PGN - Documento 201604160719557

Dependencia: Procuraduría Primera Delegada Contratación Estatal

Radicación N: 078-3268/01

Disciplinados: Hernando Gómez Reina

Cargo y Entidad: Alcalde de Palocabildo – Tolima Quejoso: Concejales de Palocabildo Fecha Queja: 13 de julio de 2003

Fecha Hechos: 2 de febrero y 17 de mayo de 2001

Asunto: Declaratoria de nulidad

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de enero de dos mil seis (2006) Conforme a lo dispuesto en el artículo 171 de la ley 734 de 2002, correspondería a este Despacho proferir fallo de segunda instancia, dentro de la investigación disciplinaria adelantada contra HERNANDO GÓMEZ REINA, alcalde del municipio de Palocabildo, Tolima. No obstante, se advierte que deben tomarse otras decisiones, como pasará a explicarse. ANTECEDENTES Mediante escrito presentado el 15 de mayo de 2001, algunos concejales del municipio de Palocabildo presentaron ante el Procurador General de la Nación, escrito en el que se quejan, entre otros aspectos, de los siguientes (Folios 2-5): - Con recursos de inversión del municipio se cancelaron auxilios personales para adelantar estudios a algunas personas, como fue el caso de la señora Yolanda Caicedo Muñoz, hija de la concejal Judith Muñoz de Caicedo, quien, a pesar de su parentesco con la concejal, fue nombrada multiplicadora en el mes de febrero de 2001 por el alcalde. - El alcalde de Palocabildo suscribió un contrato con el señor Leonardo Gómez Urrego, quien tenía la calidad de concejal del municipio, para que se desempeñara

como jefe de maquinaria. En el escrito de queja se solicitó al Procurador General que la investigación disciplinaria fuera adelantada por una oficina diferente a la Procuraduría de Honda, Tolima. Con base en la solicitud elevada por los concejales de Palocabildo, el Procurador General de la Nación, mediante auto del 22 de mayo de 2001, delegó en la Procuraduría Regional de Tolima la competencia para adelantar la correspondiente investigación disciplinaria que surgiera con ocasión de la queja presentada el 15 de mayo de 2001 (Folio 6). Por auto de 28 de agosto de 2001, la Procuraduría Regional de Tolima ordenó adelantar indagación preliminar, con el fin de verificar los hechos denunciados en la queja instaurada por los concejales de Palocabildo en contra del alcalde de la localidad, HERNANDO GÓMEZ REINA, referentes a posibles irregularidades en la EXPEDIENTE 078-3268 (283) MARTHA LUCÍA AGUILAR E. – 1 DECLARATORIA DE NULIDAD vinculación como contratista, mediante orden de prestación de servicios, del señor Leonardo Gómez Urrego, a pesar de que estaba inhabilitado, por ser concejal del municipio; el pago de auxilios de estudios y la elaboración de orden de prestación de servicios a favor de la señora Yolanda Caicedo Muñoz, hija de una concejal, como multiplicadora, y el pago realizado al señor José Ordóñez Henao por $320.000, según comprobante de pago No. 02694 de mayo 25 de 2001, quien es hermano del

concejal de Palocabildo Neftalí Ordóñez Henao. El 14 de enero de 2003, la Procuraduría Regional de Tolima abrió la investigación disciplinaria en contra del señor HERNANDO GÓMEZ REINA, en su condición de alcalde del municipio de Palocabildo de Tolima (Folios 125-126). LOS CARGOS Mediante proveído del 21 de enero de 2003, la Procuraduría Regional de Tolima formuló el pliego de cargos en contra del señor HERNANDO GÓMEZ REINA, identificado con cédula de ciudadanía No. 2.301.574 de Palocabildo, Tolima, en su condición de alcalde del municipio de Palocabildo, Tolima, en los siguientes términos: (Folios 127-135).

1. En su condición de Alcalde del municipio de Palocabildo, ordenó cancelar auxilios a favor de la señora YOLANDA CAICEDO MUÑOZ, la suma de $480.000, según comprobante de pago NO. 2085 el 2 de Febrero de 2001, por concepto de pago del curso de auxiliar de enfermería, realizado por la señora CAICEDO, en la Escuela Técnica de auxiliares de enfermería y odontología San Ignacio de Loyola, estando prohibido otorgar auxilios a favor de personas naturales. (...)2. Haber ordenado cancelar el auxilio a favor de la señora YOLANDA CAICEDO MUÑOZ, por la suma de $480.000, el 2 de febrero de 2.001, con cargo a la partida presupuestal Sección 04 Inversión 4.3.4 aportes y participaciones, Programa 030507,

4.3.4.2 del Fondo Local de Salud código 030507, 4.3.4.2.3 Plan de Atención Básica, con rubros que tienen una destinación específica, y que no hacen parte de la unidad de caja, estando por consiguiente prohibido destinar éstos, para cancelar auxilios a personas naturales (...).3. Al haber suscrito la orden de prestación de servicios No. 69 (sic) de mayo 17 de 2001, y ordenar su pago, al señor JOSÉ ORDOÑEZ HENAO, hermano del concejal de ese Municipio señor NEFTALY ORDÓÑEZ HENAO, Usted (sic) violó las prohibiciones relativas para nombrar parientes de los Gobernadores, diputados, alcaldes municipales, Concejales Municipales y distritales, juntas administradoras locales, contenidas en la Ley 617 del 2000 artículo 49 parágrafo 2. En el primer cargo se consideraron vulneradas las siguientes normas: el artículo 355 de la Constitución Política y los numerales 1, 2 y 23 del artículo 40 de la Ley 200 de

1995. En el segundo cargo se consideraron violados el numeral 2 del artículo 21 de la Ley 60 de 1993, los artículos 2º , 4º , literales a, b y c del artículo 7, y artículo 11º del decreto 1893 del 3 de agosto 1994 y los artículos 3 y 24 de la Resolución No. 4208 de noviembre 20 de 1996, así como los numerales 1, 2, 4 y 18 del artículo 40 de la Ley 200 de 1995. En el tercer cargo se consideraron vulnerados el parágrafo 2

de la Ley 617 de 2000, así como desconocidos los deberes consagrados en los numerales 1º y 2º del artículo 40 de la Ley 200 de 1995.

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DECLARATORIA DE NULIDAD Las tres conductas se le atribuyeron al disciplinado a título de culpa, al considerarse que éste no previó las consecuencias de sus comportamientos. Por otra parte, las faltas se calificaron provisionalmente como GRAVES, a la luz del artículo 43 de la Ley 734 de 2002 y atendiendo a la falta de consideración para con los administrados, la jerarquía del cargo y el mando ejercido por el investigado en la localidad, el mal ejemplo que da el jefe de la administración local cuando no busca el cumplimiento de los fines estatales y la protección de los intereses del estado, así como la trascendencia social de las faltas, el perjuicio causado y la naturaleza de las mismas.

DESCARGOS.

En el memorial de descargos presentado por el apoderado del señor HERNANDO GÓMEZ REINA, se unificó la defensa del primer y el segundo cargos en una sola argumentación, y la del tercero se presentó en forma separada (Folios 138-140). Con respecto al tercer cargo, argumentó el apoderado del disciplinado que no existe conducta reprochable, pues no se contrató con la persona natural, sino en virtud de que el señor JOSÉ ORDÓÑEZ HENAO era el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Bajo Gualí del municipio de Palocabildo y, en dicho municipio,

la mano de obra no calificada se acostumbraba a contratar con las juntas de acción comunal, representadas por el presidente de las mismas, con el ánimo de generar empleo en la comunidad beneficiaria y menores costos. Por tal motivo, la orden de prestación de servicios No. 169 de mayo 17 de 2001 se suscribió con el señor José Ordóñez Henao, en su condición de Presidente de la Junta de Acción Comunal del Bajo Gualí. Afirmó que, con la intermediación de la junta de acción comunal, se garantizaba a la administración municipal, la calidad de los trabajos a un menor costo, por tanto, no existe ganancia para la junta, ni para nadie en particular, sino que el municipio aportaba una parte del costo de la obra y los beneficiarios el resto, precisamente, en mano de obra. Con base en los argumentos expuestos, solicitó absolver de todo cargo a su representado, ya que éste tuvo siempre la convicción errada e invencible de que actuaba amparado por normas de derecho superior, con un sentido altruista. PRUEBAS DE DESCARGOS Mediante auto del 4 de marzo de 2003, la Procuraduría Regional del Tolima, por ser procedentes, ordenó la practica de todas las pruebas solicitadas por la defensa en los descargos (Folios 147-148). ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Mediante auto del 18 de julio de 2003, la Procuraduría Regional del Tolima corrió traslado a los sujetos disciplinarios para alegar de conclusión, antes del fallo (Folio 197). Ni el disciplinado, ni su apoderado, presentaron alegatos de conclusión

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DECLARATORIA DE NULIDAD dentro del término que para el efecto tenían, de lo cual dejó constancia la regional en el informe secretarial del 4 de agosto de 2003 (Folio 199) DECISIÓN DE INSTANCIA Mediante fallo del 19 de febrero de 2004, la Procuraduría Regional de Tolima decidió el presente proceso en primera instancia, sancionando al señor HERNANDO GÓMEZ REINA, identificado con cédula de ciudadanía No. 2.301.574 de Palocabildo, Tolima, en su condición de alcalde de dicha municipalidad, con multa de treinta (30) días de la asignación básica devengada en la época de los hechos, equivalente a UN MILLÓN SETECIENTOTS DIECISÉIS MIL ($1.716.000) moneda corriente (Folios 200-213). En primer lugar, el a-quo planteó que dicho despacho no se pronunció respecto del hecho denunciado en la queja, sobre irregularidades en la suscripción, por parte del disciplinado, de la orden de prestación de servicios No. 043 el 2 de febrero de 2001, con el señor Leonardo Gómez Urrego, quien se había posesionado como concejal del municipio de Palocabildo el 1º de enero de 2001 y presentó renuncia el 1º de febrero del mismo año, a pesar de que existía material probatorio suficiente, por lo que ordenó el desglose de las pruebas respectivas, obrantes en el expediente, para que se investigara tal hecho, en forma separada.

Luego de exponer los argumentos referidos a los cargos primero y segundo, procedió a analizar el tercero, el cual radica en haber suscrito la orden de prestación de servicios No. 169 de mayo 17 de 2001 y ordenar su pago al señor José Ordóñez Henao, hermano de un concejal del municipio de Palocabildo. Indicó el a quo que existió, por parte del investigado, desconocimiento de la prohibición consagrada en el párrafo 2º artículo 49 de la Ley 617. En cuanto a las explicaciones dadas por el disciplinado, en el sentido de que, al suscribir la citada orden, no contrataba con la persona natural, sino con la junta de acción comunal de la vereda Bajo Gualí, que en esa época, estaba representada por el señor José Ordóñez Henao, en su condición de presidente, expuso la primera instancia que, si bien el contratista tenía la calidad de miembro de dicha junta, la orden se suscribió, efectivamente, con la persona natural y no en nombre y representación de otra persona. Por tal razón, es evidente para el a quo que el disciplinado obró con negligencia, al no percatarse de que la orden de prestación de servicios No. 169 del 17 de mayo de 2001 se suscribiera con el señor José Ordóñez Henao, pero en su condición de representante de la junta de acción comunal del Bajo Gualí. El fallador de instancia atribuyó la falta al disciplinado a título de culpa, ya que no previó las consecuencias de su comportamiento, no fue diligente, ni obró de modo cuidadoso y responsable. Por otra parte, calificó definitivamente la falta como grave, atendiendo la jerarquía del cargo desempeñado por el disciplinado en la localidad, la

cual le exigía desplegar conductas trasparentes e imparciales, observar la ley, dar buen ejemplo, buscar el cumplimiento de los fines estatales y proteger los intereses del Estado.

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DECLARATORIA DE NULIDAD Con su comportamiento, indicó la primera instancia, el disciplinado incumplió los deberes de los servidores públicos previstos en los numerales 1, 2, 4 y 18 del artículo 40 de la Ley 200 de 1995. APELACION El 19 de marzo de 2004, el apoderado del señor HERNANDO GÓMEZ REINA presentó recurso de apelación contra el fallo proferido en primera instancia, en el cual, básicamente, justifica la actuación de su defendido por la suscripción de la orden de prestación de servicios con el señor José Ordóñez Henao, el 25 de mayo de 2001, por valor de $1.716.000. Indicó la defensa que el contratista, en la fecha en que suscribió dicha orden, actuaba en calidad de Presidente de la Junta de Acción Comunal del Guali Bajo y no como persona natural, tal como quedó demostrado con la declaración rendida por el promotor de juntas de acción comunal de Palocabildo, Tolima, Claus Rodríguez. Así, se tiene que su defendido no favoreció a una persona en particular, sino a la comunidad, y garantizó, con ello, un menor costo y una buena calidad, por el interés de trabajar para la misma comunidad. El hecho de que el contratista fuera hermano de un concejal de dicho municipio fue circunstancial, porque en dicha contratación

primó el interés general sobre el particular. Cuando su prohijado suscribió la mencionada orden de prestación de servicios, actuó convencido de que estaba contratando con el representante de la Junta de Acción Comunal de Gualí Bajo. De acuerdo con los planteamientos realizados, indicó la defensa que la actuación de su representado carece de ilicitud sustancial, porque su comportamiento puede ser típico, pero tiene justificación. Solicitó que se le reconociera a su defendido la causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria contenida en el numeral 6º del artículo 28 de la Ley 734 de 2002. En concepto del defensor, las causales de exclusión de responsabilidad disciplinaria hacen desaparecer la falta, porque el ordenamiento transforma la conducta típica en un hecho perfectamente jurídico, o sea, transforma la conducta típica en justa, pero aclara que otra corriente jurídica afirma que éstas no hacen desaparecer la antijuricidad, sino que impiden que surja. Después de realizar una serie de disquisiciones sobre la antijuricidad y las causales de exclusión de responsabilidad, con respecto a la causal de exoneración solicitada, expuso que el error debe ser predicable de todos y cada uno de los elementos de la falta disciplinaria, que, para el efecto, son la tipicidad y la antijuricidad. Indicó que, si bien aquél debe ser invencible e inevitable, no hay reglas fijas para determinar, en cada caso concreto, estas circunstancias, por lo cual cada caso debe ser analizado teniendo en cuenta las características personales del autor (profesión, grado de instrucción, medio cultural, técnica legislativa empleada para redactar la norma, etc),

sin olvidar el contexto social en que el hecho se produce. Citó el apoderado de la defensa sentencia de la Corte Suprema de Justicia, de la Sala de Casación Penal, del 24 de mayo de 1983, en la que se planteó que la negligencia, el descuido o la desatención descartan el dolo, pero se abre la EXPEDIENTE 078-3268 (283) MARTHA LUCÍA AGUILAR E. – 5 DECLARATORIA DE NULIDAD perspectiva de una “culpabilidad culposa” por el incumplimiento del deber por falta del cuidado exigible para evitar la producción del resultado típico.

CONSIDERACIONES DE LA DELEGADA:

1. Precisión previa.

Considera este despacho que el segundo cargo formulado al disciplinado es de competencia de la Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública, conforme lo establece el numeral 4º del inciso 5 y el inciso 6 del artículo 19 de la Resolución 017 de marzo 4 de 2000. En efecto, se imputó al investigado “[h]aber ordenado cancelar el auxilio a favor de la señora YOLANDA CAICEDO MUÑOZ... con cargo a la partida presupuestal...Plan de Atención Básica, con rubros que tienen una destinación específica y que no hacen parte de la unidad de caja, estando por consiguiente prohibido destinar éstos, para cancelar auxilios a personas naturales” (subrayas fuera de texto), conducta que está claramente referida a la ejecución del presupuesto y, concretamente, a la aplicación de rentas de destinación específica. Por otra parte, atendiendo a la conexidad existente entre el segundo y el primer

cargos, también, sería competente la mencionada procuraduría delegada para pronunciarse respecto de este último, conforme al parágrafo del artículo 19 de la mencionada resolución. Por lo anteriormente expuesto, esta delegada se pronunciará, únicamente, respecto del tercer cargo formulado al disciplinado, y romperá la unidad procesal, para que los dos primeros cargos, sean estudiados por la Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública. Sin embargo, considera este despacho pertinente advertir, de una parte, que, a pesar de que, en la parte resolutiva del fallo de primera instancia del 19 de febrero de 2004, no se hizo pronunciamento específico respecto del primer cargo, sino que se resolvió sancionar al señor Hernando Gómez Reina, en su condición de alcalde de Palocabildo, Tolima, con multa de treinta (30) días de asignación básica devengada en la época de los hechos, en la parte motiva se indicó que, respecto de aquél, se imponía la absolución del disciplinado. En efecto, expresó la Procuraduría Regional del Tolima lo siguiente: Por lo que no puede desconocer esta instancia, sustentándonos en el material probatorio, es que el fin buscado por el Alcalde de Palocabildo al suscribir el contrato con la tan mencionada Escuela, era la capacitación en salud de personas de la comunidad y que estuvieran interesadas, en razón del clamor y la necesidad que padecer el campesino y en dar orientación para la prevención en la salud de niños y adultos. En estas condiciones estima el despacho que la conducta desplegada por el implicado

estuvo siempre amparada en la norma constitucional, llegándose a la conclusión de que no existe mérito para sancionar disciplinariamente y en consecuencia sin otras consideraciones se dispondrá la absolución del cargo imputado (Subrayas fuera de texto).

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DECLARATORIA DE NULIDAD De otra, que en el recurso de apelación no se hizo referencia alguna a los cargos primero y segundo; en efecto, solo se expusieron argumentos dirigidos a cuestionar la condena impuesta por el cargo tercero.

2. Hechos probados respecto del cargo tercero.

Con fundamento en las pruebas que obran en el expediente, se tiene lo siguiente:

1. El 17 de mayo de 2001 se suscribió la orden de prestación de servicios No. 169, entre el municipio de Palocabildo, representado por su alcalde, Hernando Gómez Reina, y el señor José Ordóñez Henao, con el objeto de arreglar los caminos que van desde el Alto de la Virgen a la vereda Bajo Gualí y desde el Alto del Congreso hasta la vereda del Bajo Gualí; el plazo de ejecución era del 17 al 26 de mayo de 2001, por un valor de trescientos veinte mil pesos ($320.000) (Folios 34, 35,36 y 179).

La calidad de alcalde municipal de Palocabildo, Tolima, del señor Hernando Gómez Reina, en la época de suscripción del contrato mencionado, se encuentra acreditada con la certificación expedida por la secretaria de hacienda y tesorera municipal de

Palocabildo, Tolima, el 4 de septiembre de 2001, y con el acta de posesión No. 015 del 17 de marzo de 2000 (Folios 54-55).

2. Obran en los folios 178 y 180 el certificado de disponibilidad presupuestal No. 613 de mayo 17 de 2001, que sirvió de soporte a la orden de prestación de servicios No. 169 de la misma fecha, y el comprobante de pago No.02694 de mayo 25 de 2001, en el cual consta el pago de los servicios contratados mediante la referida orden. 3 Se allegaron también sendas certificaciones de fecha 18 de mayo de 2001, suscritas por el señor JOSÉ SAID ORDÓÑEZ HENAO, en su condición de Presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Bajo Gualí, en las que informa que los señores Gustavo Pérez Ojeda y Wilmar Ordóñez Henao realizaron satisfactoriamente los arreglos de los caminos Alto del Congreso y Alto de la Virgen que conducen a la vereda Gualí Bajo (Folios 37, 181-182).

4. Esta demostrada la condición de hermanos de los señores NEFTALÍ y JOSÉ ORDÓÑEZ HENAO, conforme a copias de los registros civiles de nacimiento obrantes a folios 84 y 87.

5. Se demostró la condición de concejal del municipio de Palocabildo, Tolima, durante el periodo comprendido entre el año 2001 y el año 2003, del señor Neftalí Ordóñez Henao, conforme al acta de escrutinio municipal de la Organización electoral, obrante a folio 52, y el acta de posesión que obra a folio 61.

6. En declaración rendida el 3 de abril de 2003, el señor CLAUS ROBER RODRÍGUEZ, promotor de desarrollo comunitario del municipio de Palocabildo, quien asesoraba a las organizaciones comunitarias existentes en el municipio, afirmó que el señor José Ordóñez Henao era Presidente de la Junta de acción comunal de la vereda del Bajo Gualí, desde hacía varios años (Folios 184-186).

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DECLARATORIA DE NULIDAD Indicó, además, el declarante, que las contrataciones de arreglos de caminos y escuelas, apertura y arreglos de caminos, limpia y mantenimiento de cunetas y vías carreteables, siempre las realizaba el municipio con juntas de acción comunal, porque se garantizaba una buena calidad en la confección de los trabajos, un menor costo y participación directa de la comunidad beneficiaria de las obras. A pesar de conocer, plenamente, el parentesco existente entre el contratista José Ordóñez Henao y el concejal del municipio de Palocabildo, Neftalí Ordóñez Henao, afirmó que este hecho no afectó la contratación; las obras se realizaron porque los caminos objeto del contrato estaban en pésimas condiciones y, lógicamente, el contrato y el pago se hacen al representante legal de la comunidad.

7. En versión rendida el 3 de abril de 2003, el disciplinado afirmó que, al suscribir la orden de prestación de servicios No. 169 de mayo 17 de 2001, a favor del señor José Sair Ordóñez Henao, hermano del concejal, Neftalí Ordóñez Henao, no violó ninguna

norma, porque no contrató con la persona natural, sino con la junta de acción comunal de la vereda Bajo Gualí, que en esa época, estaba representada por el señor JOSÉ SAIR, presidente de la misma. En el municipio de Palocabildo es costumbre, por demás sana, contratar con las juntas de acción comunal. Además, el arreglo de los caminos objeto del contrato se llevó a cabo por solicitud de la comunidad, debido al pésimo estado de los mismos, y no con el ánimo de favorecer a ninguna persona en particular.

3. Conclusiones de la Delegada respecto del cargo tercero.

Conforme a las pruebas obrantes en el expediente, se demostró que la orden de prestación de servicios No. 169 de mayo 17 de 2001 fue suscrita entre el municipio de Palocabildo, Tolima, representado por el señor Hernando Gómez Reina, en su condición de Alcalde, y el señor José Ordóñez Henao, hermano del concejal del municipio, Neftalí Ordóñez Henao. Ahora bien, en el tercer cargo se le atribuyó al disciplinado haber violado la prohibición de nombrar parientes de los concejales municipales contenida en el parágrafo 2 del artículo 49 de la Ley 617 de 2000. Este artículo, en su redacción original, antes de ser modificado por la Ley 821 de 2003, era del siguiente tenor: ARTÍCULO 49. Los gobernadores, diputados, alcaldes municipales y distritales y concejales municipales y distritales no podrán nombrar, ser miembros de junta o consejos directivos de entidades del sector central o descentralizado del correspondiente departamento, distrito o

municipio ni miembro de juntas directivas, representantes legales, revisores fiscales, auditores o administradores de las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el respectivo departamento o municipio. Los cónyuges o compañeros permanentes de los gobernadores, diputados, alcaldes municipales y distritales y concejales municipales y distritales y miembros de juntas administradoras locales municipales y sus parientes dentro del segundo grado de consaguinidad, primero de afinidad o primero civil, no podrán ser designados funcionarios del respectivo departamento, distrito o municipio, o de sus entidades descentralizadas. Los cónyuges o compañeros permanentes de los gobernadores, diputados, alcaldes municipales y distritales y concejales municipales y distritales, y miembros de juntas EXPEDIENTE 078-3268 (283) MARTHA LUCÍA AGUILAR E. – 8 DECLARATORIA DE NULIDAD administradoras locales municipales y distritales y sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, no podrán ser miembros de juntas o consejos directivos de entidades de los sectores central o descentralizado del correspondiente departamento, distrito o municipio ni miembros de juntas directivas, representantes legales, revisores fiscales, auditores o administradores de entidades prestadoras de los servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el respectivo departamento, distrito o municipio; ni contratistas de ninguna de las entidades mencionadas en este inciso directa o indirectamente. PARÁGRAFO 1º. Se exceptúan de lo previsto en este artículo, los nombramientos que se hagan en aplicación de las normas vigentes sobre carrera administrativa.

PARÁGRAFP 2º. Las prohibiciones para el nombramiento, elecciones o designación de servidores públicos y trabajadores previstas en este artículo también se aplicarán en relación con la vinculación de personal a través de contratos de prestación de servicios (Subrayas fuera de texto). Para el caso en análisis, conforme al contenido de la parte final del inciso tercero del artículo 49 de la Ley 617 /2000, se puede concluir, entre otros aspectos, que los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad de los concejales municipales no podían ser contratistas de las entidades de los sectores central y descentralizado del respectivo municipio. Sin embargo, esta no fue la norma que se consideró trasgredida en el tercer cargo atribuido al disciplinado, sino el parágrafo 2º del artículo 49 ibídem. Del contenido del parágrafo 2º se desprende que la prohibición para los parientes de gobernadores, diputados, alcaldes, concejales, miembros de juntas locales, en los grados a que hace alusión la norma, se aplica con relación a la vinculación de personal a través de contratos de prestación de servicios. Atendiendo al objeto de la “orden de prestación de servicios” No. 169 del 17 de mayo de 2001, motivo de controversia en el cargo que se analiza, el cual se determinó de la siguiente manera: “servicio de arreglo de camino que va desde el alto de la virgen a la vereda bajo gualí, y otro que va desde el alto del congreso y conduce a la vereda bajo gualí del municipio de Palocabildo” (subrayas fuera de texto), se puede concluir que se trata de un contrato de obra de los definidos en el numeral 1º del artículo 32,

que especifica: “Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago.” (Subrayas fuera de texto). Así las cosas, al margen de la denominación que se le dio, es claro que el contrato objeto de cuestionamiento no es un contrato de prestación de servicios, sino de obra. Por ello, teniendo en cuenta que la norma que se consideró vulnerada al suscribir la orden de prestación de servicios No. 169 de 2001 fue el parágrafo 2º del artículo 49 de la Ley 617 de 2000, y que, dada la verdadera naturaleza del contrato, es evidente que esa norma no era la aplicable, pues debió invocarse el inciso 3º del mismo artículo 49, se impone declarar la nulidad parcial del proceso, en relación con el cargo tercero, en cumplimiento del artículo 144 de la Ley 734 de 2002, a partir del auto de cargos, inclusive, atendiendo a que, al haberse formulado dicho cargo en EXPEDIENTE 078-3268 (283) MARTHA LUCÍA AGUILAR E. – 9 DECLARATORIA DE NULIDAD forma imprecisa, incurriendo en error al citar las normas violadas, no se garantizó el derecho de defensa del disciplinado, ni se protegió el debido proceso.

4. Directiva No. 0010 de 2005.

En cumplimiento de la Directiva 0010 de mayo 23 de 2005, expedida por el Procurador General (E), esta delegada se permite advertir que, ante la

irregularidad descrita, la única solución es la declaratoria de nulidad, atendiendo a que, se citó erradamente la norma violada, lo que impide proferir una decisión definitiva a la luz de una de una disposición diferente, de modo que no existe otro medio para subsanar esta irregularidad sustancial que afectó el proceso disciplinario, respecto del cargo mencionado. Esta delegada, en virtud de lo establecido en el literal c) del numeral 2º de la parte decisoria de la mencionada directiva, remitirá copia de presente decisión a la Viceprocuraduría General de la Nación. Por las razones expuestas, la Procuraduría Primera Delegada para la contratación Estatal, RESUELVE: PRIMERO: Romper la unidad procesal respecto del primer y el segundo cargos formulados al disciplinado, mediante auto del 21 de enero de 2003, por la Procuraduría Regional del Tolima, y, en consecuencia, remitir las presentes diligencias a la Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública, para que ésta se pronuncie respecto de dichos cargos, por ser la competente para ello, conforme a lo expuesto en el numeral 1º del acápite de consideraciones de este proveído.

SEGUNDO: Declarar la nulidad parcial del proceso respecto del cargo tercero formulado en del señor HERNANDO GÓMEZ REINA, en su condición de alcalde del municipio de Palocabildo, Tolima, a partir del auto de cargos, inclusive, y exclusivamente respecto del cargo tercero, teniendo en cuenta que la actuación respectiva se encuentra viciada de nulidad, de conformidad con lo establecido en los

numerales 2 y 3 del artículo 143 de la Ley 734 de 2002, según lo expuesto en el numeral 3º del acápite de consideraciones de este proveído. Para la reposición de la actuación anulada, remít