PGN - Documento 201603161656242

Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública Radicación 052-07348-01

Implicados: Luis Eduardo González Gudiño y Manuel M. Mora Ortega

Cargo: Director Entidad: Departamento Administrativo de Salud del Putumayo Quejoso: contraloría General de la República – Gerencia Departamental Fecha hechos: Agosto de 2000

Asunto: Fallo de segunda Instancia

Bogotá D.C., 26 de julio de 2005 RESOLUCIÓN Por medio del cual se resuelve un recurso de apelación CONSIDERANDO 1 ANTECEDENTES Mediante auto del 20 de septiembre de 2001 la Procuraduría Regional Putumayo, con fundamento en el informe de la Gerencia Departamental de Putumayo – Contraloría General de la República, resolvió iniciar Investigación Disciplinaria contra los señores Luis Eduardo González Gudiño y Manuel M. Mora Ortega en calidad de Directores; Jorge Iván Viveros Chávez, como Jefe de la Oficina de Planeación y Dora Janneth Ordóñez Rosas, como Jefe de la División de Participación Social, del Departamento Administrativo de Salud de Putumayo,. (Folios 2 a 6 y 70 a 46) El 16 de octubre de 2003, el Procurador Regional de Putumayo formuló pliego de cargos a los señores Luis Eduardo González Gudiño, Manuel Mesías Mora Ortega, en calidad de Directores, a Jorge Iván Viveros Chávez, como Jefe de la Oficina de Planeación y a Dora Janneth Ordóñez Rosas, como Jefe de la División de Participación Social y mediante la Resolución 037 del 22 de septiembre de 2004,

decidió absolver a los señores Jorge Iván Viveros Chávez y Dora Janneth Ordóñez Rosas y sancionar a los señores Luis Eduardo González Gudiño y Manuel Mesías Mora Ortega, con multa de diez (10) días de salario devengado para la época de los hechos. (Folios 149 a 164 y 423 a 444) Contra lo decidido por la Procuradora Regional, los implicados: Luis Eduardo González Gudiño y Manuel Mesías Mora Ortega, a través de apoderado, presentaron recurso de apelación dentro del término legal. (Folios 453 a 458 y 460 a 465) 2 CARGOS Mediante auto del 16 de octubre de 2003, la Procuradora Regional de Putumayo cuestionó a los servidores públicos LUIS EDUARDO GONZÁLEZ GUDIÑO y MANUEL MESÍAS MORA ORTEGA, en calidad de Directores del Departamento Administrativo de Salud de Putumayo, por los siguientes hechos: (Folios 149 a 159). LUIS EDUARDO GONZÁLEZ GUDIÑO “(…) el 30 de agosto de 2000, autorizó la legalización del avance constituido a nombre del jefe de la Oficina de Planeación de la entidad, Jorge Iván Viveros Chávez, por valor de $5.368.042, sin que existiera contrato alguno y con unos sobre costos del 100%, permitiendo que quien realizó el “Taller de capacitación para funcionarios del Departamento Administrativo de Salud – convivencia y construcción creativa de metas orientadas hacia un bienestar”, obtuviera para sí un indebido incremento patrimonial, (…)” (Folio 154)

NORMAS INFRINGIDAS.

Constitución Política, artículo 6 Decreto 679 de 1994, artículo 25, incisos 2 y 3 Ley 200 de 1995, artículos 25 numeral 4 MANUEL MESÍAS MORA ORTEGA (…) el 22 de agosto de 2000, constituyó un avance por valor de $5.400.000, a nombre de Jorge Iván Viveros Chávez, para “… cubrir gastos que demande la capacitación para funcionarios de DASALUD sobre convivencia y construcción creativa de metas orientadas hacia el bienestar …”, sin que previamente hubiere ordenado dicho gasto mediante el correspondiente contrato, igualmente se canceló con recursos del PAB dentro del proyecto “Educación para la participación ciudadana en salud”, sin embargo dentro de los lineamientos del mencionado subproyecto no aparece contemplado capacitación para los servidores públicos de la entidad (…), por lo que probablemente transgredió lo ordenado por los incisos 2 y 3 del artículo 25 del decreto 679 de 1994 y el artículo 18 del decreto 111 de 1996, (…)” (Folio 155)

3 NORMAS INFRINGIDAS.

Constitución Política, artículo 6 Decreto 111 de 1996, artículo 18 Ley 200 de 1995, artículo 40 numeral3 Decreto 679 de 1994, artículo 25, incisos 2 y 3 4 DESCARGOS 4.1 El señor LUIS EDUARDO GONZÁLEZ GUDIÑO, fue notificado en legal forma y presentó dentro del término los descargos, a través de apoderado, doctor LIBARDO HERNÁNDEZ BURBANO, mediante escrito del 29 de octubre de 2003 y manifestó lo

siguiente: (Folios 174 a 184, 195) En la vigencia de 2000, el proyecto denominado “Promoción de la Salud” contemplaba subproyectos, entre ellos el 6.6.1 “Participación Social”. El proyecto y el anexo de actividades, incluidos los “Talleres en calidad del servicio” dirigidos a los funcionarios de DASALUD, fueron aprobados por el Ministerio de Salud. (Folio 174) El 9 de agosto de 2000 la Jefe de la División de Participación Social, presentó a consideración del Director la propuesta de trabajo relacionada con el taller de capacitación para funcionarios del Departamento Administrativo de Salud, quien otorgó viabilidad para ejecutar el taller, por cuanto dicha actividad estaba programada en el Plan Operativo Anual. (Folio 175) El Director, mediante comunicación dirigida a la doctora Dora Ordóñez, viabilizó el gasto y ordenó que se efectuara por “administración directa mediante la modalidad de avance por cuanto el “Taller” implicaba una serie de gastos menores incluyendo el pago de los conferencistas”. También manifestó que “(…) para estos eventos existía y existe la modalidad de avances, o sea que es una costumbre inveterada aplicada en DASALUD, y que ha sido objeto de múltiples revisiones por parte de la Contraloría, sin hacer observaciones como puede probarse en cualquier momento”. Insistió en que dicha actuación es un hecho regular, “(…) cuya experiencia ha ido involucrando a todos los funcionarios que han ocupado dichos cargos y que han actuado convencidos y amparados en el principio constitucional de la buena

fe, (…)” (Folios 175 y 177) La defensa argumentó: “(…) la legalización del avance no es de resorte del Director, es un procedimiento que se hace ante tesorería o pagaduría; y que consiste en aportar soportes de gastos realizados en los actos para los cuales fue otorgado. No se olvide que para sacar un avance existe un “acto”, o sea una cuenta que está debidamente autorizada el 22 de agosto de 2000 y que tiene origen en el oficio de viabilidad firmado por el doctor González. (…)” (Folio 181) Frente a la presunta violación del artículo 25 del Decreto 679 de 1994 y al artículo 39 de la Ley 80 de 1993, insiste en que las normas no se vulneraron porque la forma de vinculación de los conferencistas no estaba sujeta a un contrato ya que se había viabilizado el gasto “recurriendo a una forma de “Administración directa” que no es otra cosa que depositar el dinero en manos de un funcionario para que efectúe los pagos correspondientes, teniendo en cuenta la naturaleza del asunto que concretamente se relacionó con el pago de varios ítems, de mínima cuantía que no requieren formalidades plenas. (…)” (Folio 182) Respecto del presunto sobre costo equivalente al 100%, la defensa manifestó que no compartía la decisión porque “(…) no es suficiente (…) obtener una simple cotización, de un servicio intelectual porque este no puede medirse por el acto material, de hacerlo, sino por el contenido intrínseco del mismo y esto se sale del contexto de la simple comparación y cotejo monetario, porque los conocimientos de cada profesional no se miden por el factor dinero, se miden por las calidades y cualidades y estas son las que influyen en el precio de la

oferta y la demanda, por lo tanto tomar como prueba el criterio de la Contraloría resulta muy subjetivo y jamás podrá alcanzar la solidez para soportar un pliego de responsabilidades, de allí que esa prueba no es suficiente para censurar a los implicados y calificados como culpables del sobre costo”. (Folio 179) 4.2 El señor MANUEL MESIAS MORA ORTEGA, fue notificado en legal forma y presentó dentro del término los descargos, a través de apoderado, doctora PATRICIA RODRÍGUEZ ZAMBRANO, quien mediante escrito del 30 de octubre de 2003, manifestó lo siguiente: (Folios 165, 255 y 256 a 264) El taller realizado a los funcionarios de DASALUD, si estaba incluido en el PAB y obedecía la proyecto 6.6.1 denominado “Educación para la participación comunitaria en salud en el Departamento del Putumayo”, con su correspondiente Plan Operativo numeral 8 (VER ANEXO) y el POA para la realización de dicho taller. El PAB y todos sus componentes (proyectos y subproyectos) fueron aprobados por el Ministerio. (Folios 259 y 260) Con respecto al avance, manifestó que éste “(…) obedeció a la autorización espedida con anterioridad por el Director titular, mediante visto bueno de la documentación presentada por la Oficina de Participación Social y luego ordenada mediante oficio dirigido a la Jefe de División de Participación Social, en donde se precisa la autorización del avance para realizar los gastos del taller por administración directa, (…)” y agregó que su poderdante no participó en la planeación del subproyecto y el Plan Operativo del

Taller, ni en la ejecución del avance” (Folio 260) Argumentó que se debía tener en cuenta que “(…) en la Institución el otorgamiento de avances de pequeñas cuantías y de necesidad inmediata se realiza a lo largo del tiempo por sistema de avances, sin que los organismos de control hayan cuestionado la utilización de este sistema a pesar del sin número de auditorias, (…) nunca fueron cuestionados por lo tanto se entiende en uso de la buena fe que el sistema de avance se puede hacer, más aún teniendo en cuanta el decreto por el cual se dictan normas para suprimir y reformar las regulaciones, trámites y procedimientos N° 266 de 22 de febrero de 2000, artículo 19 (…)”.(Folio 260) 5 ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 5.1 La doctora PATRICIA RODRÍGUEZ ZAMBRANO, apoderada del señor LUIS EDUARDO GONZÁLEZ GUDIÑO, presentó dentro del término alegatos de conclusión, así: (Folios 408 a 412) El Plan de Atención Básica de DASALUD PUTUMAYO, se elaboró de acuerdo con las directrices del Ministerio de Salud y contó con el concepto técnico favorable del Director de Salud Pública del mismo ministerio. Dentro de dicho Plan se encontraba el proyecto denominado “Promoción de la Salud” integrado por seis subproyectos, entre ellos “Educación para la participación comunitaria en salud en el departamento de Putumayo”. (Folios 408, 409 y 410) El 10 de agosto de 2000, el Director de DASALUD, viabilizó la realización del taller de capacitación para funcionarios del Departamento Administrativo de Salud y manifestó

que “para los gastos que ocasionen dichos talleres se procederá a hacerlo por administración directa para lo cual se considerará un avance, que debe ser legalizado de acuerdo con los términos de ley”. (Folio 409) El 22 de agosto de 2000, se otorgó un avance por $5.400.000,00 al Jefe de la Oficina de Planeación, autorizado por el señor LUIS EDUARDO GONZÁLEZ GUDIÑO, en el formato que previamente se encuentra diseñado para el sistema de avances, cuya modalidad es conocida por la Contraloría General de la República, organismo que a pesar de las innumerables auditorias nunca ha cuestionado esta modalidad; formato que se diseño de acuerdo con el Decreto 2150 de 1995. (Folios 409 y 410) La defensa insistió en que “los hechos de índole disciplinario que se le imputan a mi poderdante a título de culpa grave nunca los cometió, por cuanto actuó con transparencia y buena fe ya que los recursos debidamente programados debían ejecutarse con el objeto de dar cumplimiento a los programas establecidos por el Ministerio de Salud (…)” Frente al presunto sobrecosto, la defensa resaltó que mediante auto N° 004 de septiembre de 2001, la Contraloría General de la República ordenó el archivo de la investigación fiscal al no encontrar mérito dada la inexistencia de sobrecosto en la ejecución del avance. (Folio 411) Por último, la defensa insistió en que para esta clase de gastos la entidad siempre ha utilizado el sistema de “avances por administración directa”. “En un taller de capacitación se presentan una serie de gastos tales como papelería, refrigerios,

almuerzos gastos de los conferenciantes y otros, que la Entidad dentro de la autonomía de la administración directa para su manejo tiene establecido un formato único para la constitución de los avances y su legalización. Dicho formato es una orden (…) contiene aspectos tales como fecha de expedición, nombre (…), identificación, descripción del objeto, valor, incompatibilidades e inhabilidades, firma del Director de DASALUD, registro presupuestal, certificado de disponibilidad presupuestal, firma de los funcionario de presupuesto”. (Folio 411) 5.2 La doctora PATRICIA RODRÍGUEZ ZAMBRANO, apoderada del señor MANUEL MESIAS MORA ORTEGA, argumentó en los alegatos de conclusión, que: (Folios 399 a 407) Mediante Decreto N° 0203 del 16 de agosto de 2000, el Gobernador encargó al señor MANUEL MESIAS MORA ORTEGA, las funciones de director de DASALUD y en desarrollo de dicho encargo, su poderdante había cumplido lo ordenado por el Director titular, consistente en otorgar el avance, de conformidad con la documentación preparada y presentada por la oficina de participación social. (Folio 401) Insistió en que el avance de agosto 22 de 2000 para la realización del taller, se autorizó en acatamiento de orden emitida por el Director, en el formato diseñado para los avances y que su poderdante no participó ni en la planeación del subproyecto ni el plan operativo del taller. (Folio 401, 402 y 405) Resaltó que en la Institución el otorgamiento de avances de pequeñas cuantías y de necesidad inmediata se ha realizado sin que los organismos de control lo hayan

cuestionado y por tanto se debe entender, en aplicación del principio de la buena fe, que el sistema de avance se puede hacer y más aún si se tiene en cuenta el Decreto 266 del 22 de febrero de 2000, por el cual se dictan normas para suprimir y reformar las regulaciones, trámites y procedimientos, en particular el artículo 19 referido a “(…) la orden de trabajo, el contrato o el documento en el cual conste la obligación, acompañado si es del caso, de la manifestación de recibo o cumplimiento a satisfacción suscrita por el funcionario competente serán requisitos suficientes para el pago de la obligación contraída”. (Folios 402 y 405) Frente al posible incumplimiento del principio presupuestal de Especialización, resaltó que el Plan de Atención Básica para el año 2000 fue revisado y aprobado por el Ministerio de Salud. Insistió en que en el Plan se contempló el subproyecto N° 6.6.1 “EDUCACIPÓN PARA LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN SALUD EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO” y en el numeral 3 correspondiente a “DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVA”, se definió que el proyecto estaba dirigido a líderes comunitarios tanto urbanos como rurales por prioridad en la población rural debido a su mayor desconocimiento, entre los líderes se encuentran presidentes de juntas de acción comunal, juntas de vivienda, asociaciones de usuarios, veedores comunitarios, entre otros. (Folio 406) La defensa reasaltó que el término “entre otros” del numeral 3° del subproyecto 6.6.1, “(…) abre la posibilidad de incluir otras poblaciones objeto, de ahí que la

Administración incluyó el taller sobre la calidad en el servicio con funcionarios de DASALUD. La capacitación de los funcionarios de DASALUD, era necesaria para poder capacitar a las comunidades y así cumplir los objetivos del proyecto, además cumplir con el artículo 2 del Decreto 1222 de 1993, el cual expresa “la capacitación es una obligación de la administración, uno de los objetivos de la carrera administrativa, un derecho de los empleados (…), por tanto mi poderdante no violó el artículo 18 del Decreto 111 de 1996 (…)” (Folio 406) 6 FALLO DE PRIMERA INSTANCIA La Procuradora Regional de Putumayo, mediante providencia del 22 de septiembre de 2004, decidió sancionar disciplinariamente a los Directores del Departamento Administrativo de Salud del Putumayo DASALUD, señores LUIS EDUARDO GONZÁLEZ GUDIÑO, por ordenar la legalización del avance constituido a nombre del Jefe de Planeación sin que existiera contrato alguno y a MANUEL MESÍAS MORA ORTEGA, por constituir el avance a nombre del Jefe de Planeación sin que existiera contrato alguno, con multa de diez (10) días de salario devengado para la época de los hechos, con fundamento en los siguientes argumentos: (Folios 423 a 444) LUIS EDUARDO GONZÁLEZ GUDIÑO El análisis inicia con la descripción del cargo, referido a que “(…) el 30 de agosto de 2000, autorizó la legalización del avance constituido a nombre del Jefe de la Oficina de Planeación de la Entidad, por $5.368.042,00, sin que existiera contrato alguno

(…)”. (Folio 435) Se resaltó que el señor GONZÁLEZ GUDIÑO, autorizó la legalización del avance y se enunciaron algunos argumentos de la defensa referidos a la autorización legal para capacitar a los funcionarios, la utilización del sistema de avance para algunos gastos, procedimiento que no había sido objetado por los organismos de control y el manejo de un formato único para la constitución y legalización del avance (Folio 436) Se aceptó que “la capacitación para los servidores públicos se encuentra contemplada en la ley, (…)”, se enfatizó en que el objeto del reproche no es la capacitación para los servidores públicos, sino “la falta de contrato para llevarla a cabo” (Folio 436) Se subrayó que la “costumbre inveterada” del Departamento Administrativo de Salud de “no llevar a escrito (contrato, ordenes de prestación de servicios) las obligaciones contraídas, por razón de su cuantía, no es justificación válida, pues en el derecho colombiano no se admite la costumbre, así lo establece el artículo 8° del Código Civil (…)” Se insistió en que “es evidente que la administración de DASALUD – Putumayo no suscribió ninguna orden en la que precisa el objeto del contrato, ni la contraprestación, ni la manifestación expresa del contratista que no se encontraba en causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la ley”. Por último, se resaltó la definición del principio de legalidad efectuada por la Corte Constitucional en la Sentencia C-740 de 1999 y concluyó que “Este señalamiento (…) reafirma que el disciplinado se encuentra incurso en responsabilidad disciplinaria, por cuanto era su deber funcional (…) cumplir estrictamente con los

mandatos Constitucionales y legales que juró cumplir en el momento de su posesión.” (Folio 437) Frente al presunto sobre-costo del 100% y el pretendido indebido incremento patrimonial de quien realizó el taller, se determinó que no se configuró dicha conducta y por tanto a ninguno de los disciplinados se le podía responsabilizar disciplinariamente por éste hecho. (Folio 438 y 439) La falta se calificó como grave, a título de culpa por la evidente negligencia al autorizar la legalización del avance y hacer caso omiso del principio de legalidad del gasto. (Folio 437 y 438) MANUEL MESÍAS MORA ORTEGA Se resaltó que la decisión de constituir el avance la tomó en calidad de Director (E) y por tanto, responsable de sus actuaciones, motivo por el cual no se aceptó el argumento que el señor Mora Ortega se había limitado a ejecutar una orden escrita ya autorizada por el Director Titular, dado que “los servidores públicos no están obligados a realizar conductas que impliquen la comisión de una falta disciplinaria, por orden de autoridad superior” (Folio 440) Se aceptó que DASALUD maneja un formato único para la constitución de los avances y su legalización, pero que “dicho formato se utilizó para constituir el avance a nombre del Jefe de Planeación de la entidad, no como una orden de prestación de servicios (contrato), ya que no fue suscrita por el contratista, ni hace alusión a quién es la persona o personas que van a realizar el (…) taller y por su puesto la declaración de la no existencia de incompatibilidades e inhabilidades, no es del contratista (…)”. (Folio 440)

Respecto a la referencia del artículo 19, Decreto 266 de 2000 efectuada por la defensa para justificar la falta del contrato origen de la obligación, se resaltó que el artículo se refiere a la supresión de las cuentas de cobro y que adicionalmente “dicha norma no modificó en ningún momento la Ley 80 de 1993 ni sus decretos reglamentarios, además fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en sentencia C-1316-00” (Folio 440) Frente al cuestionamiento referido a que “dentro de los lineamientos del mencionado subproyecto no aparece contemplada la capacitación para los servidores públicos de la entidad”, se señaló que por ser igual al endilgado al señor Luis Eduardo González Gudiño, y al ser coincidentes los descargos y alegatos de conclusión, se remitía al análisis efectuado que giró en torno del artículo 9 de la Ley 734 de 2002, y que por esa razón se consideró que no se incurrió en falta disciplinaria por este aspecto. (Folios 435 y 441) La falta se calificó como grave, a título de culpa por la evidente negligencia al constituir el avance sin que existiera contrato alguno. (Folios 440 y 441) 7 RECURSO DE APELACIÓN 7.1 Mediante escrito del 8 de octubre de 2004, la apoderada del señor LUIS EDUARDO GONZÁLEZ GUDIÑO, doctora Patricia Rodríguez Zambrano, interpuesto Recurso de Apelación contra la Resolución 037 del 22 de septiembre de 2004, en los siguientes términos: (Folios 459 a 465)

La defensa resaltó que el avance fue ejecutado y legalizado por el Jefe de la Oficina de Planeación, dentro el término legal de los 5 días siguientes a su ejecución, quien adjuntó los soportes como: facturas y comprobantes de gastos para la aprobación del Director, en el formato diseñado por la Institución para la legalización de los avances. (Folio 461) Subrayó que el doctor Iván Viveros Chávez, facultado para realizar los gastos para la ejecución del programa de capacitación de los funcionarios, no realizó el contrato escrito por concepto de Honorarios, por valor de TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000), ni presentó la minuta en forma oportuna para la correspondiente suscripción por parte del Director, aspecto que según la defensa, la Procuraduría Regional no analizó. En el mismo sentido, manifestó que no se tuvo en cuenta la Resolución N° 003 del 16 de enero de 1995, expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por la cual se reglamentó la constitución y funcionamiento de las cajas menores y la utilización de avances, norma que designa como responsable fiscal por el incumplimiento en la legalización oportuna y por el manejo de los recursos, a quienes se les entregue el dinero. (Folio 462) Recalcó que, “en ningún momento en los descargos ni en los alegatos de conclusión” se justificó como “costumbre” ordenar los gastos sin contrato u ordenes de prestación de servicios, insistió que se trataba de un sistema de avance que reúne ítems y características de una orden para pequeñas cuantías. (Folio 462)

Destacó que la primera instancia no analizó que el Director legalizó el avance cuando éste ya se había ejecutado, que eran hechos cumplidos, por cuanto el Director se encontraba en comisión oficial y los funcionarios ya habían recibido la capacitación programada dentro del POA, e insistió en que “el funcionario a quien se le otorgó el avance debió prever que se realizara contrato escrito, como es la función de todo funcionario cuando se le otorga un avance, pero al considerar que eran mínimas cuantías, y que de acuerdo al formato utilizado por la entidad, el cual consta de una serie de elementos como inhabilidades e incompatibilidades, el valor, la descripción, se podría considerar que era suficiente. (Folio 462) La defensa insistió en que “(…) debe entenderse que cuando se constituye un avance, este equivale a un préstamo otorgado a un funcionario con el fin de que cumpla una comisión; la obligación del funcionario quien recibe el avance es cumplir la misión en los términos de ley teniendo en cuenta lo señalado en la Resolución del Ministerio de Hacienda y Crédito Público No. 003 del 6 de enero de 1995, artículo 20 (…), por tanto se constituyó el avance, y se aportó la factura y cuenta de cobro, teniendo en cuenta que la capacitación se realizó, los expositores cumplieron su función por lo tanto mediante factura y demás documentos se legaliza el pago”. (Folio 464) Por último, afirmó que el artículo 7 del Decreto 2170 de 2002 no se aplica porque dicho artículo se refiere a los anticipos, aspecto que “no viene al caso porque los

pagos que se realizaron con el avance obedecieron a la modalidad de pospagos, mediante la presentación de las correspondientes facturas, es decir que los pagos se hicieron una vez prestado el servicio a entera satisfacción (…)” (Folio 464) 7.2 Mediante escrito del 8 de octubre de 2004, la apoderada del señor Manuel Mesías Mora Ortega, doctora Patricia Rodríguez Zambrano, interpuesto Recurso de Apelación contra la Resolución 037 del 22 de septiembre de 2004, en los siguientes términos: (Folios 453 a 458) La defensa insistió en que se cumplió lo ordenado por el Director titular, “mediante visto bueno de la documentación presentada por la Oficina de Participación Social y luego ordenada mediante oficio dirigido a la Jefe de División Participación Social, en donde se aprecia la autorización del avance para realizar los gastos del taller por administración directa, (…)”.(Folio 454) Resaltó que “(…) en los descargos y en los alegatos de conclusión se manifestó que fue una orden impartida por el titular de acuerdo con una autorización realizada a la funcionaria encargada del proyecto de participación social, en ningún momento la orden dada por el titular se presume que es ilegal el constituir un avance, (…)”.(Folio 455) Subrayó que el Jefe de la Oficina de Planeación había ejecutado y legalizado el avance, el que se debe entender que equivale a un préstamo otorgado a un funcionario para que cumpla una misión en los términos de ley, de acuerdo con la Resolución No. 003 del 6 de enero de 1995, del Ministerio de Hacienda y Crédito

Público. El avance en principio no implica contrato alguno y que “quien debió realizar el contrato es el funcionario a quien se le otorgó dicho avance” (Folio 455) Insistió en que la entidad otorga avances en casos excepcionales y en cuantías mínimas, sin que dicha práctica haya sido cuestionada por los organismos de control, a pesar del las múltiples auditorias y revisiones, y que “por tanto se entiende en uso de la buena fe que el sistema de avance se puede hacer, más aún teniendo en cuenta el decreto por el cual se dictan normas para suprimir y reformar las regulaciones, trámites y procedimientos como el Decreto 2150 de 1995” (Folio 455) 8 CONSIDERACIONES DEL PROCURADOR DELEGADO 8.1 Competencia Este Despacho es el competente para proferir fallo de segunda instancia de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 25, numeral 4 y 261 del Decreto 262 de 2000, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 223 de la Ley 734 de 2002. 8.2 Pruebas Principales Decreto 0203 del 16 de agosto de 2000, mediante el cual el Gobernador del Putumayo encargó de las funciones de Director del Departamento Administrativo de Salud al señor Manuel Mesías Mora Ortega. (Folio 116) Decreto 0005 del 14 de enero de 2000, mediante el cual el Gobernador del Putumayo nombro en el cargo de Director del Departamento Administrativo de Salud al señor Luis Eduardo González Gudiño. Acta de posesión 181 del 14 de enero de 2000 (Folios 126 y 127)

Comunicación del 9 de agosto de 2000, suscrita por la Jefe de la División de Participación Social del Departamento Administrativo de Salud del Putumayo, mediante la cual presentó para revisión y aprobación del Director una propuesta de trabajo para desarrollarla con funcionarios de DASALUD, financiada con recursos PAB, disponibles en el proyecto Educación para la participación comunitaria en salud. (Folios 23 y 24) Comunicación del 10 de agosto de 2000, suscrita por el Director del Departamento Administrativo de Salud del Putumayo, dirigida a la Jefe de la División de Participación Social de DASALUD, por la cual manifestó que la propuesta de dictar el taller sobre convivencia y construcción creativa de metas orientadas hacia el bienestar, se consideraba viable y que “los gastos que ocasionen dichos talleres, se procederá hacerlo por administración directa, para lo cual se constituirá un avance, que debe ser legalizado de acuerdo con los términos de la Ley.” (Folio 367) Avance 185 constituido el 22 de agosto de 2000, a nombre del señor Jorge Iván Viveros Chávez, Jefe de la Oficina de Planeación, para “(…) cubrir gastos que demande la capacitación para funcionarios de DASALUD sobre convivencia y construcción creativa de metas orientada hacia un bienestar de conformidad a programación, cuyo valor se legalizará dentro del los cinco días siguientes a su ejecución”, por la suma de $5.400.000,00. Aparecen firmas del Director y del Jefe de la División Administrativa. (Folio 50)

Autorización del señor Jorge Iván Viveros Chávez, para que el Pagador de DASALUD le descuente del sueldo el valor de $5.400.000, correspondiente al valor del avance 185, si no lo legaliza dentro de los términos de ley. (Folio 25) Comprobante 8401 del agosto 31 de 2000, mediante el cual se contabilizó la legalización del avance 00185 / 2000 por $5.090.542, por los siguientes conceptos: Honorarios ($3.000.000); Materiales y Suministros ($1.385.000); Viáticos y Gastos de Viaje ($53.342); Fotocopias $80.000); Comunicación y Transporte ($575.200), con sus correspondientes soportes (Folios 28 a 40) Control de asistencia al seminario adelantado el 24 y 25 de agosto de 2000. (Folios 41 y 42) Actas de visita especial practicada en DASALUD, en la que se dejó constancia del reintegro de la suma $31.958.00, una vez legalizado el avance 185, al igual que todos los soportes de los gastos efectuados con dicho avance. (Folios 48, 49 y 385) Copia de la consignación por la suma de $3.958,00, correspondiente al reintegro por la legalización del avance N° 185. (Folio 386) Libro de control de Presupuesto de Gastos de agosto 3 a diciembre 31 de 2000, en el que se observa el regist