una acción civil de carácter patrimonial que se ejerce contra el servidor público, exservidor público o particular que cumpla función pública, que mediante una conducta dolosa o gravemente culposa haya dado lugar a un reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, como consecuencia de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto. De la definición prevista en el artículo 2 de la Ley 678 de 2001, se extraen los elementos de la responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado, los cuales son: i) sujeto cualificado; ii) daño representado en la condena contra el Estado; iii) el elemento subjetivo, dolo y culpa grave; y iv) el nexo causal entre la conducta del sujeto cualificado y el daño, sobre los cuales se han referido ampliamente tanto el Consejo de Estado4, como la Corte

Constitucional. El máximo Tribunal Constitucional profirió una sentencia de unificación en el marco de una acción de tutela en la cual se debatía la responsabilidad patrimonial de un exservidor público. En ese pronunciamiento, después de realizar varias consideraciones sobre el alcance y los antecedentes de esta responsabilidad en la Asamblea Nacional Constituyente, la Corte fijó siete presupuestos constitucionales de la acción de repetición5. En dicha providencia, sostuvo la Corte que el factor subjetivo previsto en el inciso segundo del artículo 90 tiene una especial relevancia por cuanto “…es preciso que la conducta del agente estatal sea imputable a título de culpa grave o dolo para que puedan configurarse los presupuestos de la pretensión de repetición, con lo cual la misma resulta improcedente cuando la acción u omisión de la persona no puede catalogarse como negligente o arbitraria”. E insistió en que dicha procedencia está sujeta a la “…efectiva demostración por parte de la entidad convocante de la actuación dolosa o gravemente culposa de su agente. En consecuencia, los 4 Sentencia de 12 de agosto de 2014, Rad. 05001-23-31-000-2005-07322-01 (50.183), CP. Jaime Orlando Santofimio; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 23 de octubre de 2017, exp. 50615. 5 Corte Constitucional. Sentencia de unificación SU-354 de 26 de agosto de 2020. Exp. T-7616782 y T-7629189.

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Calle 16 No. 4-75 Torre C Piso 4° PBX: 5878750 Ext: 13710 8 PROCURADURÍA DELEGADA CON FUNCIONES MIXTAS 6 PARA LA CONCILIACIÓN ADMINISTRATIVA jueces contenciosos administrativos deben ser garantes de que la administración cumpla con dicha carga, incluso en los casos en los que acudan a las presunciones legales” (Destacado fuera de texto). En la sentencia antes citada, se señala que la repetición tiene tres funciones: resarcitoria, preventiva, y retributiva. En cuanto a la resarcitoria se sostiene que, sin perjuicio del pago de la condena por parte del Estado para asegurar el derecho a la reparación de la víctima, la repetición implica que el verdadero responsable del daño sea quien asuma el valor de la indemnización de este con cargo a su patrimonio. En relación con la función preventiva, la Corte sostuvo que esta responsabilidad busca “…disuadir a los agentes del Estado de incurrir deliberadamente o con manifiesta negligencia o imprudencia, en conductas susceptibles de generar daños, pues su patrimonio puede llegar a verse afectado para resarcir los costos de sus comportamientos…”. En lo que tiene que ver con la función retributiva, el alto tribunal señaló que además de la obligación de reparar lo pagado por el Estado, la responsabilidad patrimonial se declara a partir de un juicio de reproche al proceder del servidor público que, “…con sus actuaciones u omisiones dolosas o gravemente culposas, dio lugar a la condena al Estado”. A su vez, la Corte sostiene que si bien es cierto la acción de repetición tiene por objeto la protección del patrimonio público y de la moralidad

administrativa, también lo es que no tiene por finalidad imponer cargas desproporcionadas a quienes asumen el ejercicio del servicio público, “… como quiera que con la pretensión de regreso no se busca que la responsabilidad inherente a la actividad del Estado recaiga en sus funcionarios o contratistas de manera indiscriminada, ya que ello sólo es posible bajo ciertos parámetros que aseguren la vigencia de la prohibición de exceso, cuando su intervención en la ocurrencia de daños antijurídicos sea premeditada, negligente o manifiestamente imprudente”. Tener en cuenta los dos extremos de la responsabilidad patrimonial impone, en términos de la Corte Constitucional, aplicar la acción de repetición “…a la luz de los diversos mandatos constitucionales que pueden encontrarse en colisión y que, por consiguiente, exigen una labor de ponderación para evitar escenarios contrarios al ordenamiento superior” (Resaltado propio).

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Calle 16 No. 4-75 Torre C Piso 4° PBX: 5878750 Ext: 13710 9 PROCURADURÍA DELEGADA CON FUNCIONES MIXTAS 6 PARA LA CONCILIACIÓN ADMINISTRATIVA En cuanto a los presupuestos constitucionales de prosperidad de la acción de repetición, además de los anteriormente enunciados, la Corte Constitucional en la sentencia objeto de estudio, estableció los siguientes, en los que fundamentalmente resalta la importancia de la prueba respecto al dolo o la culpa grave por parte de la entidad demandante y su valoración integral por parte del juez de conocimiento de la repetición e independiente de la efectuada en la sentencia condenatoria de la administración, así:

“- Presupuesto 2: La atribución de la conducta determinante del daño antijurídico al agente, a título de dolo o culpa grave, implica probar ante el juez contencioso administrativo que, al margen del análisis efectuado en la providencia de responsabilidad del Estado: (i) El daño antijurídico haya tenido su origen en una acción u omisión del demandado; y (ii) Que tal actuación, conforme a la normatividad vigente para la época en que se presentó el daño antijurídico: (a) estuvo dirigida a “la realización de un hecho ajeno a las finalidades del Estado” (dolo), o (b) es calificable como “una infracción directa a la Constitución o a la ley” o “una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones” (culpa grave). - Presupuesto 3: Las presunciones legales de dolo y culpa grave contempladas en los artículos 5° y 6° de la Ley 678 de 2001: (i) No relevan a la entidad actora de probar ante el juez contencioso administrativo que (a) el daño antijurídico tuvo su origen en una acción u omisión atribuible al demandado, y que (b) tal actuación se enmarca en alguno de los supuestos legales (i.e. desviación de poder o infracción manifiesta e inexcusable de una norma de derecho); y (ii) Ante la demostración de que la actuación del agente se enmarca en alguno de los supuestos legales, eximen a la entidad de acreditar que la acción u omisión estuvo dirigida a “la realización de un hecho ajeno a las finalidades del Estado”,

o es calificable como “una infracción directa a la Constitución o PROCURADURIA DELEGADA CON FUNCIONES MIXTAS 6 PARA LA CONCILIACION ADMINISTRATIVA Calle 16 No. 4-75 Torre C Piso 4° PBX: 5878750 Ext: 13710 10 PROCURADURÍA DELEGADA CON FUNCIONES MIXTAS 6 PARA LA CONCILIACIÓN ADMINISTRATIVA a la ley” o “una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones”. - Presupuesto 4: A efectos de garantizar el derecho al debido proceso, en el trámite de repetición la valoración en torno a la existencia de dolo o culpa grave debe realizarse de manera integral, y para determinar la responsabilidad del agente, está excluida la posibilidad de extrapolar las conclusiones sobre la responsabilidad del Estado o del agente que puedan estar contenidas en la providencia condenatoria a la administración. Por consiguiente, el juez contencioso debe examinar todos los elementos de juicio allegados al proceso de repetición y realizar un análisis totalmente independiente, en el cual el demandado tenga la oportunidad real de ejercer su defensa. - Presupuesto 5: A fin de determinar si el daño antijurídico tuvo su origen en una acción u omisión atribuible al demandado, así como si dicha actuación fue dolosa o gravemente culposa, el juez de lo contencioso administrativo debe valorar los aspectos propios de la gestión pública, tales como: (i) las funciones del agente contempladas en la ley y en el reglamento, o (ii) el grado de diligencia que le sea exigible al servidor en razón de los requisitos para acceder al cargo, la

jerarquía del mismo en la escala organizacional o la retribución económica por los servicios prestados. - Presupuesto 6: Una vez constatada la responsabilidad patrimonial del agente, el juez de lo contencioso administrativo deberá determinar el monto a reintegrar al Estado por parte del servidor, adoptando las previsiones respectivas para que la condena de repetición no se convierta en una decisión que, en razón de su desproporción, vulnere los derechos fundamentales por resultar una obligación excesiva, irredimible o contraria a la distribución de las cargas públicas. Con tal propósito, sin entrar a analizar las condiciones subjetivas del funcionario, el operador jurídico debe: (i) Valorar el grado de participación del demandado en los hechos que dieron lugar al daño y las circunstancias objetivas de las relaciones entre los funcionarios y la PROCURADURIA DELEGADA CON FUNCIONES MIXTAS 6 PARA LA CONCILIACION ADMINISTRATIVA Calle 16 No. 4-75 Torre C Piso 4° PBX: 5878750 Ext: 13710 11 PROCURADURÍA DELEGADA CON FUNCIONES MIXTAS 6 PARA LA CONCILIACIÓN ADMINISTRATIVA administración, pues puede ocurrir que: (a) la responsabilidad sea atribuible a múltiples personas debido a la distribución de funciones y jerarquías dentro de la institución pública; (b) el perjuicio causado se derive en parte del riesgo inherente a la actividad de la entidad; o (c) el menoscabo se origine, entre otras razones, por fallas estructurales en los diseños de los procesos misionales de la administración; (destacado fuera de

texto). 2.2.1 Acreditación de la condena, del pago y de la causación de una lesión al patrimonio de la UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR El accionante aportó con la demanda las siguientes pruebas documentales: i) Sentencia de primera instancia proferida el 10 de octubre de 2015 por el Juzgado Cuarto Administrativo de Valledupar, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 20001333300420130038100, a través de la cual se declaró la nulidad de la Resolución No. 635 del 11 de abril de año 2013, mediante la cual se adjudicó a la firma BUSCAMOS LTDA. el contrato de prestación de servicios de aseo y cafetería, mantenimiento y ornato en las sedes de la UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR6. ii) Sentencia de segunda instancia proferida el 03 de diciembre de 2015 por el Tribunal Administrativo de Cesar, mediante la cual se confirmó la decisión anteriormente citada contra la UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR7. iii) Resolución No. 491 de 2 de marzo de 2016, por medio de la cual la Universidad ordenó el reconocimiento y pago de la condena por valor de $143.972.987, a favor del señor Diego Alfonso Londoño Cárdenas, distribuido así: Valor de la sentencia - $129.382.443; Intereses moratorios - $1.592.300; Costas procesales - $60.000; Agencias en derecho - $12.938.2448. iv) Comprobante de pago No. 2016010197 de 2 de marzo de 2016 y comprobante de egreso No. 2016010333 de 4 de marzo del mismo año, donde se indica que el pago se realizó al señor Diego Alfonso Londoño

6 Archivo 54 – Expediente Digital. 7 Archivo 55 – Expediente Digital. 8 Folios 60-63 Archivo 56 – Expediente Digital.

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Calle 16 No. 4-75 Torre C Piso 4° PBX: 5878750 Ext: 13710 12 PROCURADURÍA DELEGADA CON FUNCIONES MIXTAS 6 PARA LA CONCILIACIÓN ADMINISTRATIVA Cárdenas, a la cuenta de ahorros de Bancolombia No. 19745989031, por valor de $144.548.8799. v) Comprobante de egreso No. 2016010333 de 4 de marzo del mismo año10, donde consta que la imputación presupuestal para realizar el pago era por $144.548.879.00 y que se realizó el siguiente movimiento contable: MOVIMIENTO CONTABLE Nombre de la cuenta Débito Crédito Bienes y Servicios/Varios/LONDOÑO 143.972.987.00 00.00 CARDENAS DIEGO ALFONSO/VARIOS Bancolombia Ahorro cta 117.265.174.00 19745989031/Varios/LONDOÑO

CARDENAS DIEGO

ALFONSO/VARIOS

Honorarios/Varios/ LONDOÑO 111.461.00

CARDENAS DIEGO

ALFONSO/VARIOS

Honorarios/Varios/ LONDOÑO 25.876.488.00

CARDENAS DIEGO

ALFONSO/VARIOS Estamp