PGN - Documento 20160417114703a

Dependencia: Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia

Administrativa.

Radicación: 143-84700 De 2003 (A # 254 CVV)

Presunto Responsable /Disciplinado: Mauricio Rafael Serge Egea cc # 79.418.348 De Bogotá (fl. 51) Cargo y entidad: Operador De Sistemas, Grado 04, Inicialmente En 1992 En La Sección De Suministros, Hoy Adscrito Hoy A La Sección De Registro Y Control De La Cámara De Representantes.

Quejoso: De Oficio.- Proveniente De Proceso Penal Siendo Allí

Denunciante Manuel Higinio Gutiérrez Cubillos.

Fecha queja: 7-4-03

Fecha hechos: Base Dic/02 / Desde 26-2-03 Y 12-3-2003.

Asunto: Apelación de fallo sancionatorio con destitución e inhabilidad que le adelantó en primera instancia la procuraduría segunda distrital en proceso verbal con suspensión provisional prorrogada, derivado de un proceso penal por peculado y falsedad en documento público realizado con el manejo indebido de la cuenta de ahorros del Banco Ganadero # 0013-0126-84-0200052984 en la suma de $ 4.063.637,oo m/l, el 26-2-03. Providencia por medio de la cual se decreta la nulidad de un fallo sancionatorio de primera instancia en proceso verbal (Título VII , Artículos 143 al 147 y Artículo 171 de la ley 734 de

2.002) Bogotá DC, 20 de febrero de 2004. Entra el Despacho a decidir lo que en derecho corresponde, conforme a la

competencia asignada por el Decreto Ley 262 de 2000, en especial, el artículo 25 numeral 4 que faculta para decidir en segunda instancia, y normas concordantes de la Resolución reglamentaria 017 de 2000, de la Procuraduría General de la Nación, así como las relativas a la apelación contra decisiones de fondo de primera instancia según disposiciones del actual Régimen Disciplinario, Ley 734 de 2002, en particular lo dispuesto en el artículo 157 sobre la suspensión provisional y su trámite, 158 sobre reintegro, 159 sobre sus efectos; así como lo reglado en sus Procedimientos especiales en los artículos 175 a 181, en lo concerniente al proceso verbal, y puntualmente lo relativo a las atribuciones, causales y declaratoria oficiosa de nulidades previstas en el título VII artículos 143 al 147 de la Ley 734 de 2002. para atender el recurso de alzada contra el fallo de primera instancia de la Procuraduría Segunda Distrital de Bogotá, del 25-11-03 (fls. 141 y ss), contenido en la Resolución sin Número en audiencia de proceso verbal del expediente 143-84700 de 2003, proferido el 25 de noviembre de 2003, se recibió el escrito contentivo de las peticiones de reconocimiento de la sanción de destitución, solicitando que la inhabilidad le fuera disminuida porque por sus antecedentes al tratarse de la primera infracción cometida pedía fuera rebajada presentando así sus argumentaciones plasmadas en el decurso procesal en el punto segundo, (fl. 153) de la audiencia de fallo, impetradas en el recurso de apelación cuando tomó la palabra la abogada de

oficio LUZ STELLA LOVERA VILLARRAGA, identificada con la cédula de ciudadanía # 35.402.880 de Zipaquirá y TP de abogada # 29.075 del CSJ, cuya dirección y teléfono de notificaciones como lo dispone el artículo 107 de la Ley 734 de 2002 debe adelantarse con ella, es la carrera 9 # 14-36 (Of. 301) de Bogotá, TEL : 342-5325, de esta ciudad, y quien como apoderada especial manifestó a favor de su 2 defendido, su discrepancia con la determinación de instancia en la misma fecha del pronunciamiento (fl. 154). Lo anterior, cursante en el expediente 143-84700 de 2003 (a #254 cvv). HECHOS La denuncia trata de la queja oficiosa que nos llegara a conocimiento como fruto de la denuncia penal instaurada en la fiscalía general de la nación y a conocimiento de segunda instancia luego del proceso verbal adelantado de oficio por la Procuraduría Segunda Distrital, fruto de la que se instaurara por el Señor MANUEL HIGINIO GUTIÉRREZ CUBILLOS, de quien se sabe tuvo a bien prestarle en el mes de diciembre de 2002 su tarjeta débito y le dio a conocer el número de su cuenta de ahorros del Banco Ganadero al Señor HUMBERTO HENRÍQUEZ, para que en dicha cuenta le consignaran los dineros que provenían de las diligencias o vueltas que él le hacía a varios funcionarios y empleados de la Honorable Cámara De Representantes, por presunta irregularidad consistente en que incluyó personas en

las resoluciones de pago de nómina de las UTL, (fl. 32) irregularmente con extralimitación de funciones, encontrándose el afectado con que la Corporación a través del funcionario cuestionado MAURICIO RAFAEL SERGE EGEA, quien se hallaba adscrito en esa fecha 26 de febrero de 2003 a la oficina de registro y control, le consignó en la cuenta de MANUEL HIGINIO GUTIÉRREZ CUBILLOS la suma de cuatro millones sesenta y tres mil seiscientos noventa y siete pesos ($ 4.063.967,oo) m/l; sin que fuera cierto que el antedicho tuviera derecho por algún concepto a recibir esa remuneración, ya que como patinador externo, no era funcionario de la entidad, ni era trabajador de las unidades técnicas legislativas-UTL de los respectivos Representantes a la Cámara, ni tampoco contratista de la entidad.

CONSIDERACIONES

/ . PROCESO VERBAL DE LA PROCURADURÍA SEGUNDA DISTRITAL.

Con fundamento en lo anterior la Procuraduría Segunda Distrital, por auto de citación a audiencia le formuló el pliego de cargos, para lo que cita a la audiencia al interesado MAURICIO RAFAEL SERGE EGEA, en su calidad de Operador de Sistemas, Grado 04, de la Sección de Registro y Control de la Honorable Cámara de Representantes, (fls. 62 al 70), por culpa gravísima, y con orden de suspensión provisional (fl. 68), por haber vulnerado tanto la ley penal como la ley disciplinaria. Notificado el disciplinado, precede un acta de aplazamiento de audiencia, por la no comparecencia del interesado, indicando que en el turno de evacuación de asuntos

del 20 de octubre de 2003, siendo las 9:00 AM, se declara fallida la actuación ante la imposibilidad de adelantarla sin su concurso (fl. 117). Previo lo de ley, se presenta el 9 de octubre de 2003, la solicitud para que sea designado apoderado de oficio (fl. 119) Se nombra y se acepta la actuación oficiosa de la Doctora LUZ STELLA LOPERA VILLARRAGA (fl. 120) Comienza la primera etapa de la audiencia verbal, consignada en la providencia dentro del proceso verbal el 20 de OCTUBRE DE 2003 (fls. 122 y ss), siendo notificada en estrados. / Reanudación de audiencia verbal, el 11 de noviembre de 2003, en la que la defensa solicita que se declare en la decisión que hay lugar al principio del in dubio pro reo (fl. 140) 3 / Audiencia de fallo de primera instancia llevada a cabo en el proceso verbal No. 143-84700, adelantado contra el servidor público MAURICIO RAFAEL SERGE EGEA (fls. 155 y ss) El mismo fue pues fallado finalmente luego de surtidas las etapas procesales, el 2511-03, fls 141 y ss. En el mismo se le impuso como sanción disciplinaria, destitución e inhabilidad por cinco años.

/. SUSPENSIÓN PROVISIONAL.

Se ordenó mediante auto de citación a audiencia del 25-6-03 visible a folio 62. Por oficio radicado el 27-06-03, se solicitó al señor Presidente de la Cámara De Representantes, se procediera a suspenderlo por tres meses iniciales. (fl. 71) No

consta la fecha en que se hizo efectiva por el superior. Consulta de suspensión provisional, fue decidida y aceptada mediante auto de la Procuraduría Primera Delegada, avocando conocimiento el 14-8-03 (fl. 94), y corriendo traslado para las alegaciones y pruebas de la parte (fl. 97), las que vencieron el 22 de agosto de 2003. (fl. 99) Se decide con el auto de 5 de septiembre de 2003, confirmando. Por auto del 24 de septiembre de 2003, la Procuraduría Segunda Distrital, dicta auto por el cual se prorroga la suspensión provisional por tres meses más. (fl. 105) Mediante Telegrama # 1012 (3-10-03), se le reporta la prórroga a la presidencia de la Cámara de Representantes para que la haga efectiva. (fl. 108) /. Apelación. La abogada de oficio LUZ STELLA LOVERA VILLARRAGA, como apoderada especial manifestó a favor de su defendido, su discrepancia con la determinación de instancia en la misma fecha del pronunciamiento, se manifestó en los siguientes términos: “... Encuentro en conformidad con la providencia que se me acaba de notificar por cuanto jurídicamente se encuentra fundamentada y únicamente me detendré a impugnar la parte de la sanción accesoria impuesta , por cuanto se determinó como inhabilidad para ejercer cargo público de cinco (5) años, y con todo el respeto que me merece su decisión, ruego a Usted conceder el recurso de apelación mediante el cual y rogando desde ya a la segunda instancia, sea benévola en la fijación del

término de inhabilidad aquí impuesta, por cuanto no se tuvo en cuenta que es la primera sanción disciplinaria que se le impone a mi defendido en esta Corporación, no obra dentro del expediente antecedente disciplinario alguno impuesto con antelación a ésta providencia; así ruego a la segunda instancia que desate el recurso de apelación, reducir el término de inhabilidad al mínimo establecido para la conducta sancionada, dejo así sustentada la impugnación presentada... “(fl. 154)

II. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO.

Siendo del caso de entrar a proferir la decisión por la segunda instancia debe decretarse la existencia de la causal de nulidad consagrada en el artículo 143, numeral 3 de la Ley 734 DE 2002, por la cual se exige dicho pronunciamiento cuando se de “la existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso... 4 “, lo anterior, sin menoscabo de las pruebas legal y oportunamente aportadas al proceso. / . Calificación de la falta y fundamentos de la decisión. Dentro del expediente, es correcta la expresión de haber ocurrido una falta gravísima y dolosa, en el que aparece una falla insuperable de carácter sustancial en la decisión adoptada, precisamente en punto a la inhabilidad. En lo que hace a la dosificación de la sanción (fl. 167) es el centro del debate en la apelación, se deben poner de presente las siguientes circunstancias que llevan a precisar que se tomó como base una norma inexistente, y por lo mismo, carece de legalidad, debiendo retrotraerse la actuación y volverse a dictar para que tenga el soporte jurídico que permita su valoración de segunda instancia en la forma exigida

en las normas disciplinarias, tal como lo plantea el Despacho con los siguientes argumentos que recogen la vulneración sustantiva anunciada:  Usualmente es posible ponderar todo lo favorable o lo desfavorable como factores en la regulación de la inhabilidad, sea la general o sea la especial, con una salvedad por materia, que es la concerniente a la vulneración del patrimonio público.  Debe tenerse como referente además que el legislador no dejó al arbitrio de la “benevolencia” como se solicita, es decir a factores puramente subjetivos o de mera liberalidad del juzgador propia de la era de los reyes y príncipes, el encuadramiento de la conducta y de sus consecuencias, señalándole unos referentes llamados en el artículo 43 de la Ley 734/02, “criterios para determinar la gravedad o la levedad de la falta”, previendo en el capítulo segundo, artículos 44 y siguientes, las clases de sanciones, y en su numeral primero lo concerniente a la destitución e inhabilidad general, para faltas gravísimas dolosas o aquellas realizadas con culpa gravísima.  El artículo 45 de la norma disciplinaria a su vez enuncia y discrimina punto a punto la definición de las sanciones, expresando en el numeral 1, que la destitución e inhabilidad general implica según lo previsto en su literal d), que en todos los casos anteriores, (según la modalidad de vinculación del destituido), la inhabilidad general involucra necesariamente la imposibilidad de ejercer la función pública en cualquier cargo o función, “por el término señalado en el fallo” (...)  El fallo fijó cinco (5) años de “inhabilidad” sin especificar que se trataba de una

inhabilidad general, porque en caso de “destitución” es precisamente el tipo de inhabilidad que le corresponde a la máxima sanción.  A su turno, el artículo 46 de la Ley 734 de 2002, establece un “límite para las sanciones”, precisando que la inhabilidad general será de diez (10) a veinte (20) años; (...).  pero cuando afecte el patrimonio económico del estado la inhabilidad será permanente...” (...).  Observa el aquem que siendo apelante único la valoración de un fallo ajustado a derecho, habría de dar aplicación en la segunda instancia al principio de la no reformatio in pejus, (art. 116 L. 734/02), pero existiendo una falencia sustancial, no puede ponderarse este factor, pues el fallo se dictó bajo el supuesto de poder regular los atenuantes y los agravantes para fijar la inhabilidad con un parámetro inexistente. 5  Lo hizo con una en primer lugar, sobre una base menor a la legal, dado que tenía dos extremos para la decisión, el mínimo de diez (10) años y el máximo de veinte (20).  En segundo término porque la limitante era mucho mayor y de carácter permanente, visto que incluso debió darse aplicación por ser norma especial a la fijada como límite en el aparte final del inciso primero del artículo 46 de la ley 734 de 2002, porque la infracción disciplinaria afectó el patrimonio público, con lo cual, la inhabilidad general encuadra en la norma especial que determina la permanencia indefinida en el tiempo de la inhabilidad al servicio

del Estado, norma que le veta de por vida la posibilidad de acceder el servicio oficial en función de la preservación de la moralidad pública y la lucha contra la corrupción administrativa. Con base en lo antes expuesto, EL PROCURADOR PRIMERO DELEGADO PARA LA VIGILANCIA ADMINISTRATIVA, RESUELVE PRIMERO: Decretar la nulidad de la decisión calendada el 25 de noviembre de 2003, por medio de la cual la Procuraduría Segunda Distrital, resolvió sancionar disciplinariamente con sanción de destitución del cargo e inhabilidad de cinco (5) años, a MAURICIO RAFAEL SERGE EGEA, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.418.348 de Bogotá, en su condición de Operador De Sistemas, Grado 04, de la Sección de Registro y Control de la Honorable Cámara de Representantes, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente proveído que corresponde al proceso verbal 143-84700 de 2003 (A # 254 CVV).

PARÁGRAFO: Retrotráigase de consecuencia el proceso verbal a su estado anterior y repóngase la actuación por el competente, sin menoscabo de las pruebas legal y oportunamente allegadas al proceso.

SEGUNDO: Notificar la presente decisión al disciplinado quien tiene anotados en el plenario al menos tres sitios de localización (ver folio 33, 73, 80, y otros) y/o a su apoderada de oficio, Doctora LUZ STELLA LOVERA VILLARRAGA, identificada con la cédula de ciudadanía # 35.402.880 de Zipaquirá y Tarjeta profesional de abogada

# 29075 del CSJ, a quien se localiza en la carrera 9 # 14-36 (oficina 301) de Bogotá, (fl. 139), informándole que contra la misma procede el recurso de reposición por el investigado / o su apoderado (artículo 113 de la Ley 734 de 2000 ). Diligencia que se hará de conformidad con lo dispuesto en los artículos 113 y 114, de la misma normativa.

TERCERO: Enviar copia de la decisión y oficiar lo que corresponda a la Presidencia de la Cámara de Representantes, para lo de su competencia, para atender lo de su resorte en materia de reintegro del suspendido.

CUARTOO: Remítanse las diligencias a la oficina de origen surtido lo anterior.

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CÉSAR AUGUSTO AMAYA MEDINA

Procurador Delegado Primero Vigilancia Administrativa C.A.A.M.- c.v.v.

A# 254 CVV NULIDAD 254aj E = 19-2-04