PGN - Documento 201604160719464

Procuraduría Delegada Moralidad Pública Radicación No. 077-02423-04

Investigado: Alejandro Gómez Oviedo

Cargo y Entidad: Concejal de La Montañita, Caquetá Quejoso: Ander Beimar Adaime Fecha de la Queja: 12 de marzo de 2004

Fecha hechos: 26 de octubre de 2003

Asunto: Decretar nulidad

Bogotá, D. C., 06 de junio de 2007

I. ASUNTO La Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública, decreta nulidad a partir de la notificación del fallo de primera instancia que decidió la situación disciplinaria del implicado, señor Alejandro Gómez Oviedo.

II. ANTECEDENTES El fundamento de la acción disciplinaria adelantada lo constituyó, señaló la Procuraduría Regional del Caquetá, la queja instaurada el 12 de marzo de 2004 por el señor Adhner Beimar Adaime ante esa dependencia para que investigara al concejal Alejandro Gómez, quien se encontraba inhabilitado para tomar posesión del cargo de concejal de La Montañita por cuanto había contratado el año anterior a su elección con la Alcaldía.

III. ACTUACIÓN PROCESAL Mediante auto del 15 de marzo de 2004 la Procuraduría Regional del Caquetá ordenó para los propósitos establecidos en el artículo 150 de la Ley 734 de 2002 indagación preliminar y dispuso la práctica de pruebas; comisionó al Personero de Montañita para realizarlas; los documentos fueron radicados en esa dependencia con el número 07702423-04.

Con fundamento en el material probatorio arrimado en la etapa de indagación

preliminar y conforme lo preceptuado por el artículo 152 de la Ley 734 de 2002, el 17 de mayo de 2005 el Procurador Regional del Caquetá ordenó investigación disciplinaria en contra del señor Alejandro Gómez Oviedo y la práctica de pruebas, decisión notificada al disciplinable el 15 de junio de 2005 por el Personero de Montañita. ( fls. 31 al 32 y 37 ) El 15 de agosto de 2006 se formuló pliego cargos al implicado, decisión notificada por edicto fijado el 31 de agosto de 2006 y desfijado el 6 de septiembre del mismo año a las 6 de la tarde, de conformidad con lo ordenado por el artículo 104 de la Ley 734 de 2002. (fls. 63 al 64); el 22 de noviembre de 2006 se designa como defensor de oficio al abogado Ernesto Pérez Camacho para que represente al señor Alejandro Gómez Oviedo y asuma su defensa, quien se posesionó y notificó de los cargos el 18 de enero de 2007. (fls. 55 al 61, 63, 64, 73, 74)

IV CONSIDERACIONES

1 Sería el momento procesal para que esta Delegada se pronunciase sobre el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de oficio del señor Alejandro Gómez Oviedo contra la providencia proferida el 7 de marzo de 2007 por medio de la cual la Procuraduría Regional del Caquetá lo encontró disciplinariamente responsable de los cargos formulados, imponiéndole como sanción destitución del cargo de Concejal de

La Montañita, Caquetá, e inhabilidad por 10 años para ejercer cargos públicos, si no observase el despacho que existen irregularidades respecto de la notificación al disciplinable de la decisión adoptada, que afectan su derecho de defensa y en consecuencia la aplicación del debido proceso, constituyéndose en causal de nulidad. El artículo 107 de la Ley 734 de 2004 ordena lo siguiente: <<Artículo 107. Notificación por edicto. Los autos que deciden la apertura de indagación preliminar e investigación y fallos (subrayado fuera del texto) que no pudieren notificarse personalmente se notificaran por edicto. Para tal efecto, una vez producida la decisión, se citará inmediatamente al disciplinado, por un medio eficaz, a la entidad donde trabaja o a la misma dirección registrada en su hoja de vida o a la que aparezca en el proceso disciplinario, con el fin de notificarle el contenido de aquella y, si es sancionatoria, hacerle conocer los recursos que puede interponer. Se dejará constancia secretarial en el expediente sobre el envío de la citación. Si vencido el término de ocho (8) días a partir del envío de la citación, no comparece el citado, en la Secretaría se fijará edicto por el término de tres (3) días para notificar la providencia. Cuando el procesado ha estado asistido por apoderado, con él se surtirá la notificación personal, previo el procedimiento anterior.>> Revisado el expediente, no existe acto alguno dirigido a notificar al señor Alejandro Gómez Oviedo con el fin de que se entere de la providencia sancionatoria proferida

en su contra el 7 de marzo de 2007 por el procurador Regional del Caquetá ante las dificultades para haberlo notificado personalmente, constituyéndose en causal de nulidad por disposición expresa del legislador, consagrada como tal en el numeral 2 del artículo 143 de la Ley 734 de 2002. No obstante, obra en el expediente a folio 71 la dirección del domicilio en la ciudad de Florencia del disciplinable, donde se hubiese podido citar para notificarlo de la providencia sancionatoria y garantizar así su derecho de defensa y la aplicación del debido proceso, hecho que no sucedió. Por tanto, para garantizar el ejercicio del derecho defensa al disciplinable y desde luego, la aplicación del debido proceso, decrétese la nulidad de todo lo actuado a partir de la notificación de la providencia de primera instancia proferida el 7 de marzo de 2007 por el procurador Regional del Caquetá y notifíquese en debida forma el fallo sancionatorio al señor Alejandro Gómez Oviedo con aplicación del procedimiento indicado en el artículo 107 de la Ley 734 de 2002 en el evento de ser imposible notificarle personalmente. Sobre el punto es importante anotar que el debido proceso contempla un marco amplio de garantías y, desde luego, están dirigidas como tal al pleno ejercicio del derecho de defensa así, << El derecho de defensa en materia disciplinaria alude a la necesidad de ofrecer al individuo disciplinado oportunidades racionales para el 2 planteamiento de su postura en relación con la conducta investigada presuntamente constitutiva de falta disciplinaria, así como para la sustentación de la misma desde el punto de vista probatorio como argumentativo.>>1

Entonces, dentro de un proceso que se ha de adelantar con la observancia de las reglas constitucionales y legales que lo regulan, se debe garantizar no solo la aplicación del debido proceso, sino el ejercicio pleno del derecho de defensa que le asiste al imputado, por tanto debe notificársele en debida forma, como ya se indicó, el fallo sancionatorio. Para ello, remítase el expediente 077-002423-2004 a la procuraduría Regional del Caquetá para lo de su competencia con fundamento en las razones aducidas en la presente decisión. A través de la Secretaría de la Unidad Coordinadora para la Contratación Estatal, realícense las anotaciones y trámites de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SILVANO GÓMEZ STRAUCH

Procurador Delegado para la Moralidad Pública SGS/JIHS 1 Alberto Suárez S. El debido proceso Administrativo; Instituto de Estudios del Ministerio Público, p. 22 3