PGN - ACCION POPULAR - Demanda la protección de derechos colectivos de salubridad pública y ambiente

ACCIÓN POPULAR-Demanda la protección de derechos colectivos de salubridad pública y ambiente sano ACCIÓN POPULAR-Objeto Es importante observar que el inciso segundo del artículo 2° de la Ley 472 de 1998, establece que las acciones populares se ejercen para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible. Igualmente, según el artículo 9° las acciones populares proceden contra toda acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares, que hayan violado o amenacen violar los derechos e intereses colectivos. INCENTIVO DE LA ACCIÓN POPULAR-Regulación legal/INCENTIVO DE LA ACCIÓN POPULAR-Aplicabilidad Jurisprudencial del Consejo de Estado Sobre el reparo de la entidad territorial frente al incentivo reconocido a favor del actor, considera el Ministerio Público que el artículo 39 de la Ley 472 de 1998 lo establece para el demandante de la acción; por tal razón, procede el reconocimiento del incentivo toda vez que se probó que el derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, fue vulnerado y por tal razón el fallo de primera instancia lo amparó. Luego, la actuación del actor fue eficaz. Concepto 062 2010-328813 Bogotá, D.C., 6 de abril de 2011

H. CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

E. S. D.

Consejero Ponente: Doctora MARIA ELIZABETH GARCIA GONZÁLEZ

Referencia : AP-73001233100020030159401

Radicado : 01594

Asunto : Acción Popular

Actor : JORGE ANTONIO CRUZ GONZÁLEZ

Procuraduría Sexta Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 N° 1580 Piso 19 Tel.: 5878750 Ext. 11931/33 www.procuraduria.gov.co AP-01594 2 De conformidad con lo dispuesto en los artículos 277 numerales 1, 3 y 7 de la Constitución Política; 127 y 210 del Código Contencioso Administrativo, 35 de la Ley 446 de 1998; 30, 37 y 44 del Decreto 262 del 22 de febrero de 2000 y la Resolución 371 de 6 de octubre de 2005, expedida por el Procurador General de la Nación, obrando dentro de la oportunidad legal en el proceso de la referencia, esta agencia del Ministerio Público procede a emitir su correspondiente alegato de conclusión, dentro del trámite de la segunda instancia. ANTECEDENTES 1.- El ciudadano JORGE ANTONIO CRUZ GONZÁLEZ, en los términos del artículo 88 de la Carta Política y la Ley 472 de 1998, promovió ante el Tribunal Administrativo del Tolima, acción popular contra el MUNICIPIO DE IBAGUE – PLANEACION MUNICIPAL – CURADURIAS URBANAS y CORTOLIMA, con el propósito de que se declarara la protección de los siguientes derechos colectivos: - Salubridad pública - Goce de un ambiente sano y - Seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente.

1.1.- El actor acusa a las entidades accionadas de vulnerar los derechos enunciados, habida consideración que a través de la Resolución 185 de 20 de junio de 2003, la Curaduría 1ª Urbana de Ibagué, concedió licencia al señor LUIS ALFREDO DUEÑAS LOZANO, para construir 56 viviendas unifamiliares de interés social, nivel 2, en un lote de su propiedad. 1.2.- Expone el actor, que el lote de terreno en el que se inició la construcción del proyecto denominado “Nuevo Amanecer”, se encuentra ubicado en la parte alta del sector Tierra Firme, zona técnicamente denominada de ALTO RIESGO de acuerdo con el Decreto 000355 de 13 de octubre de 1999, que adoptó un estudio elaborado por INGEOMINAS según el cual dicho sector es declarado como de alta 3 AP-01594 susceptibilidad a avenidas torrenciales – avalanchas – de las quebradas San Roque y Obando que lo surcan. 1.3.- Las siguientes son las pretensiones del actor: A) Ordenar a los funcionarios competentes, la suspensión de la obra mencionada, a fin de proteger los derechos colectivos a la salubridad pública, al goce de un ambiente sano y a la seguridad y prevención de desastres técnicamente previsibles. B) Conminar a las autoridades accionadas en orden a que expliquen las razones que tuvieron para ignorar los estudios geológicos que señalan a ese sector como ZONA de RIESGO, o de alta susceptibilidad de avenidas torrenciales (avalanchas). De considerarlo procedente, compulsar copias para que se les

investigue disciplinariamente. Subsidiariamente solicita el actor: - Como consecuencia de las anteriores declaraciones, REVOCAR la Resolución 185 de junio 20 de 2003, mediante la cual se autorizó la construcción de ese plan habitacional. - Con fundamento el la Ley 472 de 1998, vincular a este proceso a las demás entidades públicas que tengan responsabilidad en las omisiones señaladas; así mismo, con fundamento en el Art. 21 informar por un medio masivo de comunicación a eventuales beneficiarios, el inicio de esta acción. 2.- El Tribunal Administrativo del Tolima , mediante sentencia de 29 de mayo de 2009, accedió a las pretensiones del actor popular, en el siguiente sentido: a.- Amparar el derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente. AP-01594 4 b.- Ordenar al municipio de Ibagué que proceda a realizar los trabajos de canalización y mantenimiento de las quebradas San Roque y Obando que circundan la Urbanización Nuevo Amanecer, sector Tierra Firme del municipio de Ibagué y que continúe con la ejecución de los planes y programas de prevención y atención de desastres, informando a la Corporación sobre las medidas adoptadas específicamente para la urbanización Nuevo Amanecer. c.- Ordenar al señor LUIS ALFREDO DUEÑAS LOZANO; que realice las adecuaciones necesarias al canal colector de aguas lluvias que se encuentra ubicado en la parte alta de la urbanización y que desciende sobre la cañada sin denominación que por allí pasa, atendiendo las recomendaciones que al respecto

le indiquen la Corporación Autónoma Regional del Tolima y el Instituto Ibaguereño de Acueducto y Alcantarillado y que, así mismo, efectúe el mantenimiento de las zonas de protección ambiental que circundan la zona e instale el acelerógrafo ordenado por la Curaduría Urbana N° 1. d.- Ordenar a la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA, que adelante los programas de adecuación ambiental del área en la que se encuentra ubicada la urbanización Nuevo Amanecer, de control de erosión, de manejo de cauces de aguas y de reforestación que le competen, al tenor de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 99 de 1993 y que, además, asesore y vigile las obras de protección ambiental que se adopten por parte del municipio de Ibagué y el señor Luis Alfredo Dueñas Lozano, en la urbanización aludida, con ocasión de las órdenes que se les ha impartido en la sentencia. e.- Ordenar que, previo a la ejecución de las obras decretadas, se conforme un comité, con el propósito de evaluar el estado actual de los taludes que circundan la zona objeto de la presente acción y de las quebradas San Roque y Obando, para determinar los parámetros bajo los cuales se deben adelantar las respectivas adecuaciones, a fin de prevenir los riesgos que a futuro se puedan presentar por la ocurrencia de sucesos de origen natural o provocados por la actividad humana. f.- Exonerar de responsabilidad a la CURADURIA URBANA N° 1 DE IBAGUÉ. 5 AP-01594 g.- Conceder como incentivo el equivalente a diez (10) salarios mínimos legales

mensuales vigentes, a favor del accionante, que deberán cancelar solidariamente el municipio de Ibagué, CORTOLIMA y el señor Luis Alfredo Dueñas Lozano. h.- Disponer la conformación de un comité de verificación del cumplimiento de este fallo. La anterior decisión del Tribunal Administrativo del Tolima obedeció a las siguientes consideraciones: 2.1. La Urbanización Nuevo Amanecer cuenta con algunas obras civiles y de arte recomendadas por INGEOMINAS y por la Curaduría Urbana N° 1 de Ibagué, sin embargo, aún existen falencias que es necesario corregir, pues el canal colector de la escorrentía de aguas lluvias no se encuentra en óptimas condiciones debido a la inadecuada edificación del mismo, por parte del constructor. 2.2. Se observa que aún no se ha efectuado la canalización de las quebradas San Roque y Obando, no se han realizado las obras necesarias de mitigación y estabilización del terreno, ni se ha prestado un mantenimiento adecuado a las zonas de protección ambiental. 2.3. No se encuentra acreditado que CORTOLIMA hubiese ejercido las funciones que en esta materia le asigna el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, tales como, adelantar programas de adecuación de áreas urbanas en zonas de riesgo, control de erosión, manejo de cauces de aguas y reforestación, máxime cuando justifica su actuación en la iniciación de un proceso sancionatorio por infracción forestal en contra del señor Luis Alfredo Dueñas Lozano, el cual se adelantó por hechos anteriores y ajenos a la construcción de la Urbanización Nuevo Amanecer, lo que hace imprósperos sus argumentos defensivos.

Además, según manifestación de la Curaduría Urbana N° 1 (folio 180 vuelto), las zonas de protección ambiental ubicadas en la parte superior de la Urbanización Nuevo Amanecer, se encuentran enmalezadas por falta de mantenimiento y AP-01594 6 cubren parcialmente los andenes, lo que denota falta de atención y cuidado por parte de esta entidad. 2.3. En lo que atañe a las políticas, programas o proyectos orientados a atender eventuales emergencias que se puedan presentar en la Urbanización Nuevo Amanecer, así como su inclusión y/o clasificación dentro de las posibles áreas de riesgo, el Grupo de Prevención y Atención de Desastres adscrito a la Secretaría de Gobierno y Seguridad Ciudadana de la Alcaldía de Ibagué, mediante escrito obrante a folio 287 del cuaderno de pruebas de oficio, informa que se está ejecutando una política general para todo el municipio en materia de atención y prevención de desastres, la cual se ha fortalecido con el apoyo del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ibagué, mediante Convenio Interinstitucional 3.1 004 del 30 de abril de 2008. Respecto a la clasificación del barrio Nuevo Amanecer como posible zona de riesgo, se limita a adjuntar copia del Decreto 0726 de 2005, según el cual esa urbanización se encuentra ubicada en una zona adecuada para uso urbano, con amenaza mitigable. Por todo lo anterior, si bien la Urbanización Nuevo Amanecer, en la actualidad, se encuentra totalmente edificada y cuenta en su mayoría con obras civiles y de arte tendientes a la prevención de riesgos, no es menos cierto, que se hace evidente la

necesidad de adecuar, con las especificaciones técnicas, el canal colector de la escorrentía de aguas lluvias que descienden de la cañada sin nombre, referenciado en el estudio de INGEOMINAS, pues el mismo no se encuentra en óptimas condiciones y se haya obstruido por la vegetación que lo circunda. 2.4. Adicionalmente, se requiere un adecuado mantenimiento de los afluentes hídricos y de las zonas de protección ambiental que rodean la zona, así como la canalización de las quebradas San Roque y Obando, pues pese a que se encuentran a una distancia aproximada de 200 metros de esta urbanización, se registra una amenaza de intermedia a baja de susceptibilidad a avalanchas de las mencionadas quebradas, lo que hace necesario no desconocer la existencia del riesgo eventual al que se encuentran expuestos sus habitantes, el que se puede prevenir con la adopción de medidas pertinentes de prevención. 7 AP-01594 3.- El municipio de Ibagué, presentó recurso de apelación sustentado en los siguientes términos: 3.1. Por vía legal, no es el municipio el llamado a realizar las obras de canalización y mantenimiento de las quebradas San Roque y Obando, como tampoco existe lugar para que se imponga la obligación, así fuese de manera conjunta, ya que se encuentra probado que el municipio había adoptado las acciones pertinentes dentro del proceso de urbanización para garantizar que los terrenos en donde se construyó “Nuevo Amanecer”, gozara de todas las condiciones necesarias para un proyecto de tal naturaleza. El sustento legal planteado por el a quo, numeral 22 del artículo 16 del Acuerdo

116 de 2000 - Plan de Ordenamiento Territorial de Ibagué, no parece ajustado a la causa que nos ocupa y es de donde parece derivar la supuesta obligación del municipio, ya que si bien, esta entidad municipal debe gestionar recursos y enfocar acciones para la implementación de programas de manejo y mitigación del riesgo en asentamientos que se encuentren en zonas de alto riesgo y en áreas de amenaza, es necesario precisar que la Urbanización Nuevo Amanecer, no hace parte de tales asentamientos, ya que está determinado en el sumario que la misma, es un proyecto de vivienda, producto de un proceso de urbanización y el problema no se circunscribe a una zona de alto riesgo o amenaza. Expone la entidad recurrente, que las funciones de vigilancia y control ejercidas por el municipio surgieron desde antes de la aprobación de la licencia, ya que a pesar de haberse determinado por parte de Ingeominas una zona sin altas amenazas o alto riesgo de susceptibilidad, se impuso al urbanizador la obligación de cumplir acciones de mitigación de tales amenazas menores, las cuales fueron ejecutadas por él, pero que al parecer resultaron insuficientes porque hechos de un tercero, también urbanizador de proyecto cercano y ajeno a este proceso, como se tiene conocimiento, destruyó el área de protección de las quebradas San Roque y Obando y desvió el curso natural de sus aguas sin autorización de los organismos competentes, hechos frente a los cuales el municipio adoptó las AP-01594 8 medidas necesarias para mitigar el riesgo generado para la Urbanización Nuevo Amanecer. Parece ser inconsistente o contradictorio el fallo que a través de este medio se apela, toda vez que, en el acápite de los hechos probados, se encuentra que las

obras de urbanismo en donde se encuentra la canalización legalmente son de competencia del urbanizador; razón por la cual, no se compadece con la obligación impuesta al municipio de realizar dichas obras cuando éstas se reitera son obligación del urbanizador. Además, las disposiciones que regulan las urbanizaciones pertenecen a las normas urbanísticas establecidas en el artículo 15 de la Ley 388 de 1997, de desarrollo territorial que regulan el uso, la ocupación y el aprovechamiento del suelo. Es así como para la presentación de un proyecto de esquema básico o preliminar de urbanización, éste debe contener, entre otras, la garantía de las condiciones de higiene, salubridad, firmeza y estabilidad del terreno, defensa frente a inundaciones y elementos contaminantes, es por ello, que tales obras, estudios y demás, hacen parte de las obligaciones que el urbanizador debe cumplir para poder ejecutar su proyecto, circunstancia que también está contemplada en el artículo 10 de la Ley 66 de 1968, que establece que las obras de urbanismo no son de propiedad privada, son públicas para el disfrute de la comunidad, las cuales se realizan en áreas que son cedidas al municipio y ejecutadas por el urbanizador. Así las cosas, la obligación impuesta al municipio de Ibagué, sobre la canalización de las quebradas Obando y San Roque, son consideradas como obras de urbanismo de responsabilidad exclusiva del urbanizador, y por ende, la asignación de recursos por parte del ente municipal para ello, significaría una destinación indebida de recursos públicos, detrimento patrimonial del Estado e incursión en sanciones fiscales, disciplinarias y de tipo penal.

Encuentra la entidad municipal, que no existe legitimación en la causa por parte de la administración, ya que, pese a que el demandante mal atribuye el perjuicio 9 AP-01594 causado a los habitantes, a la aprobación por parte de la Administración municipal de la respectiva licencia de construcción de la urbanización Nuevo Amanecer, se observa que la misma, autorizaba la construcción, siempre y cuando, el urbanizador adelantara las acciones tendientes a lograr la estabilidad del terreno, como puede observarse dentro de la resolución que la concedió. En consecuencia, la responsabilidad por los perjuicios causados a la comunidad, es exclusiva del urbanizador, quien advertido en los actos administrativos por medio de los cuales se conceden las licencias y a sabiendas de la inestabilidad del terreno, prosiguió con el proyecto y de manera irresponsable desacató las sugerencias dadas. De igual manera, dentro de los requisitos que se deben allegar para obtener la licencia de construcción debió obrar un informe o estudio de impacto ambiental que ocasionaba la ejecución del proyecto. La entidad encargada debió procurar, porque no se cambiara el curso de la quebrada que atravesaba parte del predio; la entidad que produjo el concepto, conocedora ampliamente de la materia, debió haber previsto, las consecuencias normales que trae el cambio de cause de la quebrada en un terreno con las condiciones topográficas adversas. Conocidas por los habitantes o futuros propietarios las condiciones de la urbanización, en razón de los problemas que se ocasionaron o se estaban ocasionando en el momento de la construcción no exigieron al urbanizador adoptar medidas inmediatas para mitigar la inestabilidad de los suelos del predio o

para exigir a los organismos competentes la realización de acciones con el mismo fin, en eso radica, no tanto sus derechos como futuros propietarios, sino sus obligaciones, en contraprestación a los beneficios dados por el Estado. La acción que nos ocupa no cuenta con el material probatorio suficiente para acoger como válidas las pretensiones del demandante, ya que el dictamen pericial no se encuentra sustentado en los exámenes e investigaciones que el profesional realizó, tal como lo exige el artículo 237 del Código de Procedimiento Civil. Igualmente, no reúne las condiciones de claridad y precisión que exige la norma, AP-01594 10 al no estar sustentado en sus propias experiencias, sino en estudios practicados por terceros en otras épocas, que de pronto no se aplican en la actualidad, e incurre en deficiencias y contradicciones; por lo tanto, no debió ser tenido en cuenta al momento de fallar. Además, el auxiliar de la justicia no tuvo en cuenta el nuevo estudio sobre la zona supuestamente afectada, con el que cuenta el Departamento Administrativo de Planeación, como tampoco las disposiciones del Plan de Ordenamiento Territorial, en lo relacionado con el objeto del dictamen. Se concluye, que la administración no incurrió en omisión alguna que haya amenazado o violado un derecho colectivo; igualmente, no existe material probatorio suficiente que señale que la urbanización Nuevo Amanecer, se encuentra en zona de alto riesgo, en razón de la prueba pericial idónea para establecer la verdad procesal que se requiere. El otro motivo de inconformidad con el fallo que se recurre, hace relación a que probado dentro del proceso que el municipio no fue negligente con la aprobación

de los planos y autorizaciones al urbanizador, así como en la ejecución de políticas de atención y prevención de desastres, no hay motivo para que también fuera condenado al pago solidario del incentivo. La Sección Primera del Consejo de Estado1 estableció que para que surja el derecho del actor a recibir el incentivo no basta la violación al derecho colectivo, sino que la protección se haya obtenido gracias a su intervención. Por lo tanto, cuando la entidad obligada venía adelantando actuaciones eficaces tendientes al restablecimiento del derecho colectivo con anterioridad a la notificación del auto admisorio de la demanda de acción popular, sin que la intervención del actor sea determinante para la ejecución de dichas actividades, no surge el derecho al incentivo, máxime cuando en el caso no existe prueba de negligencia, acción u omisión por parte del municipio. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO 1 Sentencia de 17 de noviembre de 2005, C.P. Dr. Rafael E. Ostau de Lafont Piante. 11 AP-01594 En la presente acción popular instaurada por el ciudadano JORGE ANTONIO CRUZ GONZÁLEZ, el Tribunal Administrativo del Tolima, amparó el derecho colectivo a la SEGURIDAD Y PREVENCION DE DESASTRES PREVISIBLES TECNICAMENTE de los habitantes de la Urbanización Nuevo Amanecer ubicada en el sector Tierra Firme del Barrio El Salado de la ciudad de Ibagué. Es motivo de análisis los puntos materia de apelación de la sentencia de primera instancia, formulados por el municipio de Ibagué, que en resumen se refieren a los siguientes artículos de la parte resolutiva: a.- El artículo TERCERO, que ordena al Municipio de Ibagué que proceda a

realizar los trabajos de canalización y mantenimiento de las quebradas San Roque y Obando que circundan la Urbanización Nuevo Amanecer, Sector Tierra Firme del Municipio de Ibagué. b.- El artículo OCTAVO, que concede el incentivo a favor del accionante y que deberán cancelar solidariamente el Municipio de Ibagué, Cortolima y el señor Luis Alfredo Dueñas Lozano. Precisado lo anterior, procede el Ministerio Público a emitir concepto en los siguientes términos: 1.- Es importante observar que el inciso segundo del artículo 2° de la Ley 472 de 1998, establece que las acciones populares se ejercen para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible. Igualmente, según el artículo 9° las acciones populares proceden contra toda acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares, que hayan violado o amenacen violar los derechos e intereses colectivos. 2.- En cuanto a la orden impartida por el Tribunal al municipio de Ibagué, consistente en canalizar las quebradas de San Roque y Obando, obedeció según AP-01594 12 el a quo a que se registrara una amenaza, de intermedia a baja, de susceptibilidad a avalanchas de los mencionados afluentes de agua, lo que hace necesario no desconocer la existencia del riesgo eventual al que se encontraban expuestos los habitantes, el cual se podía prevenir con la adopción de las medidas impuestas al ente territorial. Al respecto, el municipio de Ibagué expone que no es a esta entidad territorial a quien le corresponde canalizar las quebradas, pues considera que esta es una

obra de urbanismo que le compete al urbanizador. Para el Ministerio Público no es de recibo la posición del municipio, por cuanto en la Resolución 185 de 2003 (folios 1 a 4 del cuaderno principal) mediante la cual se impartió la autorización para la construcción de las viviendas, se impuso al urbanizador lo siguiente: -. En el punto 5), ejecutar la obra de forma que garantice la salubridad de las personas, estabilidad de los terrenos, edificaciones y elementos constitutivos del espacio público. -. En el punto 6), cumplir con las obligaciones urbanísticas arquitectónicas que se deriven de ella. De las anteriores exigencias, no es posible derivar la obligación del urbanizador de canalizar las quebradas que quedan a 200 metros de distancia del proyecto construido y que de acuerdo con el material probatorio recaudado en el expediente, constituyen un peligro para los habitantes de la Urbanización Nuevo Amanecer. Adicionalmente, al municipio le corresponde proteger a los habitantes de su jurisdicción y evitarles daños contingentes. En ese entendido, el Gobierno municipal, mediante el Decreto 000355 de 1999 (Fls. 5 y s.s.), en consideración a que el estudio de INGEOMINAS consigna la susceptibilidad a eventos fluviotorrenciales de las quebradas San Roque y Obando, lo aceptó como fundamento técnico para la toma de decisiones frente a las intervenciones que se pretendan llevar a cabo en el mencionado sector. 13 AP-01594 Es así como en el artículo 3°, el mencionado decreto, consigna que deberán ejecutarse por parte del urbanizador las obras civiles y de arte necesarias para estabilizar, mitigar y proteger los bienes y la población que habite y pretenda

habitar los predios que conforman las manzanas A, B, C, D, E, F y G de la Urbanización Tierra Firme. Con lo anterior, queda probado que el municipio de Ibagué conocía, desde hace varios años, la amenaza que representan las avalanchas que puedan derivarse de las mencionadas quebradas. Por otro lado, no son de recibo los fundamentos del reparo referidos al dictamen pericial, pues la situación de riesgo que ameritó la orden de canalizar las quebradas no se deriva del dictamen; además, para su decisión el a quo observó los estudios y mapas de zonificación de susceptibilidad por avenidas torrenciales de las referidas quebradas, elaborados por INGEOMINAS, los cuales respaldan las recomendaciones realizadas por el perito. Adicional a las recomendaciones de canalización reiteradas por el perito en la ampliación al dictamen obrante a folio 196 del cuaderno principal, la cual no fue objetada, tenemos que en el informe, obrante a folios 198 y s.s. del cuaderno principal, fechado 9 de enero de 2007, correspondiente a la visita practicada por el Ingeniero Contratista Javier Gutiérrez Martínez, dirigido a la Subdirección de Calidad Ambiental - CORTOLIMA, en el acápite de conclusiones y recomendaciones, consignó, entre otras, las siguientes: “-. Es importante implementar sistemas de prevención, con la alcaldía municipal y entes encargados de prestar colaboración referente al riesgo y conciencia de las comunidades. -. Se requiere establecer medidas de control para la estabilización de taludes susceptibles a sufrir deslizamientos.

-. Prevención, este programa debe ser de estado, mediante la legislación y un sistema de manejo de amenaza que permita disminuir los riesgos de deslizamientos en el área determinada. -. Diseñar en detalle el sistema a emplear por parte de la Administración Municipal, incluyendo planos y especificaciones de diseño para la canalización de las quebradas San Roque y Obando AP-01594 14 que pueden ocasionar represamiento y avalancha afectando a los habitantes de la parte baja del sector.” Por lo anterior, considera esta agencia del Ministerio Público que la orden impartida al municipio de Ibagué referida a la canalización de las quebradas de San Roque y Obando, es consecuente con la situación de amenaza de avalancha a la que están expuestos los habitantes de la Urbanización “Nuevo Amanecer” y con la obligación del ente territorial de adelantar planes y programas de prevención y atención de desastres, tendientes a evitar catástrofes que puedan afectar y poner en peligro la vida y bienes de sus habitantes. Adicionalmente, esta orden impartida está encaminada a lograr el fin de la acción popular cual es el evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos.

3. Sobre el reparo de la entidad territorial frente al incentivo reconocido a favor del actor, considera el Ministerio Público que el artículo 39 de la Ley 472 de 1998 lo establece para el demandante de la acción; por tal razón, procede el reconocimiento del incentivo toda vez que se probó que el derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, fue vulnerado y por

tal razón el fallo de primera instancia lo amparó. Luego, la actuación del actor fue eficaz. Es importante observar que la jurisprudencia del Consejo de Estado2 se ha referido al tema en el siguiente sentido: “El artículo 34 ibídem prevé que "la sentencia que acoja las pretensiones del demandante (...) igualmente fijará el monto del incentivo para el actor popular", lo que significa, como lo ha sostenido reiteradamente la Sala, que hay lugar al incentivo en caso de dictarse sentencia estimatoria, (…). La finalidad del incentivo está recogida en su propia denominación, esto es, motivar a las personas, naturales o jurídicas, para que se interesen por la efectividad de este mecanismo de defensa judicial de los derechos colectivos, habida cuenta de que por tratarse de derechos difusos usualmente no hay quienes estén dispuestos a remunerar el ejercicio de dicha acción, siendo cuestión muy distinta la de la tasación del mismo, la cual dependerá de la actividad y dedicación que el actor hubiere desplegado en función del desarrollo del proceso. 2 Sentencia de 17 de diciembre de 2005, Sección Primera, C.P. Dr. Rafael E. Ostau De Lafont Planeta, Rad. 41001233100020040000501. 15 AP-01594 En efecto, el legislador al crear la figura del incentivo económico buscó fundamentalmente ofrecer un estímulo a los demandantes en las acciones populares por haber procurado la defensa de los derechos colectivos consagrados en la ley y, de esta forma, conseguir que las demás personas naturales o jurídicas ejerzan ese mecanismo judicial para efectivizar los derechos e intereses de la comunidad.

(…)

5. En la sentencia C-459 de 2004 mediante la cual la Corte Constitucional declaró exequible el artículo 39 de la Ley 472 de 1998, dicha Corporación precisó lo siguiente en torno a la naturaleza del incentivo en la acción popular y a los criterios para su fijación: "6.1. El articulo 39 de la ley 472 de 1998 establece un incentivo a favor del demandante triunfante en una acción popular, cuyo monto debe ser fijado por el juez dentro de un rango que oscila entre los diez (10) y los ciento cincuenta (150) salarios mínimos mensuales. Por lo tanto, se trata de un incentivo que no queda atado a la mera discrecionalidad del juez, toda vez que dentro de los topes fijados, en cada proceso él debe ponderar tanto la trascendencia que la sentencia a dictar puede tener en torno a los derechos e intereses colectivos reivindicados efectivamente, como la mayor o menor diligencia desplegada por el actor durante todo el proceso A lo cual concurre eficientemente el acervo probatorio debidamente valorado por el juez. (…) "El incentivo económico es una manera de compensar la carga que asume el demandante, pues de no existir seria una carga desproporcionada para quien inicia la acción. ..."(Resalta (a Sala)”.

6. En el anterior contexto, es claro para la Sala que el numeral 4° del fallo apelado debe ser revocado, puesto que el presente proceso concluyó con un