PGN - ACCION POPULAR - Para la protección al patrimonio público según jurisprudencia consejo de esta

ACCIÓN POPULAR-Para la protección de derechos e intereses colectivos ACCIÓN POPULAR-Derechos e intereses colectivos de la moralidad administrativa y la defensa del patrimonio público DERECHOS COLECTIVOS-A la defensa del patrimonio público ACCIÓN POPULAR-Para la protección al patrimonio público según Jurisprudencia Consejo de Estado ACCÍÓN POPULAR-Violación de derechos e intereses colectivos al no realizarse obras de mantenimiento sobre bienes de uso público ACCIÓN POPULAR-Jurisprudencia del Consejo de Estado respecto al derecho colectivo al patrimonio público ACCIÓN POPULAR-Violación de derechos colectivos al dejarse inconclusas obras sobre bienes de uso público generando detrimento patrimonial/CONTRATO ESTATAL-La falta de ejecución total del contrato causa detrimento del patrimonio público De acuerdo con lo demostrado en el proceso, la obra se encuentra inconclusa, la parte construida en estado de abandono según lo evidenciado en la inspección judicial efectuada el 15 de septiembre de 2008 y cinco años después no se ha reanudado ni realizado la construcción del muelle de Lancheros, lo que genera un evidente detrimento patrimonial. ACCIÓN POPULAR-Deber de probar que con el actuar de la entidad se vulnera o existe amenaza inminente en contra de un derecho colectivo/ INVERSIÓN DE RECURSOS PUBLICOS-En obras inconclusas trasgrede el principio de responsabilidad Se puede concluir que le asiste razón al accionante, que hubo deficiencias en la planeación y ejecución de la obra y que el posterior abandono de la misma indican que el derecho colectivo al patrimonio público se encuentra amenazado, dado que hubo una

considerable inversión de recursos públicos en una contratación inconclusa que no atiende los fines de servicio público, ni satisface las necesidades colectivas ya que los elementos construidos se encuentran a la intemperie, en estado de abandono y en visible deterioro lo que puede conducir a que cuando se reanuden las obras tengan que invertirse nuevos recursos en su recuperación y generar mayores gastos al erario público.

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750 Ext: 12056 FAX: 12094 2 Rad. 88001233100020100002602 ACCIONES POPULARES-Incentivo económico ACCIONES POPULARESLa eliminación del incentivo económico es una norma sustantiva de aplicación inmediata ACCIÓN POPULAR-No es posible reconocer al actor popular el incentivo económico reclamado En relación con el incentivo para el actor popular, solicitado en la demanda en virtud de su colaboración, porque se protegieron los derechos colectivos amparados en la providencia de primera instancia, este se debe negar .Si bien los artículos 39 y 40 de la ley 472 de 1998 establecían un estímulo para los actores populares, por cuya gestión se protegían los derechos colectivos, ambas normas fueron derogadas por la ley 1425 de 2010. De conformidad con las anteriores consideraciones, el Ministerio Público solicita a la H. Sala confirmar la sentencia impugnada.

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3 Rad. 88001233100020100002602

PROCURADURÍA PRIMERA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

CONCEPTO No. 120/2014

Bogotá D. C., 11 de junio de 2014 Señores

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA SUBSECCIÓN C

Consejera Ponente doctora OLGA MELIDA VALLE DE DE LA HOZ

E. S. D.

Ref: Proceso 88001233100020100002602

Acción Popular

Actor: Radley Bent Bent

Demandado: Ministerio de Transporte – Instituto Nacional de Vías INVIAS El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala su concepto en el proceso de la referencia.

1. ANTECEDENTES 1.1. PRETENSIONES El 8 de julio de 2010 (fl. 3vto C. 1), el señor Radley Bent Bent demandó al Ministerio de Transporte – Instituto Nacional de Vías INVIAS, en procura de la protección a los derechos e intereses colectivos a la moralidad administrativa, defensa del patrimonio público, el goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público. Sostuvo que el Estado a través del Ministerio de Transporte suscribió con INVIAS el contrato No 1982 de 2006, cuyo objeto era la construcción del Muelle de Lancheros en un predio del departamento Archipiélago San Andrés, Providencia y Santa Catalina, ubicado al lado sur de las Torres Sunrise Beach de San Andrés Isla, por valor de $512.980.000.oo y que la ejecución del contrato se inició el 01-03.2007 y finalizó el 30-06-2008, sin que se

hubiese terminado la obra. Que el Ministerio de Transporte reporta en su boletín “vías acuáticas a fecha marzo 2009”, la construcción de los flotantes de la pasarela sur del muelle, junto con su embarcadero, pero aun así, no se cumplió con la meta que era dejarla en funcionamiento, porque se contrató la obra sin previa consulta y sin haber obtenido la viabilidad ambiental de parte de Coralina, ni de la Dimar como autoridad de la jurisdicción. Que según el informe, para la culminación de la obra se requiere de una adición presupuestal de $1.300.000.000.oo y que la obra actualmente se encuentra

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750 Ext: 12056 FAX: 12094 4 Rad. 88001233100020100002602 abandonada, lo cual constituye un claro detrimento patrimonial y una vulneración a la moralidad administrativa. Que según denuncia del 25 de mayo hecha por el Veedor de Control Ciudadano, y publicada en el periódico THE ARCHIPIELAGO PRESS, dos módulos de la pasarela fueron trasladados hacia el “inconcluso” muelle de los pescadores que colinda con la Pesquera Antillana, en la Zona Industrial bajo la administración de Acción Social de la Presidencia de la República. Que se ordene a las entidades accionadas las acciones y operaciones administrativas pertinentes para la ejecución de las obras, instalación y puesta en funcionamiento del muelle de la Cooperativa de Lancheros de la Isla de San Andrés y se condene a las accionadas, por el abandono del muelle, por la

afectación a la moralidad administrativa y atentar contra el patrimonio público. Que se reconozca el correspondiente incentivo económico de acuerdo al artículo 40 de la Ley 472 de 1998. Mediante auto de 26 de septiembre de 2012 (fls. 298 a 300 C. 1) el H. Consejo de Estado decretó la nulidad de todo lo actuado a partir del auto admisorio de la demanda, teniendo en cuenta que no fue notificado el Ministerio de Transporte, pese a ser una de las entidades contra las cuales se dirigió la demanda. Por auto de 23 de enero de 2013 (fls. 306 y 307 C. 1) se ordenó notificar al señor Ministro de Transporte y al Director del Invías y vincular al Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y a la Corporación para el Desarrollo Sostenible CORALINA. 1.2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA - La Gobernación del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (fls. 308 a 310 C. 1) sostuvo que el predio dispuesto para la construcción del muelle no es de propiedad del departamento, es un bien de uso público bajo la jurisdicción de DIMAR. Indicó que el ente territorial tiene conocimiento de la suscripción del contrato 1982 de 2006, pero desconoce los motivos por los cuales no se ejecutó en su totalidad. Señaló que el ente territorial no tiene responsabilidad alguna respecto de los hechos narrados en la demanda, dado que fue un proyecto adelantado directamente por Invías, sin la intervención del departamento. - La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina-CORALINA (fls. 321 a 324 C. 1 )

manifiesta que mediante Acuerdo No. 015 del 14 de septiembre de 2007, la entidad otorgó viabilidad ambiental al INVIAS para la etapa de construcción del proyecto de diseño y construcción del Muelle de Lancheros para ser desarrollado en Sunrise Park en San Andrés. Que no obstante lo anterior, y estando en ejecución la obra, la entidad encargada del proyecto incumplió algunas de las condiciones aprobadas, por lo que se hicieron los requerimientos del caso. De las respuestas de la entidad se pudo colegir que el proyecto no tuvo una planeación juiciosa y adecuada, ni el cronograma ni los recursos presupuestales necesarios para su ejecución, así como tampoco los diseños, situación que escapa al resorte de CORALINA.

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750 Ext: 12056 FAX: 12094 5 Rad. 88001233100020100002602 Propuso como excepción la “falta de legitimación por pasiva”, por cuanto su intervención en el proyecto se limitó a su viabilidad ambiental. - El Instituto Nacional Vías INVIAS (fls. 325 a 340 C. 1) argumentó que INVIAS suscribió el contrato No. 1982 de 2006 para los estudios y las obras del Muelle Lancheros de San Andrés, el cual se encuentra en un predio destinado por la Gobernación para su guarda y protección, conforme a la entrega del Muelle de Lancheros fase 1 denominada “entrega por parte de INVIAS a la Gobernación de San Andrés para su custodia de los elementos construidos en desarrollo del contrato ejecutado por el INVIAS para el mejoramiento del servicio de transporte

marítimo del Muelle de Lancheros en el sector Sunrise Park, Isla de San Andrés”. Que el muelle fue construido con elementos que fueron almacenados por la Gobernación en sitio cerrado en sus oficinas. Indicó que no es cierto lo afirmado por el demandante de estar frente a una perdida millonaria de bienes del Estado, dado que los flotantes se encuentran bajo custodia de la entidad territorial. Sostuvo que el INVIAS y el ente departamental han desarrollado labores de mantenimiento periódico, cubriendo los flotantes para su protección con plásticos debidamente amarrados, cortando el pasto de sus alrededores y humectando la pintura para su conservación y que contrario a lo afirmado por el actor, las obras desde su inicio contaron con todos los permisos ambientales y de la autoridad marítima correspondiente. Esta última por parte de la Gobernación por cuanto será la operadora del muelle. Afirma que no es cierto que los dos módulos flotantes se hayan desaparecido, por el contrario dichos elementos fueron entregados a la Gobernación mediante oficio No. 19792 del 11 de mayo de 2010. Posteriormente, la Subdirección Marítima y Fluvial de INVIAS solicitó a la Gobernación entregar de manera provisional a la dependencia ACCION SOCIAL, de la Presidencia de la República, en consideración a la petición de esta última y las necesidades de la comunidad pesquera de la Isla, para su uso adecuado de manera provisional dos módulos con su respectivo tablado y una pasarela metálica con su respectivo tablado, para el proyecto denominado “Terminal Artesanal Pesquero” y según compromiso de

Acción Social los cuales serían devueltos, a solicitud de INVIAS o su delegado, el otorgamiento de la Concesión portuaria a ASOPACFA, para el uso del muelle Old Point y la construcción de un nuevo muelle para el Terminal Artesanal Pesquero y en las mismas condiciones en que fueron entregados, esto es en perfecto estado para su funcionamiento. Agrega que el demandante desconoce que el INVIAS ha venido y viene adelantando actividades y gestiones para la asignación de recursos necesarios para la culminación del muelle motivo de la controversia. Tan es así que desde el inicio del proyecto el Instituto Nacional de Vías consideró que los recursos eran insuficientes para la realización de las obras, sin embargo en reiteradas ocasiones solicitó recursos al Departamento Nacional de Planeación, al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo e incluso a la misma Gobernación de San Andrés.

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750 Ext: 12056 FAX: 12094 6 Rad. 88001233100020100002602 Propuso como excepción la “inexistencia del objeto de la demanda” en razón a que por virtud del oficio AVT-382 de agosto de 2011, proferido por el Viceministro de Turismo, actualmente se está preparando un convenio con FONADE para la ejecución del Muelle de Lancheros de la Isla, en donde ya fueron adjudicadas las consultorías por parte de FONADE para los estudios y ajuste de diseño para la ejecución de las obras de montaje y anclaje del referido muelle, reiterando que los módulos flotantes existentes son operativamente viables y están listos para su

montaje. - El Ministerio de Transporte guardó silencio. 1.3. AUDIENCIA DE PACTO DE CUMPLIMIENTO El 5 de julio de 2013 se llevó a cabo la audiencia que por falta de acuerdo se declaró fallida (fl. 340 C. 1). 1.4. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (fls. 492 a 506 C. Consejo de Estado) amparó los derechos colectivos al patrimonio público y a la defensa de los bienes de uso público amenazados por el INVIAS, con ocasión de la construcción del Muelle de Lancheros en el sector de Sunrise Park de San Andrés, argumentando que es imperioso y urgente que se produzca la terminación del Muelle de Lancheros de la Isla, para el cumplimiento de los fines estatales y evitar que se produzca un mayor deterioro de la fase iniciada y no terminada, en orden a prevenir y conjurar la amenaza al patrimonio del Estado y ordenó que INVIAS en asocio con el Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, beneficiario de las obras, gestione los recursos necesarios tendientes a la reanudación, culminación y entrega al servicio de la comunidad de la obra prevista para el mejoramiento del servicio de transporte marítimo de pasajeros, consistente en la construcción del Muelle de Lancheros en el en el sector de Sunrise Park de San Andrés. Para tal efecto otorgó un plazo no mayor a seis (6) meses. 1.5. LA IMPUGNACION El Instituto Nacional de Vías INVIAS (fls. 507 a 513 C Consejo de Estado) solicitó

se tenga como parte integrante de la sustentación del recurso lo expuesto en la contestación de la demanda y reiterado en los alegatos de conclusión. Precisó que el INVIAS inicialmente con los recursos apropiados por el intersubsectorial de Presidencia, contrató la ejecución del proyecto a través del contrato No. 1982 de 2006 y como producto de dicha ejecución se construyeron ocho módulos flotantes, para la pasadera respectiva y la cerrajería necesaria para su instalación, hasta donde alcanzaron los recursos colocados. Alega que quedaron probadas dentro del proceso las diferentes actividades realizadas por el INVIAS con el propósito de obtener recursos suficientes para terminar la obra comprometida en el consejo comunal, inclusive solicitó al

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750 Ext: 12056 FAX: 12094 7 Rad. 88001233100020100002602 Departamento Archipiélago de San Andrés el aporte de recursos para la ejecución del proyecto, sin embargo no obtuvo respuesta positiva. Solo en el año 2012 y 2013 el Ministerio de Desarrollo, Comercio y Turismo informó que a través de FONADE se iniciarían los trámites necesarios para lograr la ejecución de las obras, no solo de la construcción del Muelle de Lancheros sino además se acometerían obras en Jhonny Cay. Argumenta que FONADE mediante oficio No. 20132310195501 de 17 de agosto de 2013 (fls 379 a 382 C. 1), dando respuesta al oficio No. 0855 del Tribunal de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, envía informe pormenorizado de las

actuaciones que se vienen realizando para la ejecución de las obras en el Muelle de Lancheros y además para la construcción de una plataforma para instalar en el muelle existente en Jhonny Cay de la Isla San Andrés. Destaca que lo expuesto por FONADE fue corroborado por el representante judicial del Departamento Archipiélago de San Andrés en la audiencia de pacto de cumplimiento. Agrega que INVIAS ha realizado todas las actividades y cumplido todas sus funciones ajustándose no solo a las normas presupuestales y financieras, sino también a todos los aspectos técnicos y estructurales.

2. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. PROBLEMA JURÍDICO Para resolver lo planteado en la apelación es necesario precisar el sentido y alcance del derecho colectivo que se dice fue vulnerado.

DE LA PROTECCION AL PATRIMONIO PÚBLICO El Consejo de Estado, acerca del contenido y alcance del derecho objeto de análisis, ha señalado 1: “Este derecho colectivo es la potestad y expectativa que se radica en cabeza de los asociados, de esperar que el conjunto de bienes, derechos y obligaciones del Estado, estén adecuadamente destinados a la finalidad que se les ha señalado constitucional y legalmente, de tal forma que sean asignados según los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico, y con criterios de eficiencia y rectitud. La Corporación, acerca del contenido y alcance del derecho objeto de análisis, en oportunidad previa puntualizó: “Por patrimonio público debe entenderse el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que pertenecen al Estado, tanto los que se hallan en cabeza de la Nación

como de las personas jurídicas estatales… El derecho o interés colectivo a su defensa viene a ser, entonces, la aptitud o legitimación que tienen todas las personas en Colombia para esperar que tales bienes se preserven y se apliquen a los fines que corresponden, de modo que su tenencia, uso y disposición se haga con celo y cuidado, por ende con sujeción a las disposiciones y formalidades que los regulan, de suerte que el Estado no sea privado de los mismos de manera contraria al ordenamiento jurídico…”2 1 Sentencia del 20 de mayo de 2013. Radicación número: 25000-23-26-000-2010-03126-01(AP). 2 Cita textual del fallo: Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 19 de febrero de 2004, exp. 2002-559, M.P. Rafael Ostau de Lafont Pianeta. Ver igualmente, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 5 de febrero de 2004,

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750 Ext: 12056 FAX: 12094 8 Rad. 88001233100020100002602 “El derecho colectivo al patrimonio público tiene una doble naturaleza en el ordenamiento jurídico colombiano, de un lado puede hablarse de una dimensión subjetiva, la cual le otorga el calificativo de derecho y que conlleva la posibilidad de que cualquier ciudadano pida su protección mediante la acción popular; de otro, una dimensión objetiva o de principio que se traduce en la obligación de las entidades públicas de gestionarlo de acuerdo con los postulados de eficiencia y transparencia contemplados en el artículo 209 de la constitución y

cumpliendo la legalidad presupuestal vigente3. Así las cosas, el derecho colectivo estudiado tiene a su vez dos elementos: 1. La existencia de un patrimonio de propiedad de una persona pública, y; 2. El análisis de la gestión de ese patrimonio, de forma tal, que si ésta se hace de forma irresponsable o negligente coloca en entredicho el interés colectivo protegido4”5. En similar dirección, se ha afirmado: “El derecho colectivo al patrimonio público alude no solo a ‘la eficiencia y transparencia en el manejo y administración de los recursos públicos sino también a la utilización de los mismos de acuerdo con su objeto y, en especial, con la finalidad social del Estado’6. En tal virtud, si el funcionario público o el particular administraron indebidamente recursos públicos, bien “porque lo hizo en forma negligente o ineficiente, o porque los destinó a gastos diferentes a los expresamente señalados en las normas, afectaron el patrimonio público’7 “El concepto de patrimonio público ‘cobija la totalidad de bienes, derechos y obligaciones, que son propiedad del Estado y que se emplean para el cumplimiento de sus atribuciones de conformidad con el ordenamiento normativo’8. Adicionalmente, el Consejo de Estado ha reconocido que el concepto de patrimonio público también se integra por ‘bienes que no son susceptibles de apreciación pecuniaria y que, adicionalmente, no involucran la relación de dominio que se extrae del derecho de propiedad, sino que implica una relación especial que se ve más clara en su interconexión con la comunidad en general que con el Estado como ente administrativo, legislador o judicial, como por ejemplo, cuando se trata del mar

territorial, del espacio aéreo, del espectro electromagnético etc., en donde el papel del Estado es de regulador, controlador y proteccionista, pero que indudablemente está en cabeza de toda la población’9. “Asimismo, el derecho colectivo a la defensa del patrimonio público implica que los recursos públicos sean administrados de manera eficiente, oportuna y responsable, de acuerdo con las normas presupuestales, con lo cual se evita el detrimento patrimonial10. “A su vez, el Consejo de Estado ha concluido en múltiples ocasiones ‘que la afectación de patrimonio público implica de suyo la vulneración al derecho colectivo de la moralidad administrativa” por cuanto generalmente supone “la falta de honestidad y pulcritud en las actuaciones administrativas en el manejo de recursos públicos’11 exp. 2002-1964, M.P. Ricardo Hoyos Duque. 3 Cita textual del fallo: Cfr. PIMIENTO ECHEVERRI, Julián Andrés. Les biens d’usage public en droit colombien. Tesis doctoral defendida en la Université Panthéon – Assas en el mes de mayo 2011. Pág. 345. 4 Cita textual del fallo: Ibídem. 5 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 8 de junio de 2011, Exp. AP-540, C.P. Enríque Gil Botero 6 Cita textual del fallo: CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia de 13 de febrero de 2006. Exp. AP - 1594 de 2001. 7

Cita textual del fallo: CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia de 6 de

septiembre de 2001. Exp. AP – 163 de 2001. C.P.: Jesús María Carrillo Ballesteros. 8 Cita textual del fallo: CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia de 31 de mayo de 2002. Exp. 13601. C.P.: Ligia López Díaz. 9 Cita textual del fallo: CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 21 de febrero de 2007. Exp. AP 2004-00413C.P.: Mauricio Fajardo Gómez. Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia de 21 de mayo de 2008. Exp. 01423-01.C.P.: Ramiro Saavedra Becerra. 10 Cita textual del fallo: Ibídem. Véase también la Sentencia del 31 de mayo del 2002. Exp. AP-300 que “ (…) la regulación legal de la defensa del patrimonio público tiene una finalidad garantista que asegura la protección normativa de los intereses colectivos, en consecuencia toda actividad pública está sometida a dicho control, la cual, si afecta el patrimonio público u otros derechos colectivos, podrá ser objeto de análisis judicial por medio de la acción popular”.

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750 Ext: 12056 FAX: 12094 9 Rad. 88001233100020100002602 “Por último, es preciso resaltar que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha reconocido que el derecho a la defensa del patrimonio público ostenta doble finalidad: ‘la primera, el

mantenimiento de la integridad de su contenido, es decir prevenir y combatir su detrimento; y la segunda, que sus elementos sean eficiente y responsablemente administrados; todo ello, obviamente, conforme lo dispone la normatividad respectiva’12”13. 2.2. CASO CONCRETO En el proceso obran las siguientes pruebas: - El Instituto Nacional de Vías INVIAS y el señor José Orlando Carmona Prada suscribieron el 24 de octubre de 2006 el contrato No 1982 (fls. 8 a 12 C. 2) cuyo objeto consistió en el “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE MARÍTIMO DE PASAJEROS MEDIANTE EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE DE LANCHEROS EN EL SECTOR SUNRISE PARK. ISLA DE

SAN ANDRES”.

En el clausulado del contrato se estipuló: “CLAUSULA SEGUNDA. VALOR DEL CONTRATO. El valor de este contrato se estima de CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO NUEVE PESOS ($488.148.109.oo) MONEDA CORRIENTE, equivalente a 1.196.44 salarios mínimos legales mensuales. El valor de los precios de obra será la suma de los productos que resulten de multiplicar las cantidades de obra ejecutadas, por los precios unitarios estipulados en la propuesta del CONTRATISTA en el documento lista de cantidades de obra, precios unitarios y valor total de la propuesta. Las cantidades de obra son aproximadas y están sujetas a variaciones. PARAGRAFO PRIMERO: En oficio de fecha 02 de octubre de 2006 EL CONTRATISTA manifiesta que para la licitación SMF-275-2006 su

AIU es del veinticinco por ciento (25%) discriminado así: Administración del diecinueve por ciento (19%), imprevistos del tres por ciento (3%) y utilidad del tres por ciento (3%). (…) “(…) “CLAUSULA CUARTA. PLAZO. El plazo para la ejecución de los trabajos será de siete (7) meses, discriminados así: dos (2) meses para estudios complementarios, diseño del muelle de lancheros y los correspondientes trámites ante la Secretaría de Planeación Departamental y cinco (5) meses para la etapa de construcción contados a partir de la orden de iniciación que impartirá el Subdirector de Marítima y Fluvial del INSTITUTO, la cual se impartirá previo al cumplimiento de los requisitos establecidos en la cláusula de “perfeccionamiento y Ejecución”, (…) - Mediante oficio No. SMF 026917 del 19 de julio de 2007 suscrito por el Subdirector de Marítimo y Fluvial de INVIAS y dirigido al Secretario de Infraestructura de la Gobernación de San Andres se solicitó la viabilidad de que la Gobernación aporte recursos para la terminación del muelle (fl. 31 C. 4). - Por acuerdo No. 015 del 14 de septiembre de 2007 la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina - CORALINA otorga viabilidad ambiental u autorización al INVIAS o a 11 Cita textual del fallo: Véase CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. 12 de octubre de 2006. Exp. AP 857 -01.C.P.: Ruth Stella Correa Palacio.

12 Cita textual del fallo: CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia de 21 de mayo de 2008. Exp. 01423-01. C.P. Ramiro Saavedra Becerra. “De allí su consagración expresa en el literal e) y f) del artículo 4º de la Ley 472 de 1998, como derecho a la “defensa del patrimonio público” y “defensa del patrimonio cultural de la Nación”. 13 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 8 de junio de 2011, Exp. AP-1330, C.P. Jaime Orlando Santofimio.

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750 Ext: 12056 FAX: 12094 10 Rad. 88001233100020100002602 quien haga sus veces al momento de la notificación, para la etapa constructiva del proyecto denominado “Mejoramiento del Servicio de Transporte de pasajeros mediante el diseño y construcción del Muelle de Lancheros, a ser desarrollado en el sector de Sunrise Park, en la Isla de San Andrés (fls. 8 a 10 C. 4) - Copia de la comunicación COR/SJ-1826 del 23 de noviembre de 2007 con la cual CORALINA informa que mediante acuerdo No. 15 del 14 de septiembre de 2010 se resuelve favorablemente la autorización para el Muelle de Lancheros y que el acto administrativo fue debidamente notificado el 9 de noviembre de 2007 (fl. 7 C. 4). - Mediante memorando SFM 3710 del 30 de enero de 2008 suscrito por la Jefe de

la Oficina Asesora de Planeación de INVIAS y dirigido al Subdirector de Marítimo y Fluvial del mismo instituto se solicitaron recursos a la Oficina de Planeación de INVIAS para la terminación del muelle (fls. 32 y 33 C. 4). - En memorando OAP 4510 del 4 de febrero de 2008 suscrito por la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación de INVIAS y dirigido al Subdirector de Marítimo y Fluvial del mismo instituto se informa que se realizaron las concertaciones del caso para la asignación de recursos con el Ministerio de Transporte (fls. 34 y 35 C. 4). - En memorando SFM 6347 del 13 de febrero de 2008 suscrito por el Subdirector de Marítimo y Fluvial de Invías y dirigido a la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación del mismo instituto se envía el ajuste al plan de inversiones y las de los proyectos en el cual se incluye el Muelle de los Lancheros (fls. 36 a 53 C. 4). - Mediante oficio No. SMF 9365 del 11 de marzo de 2008 suscrito por el Subdirector de Marítimo y Fluvial de INVIAS y dirigido al Gobernador del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se le solicita la viabilidad de que la Gobernación aporte recursos para la terminación del muelle (fl. 54 C. 4). - Por oficio No. SMF 015482 del 23 de marzo de 2008 suscrito por el Subdirector de Marítimo y Fluvial de INVIAS y dirigido al Gobernador del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se le reitera la instrucción del Ministerio de

Transporte para que el proyecto sea presentado por esa Gobernación ante Regalías para su financiación total (fl. 55 C. 4). - Documento denominado “Acta de Entrega del Muelle de Lancheros Fase 1” del 15 de septiembre de 2008, mediante el cual Invías hace entrega a la Gobernación de San Andrés lo construido en la primera fase del muelle “pasarela flotante sur con su respectivo embarcadero, igualmente flotante. (…) La Gobernación no se hace responsable por el deterioro normal que pueda sufrir la estructura por causas del medio ambiente o paso del tiempo”. (fls. 134 a 138 C. 2) - En memorando SFM 96 del 5 de enero de 2009 suscrito por el Subdirector de Marítimo y Fluvial de Invías y dirigido a la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación del mismo instituto se solicitan recursos a la Oficina de Planeación e Invías para la terminación del Muelle (fl. 56 C. 4).

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750 Ext: 12056 FAX: 12094 11 Rad. 88001233100020100002602 - Mediante memorando SFM 14891 del 17 de marzo de 2009 suscrito por el Subdirector de Marítimo y Fluvial de Invías a la Subdirección Red Terciaria y Férrea del mismo Instituto se solicitaron recursos a la Oficina de Planeación de INVIAS para la terminación del muelle (fl. 57 C. 4). - Por oficio No. SMF 34814 del 13 de agosto de 2009 suscri