PGN - Documento 201604160720282

SALA DISCIPLINARIA Radicación No. : 165-14969/98 (161-01221)

Disciplinados : Franklin Orlando Mosquera Montoya

Cargo y Entidad : Gobernador Departamento del Chocó Quejoso : Luis Ernesto Restrepo Mosquera Fecha hechos : Diciembre 4 de 1997

Fecha Queja : Mayo 27 de 1998

Asunto : Irregularidades contractuales

P.D. PONENTE : Doctor Pedro Pulido Gutiérrez

Bogotá D.C., 22 de marzo de 2002 La Sala Disciplinaria en virtud de la competencia otorgada por el numeral 5o. del artículo 22 del Decreto 262 de 2000, procede a dirimir el conflicto de competencias de carácter negativo, suscitado entre la Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública y la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal, dentro de las presentes diligencias radicadas bajo el número 165-14969/98. ANTECEDENTES Las presentes diligencias se iniciaron en atención a la remisión de informes elaborados por la Oficina Asesora de Control Interno del Departamento del Chocó, relacionados con la celebración y ejecución de convenios, dirigida al Señor Procurador General de la Nación el 27 de mayo de 1998, por el Gobernador encargado de ese ente territorial, Doctor Luis Ernesto Restrepo Mosquera. El trámite adelantado y que incluye la proposición del conflicto de competencias es el siguiente: 1o. La Procuraduría Delegada para la Contratación Estatal, a quien correspondió el reparto del asunto, dispuso mediante providencia del 8 de julio

de 1998 la apertura de indagación preliminar (folio 174) y a través de auto del 2 de octubre de 1998 se comisionó al Procurador Departamental del Chocó para la práctica de pruebas (folios 175-178). 2 Una vez recibido el expediente el 26 de abril de 2000 en la Segunda Delegada para la Contratación Estatal, ésta dictó la providencia de 23 de febrero de 2001 en la que dispuso el traslado de las diligencias a la Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública, afirmando que la competencia corresponde a esta dependencia en aplicación de los arts. 25 del Decreto 262 de 2000 y 19 numeral 4o. de la Resolución 017 del mismo año, expedida por el señor Procurador General de la Nación. Esta conclusión la extrae la Segunda Delegada de la siguiente exposición: “Refieren los hechos a la presunta desviación de las rentas de destinación específica, como en el caso de los recursos transferidos por la Red de Solidaridad para ejecutar el programa “Revivir subsidio para ancianos indigentes” del municipio de Alto Baudó (convenio No. 275-27 fl.30), dinero que al parecer fue invertido en drogas y alimentos según facturas que aparecen a folios 15 a 21 de las diligencias; del convenio 177 suscrito entre el Ministerio de Educación y el Departamento para apoyar técnica y financieramente a las insituciones educativas, que de acuerdo con los criterios establecidos por el Ministerio, resultaran favorecidas, (fl. 49) aparecen las Resoluciones Nos.: 0538 de mayo 8 de 1977, mediante

la cual se reconoció y ordenó pagar al Director de Radiosucesos R.C.N., la No. 0560 de mayo 15 de 1997, con la cual se canceló a la Emisora Ecos del Atrato, la difusión de un comunicado y la No. 1558 de octubre 23/97 a través de la cual se concedió un avance para la adquisición de materiales didácticos, con cargo a dicho convenio (fls. 54 a 57). (sic) “Igualmente figura que se concedían comisiones y avances en una fecha, siendo posterior la fecha del certificado de disponibilidad presupuestal y la de la resolución que legalizaba dicho avance (fls. 109 a 173). “Los hechos descritos, aluden directamente a una forma de administración de las rentas de destinación específica, como las relativas a los convenios 27-527-95 (fl. 30), el suscrito el 30 de enero de 1996 entre la Administración Departamental y la Universidad 3 Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba” (fl. 7) y el suscrito entre la Gobernación del Chocó y el Ministerio de Educación (fl. 49).” 2o. Recibido el expediente el 12 de marzo de 2001 por la Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública, esta dependencia dictó la providencia de 18 de diciembre de 2001 ordenando devolver las diligencias a la Delegada de orígen, lo cual decidió con sustento en los siguientes argumentos: 2.1. Después de hacer una relación de las actuaciones adelantadas por la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal, la Delegada se

refiere al término para adelantar la indagación preliminar y al alcance jurídico de su vencimiento. 2.2. Los recursos objeto de los convenios que se cuestionan en la presente investigación no son de destinación específica como erróneamente se afirma en el auto de remisión de competencia por la Segunda Delegada, porque tales rentas son las enunciadas en el artículo 359 de la Constitución Política, de las cuales no son parte los recursos con los que se financiaron los convenios objeto de la investigación. Las rentas que se enuncian en dicha norma constitucional corresponden a los ingresos percibidos por la Nación que desde su orígen la ley les ha dado tal característica de destinación específica. Ellas no corresponden a “los recursos que se destinan como gasto de inversión social que simplemente desarrollan los fines del Estado, que no son obligatorios, como es el caso de los recursos de la Red de Solidaridad, en los que la administración puede disponer libremente de su distribución, en ejercicio de la autonomía presupuestal, circunstancia que no puede aplicarse a las rentas, las cuales son única y exclusivamente para la finalidad previstas, (sic) y que, de ninguna manera pueden ser utilizadas para otra actividad y se reflejan en el presupuesto de ingresos. Las rentas de destinación específica se refieren en cada sector a objetivos específicos o particulares de carácter restringido.” (subrayas y negrilla del texto original) 2.3. Las irregularidades planteadas tienen que ver al parecer con convenios, en cuanto al pago de las obligaciones contractuales planteadas en el contrato 4 original, lo cual no es competencia de la Procuraduría Delegada para la

Economía y la Hacienda Pública, conforme al art. 19 inciso cuarto de la Resolución 017 de 2000. 3o. Devuelto el expediente a la Segunda Delegada para la Contratación Estatal ésta ordenó su remisión a la Sala Disciplinaria para la solución del conflicto de competencias así planteado. CONSIDERACIONES DE LA SALA DISCIPLINARIA Para dirimir el presente conflicto de competencias la Sala Disciplinaria debe hacer las siguientes consideraciones: 1o. Ante todo es necesario precisar cuál es la conducta objeto de investigación, a efectos de poder establecer a qué Delegada corresponde la competencia en conflicto. Para los anteriores fines es necesario acudir a los documentos remitidos a la Procuraduría General de la Nación el 27 de mayo de 1998, por el Gobernador encargado de ese ente territorial, Doctor Luis Ernesto Restrepo Mosquera, en los que figuran los informes elaborados por la Oficina Asesora de Control Interno del Departamento del Chocó. 1.1. A folios 3 a 10 del expediente obra el “Informe de irregularidades administrativas” radicado bajo el No. 011-04-98 y algunos documentos anexos al mismo, relacionados con el convenio suscrito el 30 de enero de 1996 entre la Administración Departamental y la Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba. Tales documentos se refieren al incumplimiento del convenio por parte del Departamento del Chocó en cuanto éste giró el saldo del valor pactado con un cheque devuelto por carencia de fondos y a la necesidad de establecer si el convenio fue objeto de publicación en la gaceta departamental.

A pesar de la imprecisión de la cláusula segunda relativa al valor del convenio, de ella se deduce que el Departamento del Chocó se comprometió a aportar 5 para la ejecución del compromiso la suma de $13.600.000.oo, originados en recursos provenientes del Ministerio de Educación Nacional a través del Programa PFADI. 1.2. En los folios 11 a 34 del expediente se encuentra el “Informe de irregularidades administrativas” radicado bajo el No. 010-04-98 y algunos documentos anexos al mismo, relativos al contrato interadministrativo No. 27527 de 1995 celebrado entre la Administración Departamental del Chocó y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el programa denominado “Revivir ancianos indigentes”. Los documentos respectivos sugieren que de ese contrato también formó parte la Red de Solidaridad Social. El informe indica que las Alcaldías Municipales eran las encargadas de distribuir los recursos y que se comprometieron a presentar informes de ejecución, no obstante lo cual éste solo fue presentado por el municipio Alto Baudó. El informe manifiesta que los dineros respectivos fueron invertidos en drogas y alimentos, no obstante las indicaciones dadas y recomienda investigar si Riosucio recibió los recursos y las razones para no presentar el informe respectivo, la forma de ejecución de los recursos, si la ejecución se ajusta a lo convenido y y dar a conocer las irregularidades a las autoridades competentes al establecerlas. 1.3. A folios 35 a 42 del expediente obra el “Informe de irregularidades administrativas” radicado bajo el No. 008-IV-98 y la Ordenanza No. 017 del 19

de mayo de 1997, los cuales hacen relación a la ejecución de varios convenios celebrados entre Fondos de Cofinanciación y el Departamento del Chocó. El informe hace una serie de recomendaciones que se refieren al establecimiento del cumplimiento de los convenios. 1.4. En los folios 43 a 48 del expediente se encuentra el “Informe de irregularidades administrativas” de fecha 13 de marzo de 1998 y algunos documentos anexos al mismo, relacionados con el contrato interadministrativo No. 77 entre el Ministerio de educación y el Departamento del Chocó, el cual se celebró, tal como reza el informe, “con el objeto de apoyar Técnica y Financieramente a las Instituciones educativas que resulten identificadas como experiencias significativas logradas en el desarrollo del PEI de acuerdo a los criterios establecidos por el Ministerio de Educación Nacional”. 6 El informe de control interno indica que los dineros que comprendía el convenio “tenían destinación específica $35.280.000 que distribuido en las seis instituciones que reunieron las condiciones exigidas por el Ministerio de educación correspondiéndole a cada uno de los ganadores $5.880.000, con la condición de que estos entrarían a los fondos de servicios docentes en las instituciones oficiales (...)”. En seguida el documento hace relación a una serie de aspectos cuestionando si el convenio fue ejecutado y cumplido cabalmente, en relación con lo cual considera pertinente investigar algunas situaciones en torno al desarrollo de ese compromiso. Como se observa en el texto del Convenio No. 177 visible a folios 49 a 52 del expediente, la suma de $36.810000.oo correspondiente al valor del convenio, sería pagada por el Ministerio de Educación con el objeto de facilitar el apoyo

mencionado. 1.5. A folio 60 obra un informe emanado de la misma Oficina Asesora de Control Interno, que hace relación a irregularidades que tienen que ver con el manejo aparentemente indebido de cheques con cargo a sus recursos, por parte del jefe de División e Informática del Departamento del Chocó. Se observan en este caso irregularidades de carácter propiamente administrativo no obstante que se trata de recursos del convenio 598/96, como se menciona en el informe. 1.6. A folios 67 a 76 del expediente, se halla otro informe de la dependencia mencionada, que se refiere a la ejecución de avances por la Pagaduría Departamental sin que se hubieran legalizado en forma debida a 31 de diciembre de 1997, conforme a la reglamentación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público sobre la materia. 1.7. A folio 77 a 105 obra el informe radicado como No. 012-04-98 y documentos anexos, emanado de la misma dependencia de control interno, que hace relación a una serie de hechos relativos al manejo de cuentas bancarias por parte del Departamento del Chocó y al giro de cheques con cargo a las mismas. 1.8. Finalmente, se halla en los folios 107 a 173 el informe No. 009-04-98 y algunos documentos anexos al mismo, que se refieren a la ejecución de avances de viáticos conferidos por la Gobernación del Departamento, aparentemente no legalizados en debida forma. 7 2o. La Sala observa que las presuntas irregularidades a que hacen relación los informes anteriores tienen que ver, de una parte, con la celebración, ejecución

y cumplimiento de convenios ínter administrativos, en los cuales se trata de establecer si se presentaron faltas disciplinarias de carácter contractual. De otro lado, los referidos informes de control interno dan cuenta de presuntas irregularidades de carácter administrativo. No se trata, por lo tanto, solamente de irregularidades contractuales como lo expresan las providencias dictadas en el curso de estas diligencias. Para la Sala de ningún modo puede colegirse de los documentos que obran en estas diligencias, que en las conductas objeto de queja se encuentren comprometidos recursos de destinación específica de los que se prevén en el art. 359 de la Constitución Política, como acertadamente lo señala la Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública con razones que comparte la Sala Disciplinaria. Para esta Corporación no puede considerarse que unos recursos son de destinación específica porque así se los catalogue en un informe de control disciplinario, como los que se reseñaron anteriormente, en cuanto allí se entienda que los dineros pactados como valor del compromiso tienen una determinada destinación conforme se ha establecido en las cláusulas de un convenio ínter administrativo o en un contrato estatal. No es, pues, la voluntad de las partes contratantes la que asigna o determina la naturaleza de los recursos que se aportan en un convenio, sino que ella viene definida por su origen desde otros ámbitos del ordenamiento jurídico. Siendo, como se dijo, irregularidades de naturaleza contractual que no comprometen recursos de destinación específica, bien se puede determinar que la competencia corresponde a la Segunda Delegada para la Contratación Estatal, más aún si como se ha establecido en providencias anteriores por esta

Sala “el investigador se halla frente a una irregularidad de naturaleza contractual, independientemente, en primer lugar, de la clase de los recursos utilizados, y, en segundo lugar, de que inicialmente o en el curso de la investigación pudiera establecerse que con la conducta objeto de reproche se cause la violación de normas de orden presupuestal en forma secundaria o consecuencial. En esta hipótesis, tratándose de una conducta que genera la violación de normas presupuestales de una manera secundaria o consecuencial, porque lo primero es la irregularidad de orden contractual, la Sala reitera que la competencia corresponde a las Delegadas para la 8 Contratación Estatal. Debe, pues, tenerse el cuidado de determinar cuál es la irregularidad primigenia que concentra la atención del investigador disciplinario, y a partir de ella, determinar la competencia.” (providencia de 5 de febrero de 2001, Expediente 161-01137/028-56931, P.D.P. Dr. Pedro Pulido Gutiérrez, doctrina que se reitera en la providencia de igual fecha dictada expediente 16101075/028-12054, con ponencia del mismo Procurador Delegado). En consecuencia la Segunda Delegada para la Contratación Estatal debe conocer de las irregularidades de que dan cuenta los informes que se reseñaron en los puntos 1.1., 1.2., 1.3. y 1.4. de estas consideraciones. 3o. Respecto del conocimiento de las otras irregularidades que tienen carácter administrativo, por no tener conexidad con las de naturaleza contractual, la Sala considera que deben compulsarse copias por parte de la Segunda Delegada para la Contratación Estatal, a efecto de que de las situaciones a que

se refieren los puntos 1.5., 1.6., 1.7. y 1.8 conozca la Delegada para la Vigilancia Administrativa a la cual se le asignen por reparto. De acuerdo con las consideraciones anteriores, es necesario asignar el conocimiento del presente asunto a la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal, la cual, además, debe compulsar las copias mencionadas anteriormente. En mérito de lo expuesto, LA SALA DISCIPLINARIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, en uso de sus atribuciones legales, RESUELVE PRIMERO. DIRIMIR el presente conflicto de competencias suscitado entre la Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública y la Segunda Delegada para la Contratación Estatal, en el sentido de ASIGNAR la competencia para conocer de estas diligencias radicadas bajo el número 165-14969/98, a la última de las mencionadas. En consecuencia remitir el expediente a esta dependencia para que prosiga el trámite respectivo. La Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal compulsará las copias mencionadas en la parte motiva de esta providencia. 9 SEGUNDO. INFORMAR de esta decisión a la Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública. TERCERO. REMITIR copia de esta providencia a la División de Registro y Control de la Procuraduría General de la Nación, para lo de su cargo. CUARTO. Efectúense las comunicaciones y anotaciones a que haya lugar.

CÚMPLASE

PEDRO PULIDO GUTIÉRREZ DARIO ALFONSO BOTERO ARANGO

Procurador Primero Delegado Procurador Segundo Delegado PPG/DABA/10311/Myriam Expediente 161-01221 (165-14969/98)