PGN - Documento 201604171146092

PROCURADURÍA DELEGADA PARA LA MORALIDAD PÚBLICA Radicación # 034-2178-2006

Implicado Manuel Guillermo Pardo López y otro Entidad Alcalde Municipal de Silvania (Cundinamarca) Informe Contraloría de Cundinamarca Fecha informe 14 de marzo del 2006 Fecha hechos 24 de octubre del 2004 Asunto Prescripción parcial y nulidad. Bogotá, D.C. 25 de noviembre de 2008

I. ASUNTO Procede la Delegada de conformidad con los artículos 30 y 144 de la Ley 734 del 2002, a declarar la prescripción parcial de la acción disciplinaria; y de oficio la nulidad del proceso verbal que se adelantó contra el señor CARLOS IGNACIO ORTEGA

LEGUIZAMO, Director Ejecutivo del IMDRES y Cultura de Silvania (Cundinamarca).

II. ANTECEDENTES Y ACTUACIÓN PROCESAL El 8 de junio del 2006, la Procuraduría Provincial de Fusagasugá, con fundamento en el informe de la Contraloría de Cundinamarca, ordenó indagación en contra de los servidores públicos de la Alcaldía Municipal de Silvania (Cundinamarca), señores MANUEL GUILLERMO PARDO LÓPEZ y MARCO ARNOLD PARDO DÍAZ, en sus condiciones de Alcaldes titular y encargado, respectivamente. (fls. 103-105, cuaderno 1) Los hechos a indagar consistieron en lo siguiente: “11. El municipio de Silvania celebró los contratos: 036 del 29 de diciembre de 2002, la orden de obra de 16 de septiembre de 2003, la orden de obra de 01

de noviembre de 2003, contratos éstos que al parecer no prestaron ningún servicio a la comunidad, por cuanto ninguno cumplió su objeto contractual. Señala como presuntos autores a los señores MANUEL GUILLERMO PARDO

LOPEZ y ARNOLD PARDO DIAZ.

12. La administración construyó dos camerinos los cuales fueron indebidamente arrendados por el señor CARLOS IGNACIO ORTEGA LEGUIZAMO, Director INDRES.” La decisión le fue notificada personalmente el 22 de junio del 2006 al señor MARCO ARNOLD PARDO DÍAZ; y a través de edicto a MANUEL GUILLERMO PARDO LÓPEZ, previa citación el 8 de junio del 2006. (fls. 107 y 112, cuaderno 1) El 11 de octubre del 2006, la Procuraduría Provincial de Fusagasuga, resolvió continuar las diligencias a través del procedimiento verbal de que trata el capítulo I del Título XI de la Ley 734 del 2002, y citar a audiencia a los señores MANUEL GUILLERMO PARDO LÓPEZ, en su condición de Alcalde Municipales de Silvania

PD Moralidad Pública 1 Exp. 034-2178-2006 FARC/revisóCPTF/proyectóMGL (Cundinamarca); y CARLOS IGNACIO ORTEGA LEGUIZAMO, Director Ejecutivo del IMDRES y CULTURA de Silvania; solicitó la práctica de pruebas y les formuló cargos. (fls. 211 a 227, cuaderno 2) El 13 de octubre del 2006, se notificó personalmente la decisión al señor CARLOS

IGNACIO ORTEGA LEGUIZAMO; y a través de edicto a MANUEL GUILLERMO PARDO LÓPEZ, previa citación el 11 de octubre del 2006. (fls. 228, 233 y 235, cuaderno 2) El 27 de octubre del 2006, la Procuraduría Provincial de Fusagasuga, designó a la estudiante de derecho Doris Mercedes Poveda Cortés, miembro adscrito del Consultorio Jurídico de la Universidad Inca de Colombia, como defensora de oficio del señor MANUEL GUILLERMO PARDO LÓPEZ, quien el 27 de octubre tomó posesión del cargo y se notificó personalmente del pliego de cargos. (fl. 239, cuaderno 2) El 1° de noviembre se designó a la estudiante de derecho Doris Amparo Díaz Prieto, miembro adscrito del Consultorio Jurídico de la Universidad Inca de Colombia, como defensora de oficio del señor CARLOS IGNACIO ORTEGA LEGUIZAMO, quien el mismo día tomó posesión del cargo y se notificó personalmente del pliego de cargos. (fls. 243-246, cuaderno 2) El 2 de noviembre del 2006, la Provincial de Fusagasuga, fijó para el 23 de noviembre del 2006, la audiencia pública, la cual fue reprogramada mediante auto del 17 de noviembre del 2006 para el día 28 de noviembre de ese año, decisiones que les fueron comunicadas a los investigados y a sus apoderadas de oficio. (fls. 247-258, cuaderno 2) El 28 de noviembre del 2006, se inició la audiencia, la cual fue suspendida y se

continúo el 12 de diciembre del 2006; 23 de enero, 7, 13 y 20 de febrero, 6, 15 de marzo, 12, 23 de abril del 2007. (fls. 263-264, 268, 271-272, 281-282, 286-287, 295, 297-301, 307, 340-341-348, 383, 404-419, cuaderno 2) El 30 de abril del 2007, la Procuraduría Provincial de Fusagasuga, profirió fallo de primera instancia, sancionando al señor MANUEL GUILLERMO PARDO LÓPEZ, Alcalde Municipal de Silvania, con suspensión en el ejercicio del cargo por el término de doce (12) meses, y a CARLOS IGNACIO ORTEGA LEGUIZAMO, Director del IMDRES y Cultura de Silvania, con destitución e inhabilidad general por el término de diez (10) años. (fls. 404-418, cuaderno 3) El 24 de julio del 2007, el Procurador Regional de Cundinamarca, declaró la nulidad del proceso a partir del auto de cargos del 11 de octubre del 2006, y ordenó reponer la actuación. (fls. 451-454, cuaderno 3) El 28 de febrero del 2008, la Provincial nuevamente formuló cargos a los disciplinados MANUEL GUILLERMO PARDO LÓPEZ y CARLOS IGNACIO ORTEGA LEGUIZAMO; decisiones que se les notificó personalmente a través de apoderados de oficio. (fls. 479-480 y 483-489, cuaderno 3) El 24 de abril, 6 y 29 de mayo, y de junio del 2008, se llevaron a cabo las audiencias.

(fls. 497-498, 499-500, 510-513, cuaderno 3) PD Moralidad Pública 2 Exp. 034-2178-2006 FARC/revisóCPTF/proyectóMGL El 27 de junio del 2008, la Procuraduría Provincial de Fusagasuga, profirió fallo de primera instancia, sancionando al señor MANUEL GUILLERMO PARDO LÓPEZ, en su condición de Alcalde Municipal de Fusagasuga, con suspensión en el ejercicio del cargo por el término de doce (12) meses; y al señor CARLOS IGNACIO ORTEGA LEGUIZAMO, Director del IMDRES y Cultura de Silvania, con destitución e inhabilidad general por el término de once (11) años; decisión que fue recurrida en apelación por los disciplinados, a través de sus defensores de oficio. (fls. 533570, cuaderno 3) El 1° de septiembre del 2008, el Señor Procurador General de la Nación, de conformidad con el parágrafo del artículo 7° del decreto 262 de 2000, designó como funcionario especial al Procurador Delegado para la Moralidad Pública, con el fin de conocer para todos los efectos de la segunda instancia dentro del proceso disciplinario que obra en el expediente radicación No. 034-2178-2006. (fl. 575, cuaderno 3)

III. CONSIDERACIONES DE LA PRESCRIPCIÓN PARCIAL Encuentra esta Delegada que ha operado el fenómeno de la prescripción de la acción disciplinaria respecto de la siguiente conducta, por la que en fallo de primera instancia del 27 de junio del 2008, la Procuraduría Provincial de Fusagasuga,

sancionó disciplinariamente al señor MANUEL GUILLERMO PARDO LÓPEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.643.785, en su condición de Alcalde Municipal de Fusagasuga, con suspensión en el ejercicio del cargo por el término de doce (12) meses, al encontrarse probado parcialmente el cargo endilgado: “(…) en su calidad de Alcalde del Municipio de Silvania, Cundinamarca, suscribió: 1) El 29 de junio del 2003 el acta de recibo final, terminación y liquidación del contrato de suministro de materiales suscrito con el señor FELIX GARZON.” Subrayado fuera de texto) La Ley 734 del 2002, norma vigente para la época de los hechos objeto de investigación, dispone: "Artículo 30. Términos de prescripción de la acción disciplinaria. La acción disciplinaria prescribe en el término de cinco (5) años, contados para las faltas instantáneas desde el día de su consumación y para las de carácter permanente o continuado desde la realización del último acto. (…).” Por tanto, para efectos de la prescripción de la acción disciplinaria, se tendrá en cuenta cuándo se consumó la conducta y si ésta es de carácter instantáneo, continuo o permanente; y la ley define como conductas de carácter instantáneo aquellas en las cuales la lesión al bien jurídico tutelado se concreta en un solo momento. En consideración a que en el cargo se le reprochó al investigado haber suscrito el 29 de junio del 2003, el acta de recibo final, terminación y liquidación del contrato de

suministro de materiales suscrito con el señor Félix Garzón, el término de prescripción de la acción disciplinaria se tendrá en cuenta desde la fecha del último hecho constitutivo de falta disciplinaria, esto es, la de suscripción del acta. PD Moralidad Pública 3 Exp. 034-2178-2006 FARC/revisóCPTF/proyectóMGL En consecuencia, el despacho se abstendrá de pronunciamiento respecto a ese hecho, porque frente al mismo, por el paso del tiempo, ha operado el fenómeno jurídico de la prescripción que se erige como causal de impide al Estado continuar con el proceso disciplinario. El funcionario investigado podrá renunciar a la misma, de conformidad con el artículo 31 de la Ley 734 del 2002. De otra parte, considera la Delegada que no obstante los criterios adoptados por la Procuraduría General de la Nación, para compulsar copias a la Oficina de Veeduría de esta entidad en caso de prescripción, en el presente no resulta procedente dicha actuación, teniendo en cuenta que si bien es cierto que el hecho investigado es del año 2003, dicha irregularidad sólo fue informada el 14 de marzo del 2006, por la Dirección Operativa de Control Municipal de la Contraloría de Cundinamarca, a la Procuraduría Regional de Cundinamarca, dependencia que el 8 de junio del 2006, ordenó indagación. De otra parte, pese a que el 11 de octubre del 2006, la Procuraduría Provincial de Fusagasuga, resolvió continuar las diligencias a través del procedimiento verbal de que trata el capítulo I del Título XI de la Ley 734 del 2002, las gestiones y el tiempo

que demandaron las notificaciones, la designación de defensores de oficio y la nulidad decretada no permitieron mayor celeridad del proceso.

NULIDAD DEL PROCESO DISCIPLINARIO.

Sería la oportunidad procesal de resolver el recurso de apelación interpuesto por el señor CARLOS IGNACIO ORTEGA LEGUIZAMO, en su condición de Director Ejecutivo del IMDRES y Cultura de Silvania - Cundinamarca, en contra del fallo de primera instancia del 27 de junio del 2008, de la Procuraduría Provincial de Fusagasuga, que lo sancionó con destitución del cargo e inhabilidad general por el término de once (11) años; sin embargo, del análisis de las piezas procesales, advierte el Despacho la presencia de causales de nulidad que afectan el debido proceso y, en consecuencia, los derechos de contradicción y defensa del disciplinado. Procederá el despacho de oficio a declarar la nulidad del proceso disciplinario de conformidad con los numerales 2 y 3 del artículo 143 de la Ley 734 del 2002. El debido es el conjunto de garantías de que gozan los disciplinados, el cual no puede estar escindido del derecho de defensa, de conformidad con lo previsto en los artículos 29 de la Constitución Política y 6° de la Ley 734 del 2002. Así lo ha señalado la Corte Constitucional1: “Con base en lo ya visto, parte este análisis de dos presupuestos: el primero, que es debido todo proceso que se realiza ajustado a las formas propias establecidas por el legislador para el respectivo juicio, permitiendo un trato en igualdad para quienes allí participan, así como el ejercicio de la defensa en

debida forma para la protección de sus derechos e intereses; y, el segundo, que las reglas procesales establecidas para un proceso debe ser conducentes a la finalidad que con ellas se pretende y para la cual fueron concebidas, 1 Sentencia C-383 del 5 de abril del 2000, Magistrado Ponente Álvaro Tafur Galvis PD Moralidad Pública 4 Exp. 034-2178-2006 FARC/revisóCPTF/proyectóMGL dentro del cumplimiento del cometido estatal de administrar justicia y de la salvaguarda de los derechos materiales controvertidos.” En efecto, el 8 de junio del 2006, la Procuraduría Provincial de Fusagasugá, con fundamento en el informe de la Contraloría de Cundinamarca, ordenó indagación en contra de los servidores públicos de la Alcaldía Municipal de Silvania (Cundinamarca), señores MANUEL GUILLERMO PARDO LÓPEZ y MARCO ARNOLD PARDO DÍAZ, por posibles irregularidades en la celebración de contratos. Así mismo, en la indagación se expresó el siguiente hecho: “12. La administración construyó dos camerinos los cuales fueron indebidamente arrendados por el señor CARLOS IGNACIO ORTEGA LEGUIZAMO, Director INDRES.” (subrayado y negrilla fuera de texto) Pese a ello en la parte resolutiva de la indagación no se vinculó al señor CARLOS IGNACIO ORTEGA LEGUIZAMO, razón por la cual tampoco le fue notificada personalmente la providencia, ni ejerció sus derechos de contradicción y defensa respecto a tales hechos.

Como establece el artículo 150 de la Ley 734 de 2002, la indagación preliminar se iniciará "en caso de duda sobre la procedencia de la investigación disciplinaria" para: "verificar la ocurrencia de la conducta"; "determinar si es constitutiva de falta disciplinaria"; o "si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad"; y para "la identificación o individualización del autor de una falta disciplinaria."; lo cual en el caso del disciplinado no se cumplió. No obstante lo anterior, el 11 de octubre del 2006, la Procuraduría Provincial de Fusagasuga, resolvió continuar las diligencias a través del procedimiento verbal de que trata el capítulo I del Título XI de la Ley 734 del 2002, y citar a audiencia al señor CARLOS IGNACIO ORTEGA LEGUIZAMO, Director Ejecutivo del IMDRES y Cultura de Silvania, por considerar “que de las pruebas allegadas al informativo y reseñadas en el acápite anterior, se desprenden presuntas faltas disciplinarias al parecer cometidas por los señores (…) CARLOS IGNACIO ORTEGA LEGUIZAMO, (…) Director Ejecutivo del IMDRES y CULTURA de Silvania.” En consecuencia, le formuló el siguiente cargo único: (fls. 211 a 227, cuaderno 2) “(…) en su condición de Director del IMDRES Y CULTURA de Silvania, Cundinamarca, celebró el día 24 de octubre del 2004 contrato de arrendamiento de los camerinos construidos por la administración municipal, sin que hubiese ingresado dinero alguno a las arcas de la entidad por dicho concepto y sin estar autorizado para celebrar dicho contrato.”

Lo anterior, con fundamento en los contratos de arrendamiento que obran a folios 26 y 27 del cuaderno original 1, el acta de auditoría especial del 1° de diciembre del 2005 de la Dirección Operativa de Control Municipal de la Contraloría de Cundinamarca y lo manifestado en comunicación del 5 de diciembre del 2005 por la Secretaria del IMDRES y Cultura de Silvana, a la Procuraduría Regional, en el sentido que “No existe ningún acto administrativo donde conste que la alcaldía PD Moralidad Pública 5 Exp. 034-2178-2006 FARC/revisóCPTF/proyectóMGL autoriza a el (sic) IMDRES para realizar contratos de arrendamiento.” (fls. 24 y 25, cuaderno 1) Pruebas todas que hacen parte del informe que desde el 14 de marzo del 2006 remitió el Contralor del Departamento de Cundinamarca, a la Procuraduría Regional de Cundinamarca, y fueron justamente las que dieron origen a la indagación preliminar del 8 de junio del 2006, en que se omitió adelantar la misma en contra del disciplinado. Es decir, que si a juicio de la Provincial de primera instancia, la actuación se encontraba en el momento procesal de valorar sobre la decisión de apertura de investigación, previamente tuvo que vincularlo a la indagación dado que uno de los hechos materia de la misma, era justamente las posibles irregularidades en que había incurrido, esto es, en la celebración el 24 de octubre del 2004, del contrato de arrendamiento de los camerinos construidos por la administración municipal.

De otro lado, debían estar dados los requisitos sustanciales para proferir pliego de cargos, estar objetivamente demostrada la falta y existir prueba que comprometiera la responsabilidad del investigado, conforme al artículo 162 de la Ley 734 del 2002. Sin embargo, al disciplinado no obstante que no se le vinculó formalmente a la indagación, debiendo hacerlo, si se consideró procedente continuar la actuación por el procedimiento verbal, respecto a hechos que en principio lo comprometían disciplinariamente, vulnerando su derecho de contradicción y defensa, porque durante el término de indagación no se le hizo saber que se indagaba dicha conducta, y ,en consecuencia, no pudo solicitar pruebas ni controvertir las aportadas por la Contraloría, o solicitar se le escuchara en versión libre. De otra parte, de las pruebas aportadas por la Contraloría de Cundinamarca, en el momento de valorar sobre la decisión de apertura de investigación respecto al disciplinado CARLOS IGNACIO ORTEGA LEGUIZAMO, no estaban dados los presupuestos probatorios y legales para la formulación de cargos, conforme a las reglas previstas en la Ley 734 del 2002, que establece: “Artículo 163. Contenido de la decisión de cargos. La decisión mediante la cual se formulen cargos al investigado deberá contener:

1. La descripción y determinación de la conducta investigada, con indicación de las circunstancias de tiempo, modo lugar en que se realizó.

2. Las normas presuntamente violadas y el concepto de la violación, concretando la modalidad específica de la conducta.

3. La identificación del autor o autores de la falta.

4. La denominación del cargo o la función desempeñada en la época de

comisión de la conducta.

5. El análisis de las pruebas que fundamentan cada uno de los cargos formulados.

PD Moralidad Pública 6 Exp. 034-2178-2006 FARC/revisóCPTF/proyectóMGL

6. La exposición fundada de los criterios tenidos en cuenta para determinar la gravedad o levedad de la falta, de conformidad con lo señalado en el artículo 43 de este código.

7. La forma de culpabilidad.

8. El análisis de los argumentos expuestos por los sujetos procesales.” La Corte Constitucional respecto de la obligación de respetar el debido proceso en la formulación de los cargos, expuso:2 (…)2.5. La Sala prohíja el juicioso razonamiento hecho por el Tribunal en el sentido de considerar que la formulación de los cargos mencionados, adolece de fallas protuberantes, en el sentido de que en forma objetiva y racional no determinan en forma clara y expresa cual es la cuantía, razonablemente deducida, del incremento patrimonial ilícito obtenido por el demandante, de modo de que realmente, no se determina con claridad cual es el cargo especifico y concreto sobre el cual deba defenderse el demandante y sobre el cual se edifica el proceso disciplinario.

Sin embargo, la Sala debe advertir lo siguiente: Cuando se formulen cargos dentro de un proceso disciplinario es necesario atender las exigencias del art. 150 de la Ley 200 de 1995, en el sentido de que dentro del informativo se demuestre objetivamente la falta mediante pruebas legalmente admisibles y allegadas al proceso con las debidas formalidades. Con estas cautelas se busca evitar la arbitrariedad de los titulares del poder

disciplinario en la adopción de las providencias que hacen imputaciones concretas de responsabilidad disciplinaria a un servidor público. El auto de formulación de cargos es una providencia de trámite que sienta los cimientos sobre los cuales se edifica el proceso disciplinario destinado a establecer la responsabilidad disciplinaria del inculpado, de modo que el órgano titular del poder disciplinario fija en aquélla el objeto de su actuación y le señala al imputado, en forma concreta, cual es la falta disciplinaria que se le endilga a efecto de que pueda ejercer su derecho de defensa.” Ahora bien, se observa en el proceso que el 24 de julio del 2007, la Procuraduría Regional de Cundinamarca, ya había declarado la nulidad del mismo a partir del pliego de cargos del 11 de octubre del 2006, sin percatarse de la omisión en que incurrió la Provincial desde la apertura de indagación; actuación que no obstante haberse subsanado no le resta valor a la nulidad que en este momento procesal observa este Despacho. En este orden de ideas, para el Despacho es claro en las circunstancias anotadas, que la situación aquí planteada es violatoria del derecho a la defensa y, en consecuencia, del debido proceso, por ello, teniendo en cuenta que desde la providencia del 8 de junio del 2006, mediante la cual la Procuraduría Provincial de Fusagasugá, ordenó indagación, el disciplinado no gozó de las garantías procesales y ante la anunciada existencia de las causales de nulidad previstas en los numerales 2 Sentencia T-418 del 28 de agosto de 1997, M.P. Antonio Barrera Carbonell

PD Moralidad Pública 7 Exp. 034-2178-2006 FARC/revisóCPTF/proyectóMGL 2 y 3 del artículo 143 de la Ley 734 del 2002, este Despacho declarará la invalidez de todo lo actuado dentro del proceso que esa Provincial adelantó en contra del señor CARLOS IGNACIO ORTEGA LEGUIZAMO, Director Ejecutivo del IMDRES y Cultura de Silvania. Conclusiones i) Se declarará la prescripción parcial de la acción respecto de la conducta del señor MANUEL GUILLERMO PARDO LÓPEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.643.785, en su condición de Alcalde Municipal de Fusagasuga, de conformidad con el artículo 30 de la Ley 734 del 2002. ii) Ante la existencia de las causales de nulidad previstas en los numeral 2 y 3 del artículo 143 de la Ley 734, Código Disciplinario, esto es, la violación del derecho de defensa y la existencia de irregularidades sustanciales que afectan el debido proceso, procederá este Despacho de oficio a declarar la nulidad del proceso disciplinario que la Procuraduría Provincial de Fusagasuga adelantó en contra del señor CARLOS IGNACIO ORTEGA LEGUIZAMO, Director Ejecutivo del IMDRES y Cultura de Silvania (Cundinamarca) Con el fin de reponer la actuación que se declara nula, se devolverá el proceso a la Procuraduría Provincial de Fusagasuga – Cundinamarca. En cumplimiento a la Directiva No. 10 del 2005, de esta entidad, se ordenará remitir copia de esta decisión al Despacho del Señor Viceprocurador General de la Nación.

En mérito de lo expuesto, el Procurador Delegado para la Moralidad Pública, RESUELVE PRIMERO. DECLARAR LA PRESCRIPCIÓN PARCIAL de la acción disciplinaria, frente a la conducta por la que en fallo de primera instancia del 27 de junio del 2008, la Procuraduría Provincial de Fusagasuga, sancionó disciplinariamente al señor MANUEL GUILLERMO PARDO LÓPEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.643.785, en su condición de Alcalde Municipal de Fusagasuga, con suspensión en el ejercicio del cargo por el término de doce (12) meses, consistente en haber suscrito el 29 de junio del 2003, el acta de recibo final, terminación y liquidación del contrato de suministro de materiales suscrito con el señor Félix Garzón, de conformidad con el artículo 30 de la Ley 734 del 2002. SEGUNDO. DECLARAR DE OFICIO LA NULIDAD del proceso disciplinario que la Procuraduría Provincial de Fusagasuga (Cundinarca), adelantó contra el señor CARLOS IGNACIO ORTEGA LEGUIZAMO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 385.481, en su condición de Director Ejecutivo del IMDRES y Cultura de Silvania, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia, de conformidad con los numerales 2 y 3 del artículo 143 de la Ley 734 del 2002. TERCERO. DEVOLVER el expediente 034-2178-2006, a la Procuraduría Provincial de Fusagasuga (Cundinamarca), con el fin de que se reponga la actuación que se

declara nula, a partir inclusive del auto del 8 de junio del 2006, mediante el cual se PD Moralidad Pública 8 Exp. 034-2178-2006 FARC/revisóCPTF/proyectóMGL ordenó indagación preliminar y para que notifique la presente decisión a los sujetos procesales. CUARTO. REMITIR copia de la presente decisión al Despacho del señor Viceprocurador General de la Nación, de conformidad con la Directiva Nº 10 del 2005, del señor Procurador General de la Nación.

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y

DEVUÉLVASE AL DESPACHO DE ORIGEN

FERNANDO ALBERTO RODRÍGUEZ CASTRO

Procurador Delegado para la Moralidad Pública PD Moralidad Pública 9 Exp. 034-2178-2006 FARC/revisóCPTF/proyectóMGL