PGN - Documento 201604171146160

SALA DISCIPLINARIA

Bogotá D. C. mayo veinticinco (25) de dos mil seis (2006). Aprobado en acta de Sala No. 27

Radicación: 1613022 (016-129415-05)

Disciplinado: PAUL ANTONIO MARTÍNEZ MONTALVO

Cargo y Procurador 46 Judicial II Penal

Entidad: Quejoso: JOBANA MEOLA ESCORCIA Fecha queja: 12 de septiembre de 2005ª Fecha 22 de julio de 2005

Hechos: Asunto: Apelación auto de Archivo P.D. PONENTE: Dr. ESIQUIO MANUEL SANCHEZ HERRERA En virtud del recurso de apelación interpuesto por la doctora JOBANA MEOLA ESCORCIA, en su condición de quejosa, conoce la Sala Disciplinaria el auto proferido el 15 de diciembre de 2005 por la Procuraduría Delegada para el Ministerio Público, por medio del cual declaró la terminación del procedimiento y en consecuencia dispuso el archivo de la actuación disciplinaria adelantada en contra

del doctor PAUL JANTONIO MARTÍNEZ MONTALVO, Procurador 46 Judicial Penal II de Barranquilla. ANTECECENTES PROCESALES El señor ALFREDO CURE GOMEZ, en escrito del 23 de enero de 2003, dirigido al Fiscal del Tribunal Superior de Barranquilla, actuando como representante de la sociedad CURE DELGADO & CIA., formuló denuncia penal contra GUSTAVO ADOLFO DAVILA MARTINEZ, representante legal de la Caja Agraria y la Abogada JUDITH CARRILLO ARIAS y otros, porque adelantaron en contra de la sociedad

CURE DELGADO, un proceso ejecutivo utilizando un pagaré con enmendaduras, haciendo incurrir en error a los funcionarios que dictaron las sentencias en contra de la mencionada sociedad. (fls. 38 a 43). La Fiscalía 28 Delegada, adelantó la investigación penal escuchó en indagatoria a uno de los sindicados, a otro lo declaró persona ausente y en resolución del 10 de junio de 2005, al resolverles la situación jurídica se abstuvo de decretar medida de aseguramiento, decisión recurrida por el apoderado de la parte civil. 161-3022 El Agente del Ministerio Público doctor PAUL ANTONIO MARTÍNEZ MONTALVO en escrito del 22 de julio de 2005 le solicitó al Tribunal Superior confirmar la decisión en cuanto a la abstención de dictar medida de aseguramiento.

Queja: En escrito del 22 de agosto de 2005 la doctora JOBANA MEOLA ESCORCIA, presentó queja contra el doctor PAUL ANTONIO MARTÍNEZ MONTALVO, Agente del Ministerio Público, en el proceso penal adelantado por la alteración del pagaré, porque en su criterio, demostró una marcada tendencia a defender a los implicados, lo cual era notorio en el pronunciamiento del 22 de julio de 2005.

Agregó que además, el funcionario no conocía el proceso hipotecario porque no tuvo en cuenta que el pagaré enmendado fue producto del mal comportamiento de los denunciados, y que sus consideraciones eran vagas, vanas y calumniosas, omitiendo solicitarle al Fiscal la practica de las pruebas que tenían 2 años de haber sido solicitadas.

Para la quejosa el Ministerio Público debió oponerse al cierre de la investigación, no referirse a la sentencia proferida en primera instancia en el proceso hipotecario y pronunciarse sobre la inspección Judicial y la confrontación de lo original y lo falso (fls. 4 a 5). En auto del 6 de octubre de 2005, la Procuraduría Delegada para el Ministerio Público ordenó la apertura de indagación preliminar, practicó varias pruebas y al momento de evaluar, decidió, ordenar la terminación del procedimiento a favor del doctor PAUL ANTONIO MARTINEZ MONTALVO, con fundamento en que los Procuradores Judiciales son autónomos en sus conceptos conforme a los artículos 228 y 230 del a Constitución, por lo cual el hecho de rendir un concepto en cumplimiento de su función, no daba lugar a reproche alguno, concluyendo con apoyo en jurisprudencia de la Corte Constitucional que el hecho denunciado no constituía falta disciplinaria. (fls. 118 a 124). RECURSO DE APELACION Contra la decisión de terminación del procedimiento la quejosa interpuso el recurso de apelación con fundamento en que señor Procurador no ejerció la defensa del orden jurídico cuando conceptuó que se debía precluír la investigación, siendo que en cumplimiento de los mandatos constitucionales le correspondía pronunciarse sobre la obtención de las pruebas solicitadas por la parte civil. Agregó que no se podía definir la situación jurídica absteniéndose de dictar medida de aseguramiento contra un contumaz, que no solo se le solicitó comparecer ante el

2 161-3022 Fiscal, sino que lo condujeran y hasta la fecha no ha comparecido, que era deber del Procurador Judicial cuidar que no se violara el debido proceso, que las pruebas ordenadas por el Fiscal 28 de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública fueran practicadas, por ser fundamentales para determinar el fraude procesal, falsedad y uso de documento público, pero que con la actitud del funcionario, poco profesional, dejando que se vencieran los términos, se limitó a pronunciarse sobre la preclusión de la investigación, solicitando al superior que se abstuviera de decretar medidas de aseguramiento (fls. 131 a 133). CONSIDERACIONES De conformidad con el artículo 277 de la Constitución Política, “El Procurador General de la Nación, por sí o por medio de sus delegados y agentes, tendrá las siguientes funciones: ... 7. Intervenir en los procesos y ante las autoridades judiciales o administrativas, cuando sea necesario en defensa del orden jurídico, del patrimonio público, o de los derechos y garantías fundamentales”. Asimismo, según el artículo 125 de la ley 600 de 2000 señala como función especial del Ministerio Público en los procesos penales “7 Solicitar las actuaciones, pruebas y providencias que considere dentro de los procesos en que intervenga” En el asunto en estudio, en el escrito del 22 de julio de 2005, origen de esta queja, el doctor PAUL MARTINEZ MONSALVE, actuando como Agente del Ministerio Público, consideró que la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, debía confirmar la decisión proferida por el Fiscal porque los pocos

medios de prueba allegados al informativo “no permiten suponer la extinción de hechos que configuraran falsos testimonios, estafa o enriquecimiento ilícito, y que la responsabilidad de los imputados se radica o emerge de la propia denuncia”, es decir, que no existía prueba para dictar la medida de aseguramiento conforme al artículo 356 del Código de Procedimiento Penal, que sólo en relación con el fraude procesal, había un atisbo sobre la existencia del hecho, pero insuficiente para declarar cumplido el requisito legal. Agregó el funcionario, que lo que sí aparecía demostrado conforme al propio pagaré presentado por el denunciante, era que según la cláusula séptima del mismo, la Caja Agraria podía declarar por anticipado el vencimiento de la obligación cuando el beneficiario del préstamo incumpliera sus obligaciones, y que además el denunciante no aportó las sentencias de primera y segunda instancia donde fue 3 161-3022 condenado, lo cual constituía un hecho grave, por cuanto en el debate estuvo presente el denunciante a través de excepciones que le fueron negadas (fls. 103 a 104). Lo planteado en precedencia por el Agente del Ministerio Público, lleva a concluir que no le asiste razón a la recurrente, toda vez que en su contexto no se evidencia ninguna omisión o extralimitación en el cumplimiento de sus funciones, ni favorecimiento a determinada persona, además el Ministerio Público, en el proceso penal, está facultado para intervenir en defensa del orden jurídico y de los derechos y garantías fundamentales, y así procedió el funcionario en el asunto en estudio, pues si en su criterio, no se cumplían los requisitos para proferir medida de aseguramiento

en contra de los indagados, por falta de pruebas, estaba en el deber jurídico de advertirlo. Además, la ley faculta al Agente del Ministerio Público para solicitar ante las autoridades judiciales las “providencias que considere” y en este caso, en su criterio, consideró que el Tribunal debía confirmar la mencionada providencia, de igual manera, no hay lugar a ningún cuestionamiento disciplinario por la supuesta demora en la práctica de pruebas, de una parte, porque esa carga procesal no se la impone la ley al Ministerio Público de manera obligatoria, bajo el entendido que tanto la constitución y la ley los autoriza a intervenir cuando lo considere necesario en defensa del orden jurídico, del patrimonio público o de los derechos y garantías fundamentales, y es que el Ministerio Público, en el proceso penal, como lo anotó el a-quo, no está instituido para actuar como mandatarios de los denunciantes ni para defender intereses de orden particular. Además, en el mencionado proceso penal, la parte civil estuvo atenta y si bien, a la fecha en que fue resuelta la situación jurídica de los señores JUDITH CARRILLO ARIAS y GUSTAVO ADOLFO DAVILA, absteniéndose de dictarles medida de aseguramiento, no se habían practicado las pruebas ordenadas, ello ocurrió por las dificultades logísticas como la demora del Juzgado Civil del Circuito en remitir las copias del proceso Ejecutivo Hipotecario, la no comparecencia de los declarantes y el hecho que el investigador Criminalístico grafólogo haya exigido al Fiscal que aportara el documento dubitado, para el correspondiente examen.

Por manera que en este caso se reúnen a cabalidad los requisitos del articulo 73 de la ley 734 de 2002, para ordenar la terminación del proceso disciplinario por existir certeza respecto a que el hecho denunciado no existió, en consecuencia, la Sala deberá confirmar el auto recurrido. En mérito de lo expuesto, la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación en ejercicio de sus funciones legales, 4 161-3022

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR el auto del 15 de diciembre de 2005, por medio del cual la Procuraduría Delegada para el Ministerio Público en Asunto Penales, resolvió declarar la terminación del procedimiento y en consecuencia el archivo de la investigación adelantada en contra del doctor RAUL ANTONIO MARTÍNEZ MONTALVO, Procurador 46 Judicial II Penal de Barranquilla, en razón de la queja presentada por JOBANA MEOLA ESCORCIA, por lo anotado en precedencia.

SEGUNDO: Por la Secretaría de la Sala Disciplinaria COMUNIQUESE esta decisión

al doctor RAUL ANTONIO MARTINEZ MONTALVO, en la carrera 50 No. 98-40 Apartamento 103B del Barrio Villa Santos de Barranquilla, a la quejosa JOBANA MEOLA ESCORCIA , en la .carrera 44 No. 40-28 Edificio Seguros Colombia piso 10 Of. 1006, Barranquilla, advirtiéndoles que contra esta determinación no procede ningún recurso en la vía Gubernativa. .

TERCERO: Cumplido lo anterior, devuélvase el proceso a la oficina de origen.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

ESIQUIO MANUEL SÁNCHEZ HERRERA

Procurador Primero Delegado

DORA ANAÍS CIFUENTES RAMÍREZ

Procuradora Segunda Delegada

EMSH.DACR.BMH.

Exp. No. 161-3022 (016-129415-05). 5