PGN - Documento 201604171146542

Dependencia: Procuraduría Delegada Primera Vigilancia Administrativa

Radicación: 155-55141

Disciplinado: Omar García Castillo

Cargo y Entidad: Alcalde San Vicente del Caguán Quejoso: Julio César Carrillo Andrades Fecha de la queja: 16 de mayo de 2000

Fecha de los hechos: 2000

Asunto: Realizar acusaciones temerarias en público contra el quejoso y otras personas

Bogotá, DC 21 de abril de 2003 Al Despacho se encuentran las presentes diligencias con el fin de que se proceda a resolver el recurso de apelación interpuesto contra la providencia del 22 de enero de 2003 mediante la cual la Procuraduría Regional del Caquetá impuso a OMAR GARCÍA CASTILLO, en su condición de Alcalde de San Vicente del Caguán, sanción correspondiente a multa equivalente a treinta (30) días de salario que devengaba para la época de ocurrencia de los hechos, es decir la suma de dos millones seiscientos un mil pesos ($2.601.000) m/cte. ANTECEDENTES Originó las presentes diligencias la copia del escrito que dirigió JULIO CÉSAR CARRILLO ANDRADE al Presidente de la República el 16 de marzo de 2000, mediante el cual manifiesta que OMAR GARCÍA CASTILLO, en su condición de Alcalde de San Vidente del Caguán, realizó señalamientos públicos en su contra y la de otros ciudadanos, calificándolos de guerrilleros o auxiliadores de los mismos. Por lo anterior, la Procuraduría Regional del Caquetá mediante auto de 24 de marzo

de 2000 ordenó adelantar indagación preliminar, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 139 y s s de la Ley 200 de 1995. El 25 de mayo de 2000 mediante acto administrativo, el Procurador General de la Nación delegó a dos asesores de su Despacho para que conforme con lo establecido en el inciso segundo del parágrafo único del articulo séptimo del Decreto 262 de 22 de febrero de 2000, adelantaran la indagación preliminar, investigación disciplinaria, profirieran pliego de cargos si a ello hubiera lugar, recibieran los descargos y decretaran, negaran y practicaran las pruebas necesarias, con ocasión a las presuntas irregularidades en que incurrió OMAR GARCÍA CASTILLO, Alcalde de San Vicente del Caguán. Así entonces, con base en las pruebas recaudadas dentro de la citada etapa procesal, los Asesores de Derechos Humanos del Despacho del señor Procurador General de la Nación, mediante auto de 23 de febrero de 2001, abrieron formal investigación disciplinaria contra GARCÍA CASTILLO, por considerar que al parecer incurrió en falta disciplinaria al “...hacer aseveraciones contra diferentes personas de San Vicente del Caguán de ser guerrilleros o carga ladrillos de ellos...". A través de providencia de 26 de septiembre de 2001, los mencionados funcionarios asesores formularon cargos contra el citado servidor público en los siguientes términos: “Proferir pliego de cargos contra el señor OMAR GARCÍA CASTILLO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 12.102.523 de Neiva, quien para la época de los

hechos se desempeñaba como Alcalde de San Vicente del Caguán, de 01 de enero de 1998 al 31 de diciembre de 2000, por hacer aseveraciones en contra de JULIO C. CARRILLO A., y otras personas y entidades, de ser guerrilleros o fachadas de ellos; con lo cual presuntamente infringió el numeral 1 del Articulo 40 de la Ley 200 de 1995 por Incumplir con el deber constitucional de respetar y hacer respetar el buen nombre de las personas y el numeral 26 del articulo 41 de la Ley 200 de 1995 que prohíbe a los servidores público proferir en acto oficial expresiones injuriosas o calumniosas contra las instituciones o contra las personas que intervienen en las actuaciones respectivas”. Una vez cumplida la delegación conferida por el señor Procurador General de la Nación, los Asesores de Derechos Humanos mediante auto de 07 de octubre de 2002, remitieron el presente diligenciamiento a la Procuraduría Regional del Caquetá, en virtud de la competencia territorial asignada mediante la Resolución No. 0018 de 2000, para lo de su cargo. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA El a-quo, con providencia de 22 de enero de 2003, declaró legalmente probados y por lo tanto, no desvirtuados los cargos que le fueron formulados mediante auto de 26 de septiembre de 2001 a OMAR GARCÍA CASTILLO, en su condición de Alcalde de San Vidente del Caguán, y en consecuencia le impuso sanción de carácter disciplinario consistente en “…multa de dos millones seiscientos un mil pesos ($2.601.000), equivalentes al valor de treinta (30) días de salario devengado por el

sancionado para la época de los hechos." Afirmó la Procuraduría Regional del Caquetá que la prueba testimonial recaudada dentro del proceso disciplinario en estudio “...ofrece serios motivos de credibilidad para pregonar la demostración material de la falta atribuida al encartado, en consecuencia, la primera instancia colige de la misma, la veracidad de la imputación hecha en el auto de cargos a OMAR GARCÍA CASTILLO consistente en violentar el numeral 1 del articulo 40 de la ley 200 de 1995 y el 26 del articulo 41 Ibídem, sancionando al encartado con multa equivalente a treinta días del salario devengado en el momento de la comisión de la falta. RECURSO DE APELACIÓN OMAR GARCÍA CASTILLO manifestó su inconformidad con la decisión del a-quo por considerar que en el fallo impugnado se lee: “Al disciplinable en el auto de cargos le fueron citados como violados el numeral 1 del articulo 40 de la Ley 200 de 1995 y el numeral del artículo 41 Ibídem, que prohíbe a los servidores públicos proferir en acto oficial expresiones injuriosas o calumniosas contra las instituciones o contra las personas que intervienen en las actuaciones respectivas...”. Sin embargo al remitirse al texto de la norma, el numeral 1 del artículo 41 de la Ley 200 de 1995 no corresponde al citado por el operador jurídico en el acto administrativo en comento, toda vez que éste se refiere a la prohibición que le asiste a los servidores públicos de "Solicitar o recibir dádivas, o cualquier otra clase de lucro

proveniente directa o indirectamente del usuario del servicio, ..." lo cual evidencia, según el recurrente, oscuridad sobre la conducta que le pretende sancionar, conduciendo ello a un fallo absolutorio. De Igual manera argumenta GARCÍA CASTILLO que no hubo por parte del operador jurídico una valoración adecuada de la prueba, llegándose a concebir la certeza dentro de supuestos subjetivos que no interesan al mundo del derecho, cuando en realidad la conducta investigada resulta atípica. No existiendo comportamiento aceptado como irregular, luego de una ponderación jurídica, resulta que no existe vulneración al orden normativo disciplinario, por lo que tampoco se dio el presupuesto de la antijuridicidad, según el disciplinado; concluyendo finalmente, que tampoco puede predicarse entonces el elemento culpabilidad, pues este no se puede determinar de manera objetiva, y está claro que en cuanto no se pudo demostrar la intención de lesionar el bien jurídico demandado como lesionado, no puede aplicarse sanción alguna. Cierra sus argumentos el recurrente manifestando que existió una evidente confusión en la normatividad que se aplicó en el caso en estudio (Ley 200 o la 734) en cuanto a la parte sustancial y adjetiva, y una absoluta inexistencia de valoración de los hechos a la luz de la argumentación jurídica. CONSIDERACIONES DE LA DELEGADA El fallo sancionatorio sólo es procedente cuando dentro del proceso disciplinario se ha logrado recaudar prueba que conduce a la certeza sobre la existencia de la falta y la responsabilidad del disciplinado. Para el caso en estudio, militan en el expediente las declaraciones de OCTAVIO

VILLA P., MELVA VASQUEZ M., JOSUÉ DURÁN BRAVO y AMlLBIA VÉLEZ L., quienes de manera coincidente, coherente y clara manifiestan haber escuchado, en distintas oportunidades y circunstancias, acusaciones proferidas por OMAR GARCÍA CASTILLO, en su condición de Alcalde de San Vidente del Caguán, contra diferentes personas y organizaciones sociales del municipio, en el sentido de pertenecer o representar Intereses de grupos guerrilleros. Así mismo, reposa en el informativo copia del Acta No. 116 levantada como consecuencia de la sesión del Concejo Municipal de San Vicente del Caguán, celebrada el 20 de diciembre de 1999, en la que consta que OMAR GARCÍA CASTILLO, en su calidad de Alcalde del Municipio, manifestó en su intervención que el proyecto del matadero frigoríficos es "… el de los frentes de las FARC, y el de otras gentes, pero no el de los Sanvicentunos...”. Por otra parte, se allegó al diligenciamiento el video correspondiente a la entrevista concedida por OMAR GARCÍA castillo al noticiero NTC, en la cual se refiere al Personero Municipal como auxiliador de la guerrilla y critica fuertemente su labor como servidor público. De esta manera, el material probatorio recaudado en el curso de la presente investigación disciplinaria demuestra de manera fehaciente la responsabilidad del implicado en la conducta que se le endilga; los testimonios aportados ofrecen credibilidad por cuanto son razonables, claros y coherentes, y los documentos allegados nunca fueron controvertidos ni tachados de falsos, reputándose. en

consecuencia, su contenido auténtico. Es así como el acervo probatorio obrante en el expediente arroja elementos de juicio que conducen al operador jurídico a la certeza de la comisión por parte de OMAR GARCÍA CASTILLO de la falta disciplinaria que se le enliga. Una vez realizadas las reflexiones anteriores se procederá a destacar que en nuestra normatividad, la conducta de un servidor público para que sea constitutiva de falta disciplinaria debe ser típica, antijurídica y culpable. a) Tipicidad: OMAR GARCÍA CASTILLO con su comportamiento cometió falta disciplinaria a la luz de lo establecido en el articulo 38 de la ley 200 de 1995 al incumplir el deber consagrado en el numeral 10 del articulo 40 de la norma en comento e incurrir en la prohibición establecida en el numeral 26 del articulo 41 Ibídem. La anterior normatividad se aplica a pesar de encontrarse a la fecha vigente la ley 734 de 2002, toda vez que el pliego de cargos se formuló con anterioridad a su expedición, y en consecuencia, acorde con lo establecido en el artículo 223 ibídem, tales procesos continúan su trámite hasta el fallo definitivo, de conformidad con el procedimiento anterior. b) Antijuridicidad: El servidor público implicado, con su comportamiento, lesionó la gestión de la función pública sin justificación alguna, lo cual acarrea un reproche que en término de la ley disciplinaria debe sancionarse. c) Culpabilidad: El disciplinado cometió la falta disciplinaria que se le imputa a titulo de dolo por cuanto las condiciones de orden personal y social imperantes en la entidad territorial

por él representada, le permitían e incluso exigían dirigir su comportamiento de manera acorde con los requerimientos del orden jurídico imperante, sin embargo, cometió la infracción de manera voluntaria. Finalmente, respecto a lo manifestado por el recurrente en su escrito de 17 de febrero de 2003; en el sentido de que no existe correspondencia en el fallo impugnado, entre la normatividad citada por la Procuraduría Regional del Caquetá como vulnerada y la conducta desplegada por el disciplinado, observa esta instancia que tal acusación obedece a que en el acto administrativo en cuestión, al transcribirse un párrafo del auto de cargos, se omitió, de manera involuntaria colocar el numeral del articulo 41 de la ley 200 de 1995 presuntamente infringido, sin embargo, en el referido auto de cargos si se citan con precisión las normas vulneradas, así como en otras oportunidades en el mismo fallo recurrido, por lo que evidentemente dicho error no afecta de manera alguna el debido proceso ni el derecho de contradicción y defensa que le asiste al investigado. Así entonces, esta instancia no encuentra de recibo los argumentos esgrimidos por el recurrente en su escrito de 17 de febrero de 2003 y en consecuencia, procederá a confirmar la decisión adoptada por la Procuraduría Regional del Caquetá, mediante el acto administrativo de fecha 22 de enero de 2003. En mérito de lo expuesto, EL PROCURADOR DELEGADO PRIMERO PARA LA VIGILANCIA ADMINISTRATIVA, RESUELVE PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en el auto de 22 de enero de 2003,

mediante el cual la Procuraduría Regional del Caquetá sancionó disciplinariamente a OMAR GARCÍA CASTILLO, en su condición de Alcalde Municipal de San Vicente del Caguán, “... con multa de dos millones seiscientos un mil pesos ($2.601.000), equivalentes al valor de treinta (30) días de salario devengado por el sancionado para la época de los hechos." SEGUNDO: Notificar por la oficina de origen, de acuerdo a los preceptos legales esta providencial, advirtiendo que esta decisión no admite recurso alguno por la vía gubernativa.

TERCERO: Devolver el expediente a la oficina de origen para lo pertinente.

NOTIFÍQUESE, DEVUÉLVASE Y CÚMPLASE CÉSAR AUGUSTO AMAYA MEDINA Procurador delegado Primero vigilancia administrativa CAAM/lfm Exp. 155-55141 Janeth