PGN - Documento 201604100847594

Dependencia: PROCURADURÍA SEGUNDA DELEGADA PARA LA CONTRATACIÓN

ESTATAL Radicación: 342-148434-06

Disciplinado: JULIO HERNÁN BARRERA SANDOVAL

Cargo: ALCALDE MUNICIPAL DE SUSACÓN Quejoso: HALLAZGO ADMINISTRATIVO CONTRALORIA GENERAL BOYACÁ Fecha Queja: 5 de octubre de 2005

Fecha Hechos: Hasta 17 de mayo de 2004

Asunto: FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA

Bogotá D. C., 18 de Marzo de 2009. Procede esta Delegada a resolver el recurso de APELACIÓN interpuesto por el señor JULIO HERNÁN BARRERA SANDOVAL, contra el fallo de primera instancia del 28 de enero de 2009 (folios 256 al 294 cuaderno principal No. 2) proferido por la Procuraduría Judicial II 166 de Santa Rosa de Viterbo.

I. ANTECEDENTES Las presentes diligencias se originaron con fundamento en el traslado del informe técnico proferido por la Dirección Operativa de Control Fiscal de la Contraloría General de Boyacá, y que hizo relación a posibles irregularidades cometidas en el Municipio de Susacón para las

vigencias 2003 y 2004 (folios 16 al 67 del cuaderno principal No.1). Con base en la información anterior y en la documentación allegada a la Procuraduría Judicial Penal II 166 de Santa Rosa de Viterbo, esa dependencia en auto del 16 de noviembre del 2006 (folios 116 al 119 del cuaderno principal No. 1) resolvió iniciar INDAGACIÓN PRELIMINAR en contra de JULIO HERNÁN BARRERA SANDOVAL y ALICIA

LIZARAZO PUENTES, en su condición de Alcalde y Tesorera Municipal de Susacón para la época de los hechos, con el fin de verificar la ocurrencia de los hechos, determinar si son constitutivos de falta disciplinaria y establecer si se ha actuado bajo el amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad. La citada Procuraduría Judicial Penal II 166 de Santa Rosa de Viterbo, tuvo la competencia para conocer de esta investigación disciplinaria, en virtud de la designación que como funcionario especial de primera instancia le hiciera el Procurador General de la Nación, con apoyo en lo dispuesto por el parágrafo del artículo 7° y artículo 39 del Decreto 262 de 2002. A través de auto del 27 de agosto de 2007, la Procuraduría Judicial II 166 de Santa Rosa de Viterbo decidió abrir INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA en contra de los señores JULIO HERNÁN BARRERA SANDOVAL y ALICIA LIZARAZO PUENTES en su condición de Alcalde y Tesorera Municipal de Susacón, al encontrar satisfechos los requisitos establecidos por el artículo 152 de la Ley 734 de 2002 (folios 268 al 270 del cuaderno principal No. 1)

II. FORMULACIÓN DE CARGOS Teniendo en cuenta que en el transcurso de las presentes diligencias se archivaron algunas conductas y se absolvieron por otras a la señora ALICIA LIZARAZO PUENTES, a partir de Expediente No. 342-148434-06 1

Fallo de Segunda Instancia ÁNGELA PATRICIA ARROYO SANABRIA este momento, únicamente se hará referencia al cargo imputado al señor JULIO HERNÁN

BARRERA SANDOVAL.

Adelantadas las investigaciones respectivas, la Procuraduría Judicial II 166 de Santa Rosa de Viterbo (folios 1 al 32 cuaderno principal No. 2) elevó pliego de cargos en contra de JULIO HERNÁN BARRERA SANDOVAL en su condición de Alcalde Municipal de Susacón, en los siguientes términos: “Las conductas específicas objeto de la presente investigación disciplinaria y cuya realización se atribuye al señor JULIO HERNÁN BARRERA SANDOVAL, se contraen a que éste, en su condición de Acalde Municipal de Susacón para el período 2004-2007, tramitó, celebró y ejecutó los siguientes contratos y operaciones administrativas, en los que incurrió en las irregularidades que en cada caso se precisan: a. Orden de pago No. 101 del 22 de abril de 2004, a favor de HUMBERTO OROZCO, por la suma de $1.1200.000.oo, cuyo objeto consistió en el suministro de 16 viajes de arena, con destino al Programa de mejoramiento de vivienda rural: No obtuvo la previa expedición del certificado de disponibilidad presupuestal; ni solicitó la realización del correspondiente registro presupuestal.” b. Contrato de Suministro del 12 de mayo de 2004, celebrado con ALVARO BECERRA RODRIGUEZ, por la suma de $13.000.000.oo, cuyo objeto consistió en el suministro de 100 viajes de arena, para el Programa de letrinaje y mejoramiento de vivienda rural en varias veredas: No realizó los estudios previos de conveniencia y oportunidad del contrato, ni anexó

los diseños, planos y evaluaciones de prefactibilidad o factibilidad; no elaboró a cabalidad los correspondientes pliegos de condiciones o términos de referencia, no comunicó la decisión administrativa de adjudicación del contrato a los proponentes no favorecidos; no obtuvo el previo certificado de disponibilidad presupuestal; no ordenó la realización del correspondiente registro presupuestal; no produjo la decisión administrativa de aprobación de las garantías aportadas por el contratista; no suscribió el acta de liquidación del contrato; y no designó el interventor para que verificase el cumplimiento del objeto negocial. c. Orden de pago No. 134 del 13 de mayo de 2004, a favor de ALVARO BECERRA RODRIGUEZ, por la suma de $4.400.160.oo cuyo objeto consistió en el suministro de materiales, con destino al Programa de mejoramiento de vivienda rural: No obtuvo la previa expedición del certificado de disponibilidad presupuestal; ni solicitó la realización del correspondiente registro presupuestal. d. Contrato del 17 de mayo de 2004, celebrado con LUIS ENRIQUE JAIME COCUNUBO, por la suma de $39.582.400.oo, cuyo objeto consistió en la construcción de letrinaje y mejoramiento de vivienda rural en varias veredas: No realizó los estudios previos de conveniencia y oportunidad del contrato, ni anexó los diseños, planos y evaluaciones de prefactibilidad o factibilidad; no elaboró a cabalidad los correspondientes pliegos de condiciones o términos de referencia; no comunicó la decisión administrativa de aprobación de las garantías aprobadas por el contratista; no suscribió el acta de liquidación del contrato; y no

designó el interventor para que verificase el cumplimiento del negocio contractual.” Como normas infringidas le fueron citadas las siguientes: - Artículos 6°, inciso 2° del artículo 123, 209 y numeral 1 del artículo 315 de la Constitución Política, - Artículos 5° y 91 de la Ley 136 de 1994, - Artículos 22, 23, numeral 1° del artículo 34 y numeral 1° del artículo 35 de la Ley 734 de 2002, Expediente No. 342-148434-06 2 Fallo de Segunda Instancia ÁNGELA PATRICIA ARROYO SANABRIA - Artículos 1°, 13, 23, numerales 2°, 5° y 8° del artículo 24, numerales 6°, 7°, 12 y 13 del artículo 25, numerales 1°, 2°, 3°, 4° y 5° del artículo 26, numerales 1°, 2° y 11 del artículo 30, inciso 2° del artículo 41, artículos 58, 60, 61 y 77 de la Ley 80 de1993; - Artículos 6°, 7° y 14 del Decreto 777 de 1992, - Artículo 71 del Decreto 111 de 1996, - Artículo 26 del Decreto 679 de 1994 - Artículos 8°, 10° y 11° del Decreto 2170 de 2002. En el pliego de cargos la falta fue calificada como GRAVÍSIMA, al tenor de los dispuesto en los numerales 30 y 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, al considerasen estas faltas

expresamente como tales; a título de DOLO, al considerar que el servidor público investigado obró con conocimiento de la ilicitud sustancias de la conducta y con voluntad en su realización, toda vez que a sabiendas de las prístinas previsiones normativas precisada, en todo caso hizo caso omiso del imperativo y claro mandato impuesto por la Ley.

III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA El 28 de enero de 2009 la Proc Procuraduría Judicial II 166 de Santa Rosa de Viterbo profirió

fallo de primera instancia (folios 256 al 291 del cuaderno principal No. 2), en el cual se impuso al disciplinado JULIO HERNÁN BARRERA SANDOVAL sanción de DESTITUCIÓN e INHABILIDAD GENERAL por el término de doce (12) años, al declarar probado y no desvirtuado el cargo a él formulado y que se le imputó en el pliego de cargos correspondiente. En la providencia citada, después de identificar al investigado y su cargo y de presentar un resumen de los hechos, el fallador de primera instancia del análisis de las pruebas en las que se fundamenta, concluyó inicialmente que frente a los contratos de suministro del 12 de mayo de 2004 y el 17 de mayo de 2004, éstos apuntaban a la materialización de un programa macro de mejoramiento de la vivienda rural, al punto de que tal objeto de plasmó así en los negocios jurídicos, por manera que cumplida tal exigencia propia de la fase de planeación frente al programa primigenio, mal podría exigirse también de cara a los negocios derivados, individualmente considerados, por lo que en este aspecto concreto debe darse

razón al investigado y desestimarse el reproche formulado. Sin embargo, estimó el a quo que constituye conducta suficientemente demostrada y realizada por el señor BARRERA SANDOVAL, la de “Participar en la etapa precontractual o con la actividad contractual… con desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa contemplados en la Constitución y en la Ley”, de conformidad con el numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002. Señaló que en relación con los contratos de suministro del 12 de mayo de 2004 celebrado con ÁLVARO BECERRA RODRÍGUEZ por la suma de $13.000.000,oo y del 17 de mayo de 2004, celebrado con LUIS ENRIQUE JAIME COCUNUBO por la suma de $39.582.400,oo, no se elaboraron a cabalidad los pliegos de condiciones o términos de referencia, especialmente en los aspectos relativos a la precisa definición del objeto del contrato y de la determinación de los beneficios del suministro a contratar y del lugar o lugares de entrega; a Expediente No. 342-148434-06 3 Fallo de Segunda Instancia ÁNGELA PATRICIA ARROYO SANABRIA los derechos y obligaciones de las partes; a las condiciones de calidad y costo del suministro; al plazo para la liquidación del contrato; a la determinación y ponderación de los factores objetivos de selección; y a todas las demás circunstancias de tiempo, modo y lugar necesarias para garantizar reglas objetivas, claras y completas, puesto que si se miran los términos de referencia que se elaboraron, brillan por su ausencia las estipulaciones que en

tal sentido se imponen normativamente, con lo cual se quebrantaron los postulados de transparencia, responsabilidad y economía. Afirmó que el disciplinado tampoco comunicó la decisión administrativa de adjudicación del contrato a los proponentes no favorecidos, por igual involucrados en el proceso de selección, quebrantando así el principio de transparencia. A si mismo, agregó que para los contratos citados, no se produjo la previa decisión administrativa de aprobación de las garantías aportadas, a efectos de poderse dar inicio a la fase de ejecución del contrato, inobservándose el régimen de garantías, cuya finalidad es la de cubrir los riesgos correspondientes a las obligaciones y prestaciones del contrato. Señaló que tampoco se observa para los contratos citados, la suscripción de las actas bilaterales o unilaterales de liquidación de los mismos, la cual deviene del propósito de poner fin a las divergencias surgidas y para declararse mutuamente a paz y salvo, lo cual se constituye como lesivo del principio de responsabilidad. Finalmente, frente a los dos bilaterales señalados, indicó que nunca se materializó por parte del ejecutivo municipal la designación del interventor para que vigilase y verificase la ejecución y cumplimiento del objeto negocial, comprometiendo el postulado de responsabilidad. De otro lado, manifestó el a quo que para los cuatro (4) contratos señalados, el Alcalde pretermitió el mandato de contar con certificado de disponibilidad y registro presupuestal, exigidos como requisitos previos para la celebración y perfeccionamiento del contrato estatal. En tal sentido, expresó que se encuentra probado que se celebraron y ejecutaron estos negocios jurídicos, al punto de agotarse a plenitud el objeto contractual y producirse el

consiguiente desembolso de dineros oficiales, sin que ni siquiera a la postre se incorporaran tales instrumentos oficiales. Concluyó entonces el fallador de primera instancia que de la plural y efectiva realización de la falta disciplinaria por parte del ex alcalde, participó en la etapa precontractual y contractual con desconocimiento de los principios de legalidad, planeación, transparencia, economía y responsabilidad, esenciales a la contratación estatal, con lo que actualizó de manera repetida, la hipótesis típica prevista en el numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002. En tal sentido, el a quo mantuvo la calificación de la falta en GRAVÍSIMA, al tenor de lo taxativamente establecido por el numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, y título de DOLO, al considerar que el disciplinado sabía de la existencia del tipo disciplinario y quiso su realización.

IV. DE LA APELACIÓN Habiéndose notificado personalmente del fallo de primera instancia el 5 de febrero de 2009

(folio 296 cuaderno principal) el señor JULIO HERNÁN BARRERA SANDOVAL, dentro del Expediente No. 342-148434-06 4 Fallo de Segunda Instancia ÁNGELA PATRICIA ARROYO SANABRIA término legal para ello, presentó recurso de apelación contra dicha providencia (folios 297 al y 302 del cuaderno principal). Argumentos de la apelación presentada por el señor BARRERA SANDOVAL El señor JULIO HERNÁN BARRERA SANDOVAL manifestó su desacuerdo con la decisión del a quo, lo que sustenta de la siguiente manera:

Expresó que la certificación de la disponibilidad presupuestal le corresponde al jefe de presupuesto o a quien haga sus veces, no al Alcalde, pero que en los documentos de los contratos, parece la imputación presupuestal ó registro presupuestal, razón por la cual lógica y necesariamente se había constatado la disponibilidad presupuestal y luego su respectivo registro, pues sin ese conocimiento no se hubiera podido hacer la imputación en las respectivas órdenes de trabajo. Señaló que en su actuación como Alcalde pudo haber errores propios de la dificultad del quehacer administrativo, incluso olvidos temporales, pero no maniobras fraudulentas para engañar a alguien, que es lo que claramente indica el dolo en materia civil. Manifestó que la administración municipal cumplió con los documentos precedentes de cada uno de los contratos examinados, incluido el CDP; y que como se puede comprobar, las obligaciones del Municipio quedaron plenamente saldadas en su oportunidad a cada uno de los contratistas, la función del certificado mencionado fue realizada cabal y satisfactoriamente. Agregó que la Alcaldía siempre contrató sobre la base de la existencia de la disponibilidad presupuestal, sobre el monto que ella tenía establecido y así lo certifican los archivos municipales. Solicitó valorar la circunstancia real de que con su actuación se causó daño alguno al bien jurídico de la administración pública, por lo cual solicita repensar la sanción que se le impuso, puesto de haber habido algún error, esto solo habría sido de trámite y no de fondo. Expresó frente al registro presupuestal que esta es una actuación formal que en estricto

sentido corresponde a jefe de presupuesto o a quien haga sus veces y reafirmó los mismos argumentos que desarrolló frente al tema del certificado de disponibilidad presupuestal. Es de aclarar que aunque el a quo desestimó el cargo relativo a la falta de estudios previos de conveniencia y oportunidad, el disciplinado presentó argumentos frente a este punto, considerando que aquella era una función del jefe de planeación y no del Alcalde; sin embargo, no presentó defensa alguna frente a lo relativo a la elaboración a cabalidad los correspondientes pliegos de condiciones o términos de referencia, frente al hecho de no haber producido la decisión administrativa de aprobación de las garantías aportadas por el contratista y no haber suscrito el acta de liquidación del contrato. Ahora, frente a la falta de adjudicación de los contratos, indicó que este es un acto de trámite y que quedó notificado en estrados, tal y como lo estipula el artículo 325 del C.P.C., pues se efectuaron las correspondientes diligencias y audiencias propias de adjudicación de los contratos o en la cartelera municipal. Expediente No. 342-148434-06 5 Fallo de Segunda Instancia ÁNGELA PATRICIA ARROYO SANABRIA Manifestó que frente al tema de la interventoría de los contratos, esta función correspondía al jefe de planeación y no al Alcalde, según obra en la cláusula sexta de los bilaterales. Finalmente, señaló que con la sanción se le están generando perjuicios económicos injustos e irreversibles, pues no tiene entradas pecuniarias, lo cual dificulta más si situación; de manera subsidiaria solicitó que la sanción sea de amonestación escrita sin anotación en la

hoja de vida, en razón del altruismo administrativo con que se actuó dentro de la administración municipal de Susacón.

V. COMPETENCIA La Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por JULIO HERNÁN BARRERA SANDOVAL contra el fallo de primera instancia, proferido por la Procuraduría Judicial Penal II 166 de Santa Rosa de Viterbo, de conformidad con el numeral 4° del artículo 25 del Decreto 262 de 2000, expediente que fue remitido a esta dependencia el 18 de marzo de 2009 (folio 310 del

cuaderno principal No. 2)

VI. CONSIDERACIONES El trámite seguido en este radicado se ajustó en cuanto a su forma y términos a los lineamientos previstos en los artículos 150 y siguientes de la Ley 734 de 2002. Respecto al tema de competencia, así como a las garantías de los derechos al debido proceso y defensa, no se advierte ninguna anomalía, pues el disciplinado estuvo en la posibilidad de actuar en todas las fases procesales, solicitando pruebas e interviniendo, lo cual evidentemente

realizó, al presentar sus descargos (folios 39 al 41 del cuaderno principal No. 2) y recurso contra el fallo de primera instancia (folios 297 al 302 del cuaderno principal No. 2). De las pruebas recaudadas, es pertinente destacar que cumplen las formalidades exigidas para su valoración y en el caso de los documentos, se observa que éstos fueron aportados en forma legal y oportuna, y no fueron tachados de falsos, por tanto permiten su valoración.

VI.I. POSICIÓN DEL DESPACHO SOBRE LOS HECHOS INVESTIGADOS Frente al cargo único elevado en contra de JULIO HERNÁN BARRERA SANDOVAL que originó el fallo sancionatorio del 28 de enero de 2009, se encuentra probado que: a) Copia de la auditoria integral al Municipio de Susacón para la vigencia 2004, realizado por la Contraloría General de la Boyacá – Dirección Operativa de Control Fiscal, en junio de 2004 (folios 22 al 65 del cuaderno principal No.1) b) Copia del acta de visita especial practicada por la Personería Municipal de Susacón, a la Tesorería Municipal de dicho Municipio, el 21 de octubre de 2005 (folios 68 al 69 del cuaderno principal No. 1) c) Copia de acta de visita especial realizada en la Tesorería Municipal de Susacón, sobre los archivos de las cuentas canceladas por contratos celebrados por la Administración Municipal durante la vigencia 2004, por parte de la Procuraduría Provincial de Santa Rosa de Viterbo, el 15 de noviembre de 2005 (folios 70 al 71 del cuaderno principal No. 1) Expediente No. 342-148434-06 6 Fallo de Segunda Instancia ÁNGELA PATRICIA ARROYO SANABRIA d) Diligencia de versión libre rendida por JULIO HERNÁN BARRERA SANDOVAL, ante la Procuraduría Provincial de Santa Rosa de Viterbo, el 15 de noviembre de 2005 (folios 72 al 73 del cuaderno principal No. 1) e) Diligencia de versión libre rendida por ALICIA LIZARAZO PUENTES, ante la

Procuraduría Provincial de Santa Rosa de Viterbo, el 15 de noviembre de 2005 (folios 74 al 75 del cuaderno principal No. 1) f) Oficio del 5 de diciembre de 2006, a través del cual el señor JULIO HERNÁN BARRERA SANDOVAL remitió a la Procuraduría Judicial Penal II 166, copia de los documentos solicitados por ese Despacho, según oficio No. 093 del 15 de noviembre de 2002 (folios 132 al 261 del cuaderno principal No. 1) A efectos de realizar un análisis ordenado sobre las conductas endilgadas al disciplinado en el cargo a él imputado, se procederá a estudiar puntualmente cada una de ellas frente al material probatorio obrante en el expediente, así como las explicaciones rendidas por el señor BARRERA SANDOVAL en cada uno de los momentos procesales en los cuales ha intervenido.

Primera: Frente a la orden de pago No. 101 del 22 de abril de 2004, a favor de HUMBERTO OROZCO, por la suma de $1.120.000.oo, cuyo objeto consistió en el suministro de 16 viajes de arena, con destino al Programa de mejoramiento de vivienda rural: No obtuvo la previa expedición del certificado de disponibilidad presupuestal; ni solicitó la realización del correspondiente registro presupuestal.

El cargo imputado por el a quo es claro: no haber obtenido de manera previa a la orden de pago No. 101 del 22 de abril de 2004, la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal, ni haber solicitado la realización del correspondiente registro presupuestal.

Veamos inicialmente lo relativo a la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal: Lo primero que deben entonces este Despacho entrar a aclarar, es la diferencia que existe entre la disponibilidad presupuestal que habla el Artículo 25 de la Ley 80 de 1993 y el Certificado de Disponibilidad Presupuestal como tal. Sobre el tema de la disponibilidad presupuestal, la jurisprudencia constitucional1 ha dicho lo siguiente: “…ella hace parte del principio de legalidad del gasto público, establecido en los artículos 345, 346 y 347 de la Constitución Política, anteriormente descritos, la disponibilidad se concibe como un instrumento mediante el cual se busca prevenir o evitar que el gasto sea realizado por encima del monto máximo autorizado por la correspondiente ley anual de presupuesto durante su ejecución. Así entonces, habrá disponibilidad cuando exista una diferencia entre el gasto presupuestado y el realizado, produciéndose un saldo que equivale a una suma disponible que puede ser utilizada para la adquisición de nuevos compromisos. Sobre el particular, conviene reiterar igualmente, lo ya expresado por esta Corporación en la Sentencia No. C-308 de 1994. MP. Dr. Antonio Barrera Carbonell, donde se afirmó: 1 Corte Constitucional, Sentencia No. C-015 de enero de 1996, M.P. Hernando Vergara Herrera. Expediente No. 342-148434-06 7 Fallo de Segunda Instancia ÁNGELA PATRICIA ARROYO SANABRIA “En virtud del principio de legalidad, la destinación de recursos públicos a objetivos no previstos por la ley es contraria a derecho y no puede cumplirse por ningún organismo o persona que administre recursos públicos, y mucho menos por personas privadas que

los administren como colaboradores del Estado. El principio de legalidad es demasiado inflexible para condescender con el manejo a discreción de los recursos públicos, bien sea por las autoridades oficiales o por los particulares “ (…) (…) En este sentido, comparte la Corte las apreciaciones del apoderado del Ministerio de Hacienda, según las cuales, para adquirir compromisos es indispensable que previamente los órganos públicos autorizados para ello tengan la seguridad de contar con los recursos necesarios, o sea, la disponibilidad presupuestal que les permita atender en forma oportuna y adecuada tales gastos. De esa forma (…) tiene como fundamento jurídico, asegurar la existencia de recursos (…) con lo que se hacen efectivos los principios superiores de legalidad y de la disponibilidad presupuestal”. Con fundamento entonces en las imputaciones relacionadas con el cargo, el funcionario de primera instancia invocó, entre otras disposiciones, el Artículo 25, numeral 6°, que a su vez es la que le sirve de sustento para invocar como falta gravísima, la del numeral 31, del Artículo 48 de la Ley 734 de 2002 por violación de los principios de planeación, economía y responsabilidad (folios 16 y 281 del cuaderno principal No. 2). Al respecto, debe observarse que lo que se contempla en dicho numeral 6°, es el deber que tienen las entidades estatales de abrir las licitaciones, concursos o iniciar el proceso de selección que tiene todo contrato, si y solo sí cuando existan las respectivas partidas o disponibilidades presupuestales. Nótese en la lectura detenida de la norma, que allí no se está haciendo alusión a una manera específica de verificar, de probar o certificar la existencia de tales disponibilidades, sino que

se alude fundamental y esencialmente a que materialmente existan las respectivas partidas o disponibilidades presupuestales. En otras palabras, la infracción a la norma en análisis se configuraría en el evento en que se inicie el proceso de suscripción del contrato, sin que en el presupuesto de la respectiva entidad estatal existan partidas presupuestales y dentro de ellas, recursos disponibles con prescindencia o con independencia de la manera como se certifique, verifique o constate dicha existencia. Es decir, en esencia la infracción de la norma en cita única y exclusivamente se soportaría en que se hubiese contratado sin que al efecto existiese un rubro específico destinado a financiar ese contrato y sin que en dicho rubro existieran recursos efectivamente de los cuales pudiera disponerse; este un deber funcional distinto de la verificación o de la certificación de que existan partidas y de que existan recursos disponibles en esas partidas. La propia Ley Disciplinaria se encarga de distinguir entre estas dos situaciones: una concerniente a la materialidad de la existencia de los recursos, y la otra muy distinta, la manera como se verifica o se certifican. En efecto, el numeral 22 del Artículo 48 de la Ley 734 de 2002, cataloga como falta disciplinaria gravísima el “Asumir compromisos sobre apropiaciones presupuestales inexistentes o en exceso del saldo disponible de apropiación….” En resumen, la disponibilidad presupuestal es la expresión del principio de legalidad del gasto público, con lo cual se garantiza que existan los recursos para ejecutar determinada Expediente No. 342-148434-06 8 Fallo de Segunda Instancia

ÁNGELA PATRICIA ARROYO SANABRIA

erogación, y cosa diferente es el Certificado de Disponibilidad Presupuestal, que es el documento que debe ser expedido por el jefe de presupuesto o por quien haga sus veces, con el cual se garantiza la existencia de la apropiación presupuestal disponible y libre de afectación para la asunción de compromisos. Ahora bien, analizando el contenido del pliego de cargos y del fallo de primera instancia, encuentra esta Delegada que el a quo no hace la distinción arriba planteada, confundiendo la disponibilidad presupuestal (numeral 6° del Artículo 25 de la Ley 80 de 1993) con el certificado de disponibilidad presupuestal expedido oportunamente, que es lo que se echa de menos dentro de las presentes diligencias. Dentro del material probatorio obrante en el expediente se encuentra que para la orden de pago No. 101 del 22 de abril de 2004, solamente existe precisamente esta orden de pago por valor de $1.080.800,oo a favor de HUMBERTO OROZCO (folio 200 del cuaderno principal No. 1), una orden de suministro, sin número y sin fecha (folio 201 del cuaderno principal No. 1), la factura de compraventa del 15 de abril de 2004 por valor de $1.120.000,oo (folio 202 del cuaderno principal No. 1), el documento de recibido a satisfacción del 22 de abril de 2004 (folio 203 del cuaderno principal No. 1) y la Resolución No. 097 del 22 de abril de 2004, por medio de la cual el Alcalde Municipal autorizó al Tesorero pagar a favor de HUMBERTO OROZCO, al suma de $1.120.000,oo (folio 204 del cuaderno principal); pero, no se observa

el respectivo certificado de disponibilidad presupuestal correspondiente. Ahora, en el acta de la visita especial realizada en la Tesorería Municipal de Susacón por parte de la Procuraduría Provincial de Santa Rosa de Viterbo, el 15 de noviembre de 2005, la señora ALICIA LIZARAZO PUENTES, se consignó que: “…en calidad de Tesorera Municipal, quien enterada del objeto de la Visita Especial manifiesta, que durante la vigencia fiscal de 2.004 no se elaboró certificado de disponibilidad presupuestal, pues desde hace veinte (20) años que labora como Tesorera Municipal no había realizado dicha actividad. Advierte, que solamente cuando la Contraloría General del Departamento de Boyacá el 01 de Junio/05 al realizar acta de corte de cuentas, detectó la ausencia de elaboración del certificado de disponibilidad presupuestal en cada efecto contractual. A partir de esa fecha se ha procedido conforme lo dispuso la Contraloría General del Departamento. “ (folio 70 del cuaderno principal No. 1) Por otra parte, en la diligencia de versión libre rendida por el disciplinado ante la citada Procuraduría, el 15 de noviembre de 2005, expresó lo siguiente: “Según lo manifestado por la señora tesorera, hace más de 20 años que no se estaba elaborando, solamente hasta cuando llegó la Visita de la Contraloría Departamental es cuando de (sic) ha procedido de conformidad. Yo no tenía conocimiento, pues al llega (sic) uno como nuevo administrador, yo seguí tal como se venía trabajando la administración municipal anterior y cuando llega la Contraloría es cuando se advierte de esa falencia y ahí se empieza a corregir esa

situación. (folio 72 del cuaderno principal No. 1). Esto viene ser confirmado en la diligencia de versión libre rendida por la señora ALICIA LIZARAZO PUENTES, rendida ante la Procuraduría Provincial de Santa Rosa de Viterbo el 15 de noviembre de 2005, cuando manifestó que: “Lo de los certificados de disponibilidad presupuestal, es una de mis funciones, pues en todos los años que he trabajado en la Tesorería Municipal de Susacón, no había expedido la constancia de disponibilidad, ni la Contraloría General del departamento me había dicho nada, hasta en Julio/05, cuando practicaron Visita a la Tesorería y ahí detectaron la ausencia de dichas disponibilidades presupuestales, ahí fue cuando se empezó a elaborar dicho documento, por ello todos los contr