PGN - Documento 201604171146179

DEPENDENCIA: PROCURADURIA DELEGADA PARA LA

ECONOMIA Y LA HACIENDA PÚBLICA RADICACION: 077-002719-05

INVESTIGADO: Walter Castro Ortiz y César Julio Cortés López

CARGO: Alcalde y Contador del Municipio de Puerto Rico, Caquetá

QUEJOSO: De Oficio

FECHA DE LA QUEJA: 11-11-04

FECHA HECHOS: Vigencia 2003

ASUNTO: Nulidad

Bogotá, D.C., 28 de junio de 2007 Correspondería en esta etapa procesal proceder a resolver el recurso de apelación interpuesto contra la decisión de primera instancia proferida por la Procuraduría Regional de Caquetá, mediante providencia datada el 21 de noviembre de 2006, y a través de la cual sancionó a los señores Walter Castro Ortiz, en su condición de Alcalde del Municipio de Puerto Rico, Caquetá, con destitución del cargo e inhabilidad general de diez años para ejercer la función pública y a César Julio Cortés López, en su condición de Contador del mismo ente territorial, con treinta días de suspensión en el ejercicio del cargo convertibles en multa de treinta días de salario, dada la circunstancia de cesación en el empleo; de no ser porque se aprecia que el proceso está viciado de nulidad y se impone decretarla. ANTECEDENTES PROCESALES Las presentes diligencias tuvieron origen en el oficio 1390 del 11 de noviembre de 2004 emanado de la Contraloría Departamental del Caquetá, mediante el cual se remitió a la Procuraduría Regional del mismo Departamento el presunto hallazgo

disciplinario No. 26, según el cual: “El municipio presenta una ejecución del 100% del presupuesto de Gastos de Funcionamiento, sin embargo en la auditoría practicada se detectó que los servicios personales correspondientes a los meses de noviembre y diciembre no fueron registrados en el presupuesto, toda vez que la apropiación fue insuficiente, estos gastos ascendieron a $132 millones aproximadamente, valores que fueron cancelados con cargo al presupuesto de la vigencia 2004. Situación que se venía presentando desde la vigencia 2001, sin que la administración haya tomado las medidas correctivas, pese a que en el informe de evaluación de la vigencia 2002, presentado por este ente de control se determinó como hallazgos administrativos y disciplinarios, además, quedó como compromiso de mejoramiento en el respectivo plan”. Con auto calendado el 12 de abril de 2005 (folios 30 a 32), la Procuraduría Regional de Caquetá estableció que se encontraban reunidos los requisitos estipulados en el artículo 152 del CDU y que por consiguiente al existir mérito legal suficiente, dispuso la apertura de investigación disciplinaria, teniendo como pruebas los documentos aportados por la Contraloría Departamental. Exp. 077-002719-04 1

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Carrera 5 No. 15 – 80, piso 12 WWW:procuraduria.gov.co Mediante decisión del 13 de julio de 2006 (folios 54 a 65), se formuló pliego de cargos a los disciplinados, así: a “WALTER CASTRO ORTIZ, identificado con

cédula de ciudadanía No. 17.702.254 expedida en Puerto Rico, Caquetá, en su condición de Alcalde del Municipio de Puerto Rico, Caquetá, con funciones de ordenador del gasto, durante la ejecución presupuestal de ingresos y gastos de la vigencia del año 2003 correspondiente al municipio de Puerto Rico, Caquetá, no registró los servicios personales correspondientes a noviembre y diciembre en el presupuesto por cuanto la apropiación fue insuficiente, cuyos gastos ascendieron a $132.000.000 cancelados con cargo al presupuesto de la vigencia de 2004. Situación que se presentaba desde la vigencia de 2001”; a “CÉSAR CORTÉS LÓPEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.430.958 expedida en Bogotá, en su condición de Contador del Municipio de Puerto Rico, Caquetá, durante la ejecución presupuestal de ingresos y gastos de la vigencia del año 2003 correspondiente al municipio de Puerto Rico, Caquetá, omitió el registro de los servicios personales correspondientes a noviembre y diciembre en el presupuesto por cuanto la apropiación fue insuficiente, cuyos gastos ascendieron a $132.000.000 cancelados con cargo al presupuesto de la vigencia de 2004. Situación que se presentaba desde la vigencia de 2001”. Las faltas se calificaron provisionalmente como gravísimas a titulo de dolo en ambos casos y se sustentaron en las pruebas reseñadas en la pieza inculpatoria. Se citaron como normas presuntamente infringidas los artículos 34 numerales 1, 2 y

21 de la Ley 734 de 2002, 48, numerales 22 y 49 ibídem; artículo 91, literal D), numeral 5 de la Ley 136 de 1994; Decreto 111 de 1996, artículos 14, 15, 17, 71 y 89 y el artículo 209 de la Constitución Política. Los implicados presentaron sus descargos de la siguiente manera: - CÉSAR JULIO CORTÉS LÓPEZ (folios 74 A 75), manifiesta que en el presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia de 2003 se contemplaron todos los gastos de funcionamiento incluyendo los servicios personales de noviembre y diciembre, lo que quiere decir que en ningún momento se omitieron dichos gastos como tampoco se omitió el ejercicio de las funciones. Continúa en su escrito transcribiendo los artículos 13 y 84 de la Ley 617 de 2000 y expresa que “para la vigencia 2003 el recaudo efectivo de los ingresos corrientes de libre destinación resultaron inferiores a los programados y con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 13 de la Ley 617 se efectuó el recorte en el presupuesto de gastos lo que trajo como consecuencia que en el presupuesto de gastos de la vigencia 2003 se afectaran los servicios personales de noviembre y diciembre”. Finaliza su escrito de descargos transcribiendo el parágrafo 3º del artículo 3º de la Ley 617 de 2000 que establece: “Los gastos de funcionamiento que no sean Exp. 077-002719-04 2

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Carrera 5 No. 15 – 80, piso 12 WWW:procuraduria.gov.co cancelados durante la vigencia fiscal en que se causen, se seguirán considerando como gastos de funcionamiento durante la vigencia fiscal en que se paguen” y concluye expresando que lo único que se hizo fue darle cumplimiento a los artículos 3º, 13 y 84 de la Ley 617 de 2000, los que no fueron mencionados en el pliego de cargos. - WALTER CASTRO ORTIZ (folios 80 a 85), en extenso escrito expresa inicialmente las circunstancias de orden público que se vivían en el municipio y que para la vigencia del año 2001 no se desempeñaba como Alcalde de Puerto Rico, Caquetá, ya que en esa época fungía como burgomaestre el señor JOSE LIZARDO ROJAS, asesinado por las FARC, siendo designado en su reemplazo como encargado el doctor JHON WILLIAN LOZANO quien también fue asesinado, designándose entonces al Ingeniero CARLOS ALFONSO NIÑO, obligado por los violentos a renunciar, encargándose como Alcalde al señor JESÚS ERNESTO CASTRO, quien permaneció en el cargo hasta el 31 de enero de 2002. A continuación manifiesta que este recuento lo formula para que se entere la Procuraduría Regional de las condiciones administrativas de caos en que encontraba la administración a su llegada y las obligaciones pendientes de pago no solo de la vigencia 2001 sino de años anteriores que lo llevaron a asumir gastos que aunque estaban presupuestados, no estaban calculados correctamente.

También narra que el 3 de junio de 2002 todos los funcionarios del Estado en el Municipio de Puerto Rico (Jueces, Fiscales y autoridades municipales, incluidos los Concejales) fueron amenazados de muerte y previas autorizaciones, debieron despachar desde la ciudad de Florencia; a eso se agrega que a finales de septiembre del mismo año fueron destruidas las instalaciones de la Alcaldía, archivos, escritorios, maquinas de escribir, computadores y en general todos los útiles de oficina, debiendo trasladarse nuevamente a ejercer sus funciones desde la ciudad de Florencia, con las consecuencias de caos, zozobra e inestabilidad que ello conlleva.

Concluye expresando que: “Para la vigencia del año 2003, si se tuvieron en cuenta todos los Gastos de Funcionamiento, incluyendo los Servicios Personales de noviembre y diciembre y por lo tanto estos gastos no se omitieron, ni mucho menos se omitió o dejó de trabajar o prestar el servicio a la Comunidad…”, además aduce, que teniendo en cuenta que en las vigencias 2001, 2002 y 2003 hubo gastos de funcionamiento que no se alcanzaron a pagar, provocados muchos de ellos por situaciones de orden público, les tocó darles solución y cumplimiento.

El 18 de septiembre de 2006 (folios 88 a 89) se ordena dar traslado del expediente a los sujetos procesales para alegar de conclusión previo al fallo.

CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA DELEGADA Exp. 077-002719-04 3

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Carrera 5 No. 15 – 80, piso 12 WWW:procuraduria.gov.co En nuestra norma superior y en aras de salvaguardar el Estado Social de Derecho se consagraron los principios que lo debían regir y entre ellos se destaca el principio al debido proceso contenido en su artículo 29 que debe entenderse como el conjunto de garantías que protegen a las personas con el fin de asegurar una pronta y cumplida justicia, estableciendo que cuando una persona sea juzgada, deben observarse las formas propias de cada juicio. La Ley 734 de 2002 ha establecido una serie de ritualidades y mecanismos que deben ser cumplidos por el juzgador, so pena de afectar el debido proceso y el derecho a la defensa, teniendo en cuenta que la finalidad del proceso es la prevalencia de la justicia, la efectividad del derecho sustantivo, la búsqueda de la verdad material y el cumplimiento de los derechos y garantías debidos a las personas que en él intervienen. De allí se desprende la necesidad de la prueba en que deben fundamentarse todas las decisiones, ya sean éstas aportadas al proceso por petición de cualquier sujeto procesal o en forma oficiosa, observando que la carga de la prueba corresponde al Estado, pues el funcionario disciplinador debe buscar la verdad real y para ello tiene que investigar con igual rigor los hechos y circunstancias que demuestren la existencia de la falta disciplinaria y la responsabilidad del investigado, y los que tiendan a demostrar su inexistencia o lo eximan de responsabilidad. Se destaca que sin la prueba, el Estado no puede cumplir su función esencial de administrar justicia disciplinaria (art. 1, Ley 734 de 2002); a criterio del profesor

Hernando Devis Echandía en su obra “Compendio de Derecho Procesal, Pruebas Judiciales”, en todo proceso: “Se prueban los hechos, abarcando todos aquellos sucesos o acontecimientos externos o internos susceptibles de percepción o deducción necesarios para los fines del proceso, consistentes en hechos o actos humanos voluntarios o involuntarios, individuales o colectivos, con tal que sean perceptibles, con todas sus circunstancias de tiempo, modo y lugar, así como el calificativo que pueda darse de ellos; hechos de la naturaleza; aspectos de la realidad material, con o sin intervención del comportamiento humano, como las cosas, los objetos, los documentos, etc., en cuanto su existencia, su autoría, sus características y cada una de las circunstancias que los identifican, los caracterizan o los alteran; también se prueba la persona humana, su existencia, su identificación, su individualización, sus características y todas las condiciones que interesen al proceso, como sus estados o hechos síquicos, el conocimiento que tiene de algo, su intención, su asentimiento o inconformidad, su estado de salud, etc., de tal manera que frente al proceso sean relevantes, pertinentes y por ello puedan ser controvertidos”. En algunas oportunidades el investigador olvida que tiene el deber oficioso de probar tanto lo favorable como lo desfavorable al implicado, aplicando de esta manera el Exp. 077-002719-04 4

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Carrera 5 No. 15 – 80, piso 12 WWW:procuraduria.gov.co principio de la investigación integral que ordena la ley y el cual obliga a realizar un

proceso de valoración o apreciación conjunta para obtener un resultado. De igual manera el investigador debe tener en cuenta que la carga de la prueba trae consigo el imperioso deber de agotar una dinámica probatoria de manera oficiosa y no dejar a la mera voluntad de los involucrados la demostración de sus afirmaciones o negaciones que recaigan sobre los hechos objeto de investigación, refiriéndose esta tarea al principio de la necesidad de la prueba de los hechos sobre los cuales va a fundamentarse la decisión y que sirven de presupuesto a las normas jurídicas aplicables en cada caso sin que nunca pueda suplirse por apreciaciones subjetivas que el investigador tenga sobre ellos. Hechas las anteriores precisiones, para esta instancia procesal es claro que ante la no aportación ni solicitud de pruebas por parte de los implicados ni la petición oficiosa de las mismas, deberá declararse la nulidad de lo actuado a partir del auto de traslado para alegar de conclusión en aras de salvaguardar el debido proceso y buscar el esclarecimiento de los hechos. Sin más consideraciones, la Procuradora Delegada para la Economía y la Hacienda Pública, R E S U E L V E : PRIMERO : Declarar la Nulidad de lo actuado dentro del presente proceso disciplinario seguido contra los doctores WALTER CASTRO ORTIZ y CÉSAR JULIO CORTÉS LÓPEZ, en sus calidades de Alcalde y Contador del Municipio de Puerto Rico, Caquetá, para la época de los hechos; a partir del auto de 18 de septiembre de 2006 (folios 88 a 89), mediante el cual declaró cerrada la etapa probatoria y corrió traslado para presentar alegatos de conclusión, conforme las

razones aducidas en la parte motiva de este acto.

SEGUNDO: Por el Centro de Notificaciones, NOTIFICAR esta providencia a los disciplinados WALTER CASTRO ORTIZ y CÉSAR JULIO CORTÉS LÓPEZ, advirtiéndoles que contra la misma no procede recurso alguno.

TERCERO: Devolver el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo, previas las anotaciones de rigor CUARTO: Una vez efectuadas las notificaciones, devuélvase el expediente a la Oficina de origen para que continúe su trámite.

N O T I F Í Q U E S E Y C Ú M P L A S E

YOLANDA GÓMEZ RESTREPO

Procurador Delegado Exp. 077-002719-04 YGR Exp. 077-002719-04 5

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