PGN - ACOSO LABORAL DE SERVIDORES PUBLICOS - Competencia para tramitar los procesos disciplinarios

ACOSO LABORAL DE SERVIDORES PÚBLICOS-Competencia para tramitar los procesos disciplinarios De conformidad con el inciso 2° del artículo 12 de la ley 1010 de 2006 tratándose de servidores públicos ajenos a la órbita de la competencia de la jurisdicción disciplinaria, la competencia para investigarlos disciplinariamente por los hechos constitutivos de acoso laboral radica en las entidades que integran el Ministerio Público. En consecuencia, habiéndose tramitado el procedimiento conciliatorio previsto en el artículo 9° de la ley 1010, con ocasión de un episodio eventualmente constitutivo de acoso laboral que comprometía a dos funcionarias de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, es lógico entender que la mencionada entidad remita las diligencias a la Procuraduría General de la Nación y, con mayor razón, a la dependencia que ya venía tramitando un proceso de igual naturaleza. Ahora bien, si hay lugar a predicar o no la conexidad de las diligencias, en atención a la naturaleza del asunto o a la identidad de los sujetos partícipes de la relación conflictiva, aunque varíen el extremo en que se ubican (acosador y acosado), es lo que autónomamente debe definir la dependencia a cargo de la investigación. En todo caso, las decisiones que pudiere adoptar no pueden ser distintas de la acumulación material del expediente a la actuación disciplinaria ya existente o la tramitación separada del asunto, previa radicación y reparto, siempre que en el Despacho de origen se hubiere tramitado ya el procedimiento conciliatorio.

CONFLICTO DE COMPETENCIAS-En los procesos disciplinarios De la esencia de la figura jurídica regulada en el artículo 82 de la ley 734 de 2002, es que los funcionarios partícipes de un conflicto de competencias positivo o negativo, tengan un superior común inmediato. De lo contrario, estaremos en presencia no de un “conflicto de competencias” sino de una simple “remisión por competencia”. Por esa razón es que el legislador ha previsto que el funcionario de inferior nivel no puede promover conflicto de competencias al superior pero puede, en todo caso, exponer las razones que le asisten con relación al tema. Téngase en cuenta, sin embargo, que en materia disciplinaria la Procuraduría tiene un poder preferente, atribución que la autoriza tanto para asumir procesos que cursan o pudieren cursar en otros escenarios disciplinarios (Oficinas de Control Disciplinario Interno o Personerías Municipales, por ejemplo) como para decidir que no ejerce la señalada atribución, disponiendo que el asunto sea tramitado por su “juez natural disciplinario”. Con todo, si bien es cierto que la autoridad que recibe las diligencias remitidas por quien se estima incompetente (en el caso del conflicto negativo), está facultada para resolver de plano lo pertinente, su decisión deberá estar antecedida de la verificación del requisito de procedibilidad de la acción y de la competencia legalmente asignada. Bogotá D.C., 24 de agosto de 2011 PAD

C-085-2011

Doctor

DARIO GARZON GARZON

Procurador Primero Distrital Carrera 10 N° 16-82 Piso 9° Bogotá D.C.

Ref.: Su oficio del 19 de mayo de 2011 (SIAF 160778-2011).

Respetado Doctor: En el escrito de la referencia usted pregunta cuál es, entre la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Procuraduría Distrital a su cargo, desde el punto de vista funcional, la dependencia que tiene la categoría de “superior”.

La pregunta anterior se enmarca en el supuesto fáctico que a continuación se enuncia: Esa Procuraduría Distrital viene tramitando un proceso disciplinario por acoso laboral, contra una funcionaria de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, luego de agotar el procedimiento preventivo dispuesto en el artículo 9° de la ley 1010 de 2006. Posteriormente, la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Superintendencia mencionada, remitió a la Procuraduría Distrital otro expediente por hechos distintos, pero en el cual la quejosa del primero pasó a ser acusada y la investigada acusadora o denunciante. Aduce en su escrito que la Distrital no comparte las razones de la remisión, por cuanto se trata de hechos distintos en los cuales la quejosa y la investigada invierten su condición, lo que impide afirmar la existencia de conexidad. Finalmente, informa que la Superintendencia ha optado por plantear una colisión de competencias en virtud de lo dispuesto en el artículo 82 del Código Disciplinario Único. En primer lugar, he de advertirle que la función consultiva asignada a este Despacho, (artículo 9, numeral 3 del Decreto 262 de 2000), no permite absolver

casos particulares o concretos; así se ha establecido en la Resolución número 127 del 3 de abril de 2008, proferida por el señor Procurador General de la Nación, reglamentando el ejercicio del derecho de petición en este organismo de control; Procuraduría Auxiliar para Asuntos Disciplinarios 2 Carrera 5 N° 15-80 piso 23 PBX 5878750 Ext. 12336 www.procuraduria.gov.co con mayor razón, los casos puntuales no serán atendidos si los hechos son susceptibles de procesos disciplinarios. Por lo tanto, las respuestas en estos casos se deben limitar a suministrar elementos de juicio de carácter general y abstracto que sirvan para ilustrar el tema que interesa al peticionario. Hecha esta precisión metodológica, pasa el Despacho a abordar dos temas en que se impone tener claridad: LA COMPETENCIA PARA TRAMITAR LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS DERIVADOS DEL ACOSO LABORAL: En el inciso 2° del artículo 12 de la ley 1010 de 2006 se lee: “Cuando la víctima del acoso laboral sea un servidor público, la competencia para conocer de la falta disciplinaria corresponde al Ministerio Público o a las Salas Jurisdiccional Disciplinaria de los Consejos Superior y Seccionales de la Judicatura, conforme a las competencias que señala la ley.” Así las cosas, en tratándose de servidores públicos ajenos a la órbita de la competencia de la jurisdicción disciplinaria, la competencia para investigarlos disciplinariamente por los hechos constitutivos de acoso laboral radica en las entidades que integran el Ministerio Público. Veamos entonces lo que sobre el

particular dispone el artículo 118 de la Norma Superior: ARTICULO 118. El Ministerio Público será ejercido por el Procurador General de la Nación, por el Defensor del Pueblo, por los procuradores delegados y los agentes del ministerio público, ante las autoridades jurisdiccionales, por los personeros municipales y por los demás funcionarios que determine la ley. Al Ministerio Público corresponde la guarda y promoción de los derechos humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas. En consecuencia, habiéndose tramitado el procedimiento conciliatorio previsto en el artículo 9° de la ley 1010, con ocasión de un episodio eventualmente constitutivo de acoso laboral que comprometía a dos funcionarias de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, es lógico entender que la mencionada entidad remita las diligencias a la Procuraduría General de la Nación y, con mayor razón, a la dependencia que ya venía tramitando un proceso de igual naturaleza. Ahora bien, si hay lugar a predicar o no la conexidad de las diligencias, en atención a la naturaleza del asunto o a la identidad de los sujetos partícipes de la relación conflictiva, aunque varíen el extremo en que se ubican (acosador y acosado), es lo que autónomamente debe definir la dependencia a cargo de la investigación. En todo caso, las decisiones que pudiere adoptar no pueden ser distintas de la acumulación material del expediente a la actuación disciplinaria ya existente o la tramitación separada del asunto, previa radicación y reparto,

siempre que en el Despacho de origen se hubiere tramitado ya el procedimiento conciliatorio. Procuraduría Auxiliar para Asuntos Disciplinarios 3 Carrera 5 N° 15-80 piso 23 PBX 5878750 Ext. 12336 www.procuraduria.gov.co ALCANCE DEL CONFLICTO DE COMPETENCIAS AL QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 82 DEL C.D.U.: De la esencia de la figura jurídica regulada en el artículo 82 de la ley 734 de 2002, es que los funcionarios partícipes de un conflicto de competencias positivo o negativo, tengan un superior común inmediato. De lo contrario, estaremos en presencia no de un “conflicto de competencias” sino de una simple “remisión por competencia”. Por esa razón es que el legislador ha previsto que el funcionario de inferior nivel no puede promover conflicto de competencias al superior pero puede, en todo caso, exponer las razones que le asisten con relación al tema. Téngase en cuenta, sin embargo, que en materia disciplinaria la Procuraduría tiene un poder preferente, atribución que la autoriza tanto para asumir procesos que cursan o pudieren cursar en otros escenarios disciplinarios (Oficinas de Control Disciplinario Interno o Personerías Municipales, por ejemplo) como para decidir que no ejerce la señalada atribución, disponiendo que el asunto sea tramitado por su “juez natural disciplinario”. Con todo, si bien es cierto que la autoridad que recibe las diligencias remitidas por quien se estima incompetente (en el caso del conflicto negativo), está facultada para resolver de plano lo pertinente, su decisión deberá estar antecedida de la

verificación del requisito de procedibilidad de la acción y de la competencia legalmente asignada. Por último, téngase en cuenta que la presente respuesta únicamente constituye un criterio auxiliar de interpretación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 230 de la Constitución Política, 5.º de la Ley 153 de 1887 y 25 del Decreto 01 de 1984. Atentamente,

JUAN CARLOS NOVOA BUENDÍA

Procurador Auxiliar para Asuntos Disciplinarios

C-085-2011

JCNB/MDCR

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