PGN - Documento 201604160720176

PROCURADURÍA DELEGADA PARA LA MORALIDAD PÚBLICA Radicación: 162-104698-04

Investigados: En Averiguación

Cargo: Servidores Alcaldía Distrital de Barranquilla Quejoso: De oficio Fecha queja: 20 de abril de 2004

Fecha hechos: 30 de abril de 2004

Asunto: Remisión por Competencia

Bogotá, D.C., 11 de noviembre de 2004

I. ASUNTO Sería del caso proceder a la evaluación de la correspondiente queja radicada con el No. 162-104698-04; sin embargo este Despacho se abstendrá de ello por cuanto no es competente para continuar conociendo de las diligencias, previas las siguientes

consideraciones:

II. HECHOS La Procuraduría Regional del Atlántico mediante auto del 21 de abril de 2004, comisionó a un funcionario de su Despacho, con el fin de verificar la oportuna actualización de datos del SISBEN por parte de la Alcaldía Distrital de Barranquilla, la cual debía reportarse al Gobierno Nacional a más tardar el 30 de abril de 2004, y cuyo incumplimiento acarrearía la pérdida de recursos que por concepto de subsidio para salud le correspondería al Distrito de Barranquilla (folio 59).

Obedeció la iniciación de tal investigación el reportaje publicado en el periódico El Heraldo de Barranquilla el día 20 de abril de 2004 titulado "Atlántico perdería recursos para la salud", que en sus apartes más relevantes señaló que el Gobierno Nacional advirtió que 18 municipios del Atlántico, entre ellos Barranquilla, perderían los recursos que por concepto de subsidios le correspondían para salud, por no

cumplir con la actualización del Sisbén, cuyo plazo vencería el 30 de abril del presente año (folio 6). Según acta de visita especial practicada en el Departamento de Planeación Distrital de Barranquilla, el 22 de abril de 2004 (folios 7 y 8), el doctor Roberto Rosanía Santiago, Jefe del Departamento de Proyectos y Sisbén, declaró que para el año 2003 se perdió la vigencia de la reserva presupuestal, la disponibilidad presupuestal y los requisitos que exigía Planeación Nacional lo que retrasó en más de cinco meses la aplicación del censo. No obstante afirmó que para el presente año y previo al cumplimiento de la fecha señalada como límite (30 de abril de 2004), se tenían todos los documentos listos tales como el convenio para la firma del Alcalde, la reserva y disponibilidad presupuestal, documentación que debía ser entregada para que fueran aprobadas las partidas correspondientes para la realización del censo. Para corroborar lo afirmado, el Jefe del Departamento de Proyectos y Sisbén anexó certificado de disponibilidad presupuestal No. 18776, Acuerdo del Concejo Distrital de Barranquilla, listado de la base de datos actualizado del Sisbén del Distrito de Barranquilla y el proyecto o minuta del convenio de cooperación celebrado entre el 1 Programa de las Naciones Unidas y el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla (folios 9 a 29).

III. CONSIDERACIONES DE LA DELEGADA De acuerdo con los documentos aportados al expediente y las pruebas recopiladas, la Procuraduría Regional del Atlántico rindió informe evaluativo el 27 de abril de 2004

(folios 30 y 31) y mediante auto del 5 de mayo de 2004 (folios 32 y 33) remitió por competencia las diligencias a la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa informando que se había recopilado la documentación necesaria: "…sobre las gestiones realizadas para la actualización de datos del Sisbén, en virtud de la noticia aparecida en el Diario El Heraldo de esta ciudad sobre la posible pérdida de los recursos que por concepto de subsidios le corresponden a esta ciudad para salud, por la negligencia de los funcionarios de la administración Distrital para enviar los documentos requeridos por el Departamento Nacional de Planeación antes del 30 de abril del año en curso." Consideró la Regional del Atlántico que tal obligación correspondía al Alcalde Distrital, funcionario que no era de la órbita de su competencia, y de conformidad con el artículo 25 literal c) del Decreto 262 de 2000, remitió tal actuación a la Delegada para la Vigilancia Administrativa. A su vez, la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa con auto del 10 de junio de 2004 remitió por competencia a la Delegada para Contratación Estatal (reparto) por considerar que la conducta a investigar se refería a: "…el convenio entre Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, Departamento Nacional de Planeación y Distrito de Barranquilla, debió efectuarse el pasado mes de septiembre de 2003 bajo la administración del Dr. HUMBERTO CAIAFA RIVAS, por lo tanto se perdió la vigencia de la reserva presupuestal, la disponibilidad presupuestal y la serie de requisitos

que exige Planeación Nacional, tampoco se presentó el proyecto de Acuerdo en el cual se autorizaba al señor Alcalde de ese momento las facultades para celebrar este convenio, lo cual retrasó en más de cinco meses la aplicación del censo a ciento catorce mil novecientos sesenta hogares de los estratos 1, 2 y 3 de los corregimientos de Juan Mina y La Playa para la realización del nuevo Sisbén para el Distrito de Barranquilla..." (Resaltas del despacho). Este Despacho no comparte el criterio de la Delegada para la Vigilancia Administrativa, sobre la competencia para conocer el presente asunto, pues los hechos a que hace referencia (arriba transcritos) ocurrieron en el año 2003 y fueron traídos a colación por el funcionario que atendió la visita a título de ejemplo de lo ocurrido en el año inmediatamente anterior, pero en manera alguna son objeto de controversia en la presente investigación. Por el contrario, el objeto de cuestionamiento consistía en: “…verificar que el municipio de Barranquilla cumpliera con la actualización del SISBEN dentro de un plazo establecido que vencía el 30 de abril de 2004, para así poder obtener los recursos que por concepto de subsidios le 2 corresponderían para la salud, pues de no ser así, correría el riesgo de perder tales recursos”. Según la nota periodística, el objeto del Gobierno era conminar a los Alcaldes de varios municipios del Atlántico para que agilizaran la gestión de actualización del SISBEN y así obtener los recursos destinados a financiación de hospitales pues de lo contrario, sus entes territoriales se verían afectados y sus alcaldes sancionados.

Es por esto que con el Informe Evaluativo de la Procuraduría Regional del Atlántico el 27 de abril de 2004, se allegó copia del certificado de disponibilidad presupuestal, Acuerdo 001 de 2004, oficio del 21 de abril de 2004 con el cual se remite al Departamento Nacional de Planeación la base de datos actualizada del Sisbén, listado de beneficiarios del nuevo Sisbén y la minuta del convenio de cooperación. Y en uno de sus apartes, la Procuraduría Regional conceptuó: "...Los documentos aportados nos permiten inferir que la Administración del Distrito de Barranquilla ha realizado las gestiones necesarias para que la Dirección de Desarrollo Territorial de Planeación Nacional conceda los recursos que por concepto de subsidios le corresponden para salud durante la vigencia 2004, que al parecer para esta vigencia fiscal ascienden a la suma de $376.000.000.000,oo..." Así las cosas, en mi concepto no existe mérito para iniciar investigación disciplinaria…” (Negrillas fuera del texto original). Lo que se trataba de verificar en la presente investigación era si efectivamente la Alcaldía Distrital de Barranquilla había recopilado en tiempo la información requerida y la actualización de datos del SISBEN esto es, antes del 30 de abril de 2004, fecha límite de plazo para tal efecto y nada se cuestionaba respecto a la suscripción o ejecución de contrato alguno. El Decreto 262 del 22 de febrero de 2000, señala en su artículo 25: "Artículo 25. Funciones disciplinarias. Las procuradurías delegadas cumplen las siguientes funciones disciplinarias: Conocer en primera instancia los procesos disciplinarios que se adelanten

contra: (...) c). Los Agentes Diplomáticos y Consulares, Los Directores Generales del Ministerio de Hacienda, los Defensores Delegados, los Personeros Delegados de la personería de Santa Fe de Bogotá, los Gobernadores, los Contralores Departamentales, los Alcaldes de capitales de departamento y los Distritales salvo en de Santa Fe de Bogotá, D.C.". A su vez, la Resolución No. 017 del 4 de marzo de 2000 establece: "Artículo 19. Distribución de las funciones y competencias disciplinarias. Deléganse las funciones y competencias disciplinarias establecidas en el artículo 25 del Decreto 262 de 2000 en las siguientes Procuradurías delegadas: 3 Cuando se trate de conductas relacionadas con la contratación, desde los actos preparatorios, comprendiendo todos los requisitos y procedimientos presupuestales, hasta la liquidación del contrato y el pago de las obligaciones que de él surjan, la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública asume las funciones y competencias disciplinarias establecidas en los literales a), b), c), k), l) y m) del numeral 1 del artículo 25 del Decreto 262 de 2000; y en el literal i) exclusivamente en lo que se refiere al Director Nacional y los Directores Seccionales de la Administración de Justicia, del numeral 1 del artículo 25 del decreto 262 de 2000. Salvo que estén asignadas a otra dependencia de la Procuraduría General de la Nación, las Procuradurías Primera y Segunda Delegadas para la Vigilancia Administrativa asumen las funciones y competencias disciplinarias establecidas en los literales a), b), c), k) y 1) del numeral 1 del

artículo 25 del Decreto 262 de 2000; y en el literal i) exclusivamente en lo que se refiere al Director Nacional y los Directores Seccionales de la Administración de Justicia, del numeral 1 del artículo 25 del mismo decreto, así como las funciones y competencias establecidas en los numerales 4,5,6,7,8 y 9 del artículo25 del Decreto 262 de 2000". Norma que obliga a concluir que la Delegada para la Moralidad Pública no es competente para adelantar la investigación solicitada, por cuanto el asunto a analizar no se encuentra relacionado de ninguna manera con la contratación estatal y por lo mismo, nada tiene que ver con las competencias asignadas a las Delegadas para la Contratación Estatal y la Moralidad Pública. Por tratarse de una conducta de carácter administrativo, se considera que es del resorte de la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa y atendiendo lo preceptuado por la Resolución No. 072 del 5 de marzo de 2004, se enviará la documentación respectiva. De conformidad con lo expuesto, este Despacho promoverá el conflicto negativo de competencia, ante la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, superior jerárquico, en aras de que la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa siga conociendo de las presentes diligencias, en los términos del inciso segundo del artículo 82 de la Ley 734 de 2002, que expresa: El funcionario que se considere incompetente para conocer de una actuación disciplinaria deberá expresarlo remitiendo el expediente en el estado en que se encuentre, en el menor tiempo posible, a quien por disposición legal tenga

atribuida la competencia. Si el funcionario a quien se remite la actuación acepta la competencia, avocará el conocimiento del asunto; en caso contrario lo remitirá al superior común inmediato, con el objeto de que éste dirima el conflicto. El mimo procedimiento se aplicará cuando ambos funcionarios se consideren competentes. El funcionario de inferior nivel, no podrá promover conflicto de competencia al Superior, pero podrá exponer las razones que le asisten y aquél, de plano, resolverá lo pertinente." 4 Por lo expuesto, el Procurador Delegado para la Moralidad Pública, en uso de sus facultades legales y reglamentarias,

RESUELVE PRIMERO: TRABAR EL CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA, ante la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, de conformidad con las razones de derecho consignadas en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: A través de la Unidad Coordinadora para la Contratación Estatal, déjense las constancias de rigor.

CÚMPLASE FRANCISCO JAVIER FARFÁN MOLINA Procurador Delegado para la Moralidad Pública (E) PD Moralidad Pública Exp. 162-104698-04

FJFM/CPTF/LAM

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