PGN - Documento 201604171146112

Dependencia: PROCURADURIA DELEGADA PARA LA ECONOMIA Y LA

HACIENDA PÚBLICA

Radicación 053-1042-2005 Disciplinado Miguel Rebolledo Portocarrero. Cargo y Entidad Alcalde de la Tola – Nariño Quejoso De oficio

Fecha Queja: 2005-05-02

Fecha hechos: 2005-04-04

Asunto: Declaratoria de Nulidad

Bogotá D. C. 27 de agosto de 2008

I. ASUNTO POR DECIDIR Sería el momento para que la Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública, procediera a resolver el Recurso de Apelación interpuesto en contra del Fallo de Primera Instancia contenido en la Resolución No. 004 de fecha 27 de marzo de 2008 proferido por la Procuraduría Provincial de Tumaco, por medio de la cual sancionó al señor MIGUEL REBOLLEDO PORTOCARRERO, identificado con la C.C.

No.13.103.459 expedida en el Charco Nariño, en su condición de Alcalde del municipio de la Tola Nariño para la época de los hechos, con DESTITUCION DEL CARGO E INHABILIDAD GENERAL POR EL TERMINO DE DIEZ (10) AÑOS, por encontrarlo responsable disciplinariamente de los cargos formulados. La apoderada del señor REBOLLEDO PORTOCARRERO, solicitó a la segunda instancia se revoqué el fallo de primera instancia, argumentando entre otras; que el segundo cargo contiene irregularidades en su formulación, lo cual afecta el derecho de defensa y el principio de seguridad jurídica, toda vez que el cargo fue planteado en

forma genérica y abstracta, presentando consideraciones y apreciaciones del Ente de Control frente al primer cargo, sin que presente autonomía en su formulación, que no da a conocer en forma clara y precisa la conducta endilgada y el deber funcional incumplido, para así plantear la defensa, lo cual es violatorio del debido proceso y el derecho a la defensa de su poderdante.

II. ANTECEDENTES Y DESARROLLO DEL PROCESO: Las diligencias radicadas bajo el número 53-1042-05, se originaron del oficio calendado 25 de abril de 2005, suscrito por la doctora CARLOTA QUEZADA GUERRERO en su condición de Personera del municipio de la Tola – Nariño, enviado a la Procuraduría Provincial de San Andrés de Tumaco – Nariño, junto con el que allega copia de 7 oficios remitidos entre el 28 de febrero y el 19 de abril de 2005 al señor MIGUEL REBOLLEDO PORTOCARRRERO Alcalde de ese municipio, en los que da cuenta de posibles irregularidades en las que pudo incurrir el burgomaestre, al no realizar las transferencias que por Ley le corresponden a la Personería de esa Localidad. (fls. 1 a 8). Del mismo, allega copias a las Procuradurías Regional Nariño y General de la Nación, a las Contralorías General y Departamental, las cuales las remiten posteriormente para que hagan parte de este proceso.

Con fecha 24 de octubre de 2005, la Procuraduría Provincial de San Andrés de Tumaco, ordenó la Apertura de Investigación Disciplinaria (folios 31 a 34), en contra del señor

MIGUEL REBOLLEDO PORTOCARRERO, en su condición de Alcalde del municipio de La Tola - Nariño, por presuntos irregularidades al no efectuar las transferencias que por Ley le corresponden a la Personería Municipal, como lo establece la Ley. El 24 de abril de 2006, se notifica personalmente el auto de investigación disciplinaria al implicado, señor MIGUEL REBOLLEDO PORTOCARERO. (fol. 107). Por Auto del 11 de agosto de 2006, La Procuraduría Provincial de Tumaco – Nariño, ordenó la suspensión provisional por el término de tres (3) meses no remunerados al señor MIGUEL REBOLLEDO PORTOCARRERO, en su condición de Alcalde del municipio de la Tola – Nariño, debido a que dicho funcionario no hizo las transferencias que por Ley le corresponden a la Personería de ese municipio. (fls. 167 a 170). En cumplimiento del Art. 157 del CDU, esa Procuraduría remite el 11 de agosto de 2006 con oficio DP-1631 el proceso a la Procuraduría Regional de Nariño, para lo de su competencia. (fl. 171). El 16 de agosto de 2006, se notifica personalmente el auto que contiene la decisión anterior al implicado señor MIGUEL REBOLLEDO PORTOCARRERO. (fl. 176). El mismo día en que le fue notificado la suspensión provisional al presunto implicado, él designó mediante poder a la doctora RUTH AMALFI RAMIREZ MUÑOZ como su apoderada para que lo represente dentro del presente proceso, por lo que la Procuraduría Provincial le concedió mediante Auto del 25 de agosto de 2006 la Personería para actuar a favor del presunto implicado. (fls. 176-177).

Por Auto calendado 31 de agosto de 2006 la Procuraduría Regional de Nariño, Resuelve la Consulta del Decreto de Suspensión Provisional del servidor Público Investigado, señor MIGUEL REBOLLEDO PORTOCARRERO, mediante la misma REVOCA la Providencia del 11 de agosto de 2006 que había suspendido al Alcalde de la Tola Nariño por el término de tres (3) meses (fls. 264 a 272). Dicho Auto fue debidamente notificado al implicado por la Procuraduría Regional de Nariño en la misma fecha. (fl. 274), así mismo oficiaron a la Gobernación de ese Departamento a efectos del reintegro del Alcalde sancionado. (fl. 275). Por Auto No. 11 de fecha 30 de marzo de 2007, visible a folios 293 a 311 la Procuraduría Provincial de Tumaco, profiere Auto de Cargos en contra del señor MIGUEL REBOLLEDO PORTOCARRERO, calificando las faltas provisionalmente como GRAVISIMAS A TITULO DE DOLO La Procuraduría Provincial comisiona a la Personería Municipal de Pasto a efectos de notificar el auto anterior de Cargos a la apoderada del implicado, doctora RUTH AMALFI RAMIREZ MUÑOZ, para lo cual la Personera Delegada para la Vigilancia Administrativa y Derecho de Petición cita mediante oficio VAO-354 el 30 de abril de 2007 a la apoderada quien no comparece, por lo que la Personería realiza la notificación por Edicto del 14 de mayo de 2007, el cual es fijado en lugar visible de la Personería por cinco (5)

días. (fl. 317). El 1 de junio de 2007, la Personera Delegada para la Vigilancia Administrativa de Pasto, remite a la Procuraduría Provincial de Tumaco el escrito de descargos presentado ante esa Delegada por la apoderada del implicado, así como copia de la notificación por edicto con la respectiva nota de desfijación del mismo. (fls. 319-328). Por Auto del 27 de junio de 2007, la Procuraduría Provincial de Tumaco profiere Auto de Pruebas de descargos. (fls. 330 a 340). Mediante auto del 27 de febrero de 2008, la Procuraduría anterior ordena dar traslado a los sujetos procesales para alegar de conclusión previo al fallo, el cual fue notificado por Estado el 28 de febrero de 2008 (fls. 356-357). Por Resolución No. 04 del 27 de marzo de 2008, la Procuraduría competente Provincial de Tumaco, profiere el Fallo de Primera Instancia. (fls. 359 – 376), por medio del cual sanciona disciplinariamente al investigado señor MIGUEL REBOLLEDO PORTOCARRERO, en su condición de alcalde del municipio de la Tola Nariño, para la época de los hechos, con DESTITUCION DEL CARGO E INHABILIDAD GENERAL

POR DIEZ AÑOS.

El 14 de abril de 2008, le fue notificado el fallo de primera instancia a la apoderada del implicado, doctora RUTH AMALFI RAMIREZ MUÑOZ. (fl. 384), quien apela la decisión.

IIIARGUMENTOS DE LA APELACION

La abogada del señor REBOLLEDO PORTOCARRERO, radica escrito debidamente motivado ante la Personería Municipal de Pasto, dentro de los términos de ley, el cual obra de folios 385 a 398, dentro del mismo solicita al ad-quem revoque el fallo de primera instancia contenido en la Resolución No. 004 de fecha 27 de marzo de 2008, argumentando entre otras; lo siguiente: Que, no existen elementos probatorios que responsabilicen a su prohijado; situación que afecta el principio del debido proceso consagrado en el Art. 29 de la Constitución Política, e ilicitud sustancial, deber funcional y seguridad jurídica, consagrados en el Código Único Disciplinario y demás normas constitucionales y legales que lo desarrollan y reglamentan y lo expuesto por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Resalta, que se desconoce en la presente investigación que en estricto sentido, la ley disciplinaria obliga al operador a realizar una valoración de la falta disciplinaria, aún desde el preciso instante que ordena la apertura de la investigación y esa valoración debe realizarla teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad y seguridad jurídica, que es decir no se puede pretender acudir a una calificación taxativa, sin hacer una análisis claro y preciso de las circunstancias que rodean los hechos investigado, para enmarcarlos dentro de las disposiciones legales, que prevén las prohibiciones, deberes y derechos. Que, en el auto de apertura de investigación no se calificó provisionalmente la conducta presuntamente disciplinable ni indica las normas supuestamente infringidas en forma precisa y motivada, lo que genera inseguridad jurídica para ejercer el derecho de

contradicción, en ejercicio del derecho al debido proceso, lo que daría lugar a decretar una nulidad por parte del organismo de control, situación que fue negada por el fallador de primera instancia y que no obstante es de vital importancia revisar este contenido. Que, frente al Primer Cargo, que dice: “Pudo aparentemente sin contar con un fundamento legal, omitir el deber legal de efectuar las transferencias establecidas presupuestalmente para la Personería Municipal de LA TOLA, incumplimiento que comprendería los meses de abril, mayo, junio julio, agosto septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2005, al igual que los meses de enero, febrero marzo y abril de 2006”. “Lo anterior encuentra su razón de ser no solo en los eventos descritos en el acápite de antecedentes, sino acorde lo pregonado por la Juez Promiscuo Municipal del Charco (N), en proveído del 25 de mayo de 2006, visible al folio 157 del plenario, puntualmente en el inciso 7º, al igual que acorde lo significado en oficio No. 152 del 19 de julio de 2006, por la doctora MARIA YOLI RIASCOS, Personera municipal del lugar”. Considera que, según las pruebas documentales y testimoniales, las transferencias legales se cancelaron oportunamente a la Personería Municipal, durante el año 2004 y hasta el mes de marzo de 2005, en que el señor Alcalde advierte la existencia de irregularidades en la vinculación de la señora Personera de ese entonces, la cual fue elegida por un año según acta del Concejo Municipal, así mismo la falta de la póliza de manejo y su no de posesión en el cargo. Que una vez fue superado lo anterior,

procedió a cancelar y colocarse al día en los giros en el mes de diciembre del año 2005 y respecto de lo corrido en el 2006 donde se realizaron las transferencias oportunamente como lo hizo constar la actual Personera municipal MARY YOLI RIASCOS MARTAN, tanto en certificación como en declaración extraproceso. Que, en cuanto al Segundo Cargo, esto es: “probablemente el pluricitado mandatario local, para permanecer en la inobservancia de la ley, como se ha denotado, se escudó en la petición de póliza de manejo y de Acta de posesión de la doctora QUEZADA GUERRERO DESCONOCIENDO AL PARECER CON ELLO QUE LA COMPETENCIA FUNCIONAL PARA LA ELECCION DE PERSONERO MUNICIPAL RECAE EN EL CONCEJO, tal como lo preceptúa el numeral 8º del artículo 313 Superior en consonancia con el Art. 170 de la Ley 136 de 1994, por un periodo de tres años, luego por mandato legal se entiende que su nombramiento contraviene a dicho lapso careciendo de fundamento cualquier estipulación en contrario, para el caso aún bajo la premisa de que el Concejo le hubiere nombrado solo por un año, ya que en momento alguno la corporación se encuentra por encima de la carta política y la Ley 136 que regla la materia, teniéndose bajo este entendido que su posesión será por el término de tres años, a partir del momento de su elección, salvo que se trataré de complementar el periodo de un Personero que no hubiera desempeñado su función por el lapso en que se le nombrará lo que no es el caso y que mal podría tener como base lo que argulle”, refiere que al respecto la

apoderada, que se contraviene el Art. 163 del CDU, que prevé los requisitos que debe contener la decisión mediante la cual se formulan cargos al investigado y cita los 8 numerales de dicho artículo. Que, la Corte Constitucional ha previsto que para la formulación de cargos dentro de un proceso disciplinario, es necesario atender las exigencias del hoy Art. 162 de la Ley 734 de 2002, en el sentido que dentro del informativo se demuestre objetivamente la falta mediante pruebas legalmente admisibles y allegadas al proceso con las debidas formalidades. Además, argumenta que el Art. 29 de la Constitución Política, prevé el principio general del debido proceso y trae a colación el Art. 143 del CDU que consagra las causales de nulidad y al respecto refiere que, para el caso del cargo identificado como segundo, se prevé la existencia de irregularidades en su formulación, que afectan el derecho de defensa y el principio de seguridad jurídica, toda vez que el cargo plantea en forma genérica y abstracta, presentando consideraciones y apreciaciones del Ente de Control frente al primer cargo, sin que presente autonomía en su formulación, no da a conocer en forma clara y precisa la conducta endilgada y el deber funcional incumplido, para así plantear la defensa, y en forma estricta por la violación de las formalidades propias o existencia de irregularidades sustanciales en la formulación del pliego de cargos al tenor de lo consagrado en el Art. 163 del mismo estatuto, tal como lo dispone el literal 1 de ese artículo. Añade, que en su oportunidad puso de presente dicha solicitud de nulidad a la Procuraduría Provincial de Tumaco, la cual no tuvo eco.

Respecto del Tercer Cargo formulado, donde, : “Se cuestiona también el hecho que presuntamente abusando de su cargo y abrogándose facultades no conferidas dentro del marco de su competencia, por ser exclusivas para el Concejo Municipal, PROBABLEMENTE PARA BURLAR DE ESTE MODO EL PRECEPTO LEGAL DE REALIZAR LAS TRANSFERENCIAS, el proceder según oficio No. 209 del 16 de diciembre de 2005 y otro sin número de la misma fecha (fl. 73 y 78) a según su arbitrio modificar el presupuesto municipal, disminuyendo el monto a transferir durante el año 2005, al parecer con base en comunicación recibida de la Secretaría de Planeación Departamental, desconociendo probablemente con ello que tal variación de ser pertinente, que no la estima el Despacho, por cuanto se estaba ante una vigencia ya cursada y no cancelada según los eventos descritos, debía someterse a conocimiento del Concejo Municipal a instancia del ejecutivo, lo que requiere además la solemnidad del acuerdo respectivo”. La defensa arguye, que el ajuste fiscal al presupuesto municipal, por política de saneamiento fiscal, se realizó en atención al oficio No. SATP /05, de fecha 15 de diciembre del año 2005, suscrito por la Subsecretaria de Asistencia Técnica, de la Oficina de Planeación del Departamento de Nariño (fls. 126 a 129), el cual se fundamenta en la Ley 617 de 2000, que prevé que las transferencias para gastos de las Asambleas, Concejos, Contralorías y Personería hacen parte de los gastos de funcionamiento del respectivo Departamento, Distrito y Municipio (art. 8º Ley 617 de 2000). Que, es decir, que los gastos ocasionados por los concejos y la personería de los

municipios de 6ª, como lo es el municipio de La Tola, deben estar sujetos a unos límites y que su representado no actúo amañadamente, que al contrario actúo con fundamento conceptual y legal. Considera, la Defensa, que su poderdante en su condición de Alcalde del municipio de La Tola - Nariño, se ciñó a los postulados legales, constitucionales y administrativos, realizando los ajustes presupuestales, de acuerdo a los cuales realizó las transferencias legales entre otros a la Personería Municipal y que su representado en ningún momento no realizó en tiempo oportuno las transferencias a la Personería Municipal, que esto solo ocurrió en el mes de abril de 2006, en consideración a que la Personera Municipal, no había tomado posesión del cargo y podría incurrir en una irregularidad y que por lo tanto no puede ser hoy sujeto de reproche, pues sería injusto y contradictorio que el propio ordenamiento jurídico, le impusiese hoy a los subordinados la obligación de cumplir sus deberes y órdenes superiores y, al mismo tiempo, buscará sancionarlos por acatarlas. IVDECISION DEL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR Por Auto calendado 30 de abril de 2008 (fls. 400 y 403), el Despacho del doctor EDGARDO JOSE MAYA VILLAZON Procurador General de la Nación, Dispuso designar como funcionario especial a la Señora Procuradora Delegada para la Economía y la Hacienda Pública, con el fin de que conozca para todos los efectos de la segunda instancia del proceso disciplinario radicado con el No. 053-1042/2005 adelantado en contra del señor MIGUEL REBOLLEDO PORTOCARRERO, en su condición de Alcalde

de la Tola Nariño, para la época de los hechos VCONSIDERACIONES DE LA DELEGADA: El Despacho analizará el Pliego de Cargos y el Fallo para determinar si contienen vicios que afecten el debido proceso y el derecho a la defensa del implicado y tomará la decisión que en derecho corresponda. Análisis del Pliego de Cargos y del Fallo. Este Despacho, considera necesario estudiar el Auto de Cargos y el Fallo de Primera instancia, en atención a que los funcionarios de la Procuraduría son los supremos guardianes de la legalidad, y, en tal virtud, aun sin petición de parte tienen la facultad de declarar oficiosamente las nulidades que puedan viciar de manera insalvable la estructura del debido proceso y en casos como el sometido a estudio, al advertir esta Instancia que concurren en los cargos endilgados y en el fallo causales de invalidez cuya existencia es forzoso declarar, se impone abordar su examen, así: Los artículos 143 y siguientes de la ley 734 de 2002, señalan: “Artículo 143. Causales de nulidad. Son causales de nulidad las siguientes: (…)

2. La violación del derecho de defensa del investigado.

3. La existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso.

Parágrafo. Los principios que orientan la declaratoria de nulidad y su convalidación, consagrados en el Código de Procedimiento Penal, se aplicarán a este procedimiento. Artículo 145. Efectos de la declaratoria de nulidad. La declaratoria de nulidad afectará la actuación disciplinaria desde el momento en que se presente la causal. Así lo señalará

el funcionario competente y ordenará que se reponga la actuación que dependa de la decisión declarada nula. La declaratoria de nulidad de la actuación disciplinaria, no invalida las pruebas allegadas y practicadas legalmente.” El Auto de Cargos, es una pieza trascendental en el proceso disciplinario y solo con base en un acto que reúna las exigencias y presupuestos legales, es posible que la investigación cumpla con la finalidad y tenga éxito, ya que todo fallo esta fundamentado en ésta providencia, por lo que no es un acto ritual sino uno de los actos decisivos en el plenario, debiéndose hacer en él una síntesis completa de los hechos, de las normas supuestamente violadas, fundados en las pruebas recaudadas que identifiquen plenamente el origen y los hechos objeto de cuestionamiento; deben señalar al encartado en forma clara y precisa las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se desplegó su acción u omisión que originó la averiguación. La Procuraduría Provincial de Tumaco, formuló tres cargos al implicado mediante Auto del 30 de marzo de 2007, conforme obra a folios 293 y siguientes, así: CARGO No. 1. “Pudo aparentemente sin contar con un fundamento legal, omitir el deber legal de efectuar las transferencias establecidas presupuestalmente para la Personería Municipal de LA TOLA, incumplimiento que comprendería los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2005, al igual que los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2006”.

“La anterior conducta encuentra su razón de ser no solo en los eventos descritos en el acápite de antecedentes, sino acorde lo pregonado por la Juez Promiscuo Municipal del Charco (N), en proveído del 25 de mayo de 2006, visible a folio 157 del plenario, puntualmente en el inciso 7º, al igual que acorde lo significado en oficio No. 152 del 19 de julio de 2006, por la doctora MARY YOLI RIASCOS, Personera Municipal del lugar”. CARGO No. 2.- “Probablemente el pluricitado mandatario local, para permanecer en la observancia de la ley, como se ha denotado, se escudó en la petición de la póliza de manejo y del Acta de Posesión de la doctora QUEZADA GUERRERO, DESCONOCIENDO AL PARECER CON ELLO QUE LA COMETENCIA FUNCIONA PARA LA ELECCION DE PERSOENRO MUNICIPAL RECAE EN EL CONCEJO, tal como preceptúa el numeral 8º del artículo 313 Superior en consonancia con el Art. 170 de la ley 136 de 1994, por un periodo de tres (3) años, luego por mandato legal se entiende que su nombramiento se contraviene a dicho lapso careciendo de fundamento cualquier estipulación en contrario, para el caso aun bajo la premisa de que el Concejo le hubiere nombrado solo por un año, ya que en momento alguno la Corporación se encuentra por encima de la Carta Política y la Ley 136 que regla la materia, teniéndose bajo este entendido que su posesión será por el término de tres años, a partir del momento de su elección, salvo que se trataré de complementar el periodo de un personero que

no hubiere desempeñado su función por el lapso en que se le nombrará lo que no es el caso y que mal podría tener como base lo que se arguye”. CARGO No. 3. “Se cuestiona también el hecho que presuntamente abusando de su cargo y abrogándose facultades no conferidas dentro del marco de su competencia, por ser exclusivas para el Concejo Municipal, PROBABLEMENTE PARA BURLAR DE ESTE MODO EL PRECEPTO LEGAL DE REALIZAR LAS TRANSFERENCIAS, el proceder según oficio No. 209 del 16 de diciembre de 2005 y otro sin número de la misma fecha (fls. 73 y 78) a según su arbitrio modificar el presupuesto municipal, disminuyendo el monto a transferir durante el año 2005, al parecer con base en comunicación recibida de la Secretaría de Planeación Departamental, desconociendo probablemente con ello que tal variación de ser pertinente, que no la estima el Despacho, por cuanto se estaba ante una vigencia ya cursada y no cancelada según los eventos descritos, debía someterse a conocimiento del Concejo Municipal a instancia del ejecutivo, lo que requiere además la solemnidad del acuerdo respectivo”. Como normas presuntamente infringidas, hizo una trascripción general de las que consideró habían sido quebrantadas por el disciplinado, como son: Arts. 6 inciso 2º y 315, numerales 1 y 3 de la Constitución Política. Art. 91 de la Ley 136 de 1994, literales a) y d) numerales 1º). Art. 168 de la Ley 136 de 1994, modificado por la Ley 177 de

1994, en su Art. 8º: Art. 35 de la ley 136 de 1994. Arts. 121 a 123, 413 y 416 del Código Penal, Ley 599 de 2000 y Arts. 23, 27, 34 numerales 1º, 2º, 3º y 15, Art. 35 numerales 1, 2, 7, 24, Art. 48 numeral 1º de la Ley 734 de 2002, Código Disciplinario Único. Llama la atención este Despacho, que la primera instancia efectúo tal relación de las normas imputadas sin individualizar en cada uno de los cargos cuales eran las normas que resultaron presuntamente comprometidas con cada una de las conductas reprochadas y cual el concepto de su violación, pues como se dijo, efectuó una trascripción de los artículos de la Constitución Política, Ley 136 de 1994, Ley 599 de 2000 - Código Penal y Ley 734 de 2002 - CDU, y de manera genérica hizo la imputación jurídica para los tres cargos. Es decir, no efectúo una adecuación típica de la conducta, ya que señaló de manera general las normas presuntamente violadas por el implicado pero omitió señalar específicamente cuales fueron los deberes o prohibiciones cuya infracción configura cada una de las faltas, ni cual norma establece el deber sustantivo que en cada caso se reprocha, esto es no se enmarcó cada conducta investigada en el marco de la Ley, desconociendo así el principio de legalidad. De otro lado, esta Procuraduría observa que los cargos formulados como 2 y 3, no son

autónomos sino parece que recogen circunstancias modales en las que aparentemente se ejecutó la conducta objeto de la queja y en tal medida se derivan y se subsumen en el primer cargo, por lo que esta instancia acoge lo expuesto por la defensa, cuando argumenta en el escrito de apelación del fallo, que la primera instancia no da a conocer en forma clara y precisa la conducta endilgada y el deber funcional violado, para así plantear la defensa de su prohijado, por lo que efectivamente existen irregularidades sustanciales en la formulación del pliego de cargos, al tenor de lo consagrado en el Art. 163 del CDU, tal como lo dispone el literal 1º, el cual deberá contener “La descripción y determinación de la conducta investigada, con indicación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realizó” y si observamos el segundo y tercer cargo, estos se plasmaron de manera general y ambigua y como lo expone la defensa, en su redacción se involucran apreciaciones personales del operador disciplinario, en la medida en que no se soportan los razonamientos en medio probatorio alguno. Llama igualmente la atención que para estos cargos no se señaló el deber funcional que tenía el funcionario investigado y la norma violada, ya sea del Orden Nacional o Municipal y tampoco se observa en el plenario las funciones propias del cargo del Alcalde del municipio de La Tola, para la época de los hechos. El A quo, imputó que el encartado había incurrido, entre otras, en la falta descrita en el numeral 1º del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, que consagra como falta gravísima:

“Realizar objetivamente una descripción típica consagrada en la ley como delito sancionable a título de dolo, cuando se cometa en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo o abusando del mismo”, sin precisar a cual de las conductas descritas argos imputados se refería, pues se debe enmarcar cada conducta objeto de reproche dentro del marco legal. Así mismo, se aprecia que no se efectúo un análisis por parte del fallador de las pruebas allegadas al proceso, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 141 de la Ley 734 de 2002, que dispone que las pruebas deben apreciarse conjuntamente de acuerdo con las reglas de la sana crítica, por ejemplo, no se valoraron los argumentos de la defensa del investigado ni la exposición libre y voluntaria rendida por el señor REBOLLEDO PORTOCARRERO y que obra a folios 353 y 354, siendo que la versión libre es uno de los medios de defensa del implicado que se encuentra consagrado en el numeral 3º del Artículo 92 del CDU. De otra parte, en cuanto al principio de legalidad y el concepto de violación el ad-quo argumenta que el inculpado se abstuvo de realizar las transferencias que mes a mes deben darse a la Personería Municipal, sin precisar en el cargo la disposición que ordene al mandatario efectuar las trasferencias mes a mes, tampoco obra prueba de que el presupuesto se haya modificado, hecho imputado en el tercer cargo pues no existe copia del presupuesto aprobado por el Concejo del municipio de la Tola y sancionado por el Alcalde para la época de los hechos y prueba de los actos de modificación al

presupuesto que se reprochan como irregulares. Sin embargo, el hecho central de la nulidad en el presente caso, según se señaló, se concentra en el pliego de cargos en donde se reitera, se indicaron para los tres cargos una serie de normas sin especificar para cada una de las conductas la imputación jurídica objetiva o la proposición jurídica completa y en consecuencia, bajo el concepto de tipo abierto y tipos en blanco, existe violación flagrante del principio de legalidad, ya que se describieron las faltas disciplinarias supuestamente cometidas por el servidor público, pero no cuál era su fundamento legal en concreto, limitándole así al disciplinado su derecho de defensa y el debido proceso. En conclusión, al omitirse hacer la adecuación típica en la forma como viene vista, se ha afectado el principio de legalidad, en cuanto en la imputación jurídica no se precisó el tipo objetivo que describe la conducta ni el deber funcional, irregularidad que por ser sustancial es insubsanable, toda vez que el artículo 29 de la Carta Política impone el deber de juzgar de acuerdo con el marco jurídico, es decir, de conformidad con la norma que describa completamente el comportamiento realizado. En consecuencia, se declarará la nulidad desde el pliego de cargos, inclusive; para que se subsane la actuación y se someta a los cauces del debido proceso. Finalmente, el Despacho advierte que el ad-quo ordenó mediante Auto de Cúmplase de fecha 30 de marzo de 2006 (fl. 100) escuchar en versión libre al señor HERMES ANCHICO ANGULO, Presidente del Concejo Municipal de La Tola, visible a folios 109 y 110, sin estar vinculado al proceso disciplinario, diligencia esta que se llevó a cabo el 25

de abril de 2006, dos (2) días después de vencida la etapa de Investigación Disciplinaria, lo cual no es claro para este Despacho, toda vez que esta persona no había sido vinculada al proceso en ninguna de las etapas disciplinarias y de aceptarse que con ese Auto se le estuviera implicando, al momento de evaluar la investigación con el Auto de Cargos, no se tomó ninguna determinación frente al mismo. Al respecto, este Despacho le recuerda al Operador Disciplinario que no es caprichosa la manera como se deben recibir los testimonios, ya que únicamente se recibe versión libre a los implicados debidamente vinculados al proceso y a los demás se les recibe testimonio como uno de los medios de prueba consagrados el artículo 130 del CDU, por lo que debe subsanarse y aclararse esta situación En mérito de lo expuesto, la Procuradora Delegada para la Economía y la Hacienda Pública, en uso de sus atribuciones legales, RESUELVE: PRIMERO:, Decretar la NULIDAD de la actuación a partir de la Providencia del 30 de marzo de 2007 inclusive, por medio de la cual se profirió Pliego de Cargos en contra de