PGN - Documento 201604160720276

SALA DISCIPLINARIA Radicación No. : 16101265 (162-39999/00)

Disciplinados : LUIS ANTONIO ROBLEDO VALBUENA,

EDUARDO SALAZAR SAENZ y JOSE NOE

ROMERO GÓMEZ.

Cargo y Entidad : Alcaldes del Municipio de Puerto Carreño y

Gerente General de Codeter, respectivamente.

Quejoso : De oficio Fecha Hechos : 10 de diciembre de 1997.

Asunto : Irregularidades en la suscripción y ejecución del convenio interadministrativo No. 010 del 10 de diciembre de 1997.

P.D. Ponente : Doctor PEDRO PULIDO GUTIERREZ.

Bogotá, D.C., 10 de abril de 2002 La Sala Disciplinaria en el ejercicio de la competencia otorgada por el numeral 1º del artículo 22 del decreto 262 del 2000 y, mediante el recurso de apelación interpuesto por el apoderado del disciplinado LUIS ANTONIO ROBLEDO VALBUENA, revisa la providencia calendada el 15 de noviembre del 2001, emitida por la Delegada para la Moralidad Pública, que denegó la practica de pruebas (fls. 201 a 203) ANTECEDENTES La Procuraduría Departamental del Vichada por auto del 3 de febrero de 1999 ordena indagación preliminar para el esclarecimiento de hechos objeto de reclamo ciudadano, relacionados con irregularidades en la implantación del sistema de recolección, manejo, reciclaje de basuras y residuos sólidos en la ciudad de Puerto Carreño. (fl.7). Por auto del 12 de mayo de 1999 se ordenó la

apertura de investigación disciplinaria contra LUIS ANTONIO ROBLEDO VALBUENA, EDUARDO SALAZAR SAENZ y JOSE NOE ROMERO GÓMEZ, en sus condiciones de Alcaldes del Municipio de Puerto Carreño y Gerente General de Codeter, respectivamente. (fls. 38 a 40). El apoderado del doctor José Noé Romero Gómez mediante memorial del 23 de julio de 1999 solicitó la nulidad de todo lo actuado a partir del auto de apertura de investigación por el cual fue vinculado al proceso disciplinario su mandante, por no ostentar la calidad requerida en el C.U.D. para ser implicado dada su condición de Gerente de la Cooperativa Nacional de Desarrollo Territorial – Cometer. (fls. 64 2 a 72). Por Auto del 27 de marzo del 2000 fue remitido por competencia el proceso a la Delegada para la Contratación Estatal (Reparto) (fl. 122). La Procuraduría Delegada para Moralidad Pública asume la investigación, decretando pruebas por auto del 22 de agosto del 2000 (fls. 123 y 124), y por Auto del 31 de mayo del 2001, inicialmente en el numeral 3.2. se ocupa de analizar el planteamiento objeto de la nulidad que había sido planteada, concluyendo que al señor José Noé Romero Gómez, Gerente General de Codeter, si le es aplicable el régimen disciplinario, descartando la posibilidad de archivar la investigación en su contra por este motivo y, por lo tanto, se le seguiría considerando como posible autor de las faltas disciplinarias investigadas, procediendo en la providencia en cita a formular cargos a los tres disciplinados. (fls. 134 a 151). Notificados los cargos personalmente a los

implicados (fls. 155, 175 y 176), se observa que la doctora Hasley Teresa Romero Gómez nueva apoderada del señor José Noé Romero Gómez (fls. 166 y 167), en el escrito de descargos, presenta solicitud idéntica a la anteriormente expuesta y resuelta, en el sentido que se declare la nulidad de todo lo actuado procediendo al archivo definitivo de la investigación, por considerar que su poderdante, al ostentar la calidad de Gerente de una Cooperativa no es sujeto disciplinable. (fls. 156 a 166) Sobre la solicitud de pruebas, de los tres disciplinados sólo presentó petición en este sentido el apoderado del señor Luis Antonio Robledo Valbuena (fls. 196 a 198), en los siguientes términos: “Con el fin de aclarar los hechos objeto de investigación y determinar la responsabilidad pertinente de mi poderdante, respetuosamente pido se sirva decretar y practicar la prueba pertinente para verificar los hechos incoados por el contratista para solicitar la suspensión del contrato y las prórrogas a los términos de ejecución. Hechos estos que motivaron al ex - Alcalde Robledo para acceder a tales peticiones. Las demás pruebas pertinentes y necesarias que el que el Señor Procurador considere.” PROVIDENCIA RECURRIDA El Procurador Delegado para la Moralidad Pública mediante auto del 15 de noviembre del 2001, dispuso negar la petición sobre la práctica de pruebas presentadas en el pliego de descargos por el apoderado del señor Luis Antonio Robledo Valbuena, con fundamento en los siguientes razonamientos: 3 “La ley 200 de 1995 consagró en relación con la petición de pruebas lo

siguiente: “Artículo 119. PETICIÓN DE PRUEBAS. El disciplinado o quien haya rendido exposición podrá pedir la práctica de las pruebas que estime conducentes o aportarlas. Artículo 152. TÉRMINO PARA PRESENTAR DESCARGOS. El disciplinado dispondrá de un término de diez (10) días contados a partir del siguiente de la entrega del auto de cargos o de la desfijación de edicto para presentar sus descargos, solicite o aporte pruebas, si lo estima conveniente. Durante ese término el expediente permanecerá a su disposición en secretaría. En conclusión el disciplinado para ejercer su derecho de defensa puede pedir la práctica de las pruebas que él estime convenientes, es decir, debe manifestar expresamente cuáles son las pruebas que quiere sean practicadas, a partir de lo cual la Administración debe entrar a pronunciarse a cerca de su necesidad, conducencia, pertinencia y utilidad, para de acuerdo a ello decretar o negar su práctica. Sin embargo al observar la petición realizada por el doctor NAVARRO, se observa con extrañeza que en ella sólo se manifestó el deseo de que se decretan y practiquen las pruebas que se consideren pertinentes para verificar los hechos incoados por el contratista, pero no se mencionó cuál o cuáles son las pruebas que la defensa considera pertinentes y por lo mismo esperan sean practicadas, ni tampoco se precisó cuáles son los hechos que pretenden sean probados, así las cosas la Delegada no tiene objeto de fondo sobre el cual pronunciarse por no existir petición expresa de pruebas por parte de la

defensa, motivo por el cual este Despacho considera improcedente acoger la petición.” (fls. 201 a 203) SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN El doctor Jaime Navarro Parra, apoderado del señor Luis Antonio Robledo Valbuena, mediante memorial recibido el 7 de diciembre del 2001 (fls. 210 y 211) fundamentó el recurso de apelación contra la providencia del 15 de noviembre del 2001 proferida por el Procurador Delegado para la Moralidad Pública, por la cual negó la petición de pruebas, así: “1. La Jurisprudencia y la Doctrina en reiteradas oportunidades han señalado que los hechos articulados en el proceso y los que constituyen en tema a 4 probar, deben tener incidencia sobre lo que se va a concluir en el proceso, respecto a la existencia de la obligación y responsabilidad. Esa relación, esa incidencia se llama en Colombia Conducencia o Pertinencia. La cual puede ser directa o indirecta: Un hecho puede demostrar directa o indirectamente otro, o indirecta o mediatamente, según el grado de su relación de causalidad.

FLORIAN lo explica así: la relación directa cuando el objeto de prueba coincide con el hecho de la inculpación; indirecta, cuando sólo hay proximidad entre uno y otro. En este último caso la figura del indicio, que, según la opinión común es un objeto de prueba en relación indirecta con el objeto fundamental de la prueba.

2. Ciertamente la libertad de prueba preceptuada en el artículo 120 de la ley 200 de 1995, señala que la falta o responsabilidad del encartado podrá demostrarse por cualquier medio probatorio que no sea contrario a la ley,

principio este congruente con los de UNA INVESTIGACIÓN INTEGRAL Y EL DE LA IMPARCIALIDAD DEL FUNCIONARIO EN LA BUSQUEDA DE LA VERDAD, establecidos en los artículos 20 y 234 del Código de Procedimiento Penal, cuya aplicación es necesaria y obligatoria, por mandato del artículo 18 del Código Único Disciplinario.

3. Con fundamento en lo anterior y con relación al caso SUB JUDICE la negación al decreto y practica de las pruebas solicitadas por la Defensa, constituye la vulneración al principio del DEBIDO PROCESO, entendido no solamente como la posibilidad de defensa y oportunidad para interponer recursos, sino que implica por mandato del art. 29 de la Carta, el ajuste a las normas preexistentes al acto que se imputa; la competencia de la autoridad administrativa que orienta en proceso; la aplicación del principio de favorabilidad; el derecho a una resolución que defina las cuestiones jurídicas plateadas sin dilaciones injustificadas; la ocasión de presentar pruebas y controvertir las que se alleguen a su contra y desde luego, la plena observancia de las formas propias de cada proceso según su característica. Todo ello descansa sobre el supuesto de la presunción de inocencia, la cual tiene que ser desvirtuada por el Estado para que se haga posible la imposición de la pena o sanción administrativa.

Observe señor Procurador AD QUEM que la defensa en forma clara solicitó al señor investigador verificar los HECHOS incoados por el contratista para solicitar la suspensión del contrato y las prórrogas a los términos de ejecución. HECHOS estos que motivaron al ex - Alcalde ROBLEDO para acceder a tales

peticiones. Verificación de dichos hechos que el señor Procurador A QUO debe realizar a través de los medios probatorios pertinentes, acorde a su 5 experiencia jurídica, para poner en praxis la finalidad del procedimiento señalado en el artículo 13 del Código Disciplinario Único. Respecto a que la Defensa tampoco le indicó al señor investigador cuáles HECHOS deben ser probados, no es de recibo este argumento, en razón de que obra dentro del proceso las solicitudes de prórroga del señor contratista y los respectivos actos administrativos de las suspensiones contractuales, en donde se expone claramente los HECHOS o motivos. Los cuales deben ser objeto de investigación y valorados con el fin de averiguar la verdad, para luego adoptarse una decisión Justa y en Derecho frente a la responsabilidad que le asista al encartado. CONSIDERACIONES DE LA SALA La Sala Disciplinaria para resolver el recurso de alzada, tiene en consideración la petición del apelante, quien considera que en forma clara solicitó verificar los hechos incoados por el contratista para requerir la suspensión del contrato y las prórrogas a los términos de ejecución, hechos que motivaron a su poderdante a acceder a tales peticiones. Su criterio es que el A QUO debe realizar la verificación a través de los medios probatorios pertinentes, acorde a su experiencia jurídica. Y en relación con el argumento que la Defensa tampoco indicó cuáles eran los hechos que quería probar, lo controvierte afirmando que obran en el proceso las solicitudes de prórroga del señor contratista y los

respectivos actos administrativos de las suspensiones contractuales, en donde constan claramente estos hechos, los cuales deben ser objeto de investigación y valorados con el fin de averiguar la verdad. El cometido de la ley disciplinaria, es garantizar el cumplimiento de los fines y funciones del Estado en relación con las conductas de los servidores públicos, que son objeto de investigación, que los afecten o pongan en peligro. Y para ello el funcionario competente debe impulsar oficiosamente el procedimiento, lo cual implica que ordene y practique las pruebas que a su juicio conduzcan a establecer la realidad de los hechos controvertidos, efectuando una apreciación de las pruebas en su conjunto de acuerdo a las reglas de sana crítica, procediendo adoptar una decisión sancionatoria, sólo cuando obre prueba que conduzca a la certeza de la falta y de la responsabilidad del disciplinado. De otra parte, una de las manifestaciones del ejercicio del derecho de defensa por el disciplinado y/o su apoderado, es a través de la solicitud de la práctica de pruebas que estimen conducentes, tendientes a aclarar los hechos objeto de 6 investigación y desvirtuar la presunta responsabilidad disciplinaria que se le endilga. (artículos 73 literal c) y 119 del CUD.) Lo anterior nos conduce al análisis de la carga probatoria, entendida como la facultad discrecional de aportar y solicitar pruebas e intervenir en su práctica, a efecto de que el operador jurídico se forme una convicción sobre la existencia o las circunstancias de los hechos del tema a probar, esta es una facultad que los implicados ejercen naturalmente en interés propio, con miras a obtener una

decisión favorable, y para el juez disciplinario es un deber funcional, consistente en ordenar oficiosamente las pruebas para llenar los vacíos de las aportadas por los disciplinados o para resolver las dudas probatorias que tenga, en interés del proceso y de la justicia. Por ello la petición de pruebas por los disciplinados, máximo cuando actúan por profesional idóneo que los representa, como en el presente caso, implica que la petición comprenda la especificación del medio probatorio, su razón de ser, su pertinencia, la indicación clara y precisa de lo que el solicitante se propone acreditar y, la relación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar que hagan posible su producción. Indica el apelante que, obran en el proceso las solicitudes de prórroga del contratista y los actos administrativos de las suspensiones contractuales, en donde constan claramente los hechos aducidos por el contratista para solicitar estas medidas; pero a sí mismo, en el escrito de descargos, a través del cual solicitó la práctica de pruebas, indicó que su representado accedió a la suspensión y solicitud de prórroga del término contractual, previa comprobación de las causas incoadas por el contratista, tales como los imprevistos no tenidos en cuenta con anterioridad a la suscripción del contrato y otras eventualidades, como el clima o época de su ejecución, que impedían la ejecución del objeto contractual por motivos de nivel freático en el sitio de la obra. (fl. 197) Si la defensa se orienta a demostrar que el disciplinado accedió a las solicitudes de suspensión y prórroga que formuló en su momento el contratista,

porque los hechos que adujo ameritaban la adopción de estas medidas, y que para adoptar la determinación comprobó previamente las causas que se aducían, es el disciplinado Luis Antonio Robledo Valbuena, quien conoce como efectuó dicha corroboración, debiendo su apoderado precisar cuál es el medio probatorio sobre el cual su poderdante efectuó la comprobación de las causas, sustentar su pertinencia y exponer la circunstancias que permitan la recepción 7 de la prueba. Para que el operador jurídico, sobre estos supuestos, entre a valorar su conducencia, pertinencia y utilidad. Si bien el apoderado en el escrito de descargos indicó que quería acreditar los hechos incoados por el contratista para solicitar la suspensión y prórroga de los términos de ejecución, su petición adoleció de la indicación del medio, que a su juicio, fuera el pertinente para probarlo. Bajo este supuesto, la Sala comparte el criterio expuesto en la providencia impugnada en el sentido que, no tenía el A quo objeto de fondo sobre el cual pronunciarse, por no existir petición expresa de pruebas por parte de la defensa, y por ello no podía efectuar el análisis acerca de su conducencia, pertinencia y utilidad, para de acuerdo a ello decretar o negar su práctica, entendida la conducencia como la comparación entre el medio probatorio y la ley, a fin de determinar si el hecho debe demostrarse con el empleo de una específica prueba; la pertinencia, como la relación de facto entre los hechos que se pretenden demostrar y el tema del proceso; y la utilidad, como el

servicio que presta una determinada prueba para la convicción del fallador. En mérito de lo expuesto, LA SALA DISCIPLINARIA de la Procuraduría General de la Nación, en ejercicio de sus atribuciones legales, RESUELVE PRIMERO. CONFIRMAR el auto del 15 de noviembre del 2001, proferido por la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública, que denegó la práctica de pruebas formulada por el doctor JAIME NAVARRO PARRA, en su condición de apoderado del investigado LUIS ANTONIO ROBLEDO VALBUENA, negó la solicitud, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa. SEGUNDO. Por la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública NOTIFICAR la presente decisión al prenombrado apoderado y/o inculpado, advirtiendo que contra la misma no procede recurso alguno por la vía gubernativa. TERCERO. REGISTRAR las constancias de rigor y DEVOLVER las diligencias a la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública, para efecto de que se disponga lo pertinente para que se prosiga con el respectivo trámite procesal y se 8 pronuncien sobre la solicitud de nulidad planteada por la doctora HASLEY TERESA ROMERO GÓMEZ apoderada del señor JOSÉ NOE ROMERO GÓMEZ, en el memorial de descargos visible a folios 156 a 166.

DESANÓTESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PULIDO GUTIERREZ DARIO ALFONSO BOTERO ARANGO

Procurador Primero Delegado Procurador Segundo Delegado PAPG/DABA/10312/Myriam Exp. No. 16101265 (162-39999/00)