PGN - Documento 201604171146306

Dependencia: Procuraduría Primera Delegada Vigilancia Administrativa

Radicación No. 013-112993-04

Disciplinado: Por determinar

Entidad: Superintendencia de Puertos y Transporte

Quejoso: Juan Carlos Rozo Romero Fecha queja: 29-10 de 2004

Fecha hechos: Mayo 2003 y 29 julio 2004

Asunto: Archivo

Bogotá DC, 20 de noviembre de 2006 Procede el Despacho a decidir lo que en derecho corresponda respecto de las presentes diligencias radicadas bajo el número 13-112993-04. ANTECEDENTES La actuación disciplinaria de estudio se origina en el escrito memorial suscrito por el doctor JUAN CARLOS ROZO ROMERO apoderado de Agroinsumos del Café SA, ARTURO JARAMILLO ISAZA socio minoritario de Graneles SA en concordato, enviado a este ente de control donde consigna presuntas irregularidades en cabeza del doctor FERNANDO SANCLEMENTE ALZATE, en su condición de Superintendente de Puertos y Transporte y, contra todos aquellos funcionarios que resulten involucrados en el presente asunto, por no atender solicitud “tendiente a la toma de medidas de inspección y vigilancia respecto de la sociedad Graneles SA, sociedad que desarrolla las actividades propias de un operador portuario, actuando en representación de Agroinsumos del Café SA, ARTURO JARAMILLO ISAZA,

SILVIA ELENA JARAMILLO, ANA EUGENIA JARAMILLO y, ALBERTO JIMÉNEZ.

El 29 de julio de 2004, presentó el quejoso una segunda queja ante la misma

Superintendencia, “esta vez tendiente a la remoción de los administradores de Graneles SA, en razón al conflicto de intereses que en ellos se genera, (…)”. A través de auto de 28 de septiembre de 2006, este Despacho ordenó adelantar indagación preliminar de conformidad con lo estatuido en el artículo 150 de la Ley 734 de 2002. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO Es oportuno dejar claridad que el escrito de 19 de mayo de 2003, allegado por el quejoso (folio 6), con petición de medidas de inspección y control respecto de la Sociedad Graneles SA, al Superintendente de Puertos y Transporte, doctor FERNANDO SANCLEMENTE ALZATE, aparece sin firma y sin constancia de recibido. Respecto de las pruebas solicitadas en la etapa de indagación preliminar y oportunamente allegadas, se encuentra: 1.- A folios 157 a 164 Cuaderno No. 1 queja Sr. VALDERRAMA, aparece escrito con petición de medidas de inspección y control a Graneles SA, con fecha 6 de junio de 2003 y radicado de 11 de junio de la misma anualidad. 2.- En el cuaderno No. 2, folios 115 a 117, a través de memorando de diciembre 31 de 2004, del señor FRANCISCO JAVIER CASAS OTOYA para el doctor ALEJANDRO RUEDA SERBOUSEK Superintendente Delegado de Puertos, le informa entre otros, el trámite dado a la queja radicada bajo el número 35363 de 11 de junio de 2003, instaurada por el doctor JOAQUÍN VALDERRAMA HERNÁNDEZ,

en los siguientes términos: “La Superintendencia procedió a dar traslado de la queja al Representante Legal de la sociedad doctor CÉSAR RESTREPO SAAVEDRA, quien en comunicación radicada en este Despacho bajo el número 37283 del 25 de julio del 2003, se pronuncia sobre los hechos puestos a su consideración y respecto a las pretensiones formuladas en la queja, aportando las pruebas correspondientes”. “La Superintendencia corre traslado de los descargos hechos por el representante legal de la sociedad, los cuales son contestados en escrito presentado por el apoderado del grupo minoritario radicado bajo el número 39798 del 19 de septiembre de 2003”. “(…)”. “Es así que como consecuencia de lo denunciado por los minoritarios y otras quejas conocidas por la Superintendencia respecto a lo que está ocurriendo en la sociedad (Queja Dr. BERMÚDEZ), se ordena la segunda visita tanto a Graneles SA, como a la sociedad controlante OPP Granelera SA (…)”. 3.- A folio 125, en memorando interno, se ordenó la inclusión de la queja del doctor CARLOS EDUARDO BERMÚDEZ, a la investigación correspondiente a las denuncias formuladas en el mismo sentido por el doctor VALDERRAMA, “(…), y por tanto se debe incorporar a esa investigación a fin de unificar en un solo expediente lo relacionado con estas quejas”. 4.- En el cuaderno No. 1, folios 1 a 9, está escrito memorial de 29 de julio de 2004, donde JUAN CARLOS ROZO ROMERO en su condición de apoderado especial de los socios minoritarios de Graneles SA en concordato, de queja de AGROINSUMOS

DEL CAFÉ S.A., ALBERTO JIMÉNEZ ROJAS y ARTURO JARAMILLO ISAZA,

contra FERNANDO GARCÉS LLOREDA, MARÍA IRENZA PÉREZ CÁRDENAS, ÁLVARO DOMINGO RODRÍGUEZ y CÉSAR TULIO RESTREPO SAAVEDRA, en calidad de administradores de Graneles SA, en concordato y solicita: “(…) la remoción de todos los administradores de Graneles SA, que se vieron incursos en la violación de los deberes de los administradores (…), al configurarse en ellos un conflicto de intereses en consideración a sus calidades de socios de Graneles SA en concordato y OPP Granelera SA”. Igualmente solicita como consecuencia de lo anterior, la designación de nuevas personas y, las correspondientes sanciones a que haya lugar. 5.- Dentro del mismo cuaderno a folio 31, aparece auto de indagación preliminar de 29 de septiembre de 2004, donde el Superintendente Delegado de Puertos, solicita al querellante aportar los siguientes documentos: “1. Certificado de existencia y representación legal de Agroinsumos del Café SA, expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, no mayor de treinta (30) días”. “2. Copias de las actas de la Asamblea de Accionistas y juntas directivas celebradas durante el periodo comprendido entre 2001 y 2004”. “3. Certificado de Existencia y Representación Legal de Graneles SA en concordato expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, no mayor de treinta (30) días”. 6.- A folio 33 del mismo cuaderno, está respuesta del doctor JUAN CARLOS ROZO

ROMERO, a la solicitud de los documentos en la indagación preliminar, manifestando el cumplimiento de lo solicitado en los numerales 1 y 3 , respecto del numeral 2 solicitó la comprensión del Superintendente Delegado de Puertos, “ frente a la dificultad que implica para el grupo de accionistas minoritarios que represento, hacerse a la totalidad de las actas de asambleas de accionistas y de Junta Directiva durante el período por usted señalado”. 2 7.- A folios 164 a 170, aparece la Resolución No. 0031 de 18 de enero de 2005, expedida por el Superintendente Delegado de Puertos, “Por la cual se abre Investigación Administrativa al representante legal y a otros directivos y exdirectivos de la Sociedad Graneles SA en concordato”. 8.- A folios 174 a 177, la Superintendencia de Puertos y Transporte, mediante Resolución No. 4028 de 10 de marzo de 2005, decide sobre una solicitud de nulidad de la Resolución No. 0031 de 18 de enero de 2005 y procede al cierre de la investigación administrativa. 9.- A folios 004 al 008 del cuaderno No. 3, el apoderado JUAN CARLOS ROZO ROMERO, presenta recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la Resolución No. 4028 de 2005, particularmente contra el artículo segundo de la parte resolutiva. 10.- A folios 084 al 090 del cuaderno No. 3, se encuentra la Resolución No. 13042 de 21 de julio de 2005 de la Superintendencia de Puertos y Transporte, “Por la cual se resuelven los recursos de reposición contra la Resolución No. 4028 del 10 de marzo

de 2005 y se modifica la Resolución No. 0031 del 18 de enero de 2005”. 11.- A folios 114 al 129, aparece la Resolución No. 16968 de 28 de septiembre de 2005, emanada de la Superintendencia de Puertos y Transporte, “Por medio de la cual se resuelve una investigación administrativa a la sociedad Graneles SA, se impone una sanción y se imparte una orden”. 12.- A folio 151, se encuentra la notificación personal de la anterior Resolución al doctor JUAN CARLOS ROZO ROMERO, el 31 de octubre de 2005. Teniendo claridad acerca de la competencia por conexidad, como aquella que se da en virtud del vínculo que existe entre las materias que se encuentran sometidas a juzgamiento; y por tanto, rompe con el principio de unidad procesal, el cual señala que, por cada infracción se adelantará una sola actuación procesal, cualquiera que sea el número de autores o partícipes, salvo con las excepciones constitucionales o legales. En caso de ser conexas las infracciones, se investigarán y juzgarán conjuntamente, siempre que no afecte las garantías constitucionales (art.81 CDU.). Significa lo anterior que la conexidad puede darse, en los siguientes casos, según la doctora LINA MARÍA HIGUITA RIVERA en su obra El Proceso Disciplinario: Cuando un servidor público cometa varias faltas disciplinarias conexas. Cuando varios servidores públicos de la misma entidad participen en la comisión de una falta o de varias conexas. Cuando se trate de la comisión de una o varias faltas conexas en las que hubieren participado servidores públicos pertenecientes a distintas entidades, el servidor

público competente será el que primero haya tenido conocimiento del hecho, donde informará a las demás para que inicien la respectiva acción disciplinaria. Salvo que la investigación sea asumida por la Procuraduría o la Personería, caso en el cual se conservará la unidad procesal. La jurisprudencia, respecto a la importancia de esta figura procesal ha manifestado: “Se ha dicho por la doctrina que la conexidad procesal tiene su justificación por distintas razones y motivos y entre los argumentos más comunes encontramos los siguientes: a) la unidad de prueba, porque de manera general en los casos de concurso y participación, la misma prueba sirve para demostrar el cuerpo de uno de los delitos, puede servir de base para los otros y así también, el medio de convicción 3 que sirve para demostrar la autoría o responsabilidad respecto de uno de los partícipes, puede servir para probar la de los demás copartícipes; b) la economía procesal, porque (…), evita la duplicación de esfuerzos investigativos, que serían de absoluta necesidad al tener que practicar muchas veces las mismas pruebas en los varios procesos que se adelanten por los mismos hechos; y c) la necesidad de evitar fallos contradictorios sobre unos mismos hechos, que es de una trascendencia política inconmensurable, porque en un Estado democrático que aspira a concretar la justicia y la igualdad real sobre todos los ciudadanos, sería inexplicable, que respecto a unos mismos hechos se pudieran presentar fallos contradictorios y en un proceso determinado, unos partícipes resultasen condenados y en otros fuesen absueltos”.

Así las cosas, este Despacho advierte que la primera solicitud de que habla el quejoso de fecha de 2003, solo se formalizó ante la Superintendencia el 11 de junio de 2003, bajo el radicado 35663, suscrito por el doctor JOSÉ JOAQUÍN VALDERRAMA HERNÁNDEZ, apoderado de un grupo de accionistas minoritarios de la sociedad Graneles SA en concordato, siendo los principales Agroinsumos del Café SA, ARTURO JARAMILLO ISAZA y ALBERTO JIMÉNEZ; el 29 de julio de 2004, en escrito memorial suscrito por el apoderado JUAN CARLOS ROZO ROMERO con radicado 9749, los mismos accionistas antes mencionados, presentaron queja, sobre los mismos hechos y elevaron las mismas peticiones, siguiendo la entidad cuestionada la figura procesal establecida en el CUD artículo 81 de la competencia por conexidad, por darse las causales allí establecidas para ello, de tal suerte, que siguiendo en una sola cuerda procesal se respetó el debido proceso, adelantando todas las etapas del proceso administrativo, hasta llegar a la evaluación de la investigación administrativa a través de la Resolución No. 16968 de 28 de septiembre de 2005, acto administrativo que fue debidamente notificado a los apoderados de las partes, los días 30 y 31 de octubre de 2005. Razón por la cual, se ordenará archivar las presentes diligencias de conformidad con lo preceptuado en el artículo 73 de la Ley 734 de 2002, en consonancia con el artículo 164 ibídem, por

cuanto el hecho atribuido no existió. En mérito de lo expuesto, el Procurador Primero Delegado para la Vigilancia Administrativa, RESUELVE: PRIMERO: Declarar que la actuación disciplinaria de estudio no puede proseguirse, por cuanto el hecho atribuido a los funcionarios de la Superintendencia de Puertos y Transporte no existió. Consecuencia de lo anterior, se ordenará el archivo de las diligencias disciplinarias radicadas bajo el No. 013-112993-04.

SEGUNDO: Comunicar de esta decisión al quejoso doctor JUAN CARLOS ROZO ROMERO, en los términos del inciso 1 artículo 109 de la Ley 734 de 2002, advirtiéndole que contra la misma procede recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, en los términos del artículo 115 ibídem.

TERCERO: Esta decisión no se notificará, por iniciarse la indagación contra indeterminados.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

CÉSAR AUGUSTO AMAYA MEDINA

Procurador Primero Delegado 4 Vigilancia Administrativa Exp.013-112993-04 Archivo. M2P. mbm 5