PGN - Documento 201604171147091

Dependencia: Procuraduría Primera Delegada Vigilancia Administrativa

Radicación: 03-86254-03

Disciplinado: Pablo Augusto Alfonso Carrillo

Cargo: Superintendente Delegado de Transito y Transporte Quejoso: Juan Carlos Bañol Fecha queja: 17 de agosto de 2001

Fecha hechos: 7 de mayo de 2001

Asunto: Providencia que resuelve el recurso de apelación de providencia que ordenó Archivo. Artículo 113 Ley 734 de 2002.

Bogotá DC, 20 de agosto de 2003 Por auto de septiembre 24 de 2002 este Despacho dispuso declarar la nulidad del auto de 21 de febrero de 2002 proferido por la Procuraduría Segunda Distrital de Bogotá dentro de las diligencias radicadas bajo el No. 143-62889, mediante la cual disponía el Archivo del investigativo adelantado contra el Señor PABLO AUGUSTO ALFONSO CARRILLO, Superintendente Delegado de Transito y Transportes de la Superintendencia de Puertos y Transporte, y en su lugar dispuso avocar por competencia el conocimiento de las mismas, así como notificar al investigado informándole que contra dicho proveído procedía el recurso de Reposición (fl. 25). Revisado el diligenciamiento encuentra el Despacho que el Señor Pablo AUGUSTO ALFONSO CARRILLO mediante memorial de fecha 27 de mayo de 2003, presentado dentro del término legal, interpuso recurso de reposición contra la decisión de fecha septiembre 24 de 2002 anteriormente relacionada ( fls. 33 y ss). La inconformidad se resume en lo siguiente: El recurrente considera que el

fundamento del auto recurrido consiste en que dentro del expediente que se tramita ante la Delegada se advierte que no es posible la intervención de la Superintendencia de Puertos y Transporte en los hechos acontecidos al Señor JORGE ENRIQUE GONZÁLEZ GARCÍA, quien se presentó ante este organismo como quejoso por intermedio de la Asociación de Consumidores de Medellín, por cuanto si bien es cierto tal entidad ejerce inspección, vigilancia y control respecto de las empresas que prestan servicio público de transporte terrestre automotor de pasajeros por carreteras, existen asuntos que escapan a su órbita contenidos en los Decretos 101 y 1016 de 2000, modificados por los decretos 2741,171 y 176 de 2001 y porque el Código de Comercio estipula que el contrato de transporte se rige por el acuerdo de voluntades que se manifestó por las partes (pasajero y transportador), por ello las situaciones que se desprendan del contrato y que jurídicamente no se ubiquen en las normas que regulan la operación del transporte se rigen por el derecho privado. Considera igualmente el recurrente que teniendo en cuenta que la decisión de nulidad afecta la actuación desde que se surte y que al declarar la nulidad la actuación se retrotrae a la indagación preliminar, pero las pruebas recaudadas sustentando el acervo probatorio no hace procedente una apertura de investigación, la decisión debía ser dejar en firme el auto de archivo que dispuso la citada Distrital, en subsidio proferir por este Despacho el archivo a su favor.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Para entrar a resolver el Recurso de Reposición interpuesto por el Señor PABLO AUGUSTO ALFONSO CARRILLO, Superintendente Delegado de Transito y Transportes de la Superintendencia de Puertos y Transporte, contra la providencia calendada el 24 de septiembre de 2002, proferida por este Despacho, decretando la nulidad del auto de archivo calendado el 21 de febrero de 2002, emanado de la Procuraduría Segunda Distrital de Bogotá y en su lugar avocar por este Despacho la competencia para conocer del investigativo en razón de la jerarquía del investigado, se tiene en cuenta que en su memorial de fecha 27 de mayo de 2002, sustenta su inconformidad por tal determinación en el hecho de considerar que aquella debía ser dejar en firme el auto de archivo, porque al afectarse con nulidad la actuación desde que se surte y retrotraer la actuación a la indagación preliminar, con las pruebas recaudadas no hace procedente una apertura de investigación. Expuso igualmente que no era posible la intervención de la Superintendencia de Puertos y Transporte en los hechos acontecidos al quejoso Señor JORGE ENRIQUE GONZÁLEZ GARCÍA por cuanto sí bien es cierto ejercen inspección, vigilancia y control respecto de las empresas que prestan servicio público de transporte terrestre automotor de pasajeros por carreteras, existen asuntos que escapan a su órbita contenidos en las normas citadas y porque en el Código de Comercio se consagra que el contrato de transporte se rige por el acuerdo de voluntades que se manifestó por las partes ( pasajero y transportador); por ello las situaciones que se desprendan

del contrato y que jurídicamente no se ubiquen en las normas que regulan la operación del transporte se rigen por el derecho privado, solicitando dejar en firme el auto de archivo que dispuso la citada Distrital, en subsidio proferir el archivo a su favor. Así mismo se tiene que este Despacho en la providencia recurrida claramente puntualizó que del estudio del expediente se determinó que la competencia para adelantar el investigativo y por ende para proferir cualquier proveído recaía en razón de la jerarquía del implicado en cabeza de las Procuradurías Delegadas, por asignación legal. Revisada por tanto la normatividad vigente se corrobora que en efecto, el Decreto 262 de 2000 en su artículo 76 parágrafo primero establece que las Procuradurías Distritales “conocen en primera instancia los procesos disciplinarios que se adelanten contra servidores públicos que tengan rango inferior al de Secretario General de las entidades que formen parte de las ramas Ejecutiva del orden Nacional, Legislativa, Judicial”. En este caso el citado Superintendente ostenta una categoría superior, pero además en el mismo artículo numeral 2 sólo les permite a tales Despachos adelantar actuaciones disciplinarias hasta antes de la apertura de investigación, por tanto la decisión de fondo bien sea la de archivo o de apertura de investigación corresponde a estas Delegadas, pues el artículo 25 numeral 1 literal a) asigna expresamente su conocimiento a estos Despachos por el rango del disciplinado. Como consecuencia de lo expuesto, dicha asignación de competencia no admite interpretación alguna y mal podría este Despacho sustraerse a su cumplimiento. La

única decisión que no admite discusión es la de asumir su conocimiento. Sin embargo para mayor claridad se recalca en este proveído que al surtir este Despacho el recurso de apelación y detectar la irregularidad taxativamente consagrada en la Ley 734 de 2002, debía en garantía del derecho de defensa del disciplinado, subsanar tal omisión, por lo que por sustracción de materia procedió a decretar la nulidad de las diligencias a partir del auto de archivo autorizado por los artículos 143 numeral 1 y 144 ibídem y en su lugar ordenó avocar el conocimiento del presente investigativo, con lo cual debe continuar hasta tanto se surtan las etapas procesales consagradas en tal normatividad. De conformidad con lo expuesto, se precisa que la determinación adoptada constituye una garantía para que pueda ejercer a cabalidad su defensa, de gran importancia para salvaguardar el debido proceso, para que pueda ejercer el 2 derecho a la contradicción, para que afiance sus argumentaciones, se recalca, el conocimiento del investigativo en razón de la competencia no constituye un perjuicio para el investigado. Como consecuencia de lo anterior, estima la Delegada que no es procedente reponer el auto recurrido por cuanto el desconocimiento por este Despacho de ese derecho como lo pretende el investigado constituiría una flagrante violación a la Constitución Política y a la Ley; por ello confirmará el proveído atacado y una vez quede en firme el mismo entrará a evaluar las diligencias obrantes en el expediente adoptando la decisión que legalmente corresponda de las pruebas allegadas y recaudadas.

En mérito de lo expuesto, EL PROCURADOR DELEGADO PRIMERO PARA LA VIGILANCIA ADMINISTRATIVA, en ejercicio de sus atribuciones jurídicas, RESUELVE PRIMERO: Confirmar la decisión calendada el 24 de septiembre de 2002, por medio de la cual el Despacho declaró la nulidad del auto de 21 de febrero de 2002, proferido por la Procuraduría Segunda Distrital de Bogotá, con fundamento en lo analizado y expuesto en la parte motiva. En consecuencia, se ordena avocar el conocimiento del investigativo en la forma señalada en la providencia recurrida.

SEGUNDO: Notificar personalmente la presente providencia al investigado advirtiendo que contra la misma no procede recurso alguno. Para tal efecto, líbrese la respectiva comunicación indicando la decisión tomada y la fecha de la providencia.

En caso de que no pudiere notificarse personalmente, se fijará edicto en los términos del artículo 107 del CDU.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CÉSAR AUGUSTO AMAYA MEDINA

Procurador Delegado Primero Vigilancia Administrativa CAAM / ecga Exp. 013-86254-02 3