PGN - Documento 201604100847553

RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA-Alcalde municipal realizó gastos sin contar con la respectiva disponibilidad presupuestal CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-Expedición a cargo del Jefe de Presupuesto del Municipio y autorización de gastos de comisión Al hacer el análisis frente a la decisión de primera instancia y lo dicho por la Secretaria Privada del Despacho Municipal, se evidenció por el contrario que el trámite tanto del acto administrativo, por medio del cual se autorizaba los gastos de comisión, así como la expedición del respectivo certificado de disponibilidad presupuestal, era del resorte del jefe de presupuesto del municipio, y no del burgomaestre, circunstancia ésta que debió ser analizada y probada por el funcionario al momento de fallar, sin embargo, al revisar toda la documentación que reposa dentro del proceso, no se encontró que el A-quo hubiese solicitado certificación al jefe de personal , en relación con las funciones asignadas a cada uno de los funcionarios mencionados, que lo condujera con certeza a endilgar responsabilidad al señor alcalde del municipio. ILICITUD SUSTANCIAL-Elementos estructurales ILICITUD SUSTANCIAL-Afectación del deber funcional sin justificación alguna Señala el Señor Procurador General de la Nación en su obra, que a pesar de que es correcto afirmar que la responsabilidad disciplinaria está soportada en la afectación de deberes funcionales, la antijuricidad en materia disciplinaria no puede reducirse a un simple juicio de adecuación de la conducta con la sola categoría de la tipicidad, es decir, que sólo baste la correspondencia del comportamiento con la falta que se

va endilgar, dado por sentado la antijuricidad, tal y como si se tratara de una especial presunción irrefutable. En este sentido, el artículo 5º.del Código Único Disciplinario, dispone que la falta (conducta), será antijurídica cuando afecte el deber funcional. Armonizando esta norma con la norma del artículo 23 del Código Disciplinario, el deber abarca el cumplimiento de los deberes propiamente dichos, la no extralimitación de los derechos y funciones, el respecto por las prohibiciones y por el régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflictos de interés, consagradas en el ordenamiento jurídico “.

Dependencia PROCURADURÍA DELEGADA PARA LA

ECONOMÍA Y LA HACIENDA PÚBLICA

Radicación 0529071-08 Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública Pbx: 5878550 1 Carrera 5 No. 15-80 piso 12www.procuraduria.gov.coDisciplinado EDINSON GUZMÁN FILÓ Cargo y Entidad Alcalde Municipal de Puerto Leguízamo Quejoso Personero Municipal de Puerto Leguízamo Fecha Queja Mayo 16 de 2007 Fecha hechos Febrero 16 de 2007 Asunto Fallo de Segunda Instancia Bogotá D.C., Julio 3 de 2010

I. ANTECEDENTES El Personero Municipal de Puerto Leguizamo, Putumayo HÉCTOR EDUARDO POVEDA TRUJILLO, mediante oficio 180-2007/PMPL, de fecha 16 de Abril de 2007, dirigido al Procurador Regional de Putumayo, denunció

algunos hechos irregulares en la tramitación de comisión de servicios. Señala el quejoso que encontró presuntas irregularidades incurridas por EDINSON GUZMAN FILÓ, ya que en su condición de Alcalde Municipal, hizo que le cancelaran dineros por concepto de gastos de transporte y viáticos a la ciudad de Cartagena de Indias, cuando no contaba con certificado de disponibilidad presupuestal previo a la realización del gasto. Es decir, que el señor alcalde municipal realizó gastos sin contar con la respectiva disponibilidad presupuestal. Menciona además, que no se encontró acto administrativo por medio del cual se comisionara, no sólo a los Secretarios de Despacho, sino al mismo señor Guzmán Filó.

II. ACTUACIÓN PROCESAL De conformidad con el informe presentado por el Personero Municipal de Puerto Leguizamo, el Procurador Regional de Putumayo, ordenó abrir investigación disciplinaria contra EDINSON GUZMAN FILÓ, en calidad de

Alcalde Municipal, JAVIER LÓPEZ DUSSAN, como Secretario de Hacienda Municipal, CARLOS EDUARDO SIERRA PEÑA, como Secretario de Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública Pbx: 5878550 2 Carrera 5 No. 15-80 piso 12www.procuraduria.gov.coPlaneación Municipal. DORYAN LOZANO DEVIA, como Secretario de Obras Públicas del Municipio de Puerto Leguizamo, Putumayo. Así mismo, ordenó la práctica de algunas pruebas. Mediante auto de fecha 27 de Febrero de 2009, el Procurador Regional de

Putumayo, resolvió formular PLIEGO DE CARGOS contra EDINSON GUZMÁN FILÓ, identificado con la cédula de ciudadanía número 6.715.343, expedida en Puerto Leguizamo, en su condición de Alcalde Municipal de Puerto Leguizamo – Putumayo, para la ocurrencia de los hechos, en virtud de los tres (03) cargos que se formula, así: Cargo Primero. El señor EDINSON GUZMÁN FILO, en su condición de Alcalde Municipal de Puerto Leguizamo se desplazó en comisión a la ciudad de Cartagena de Indias D.T., sin que previamente haya solicitado y se haya expedido certificado de disponibilidad presupuestal, desconociendo con ello lo determinado en el Decreto 111 de 1996 y los principios que la rigen. Cargo Segundo. Se establece que el señor GUZMAN FILÓ al término de sus comisiones no presentó el respectivo informe de conformidad con lo establecido en la Ley. Lo cual, se aprecia en las siguientes comisiones: Resolución No. 0115 de Febrero de 2007, para desplazarse a la ciudad de Cartagena durante los días 14, 15, 16, 17, 18 y 19 de Febrero de 2007 (fl.6), Resolución No. 0120 de 19 de Febrero de 2007; para desplazarse a Puerto Asís durante los días 21, 22,23, 24 y 25 de Febrero de 2007 ( flio.44), Resolución No. 0125 del 26 de Febrero de 2007, para desplazarse a Florencia durante los días 26, 27, 28 de Febrero y 1 y 2 de Marzo de 2007,

(fls52), Resolución No.0086 de 05 de Febrero de 2007, para desplazarse a Puerto Asís los días 9, 10, 11, 12 y 13 de Febrero de 2007. De idéntica manera se encuentra que el señor JAVIER LÓPEZ DUSSAN, incurrió en esta omisión, pues en desarrollo de la Comisión otorgada a través de la Resolución No.0114 no presentó informe final de la comisión. Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública Pbx: 5878550 3 Carrera 5 No. 15-80 piso 12www.procuraduria.gov.coCon ello se desconoce lo establecido en artículo 111 de la Ley 136 de 1994, que determina que el término de las comisiones superiores a cuatro días y dentro de los 15 días siguientes, el alcalde presentará al Concejo el informe de la Comisión, determinando los gastos, duración, resultados obtenidos en beneficio del municipio, y en cuanto al señor LÓPEZ DUSSAN desconoció lo determinado en el Decreto 1050/97, art.12. Cargo Tercero El señor EDINSON GUZMÁN FILÓ, salió de comisión por más de cinco días. Conducta que sobrepasa el límite establecido en el artículo 113 de la Ley 136 de 1994, que determina que las comisiones dentro del país no podrán ser superiores a cinco (5) días. Esto se evidencia en la siguiente comisión: Resolución No .0115 de 19 de Febrero de 2007, para desplazarse a Cartagena durante los días 14, 15, 16,

17, 18 y 19 de Febrero de 2007 (flio.6) Descargos La diligencia de notificación personal del auto de pliego de cargos al Sr. EDINSON GUZAMAN FILO, en calidad de Alcalde del Municipio de Puerto Leguizamo, Putumayo, se surtió el 31 de Marzo de 2009, ante la Secretaria Personería Municipal. ( visible a folio 185 del c.o.). Posteriormente, el investigado EDINSON GUZMAN FILÓ, en calidad de Alcalde Municipal de Puerto Leguizamo, Putumayo, presentó escrito de descargos, ante el Procurador Regional de Putumayo, debidamente sustentado, según No. Radicación 469 del 28 de Abril de 2009, se transcribe la parte pertinente: Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública Pbx: 5878550 4 Carrera 5 No. 15-80 piso 12www.procuraduria.gov.co - “ Manifiesto señor Procurador que los actos administrativos que se hicieron para Edison Guzmán Filo , en calidad de alcalde Municipal, Carlos Sierra, en calidad de Secretario de Planeación, Doryan Lozano, en calidad de Secretario de Infraestructura y Javier López, en calidad de Secretario de Hacienda, fueron en la misma fecha y con el mismo objetivo reunión con el señor Contralor General de la República, para la presentación de informe de gestión ordena por la Ley 951 de 2005 en la ciudad de Cartagena, temática importante para el requerimiento de los informes de gestión y entrega a la administración entrante, acción que se cumplió a cabalidad en el proceso de empalme entre la administración entrante y saliente, gracias a toda la

capacitación que recibimos. Referente al viaje manifiesto que salimos el mismo día con los funcionarios designados y regresamos el mismo día. En cuanto al Certificado Disponibilidad Presupuestal En cuanto a este caso manifiesto que si hubo un error de forma más no de fondo, no se hizo ningún detrimento patrimonial ni al erario público, existía en el rubro los recursos para dicha comisión, se cumplió a cabalidad con el objetivo de la comisión, no se perjudicó a la administración municipal, no hubo dolo en este caso, no hubo perjuicio de ninguna clase. (Subrayado fuera de texto). (Visible a folios del 189 al 191 del c.o.). Señor Procurador solicito se sirva citar a declarar y recibir testimonio de (…) “ mi secretaria Soraya Vega, para que de fé sobre cómo se legalizaban las comisiones y sí se legalizaron las comisiones realizadas, ya que ella era la persona encargada de ayudar en la legalización de las mismas. De la misma manera se reciba el testimonio de Carlos Sierra, para que manifieste el procedimiento de legalización de las comisiones, él era el Secretario de Planeación Municipal”.

III. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA.

Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública Pbx: 5878550 5 Carrera 5 No. 15-80 piso 12www.procuraduria.gov.coLa Procuraduría Regional de Putumayo, decidió en primera instancia, mediante auto de fecha 16 de Octubre de 2009, sancionar disciplinariamente al señor EDISON GUZMÁN FILÓ, identificado con la cédula de ciudadanía

número 6.715.343, en calidad de Alcalde Municipal de Puerto Leguizamo, Putumayo, para la época de los hechos, por el primer cargo, con SUSPENSIÓN de tres (3) meses, convertibles en multa equivalente a SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS ($ 6.869.790.oo), por cuanto al momento de proferir el fallo, no se encontraba en ejercicio. Manifiesta el A-quo en su decisión que si se observa las resoluciones de los señores JAVIER LÓPEZ DUSSAN, DORYAN LOZANO DEVIA, CARLOS EDUARDO SIERRA, estas fueron calendadas el 9 de Febrero de 2007 y sus números son dados con mucha antelación a las otorgadas para el señor GUZMÁN FILÓ, de ahí que no se comparte la defensa argüida por éste, que se trató de un error de transcripción de fechas. Argumentó que en esta instancia procesal, no ha variado, toda vez, que las fechas de solicitud del C. D. P. No. 0110 es del 19 de Febrero de 2007, para que el Alcalde se desplace a Cartagena a participar en conversatorio para la presentación de informes reglamentarios por la Ley 951 en 2005, durante los días 14, 15, 16, 17 18 y 19 de de Febrero de 2007. En igual sentido la Resolución No. 0115 está calendada el 19 de Febrero de 2007, mediante la cual se autoriza el pago por concepto de viáticos y transporte para desplazarse hacía el destino señalado en las fechas determinadas. Confirma

la decisión de primera instancia lo dicho por el mismo investigado GUZMÁN FILÓ en descargos, cuando señala: “En cuanto al CDP, manifestó que ninguna comisión se legalizaba en el momento del acto administrativo. Se hacía el acto administrativo de comisión, se solicitaba el CDP y cuando se regresaba de comisión se legalizaba con los cumplidos y el informe de comisión, luego se legalizaba en Secretaria de Hacienda ( tesorería), y se le cancelaba al funcionario que había sido comisionado como en nuestro caso, Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública Pbx: 5878550 6 Carrera 5 No. 15-80 piso 12www.procuraduria.gov.coversión que es confirmada por la Sra. SORAYA VEGA RODRÍGUEZ, quien para el momento de ocurrencia de los hechos se desempeño como Secretaria Privada y cuyo testimonio fue solicitado por el investigado GUZMÁN FILÓ. En efecto, la ex funcionaria ratifica el procedimiento empleado para estos casos” . ( subrayado fuera de texto). Finalmente, señala el fallador de primera instancias que: “las nuevas probanzas coadyuvaron en confirmar la decisión adoptada por esta instancia en providencia del 27 de Febrero de 2007 respecto a este primer cargo, conducta que le fue reprochada al señor EDINSON GUZMÁN FILO, pues es él quien hace la solicitud del C.D.P. No. 0110 con fecha 19 de Febrero de 2007, y profiere resolución de reconocimiento y pago de viáticos y transporte también con idéntica fecha, con lo cual realizaba los trámites presupuestales

necesarios para legalizar administrativamente una situación que ya había pasado. (Subrayado fuera de texto). Con esta conducta establecida en el cargo primero, reprochado al señor Edinson Guzmán Filó, se establece sin dubitación alguna que trasgredió las disposiciones tanto legales como constitucionales Numeral 2º. Artículo 123 de la Constitución Política; Artículo 71 del Decreto 111 de 1996, Artículo 9º.de la Ley 714 de 2001 Señala el A-quo en el acápite de la “calificación de la falta y análisis de la culpabilidad “, obrante a folio 259 del expediente, que la falta cometida se considera antijurídica porque el investigado EDINSON GUZMÁN FILÓ, infringió normas de carácter legal, en el caso particular de orden presupuestal, sin que medie justificación alguna. La norma específica aplicable al caso, es el artículo 71 del Decreto 111 de 1996, en concordancia con la ley 714 de 2001, artículo 9º., señalan con precisión una obligación o acción imperativa que todo acto administrativo que afecte el presupuesto de una entidad oficial, debe contar con antelación a que este se realice, con la Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública Pbx: 5878550 7 Carrera 5 No. 15-80 piso 12www.procuraduria.gov.corespectiva reserva presupuestal. Requisito elemental que aquí fue pasado por alto por el investigado, y que es la conducta que este Despacho reprocha, calificándola a título de CULPA GRAVE. Finalmente, manifiesta el fallador de primera instancia, que las prohibiciones

de los funcionarios públicos en lo que respecta a los deberes funcionales, en concordancia con lo establecido en los artículos 6º., 122 y 123 de la Constitución Política, establecen que el funcionario que se extralimite, infrinja u omita en el ejercicio de sus funciones incurre en falta disciplinaria. Se deduce entonces que lo genera reproche es el incumplimiento o cumplimiento defectuoso de los deberes. Por ende la configuración de una ilicitud sustancial se concreta en la infracción de un deber. (Subrayado fuera de texto ).

IV. ALEGATOS DE CONCLUSION Mediante auto calendado 1º.de Octubre de 2009, el Secretario de la Procuraduría Regional de Putumayo, de conformidad con el numeral 8º.del artículo 92 del C.U.D. dejó a disposición de los sujetos procesales el expediente No.0529071, por el término de cinco (5) días hábiles, término conforme al pronunciamiento de la Corte Constitucional mediante sentencia C-107 de 2004, para efectos de los Alegatos de conclusión antes del Fallo.

(Visible a folio 251 del c.o.). Reposa en el expediente informe secretarial de fecha Octubre 08 de 2009, en donde se deja constancia por parte de la secretaria dentro del proceso No. 052-9071, el vencimiento de términos de cinco (5) días hábiles de traslado a los sujetos procesales para presentar alegatos de conclusión antes del fallo de primera instancia, quienes según constancia no lo hicieron. (Visible a folio 252 del c.o.).

V. APELACION Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública Pbx: 5878550 8

Carrera 5 No. 15-80 piso 12www.procuraduria.gov.coLa diligencia de notificación del fallo de primera instancia al investigado EDISON GUZMÁN FILÓ, se surtió vía fax, el 20 de Octubre de 2009. (Visibles a folios del 269 al 274 c.o.). El investigado a través de su apoderado JUAN CARLOS GUZMÁN ORJUELA, con poder debidamente conferido, interpuso recurso de apelación contra el fallo de primera instancia, proferido por el Procurador Regional de Putumayo. Señala el defensor que la Procuraduría Departamental de Putumayo, en un principio consideró que mi defendido había violado lo establecido en el artículo 111 de la ley 136 de 1994, y que no había presentado el informe respectivo al Concejo Municipal de Puerto Leguizamo, determinando los gastos, duración, resultados obtenidos en beneficio del municipio, pero al revisar el proceso y adjuntar las siguientes pruebas documentales nos encontramos que dicho informe de comisión si se presentó, anexo copia de dicho informe de comisión, y comparto la apreciación que realiza la Procuraduría Departamental de Putumayo, en su decisión: al decir que: “ .. el despacho determina la inexistencia de prueba que demuestre que efectivamente el aquí investigado como primer mandatario local, no presentó los informes de comisión en aquellas cuyo término era igual o superior a los 4 días, y con lo cual no se obtiene la certeza requerida por el artículo 142 de la Ley 734 de 2002, que determina. PRUEBA PARA SANCIONAR. No se

podrá proferir fallo sancionatorio sin que obre en el proceso prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y de la responsabilidad del investigado…”. Menciona el defensor que la Procuraduría Regional de Putumayo, que si bien en un principio existió indicios de una supuesta irregularidad disciplinaria cometida por mi defendido, concluye que de acuerdo con el artículo 142 de la ley 734 del 2002 estipula que: “el fallo sancionatorio solo procede cuando obre plena prueba que conduzca a la certeza de la falta y de la Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública Pbx: 5878550 9 Carrera 5 No. 15-80 piso 12www.procuraduria.gov.coresponsabilidad del disciplinado…” norma que debe analizarse en concordancia con el inciso 2º. Del artículo 181 de la Ley 190 de 1995, que establece: “Nadie podrá ser condenado por juez o autoridad competente sin que exista en su contra prueba legal y oportuna, de todos los elementos constitutivos del delito, infracción disciplinaria o contravencional y de la consecuente responsabilidad”. Igualmente manifiesta el defensor del investigado en el escrito del recurso de apelación que: “nunca ha existido negligencia por parte de EDISON GUZMÁN FILÓ, ni ha causado detrimento patrimonial al Municipio de Puerto Leguizamo, cuando se desempeñó como alcalde municipal. Si salió absuelto de los cargos segundo y tercero, no tiene razón de ser sancionado

disciplinariamente con suspensión de tres meses, convertible en multa pecuniaria de SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVEMIL SETECIENTOS NOVENTA MCTE ($ 6.869.790.oo), o se absuelve de todos los cargos o se le sancionan por todos los cargos endilgados, además que la misma Procuraduría Departamental de Putumayo, considera que no es responsable disciplinariamente que existen todos los soportes y documentos mediante los cuales se legalizaron dichas comisiones, me permito anexar copia de las comisiones citadas. Tal como obra dentro del proceso disciplinario, existen los documentos que permitieron legalizar los viáticos y gastos de transporte, y que dicho viaje a Cartagena, fue motivado por invitación realizada por el Contralor General de la República, durante los días comprendidos entre el 14 al 19 de Febrero de 2007, y que es obligación del Servidor Público, pues está determinado en el Código Disciplinario, que puede realizar capacitación en el tema de su competencia y la misma Procuraduría Departamental, conocedora de las condiciones geográficas y circunstancias de modo, tiempo y lugar de cada municipio en especial del Municipio de Puerto Leguizamo, consideró que las Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública Pbx: 5878550 10 Carrera 5 No. 15-80 piso 12www.procuraduria.gov.covías de acceso no son los mismas que para la mayoría de los municipios que cuenta con el acceso de vía terrestre. Si revisamos con un mapa de Colombia, el municipio de Puerto Leguizamo se puede acceder por vía

fluvial, que son ocho horas en lancha rápida y donde convergen los actores del conflicto y en especial la F.A.R.C y por vía aérea, por supuesto que el alcalde no se puede desplazar por vía fluvial, por razones de seguridad, obligatoriamente se tiene que desplazar por vía aérea. Advierte el defensor que con las pruebas documentales que obran dentro del proceso y las que anexo, se produce la existencia de una DUDA SUBJETIVA, siendo oportuno para aplicarla, debe resolverse a favor Demi defendido, en razón a que no hay modo de eliminarla. Para evitar incurrir en errores de connotación irreparable, el legislador impone la carga de la prueba al estado en manos de la Procuraduría Departamental de Putumayo, en completo, lo que conlleva como consecuencia:

1. El acusado no tiene que demostrar que no es cierta la conducta del imputado.

2. En el evento en que el estado no demuestre en acto imputado, el servidor judicial no debe valorar la prueba que presente el acusado para evidenciar que no son ciertas las afirmaciones del Estado.

Precisamente porque es suficiente argumento que el Estado no probó, lo demás resulta superfluo. (negrilla fuera de texto ). Comparto la apreciación que realiza la misma Procuraduría Departamental de Putumayo al citar la sentencia C – 244 d 1996, de la H. Corte Constitucional: “… Como es de todos sabido, el juez al realizar la valoración de la prueba lo ha de realizar conforme a las reglas de la sana crítica, debe llegar a la

certeza o convicción sobre la existencia del hecho y la culpabilidad del implicado. Cuando la administración decide ejercer su potestad sancionatoria Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública Pbx: 5878550 11 Carrera 5 No. 15-80 piso 12www.procuraduria.gov.cotiene que cumplir con el deber de demostrar que los hechos en que se basa la acción están probados y que la autoría y participación en la conducta esté tipificada como infracción disciplinaria, la carga de la prueba le corresponde a la administración. La misma Procuraduría Departamental del Putumayo es clara en señalar que no es valioso aseverar, la existencia de responsabilidad, porque hay presencia de dubitación en la responsabilidad del disciplinado, surge el fenómeno de duda razonable, en aplicación del artículo 9º, inciso 2º de la Ley 734 de 2002 PRINCIPIO INDUBIO PRO DISCIPLINARIO, el cual exige que ante su presencia, se deberá resolverse a favor del investigado. Menciona además, que en términos generales que la falta de apreciación o el equivocado entendimiento de pruebas determinantes, es equivocación de tal gravedad que de tiempo atrás, está considerada como causal de casación (sentencia X, 1.1. XI77 de Septiembre 25 de 1997, Magistrado Ponente Jorge Arango Mejía). Finalmente, como petición el defensor del Sr. EDISON GUZMÁN FILÓ, solicita se absuelva a su defendido, de la responsabilidad disciplinaria atribuido al cargo primero, conforme a la absolución de los cargos segundo y tercero, teniendo en cuenta que no se ha causado ningún detrimento

patrimonial o algún daño o perjuicio, ni ha existido dolo o la intención de causar daño a la administración pública.

VI. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO De conformidad con el Parágrafo Único del Artículo 171 de la Ley 732 de 2002, C.D.U., el cual estatuye:“ El Recurso de apelación otorga competencia al funcionario de segunda instancia para revisar únicamente los aspectos impugnados y aquellos otros que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de impugnación.

Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública Pbx: 5878550 12 Carrera 5 No. 15-80 piso 12www.procuraduria.gov.coAsí las cosas, al analizar los fundamentos de hecho y de derecho, los cuales valorados frente al material probatorio que reposa en el expediente que dieron lugar a las diligencias que se examinan, y éstas últimas apreciadas conjuntamente con los argumentos esgrimidos por el apoderado del investigado, se deduce claramente que las razones estimadas por el Aquo en la providencia del 16 de Octubre del año inmediatamente anterior, mediante la cual resuelve sancionar al Sr. Edison Guzmán Filó, en su calidad de alcalde del Municipio de Puerto Leguizamo, Putumayo, carecen de congruencia fáctica y jurídica, cuando menciona en la misma que las resoluciones proferidas a los señores JAVIER LÓPEZ DUSSAN, DORYAN LOZANO DEVIA, CARLOS EDUARDO SIERRA, estás fueron calendadas el 9 de febrero de 2007 y sus números son dados con mucha antelación a las

otorgadas para el señor GUZMÁN FILÓ, de ahí que este despacho no comparte las razones del investigado, al mencionar que fue un error de transcripción de fechas. Por lo primero se colige, que el operador jurídico no probó si evidentemente hubo un error de transcripción en la expedición del acto administrativo No. 0115 del 19 de Febrero de 2007, mediante la cual se autoriza el pago por concepto de viáticos y transporte al señor EDISON GUZMÁN FILÓ, como alcalde de Puerto LeguízamoPutumayo, con el objeto de viajar a la ciudad de Cartagena, ya que no basta simplemente la existencia material de dicho documento, sino probar imprescindiblemente la responsabilidad del investigado. Responsabilidad que no fue desvirtuada, por cuanto uno es la autorización de dichos gastos, ejercida por el Alcalde del Municipio, como representante legal de dicho ente territorial, y otra la del funcionario encargado de tramitar el respectivo acto administrativo y expedir el certificado de disponibilidad presupuestal, que a la luz de la declaración rendida por SORAYA VEGA RODRIGUEZ, Secretaria Privada, visible a folios del 244 al 245 del c.o., se puede determinar lo siguiente: “(..). De acuerdo con la pregunta que se me hace debo decir que se daba legalización a las comisiones por el señor alcalde, se realizaba la solicitud de disponibilidad Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública Pbx: 5878550 13 Carrera 5 No. 15-80 piso 12www.procuraduria.gov.copresupuestal, la cual era expedida por el jefe de presupuesto y

seguidamente se hacía una resolución de acuerdo a la invitación o documento público que le llegara al señor alcalde, la cual se anexaba también a dicha comisión, seguidamente pasaba de nuevo al área de presupuesto, toda esta documentación quedaba en la Secretaria de Hacienda y al regreso el señor alcalde debía presentar los documentos que eran el cumplido de comisión, adjuntando informe de comisión, tiquetes aéreos o terrestres y resultado de la misma. En cuanto a la resolución No. 0115 del 19 de Febrero de 2007, considero que ese trámite lo realizaba el jefe de presupuesto, puesto que al jefe de presupuesto se le pasaba la solicitud de disponibilidad presupuestal”. (Subrayado fuera de texto). Al hacer el análisis frente a la decisión de primera instancia y lo dicho por la señora Soraya Vega Rodríguez, Secretaria Privada del Despacho Municipal, se evidenció por el contrario que el trámite tanto del acto administrativo, por medio del cual se autorizaba los gastos de comisión, así como la expedición del respectivo certificado de disponibilidad presupuestal, era del resorte del jefe de presupuesto del municipio, y no del burgomaestre, circunstancia ésta que debió ser analizada y probada por el funcionario al momento de fallar, sin embargo, al revisar toda la documentación que reposa dentro del proceso, no se encontró que el A-quo hubiese solicitado certificación al jefe de personal , en relación con las funciones asignadas a cada uno de los funcionarios mencionados, que lo condujera con certeza a endilgar responsabilidad al señor alcalde del municipio. En el caso concreto el legislador previó, en el inciso último del artículo 9º.de

la Ley 734 de 2002, que durante la actuación toda duda razonable se resolverá a favor del investigado cuando no haya modo de eliminarla. Así mismo, estableció en el artículo 142 del mismo estatuto, “ que no se podrá proferir fallo sancionatorio sin que obre en el proceso prueba que conduzca a Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública Pbx: 5878550 14 Carrera 5 No. 15-80 piso 12www.procuraduria.gov.cola certeza sobre la existencia de la falta y de la responsabilidad del investigado” Ya lo había mencionado el A-quo en el fallo sancionatorio del 16 de Octubre de 2009, que :” al no existir prueba que demuestre que efectivamente el aquí investigado como primer mandatario local, no presentó los informes de comisión en aquellas cuyo término era igual o superior a los 4 días”, con lo cual no se obtiene la certeza requerida en el artículo 142 de la Ley 734 de 2002, argumentos éstos que sirvieron de base para absolver del cargo segundo y tercero al Sr. Edison Guzmán Filó. Por ello, al no existir prueba dentro del proceso para llegar a la convicción que el investigado es responsable de la conducta endilgada, no es de recibo para el despacho, sancionarlo por el cargo primero.. Por lo otro, si se observa con detenimiento que el número consecutivo tanto de los actos administrativos de gastos así como las copias de los certificados de disponibilidad presupuestal, expedidas a los Secretarios de Despacho y la expedida al señor Alcalde investigado, se desprende de su contenido

claramente dos circunstancias muy importantes, en cuanto a lo primero, la Resolución No. 0113 del 09 de Febrero de 2007 “ Por medio del cual se autoriza un Gasto” al Señor Carlos Eduardo Sierra, como Secretario de Planeación Municipal, con Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 0101 de Febrero 09 de 2007, Resolución No. 0112 “ Por medio del cual se autoriza un Gasto” al Señor Doryan Lozano, Secretario de Obras Públicas del Municipio con Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 099 del 09 de Febrero de 2007, Resolución No. 0114 del 2007 “ Por medio de la cual se autoriza un Gasto al señ