PGN - Documento 201604171605395

Procurador General Bogotá, D.C., 22 de febrero de 2006 Señores

MAGISTRADOS DE LA HONORABLE CORTE CONSTITUCIONAL

E. S. D.

Ref.: Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 116, inciso primero y parágrafo segundo, de la Ley 115 de 1994, “por la cual se expide la Ley General de Educación”.

Demandante: CRISTIAN ALBERT USCÁTEGUI SÁNCHEZ

Magistrado Sustanciador: Dr. JAIME ARAÚJO RENTERÍA

Expediente No. D–6084 Concepto No. 4039 De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 242, numeral 2, y 278, numeral 5, de la Constitución Política, se procede a rendir concepto en relación con la demanda que, en ejercicio de la acción pública consagrada en los artículos 40, numeral 6, y 242, numeral 1, de la Carta, instauró el ciudadano CRISTIAN ALBERT USCÁTEGUI SÁNCHEZ contra el artículo 116, inciso primero y parágrafo segundo, de la Ley 115 de 1994, los cuales se citan textualmente: “Ley 115 de 1994 “por la cual se expide la Ley General de Educación” (…) ARTÍCULO 116. TÍTULO EXIGIDO PARA EJERCICIO DE LA DOCENCIA. Para ejercer la docencia en el servicio educativo estatal se requiere título de licenciado en educación o de posgrado en educación, expedido por una universidad o por una institución de educación superior nacional o extranjera, o el título de normalista superior expedido por las normales reestructuradas, expresamente autorizadas por el Ministerio de Educación Nacional, y además estar inscrito en el

Escalafón Nacional Docente, salvo las excepciones contempladas en la presente Ley y en el Estatuto Docente. (…) PARÁGRAFO 2o. Quienes en el momento de entrar en vigencia la presente Ley, se encuentren cursando estudios en programas ofrecidos Procurador General Concepto No. 4039 por instituciones de educación superior conducentes al título de Tecnólogo en educación, podrán ejercer la docencia en los establecimientos educativos estatales al término de sus estudios, previa obtención del título e inscripción en el Escalafón Nacional Docente.”

1. Planteamientos de la demanda El ciudadano USCÁTEGUI SÁNCHEZ afirma que, al aprobar los apartes demandados con los alcances normativos anotados, y no incluir el título de bachiller pedagógico como uno de los títulos exigidos para el ejercicio de la docencia estatal, el legislador incurrió en una omisión legislativa, con la que vulneró el ordenamiento constitucional vigente de la siguiente manera: 1.1 Los derechos adquiridos porque, para quienes obtienen el título de bachiller pedagógico, es un reconocimiento del Estado que ingresa a sus patrimonios jurídicos, en cuanto que los faculta para el ejercicio de la docencia en los niveles preescolar y básica primaria. 1.2 Los derechos al trabajo, a ejercer profesión u oficio, de enseñanza, al ejercicio de funciones y cargos públicos, y a la actividad económica, debido a que quienes hayan obtenido el título de bachiller pedagógico se les niega el derecho al ejercicio de la docencia, la posibilidad de ingresar al servicio público educativo estatal, y de obtener ingresos para su subsistencia.

1.3 El principio de buena fe y la confianza legítima, en cuanto que el Decreto 2277 de 1979 creó la expectativa a los bachilleres pedagógicos de ejercer la docencia estatal, la cual se frustra de manera abrupta e inesperada con la expedición de la Ley 115 de 1994. 1.4 El derecho a trato igual en tránsito de legislación, porque a los bachilleres pedagógicos no se les dispensó el mismo tratamiento legal de aquellos que, al momento de entrar en vigencia la Ley 115 de 1994, venían cursando estudios en 2 Procurador General Concepto No. 4039 instituciones de educación superior conducentes a la obtención del título de tecnólogo en educación y, no obstante, se les concedió la posibilidad de ejercer la docencia una vez obtenido dicho título.

2. Problema Jurídico El Ministerio Público analizará si, con las expresiones demandadas, al no incluir el título de bachiller pedagógico como uno de los títulos exigidos para el ejercicio de la docencia estatal, el legislador incurrió en una omisión legislativa, con la que vulneró la Constitución Política en los siguientes aspectos: 2.1 ¿Se violan los derechos adquiridos de los bachilleres pedagógicos, al impedirles el ejercicio de la docencia en los niveles preescolar y básica primaria?. 2.2 ¿Se desconocen, para los bachilleres pedagógicos, los derechos al trabajo, a ejercer profesión u oficio, de enseñanza, al ejercicio de funciones y cargos públicos, y a la actividad económica, con la negativa de ejercer en adelante la docencia?

2.3 ¿Pueden considerarse vulnerados los principios de la buena fe y la confianza legítima, de los bachilleres pedagógicos, al impedírseles ejercer la docencia estatal con la expedición de la Ley 115 de 1994? 2.4 ¿Se desconoció por las disposiciones acusadas, el derecho de los bachilleres pedagógicos a trato igual en tránsito de legislación, frente a aquellos que venían cursando estudios en instituciones de educación superior conducentes a la obtención del título de tecnólogo en educación, por cuanto a estos últimos sí se les concedió la posibilidad de ejercer la docencia una vez obtenido dicho título?. 3 Procurador General Concepto No. 4039

3. En relación con el contenido demandado del artículo 116 de la Ley 115 de 1994, referente al título exigido para el ejercicio de la profesión docente, y a la presunta omisión en que incurrió el legislador al no incluir el título de bachiller pedagógico, tal contenido fue derogado por el Decreto-Ley 1278 de 2002, por lo que el juicio de constitucionalidad resulta improcedente por carencia actual de objeto. 3.1 El requisito de formación académica mínima para el ejercicio de la docencia oficial, ha evolucionado legislativamente, estando vigente lo establecido en el Decreto Ley 1278 de 2002. En ese sentido, antes de abordar el estudio del presente caso, debe determinarse si se ha presentado alguna clase de derogación, con el fin de establecer si la Corte Constitucional es competente para conocer el asunto de fondo. 3.2 El Decreto 2277 de 1979 adoptó las normas para el ejercicio de la

profesión docente en el Sistema Educativo Oficial, donde estableció como requisito para su desempeño en los niveles preescolar y básico primario, el título de bachiller pedagógico (artículos 5 y 10). La Ley 115 de 1994 o Ley General de Educación, contiene las normas generales para regular este servicio público. El artículo 116 de la misma, establece como títulos exigidos para el ejercicio de la docencia, únicamente los de licenciado en educación, o de postgrado en educación, o de normalista superior. En el parágrafo segundo del mismo artículo, con carácter transitorio, se permitió que quienes, al momento de entrada en vigencia de la Ley 115 de 1994, vinieran cursando estudios en programas de instituciones de educación superior conducentes al título de tecnólogo en educación, podían ejercer la docencia acreditando como requisito dicho título. En desarrollo del Acto Legislativo 01 de 2001, que reformó el Sistema General de Participaciones, se expidió la Ley 715 del mismo año, con el fin de hacer la 4 Procurador General Concepto No. 4039 redistribución de recursos y competencias entre la Nación y las entidades territoriales, para los sectores de educación, salud y propósito general. El artículo 111 de la Ley 715 de 2001, confirió facultades extraordinarias al Presidente de la República para expedir un nuevo régimen de carrera profesional docente y administrativa para quienes ingresaran a partir de la promulgación de dicha ley estatutaria, con el fin de regular, entre otros temas, los requisitos de ingreso, ascenso y de asimilación voluntaria, al nuevo régimen,

de los docentes y directivos contemplados en el Decreto 2277 de 1979. En virtud de las facultades extraordinarias indicadas, se expidió el Decreto Ley 1278 de 2002, o Estatuto de Profesionalización Docente, que contiene las normas para regular las relaciones del Estado con los educadores a su servicio, que se vinculen a partir de su vigencia, en lo referente al ingreso, permanencia, ascenso y retiro del servicio, mediante el reconocimiento de su formación, experiencia, desempeño y competencias (artículos 1 y 2). El mismo decreto indica que la función docente es de carácter profesional, y reconoce como profesionales de la educación únicamente al normalista superior, licenciado en educación, o profesional con título diferente más programa de pedagogía o un título de especialización en educación, o de maestría o doctorado en áreas afines a su especialidad o desempeño docente, cuyos títulos deben acreditar como requisito para el ingreso y ascenso en el Escalafón Docente (artículos 3, 4, 21, Decreto 1278 de 2002). Con respecto a lo regulado en el Decreto 2277 de 1979, el Estatuto de Profesionalización Docente establece un procedimiento de asimilación voluntaria al nuevo régimen magisterial, únicamente para los educadores con título profesional, inscritos en el Escalafón Docente y vinculados en propiedad a un cargo docente o administrativo docente (artículo 65, Decreto 1278 de 2002). 5 Procurador General Concepto No. 4039 El Estatuto de Profesionalización Docente no regula nada en cuanto a la acreditación del título de bachiller pedagógico o de tecnólogo en educación

para el ejercicio de la profesión docente al servicio del Estado. 3.3 La evolución legislativa, en relación con el requisito de formación académica mínima para el ejercicio de la función docente, indica que lo vigente al respecto es lo consignado en el Decreto Ley 1278 de 2002 (expedido en el contexto de la Ley 715 de 2001), lo cual se desprende de lo expresamente establecido en su artículo 2, en los siguientes términos: “Artículo 2. Aplicación. Las normas de este estatuto se aplicarán a quienes se vinculen a partir de la vigencia del presente decreto para desempeñar cargos docentes y directivos docentes al servicio del Estado en los niveles de preescolar, básica (primaria y secundaria) o media, y a quienes sean asimilados de conformidad con lo dispuesto en esta norma.” (negrillas fuera de texto). Esto significa que, en cuanto al requisito de formación académica mínima para el ejercicio la función pública profesional de la docencia estatal, se presenta una derogación tácita de lo consignado en la Ley 115 de 1994, al existir una regulación íntegra al respecto, porque el Estatuto de Profesionalización Docente expresamente establece que a partir de su vigencia, éste es el que se aplica para regular las relaciones de los profesionales que se vinculen al servicio de la docencia estatal. El contenido también varía, ya que la Ley 115 de 1994 sólo estableció como requisito para el ejercicio de la docencia, el título de licenciado en educación, postgrado en educación, y de normalista superior, mientras que en el Decreto 1278 de 2002, dicho requisito es más preciso y con exigencia académica superior,

al exigir el título de normalista superior, licenciado en educación, o profesional con título diferente más programa de pedagogía o un título de especialización en educación, o de maestría o doctorado en áreas afines a su especialidad o desempeño docente. 6 Procurador General Concepto No. 4039 En cuanto a la derogación tácita de las leyes por regulación integral de materias, mediante leyes posteriores, como causal de inhibición para conocer de fondo las demandas por carencia actual de objeto, la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-328 de 2001, ha reiterado al respecto: “Así, el artículo 3º de la ley 153 de 1887 dice que se estima "insubsistente una disposición legal por declaración expresa del legislador, o por incompatibilidad con disposiciones especiales posteriores, o por existir una ley nueva que regula íntegramente la materia a que la anterior disposición se refería" (subrayas no originales)./ La Corte Suprema de Justicia, en su momento, y esta Corte Constitucional han reconocido, en numerosas ocasiones, ese efecto derogatorio de la ley posterior que regula integralmente un tema. Así, la Corte Suprema -Sala Plena-en múltiples pronunciamientos reiteró que el ejercicio de la facultad legislativa consistente en expedir códigos, estatutos orgánicos o regímenes legales integrales implica la derogación de las normas incorporadas a éstos para integrar un solo cuerpo normativo, tesis que ha sido plenamente aceptada por esta Corte Constitucional.(…) / 3Conforme a jurisprudencia reiterada, a esta Corte no le corresponde estudiar la constitucionalidad de normas

derogadas, salvo que éstas sean susceptibles de producir efectos, puesto que esta Corporación no desarrolla funciones consultivas sino estrictamente judiciales. Y es claro que esta doctrina se extiende a los casos de derogación tácita, pues en tal evento, también existe carencia actual de objeto, como lo reiteró la reciente sentencia C-658 de 2000, MP Antonio Barrera Carbonell (…)” Frente a la derogatoria tácita indicada, lo procedente para la Corporación es declararse inhibida para conocer de fondo la presente demanda, por carencia actual de objeto, términos en los cuales solicita el Ministerio Público a la Corte Constitucional proferir su decisión.

4. En cuanto a la presunta omisión legislativa relativa objeto de la presente demanda, se presenta la situación de cosa juzgada constitucional. 4.1 Si la Corte Constitucional decide abordar el conocimiento del fondo normativo cuestionado en el presente caso, la Vista Fiscal observa que se

7 Procurador General Concepto No. 4039 presenta cosa juzgada constitucional de carácter formal, debido a que se demanda la misma norma, por el mismo cargo (“y hasta por el mismo demandante”). En efecto, el primer inciso del artículo 116 de la Ley 115 de 1994 fue demandado anteriormente por el cargo de omisión legislativa, y declarado exequible mediante la sentencia C-479 de 2005. 4.2 La Corporación ha reiterado en múltiples decisiones, en aras de preservar el precedente judicial y la seguridad jurídica, que se presenta el fenómeno de cosa juzgada constitucional formal “cuando existe una decisión previa del juez

constitucional en relación con la misma norma que es llevada posteriormente a su estudio”, por lo que no se puede volver a revisar la decisión adoptada mediante fallo ejecutoriado, salvo que se trate de un cargo nuevo, no analizado por la Corte (artículo 243 superior; sentencia C-774 de 2001). El ciudadano USCÁTEGUI SÁNCHEZ, en la demanda que concluyó con la sentencia C-479 de 2005, ataca el único inciso del artículo 116 de la Ley 115 de 1994, por el cargo de omisión legislativa, al considerar que el legislador no tuvo en cuenta el título de bachiller pedagógico para ejercer la docencia en el nivel preescolar y en el ciclo de educación básica primaria (como si lo hizo para el caso de los normalistas superiores), según lo referido en la respectiva providencia, en los siguientes términos: “El demandante asegura que las normas acusadas quebrantan los artículos constitucionales que consagran los derechos al trabajo, igualdad, libertad de escoger profesión u oficio y a la participación efectiva en ejercicio del poder político, al no tener en cuenta el título de Bachiller Pedagógico como requisito para ejercer la docencia en el nivel preescolar y en el ciclo de educación básica primaria, “desconociendo completamente la idoneidad ética y pedagógica de quienes recibieron el título en Educación como Bachilleres Pedagógicos por parte de las Escuelas Normales antes de su respectiva reestructuración y conversión a Escuelas Normales Superiores””. 8 Procurador General Concepto No. 4039 4.3 En el presente caso, el demandante cuestiona el inciso del artículo 116 de

la Ley 115 de 1994, e incluye el parágrafo 2 de dicho artículo, por el mismo cargo de omisión legislativa, al considerar que el legislador no tuvo en cuenta el título de bachiller pedagógico para ejercer la docencia en el nivel preescolar y en el ciclo de educación básica primaria, en los siguientes términos: “El Congreso de la República al expedir la Ley 115 de 1994, por medio de la cual regula por vía general el servicio público de educación, cumpliendo de esta manera con la función deferida por el constituyente de 1991, vulnera los derechos al respeto por los derechos adquiridos, al derecho de ejercer profesión u oficio, a la libertad de enseñanza, el principio de la buena fe y la confianza legítima, a la igualdad, a acceder a un cargo público, al trabajo y a desarrollar una actividad económica que hacen parte del patrimonio jurídico de los Bachilleres Pedagógicos Escalafonados, al considerar las siguientes razones: (…) / Sin embargo, es el mismo Estado quien a través del Congreso de la República, le arrebata a los Bachilleres Pedagógicos Escalafonados, el derecho a ejercer la docencia, pues les desconoce este mismo derecho a través de la omisión que de este Título en Educación hace al expedir la Ley General de Educación” (páginas 5, 9, 10, Libelo Demandatorio, expediente D-6084). 4.4 El parágrafo 2 del artículo 116 de la Ley 115 de 1994, como ya se indicó, fue derogado por el Decreto 1278 de 2002, por lo que no debe ser objeto de consideración en el presente análisis, independientemente de que continúe

produciendo efectos jurídicos en relación con quienes lograron vincularse al servicio del Estado acreditando el título de tecnólogo en educación, con posterioridad a la fecha de expedición de la Ley General de Educación. Sin embargo, este parágrafo es objeto de demanda por el mismo cargo de omisión legislativa que vulnera el derecho al trato legal igual en los tránsitos de legislación, porque se tuvo en cuenta que quienes, al momento de entrada en vigencia de la Ley 115, vinieran cursando estudios encaminados a la obtención del título de tecnólogos en educación, podrían ejercer la docencia oficial acreditando dicho título, mientras que para el caso de los bachilleres pedagógicos no se reguló nada al respecto. 9 Procurador General Concepto No. 4039 Si resultara procedente el análisis concreto por el cargo de omisión legislativa que vulnera la igualdad de trato legal, en relación con el parágrafo indicado, la decisión constitucional y sus razones serían las mismas que se analizarán enseguida, las que a su vez fueron consignadas en la sentencia C-479 de 2005. 4.5 Bien sea para ilustrar la petición subsidiaria del Ministerio Público por considerar que se presenta cosa juzgada constitucional, o para que se declare conforme al orden constitucional vigente el primer inciso del artículo 116 de la Ley 115 de 1994 (si la Corte aborda el tema de fondo), se analizará el contexto del cargo por omisión legislativa formulado en el presente caso. En términos generales, las omisiones legislativas que pueden vulnerar el derecho al trato legal igual, se resuelven mediante la aplicación del test pertinente, que

parte de la base de determinar si se configura un trato legal igual entre iguales o diferente entre diferentes. En tales circunstancias, para saber si procede la aplicación de un juicio de igualdad se debe establecer un patrón o criterio que permita juzgar si dos personas o situaciones son diversas o idénticas desde un punto de vista que sea jurídicamente relevante. En ese sentido, en general el tertium comparationis es de carácter teleológico en cuanto a la norma que establece la diferencia de trato, porque a partir del objetivo perseguido por la disposición se puede determinar un criterio para saber si las situaciones son o no iguales (sentencia C-598 de 1997). En el presente caso, el criterio relevante o tertium comprationis lo constituye la profesionalización de la actividad docente, para que sea impartida por personas de reconocida idoneidad ética y profesional, que es lo que prescribe el artículo 68 de la Constitución Política, en aras de obtener una educación de mayor calidad y que contribuya al desarrollo del país (artículos 333, 334, 339, 365 superiores). 10 Procurador General Concepto No. 4039 En ese orden de ideas, los títulos profesionales son los que se obtienen como reconocimiento de haber cursado las personas estudios en educación superior impartidos por las universidades (artículos 69, Constitución Política; 19, Ley 30 de 1992). Los títulos de bachiller, en sus diversas modalidades (incluido el de bachiller pedagógico), son los que se obtienen al finalizar satisfactoriamente la educación media, y a su vez, constituyen el requisito básico exigido para cursar estudios de educación superior. Así lo establecen los artículos 27 y 28 de la Ley 115 de 1994, en los siguientes

términos: “Artículo 27. Duración y finalidad. La educación media constituye la culminación, consolidación y avance en el logro de los niveles anteriores y comprende dos grados, el décimo (10º.) y el undécimo (11º.). Tiene como fin la comprensión de las ideas y los valores universales y la preparación para el ingreso del educando a la educación superior y al trabajo Artículo 28. Carácter de la educación media. La educación media tendrá el carácter de académica o técnica. A su término se obtiene el título de bachiller que habilita al educando para ingresar a la educación superior en cualquiera de sus niveles y carreras”. Lo anterior demuestra que la educación que recibe un bachiller es muy diferente a la formación académica de un profesional, especialmente en su profundidad y compromiso, y en ese orden de ideas, el legislador les puede dar un trato diferente. En ese sentido, en el presente caso no se presenta la omisión legislativa en relación con lo regulado en la Ley 115 de 1994, con respecto a los títulos exigidos para el ejercicio de la docencia y la no inclusión del título de bachiller pedagógico para tal fin, porque en virtud del mandato constitucional que garantiza la profesionalización de la actividad docente, el legislador indicó los títulos que se requieren acreditar para el ejercicio de la docencia oficial, como son 11 Procurador General Concepto No. 4039 exclusivamente los de normalista superior, licenciado en educación y otros profesionales con postgrado en educación. En relación con los estudios de bachillerato pedagógico, la solución que planteó el

legislador fue precisamente la de recoger los estudios vocacionales que venían recibiendo y complementarlos con estudios de educación superior, mediante la reestructuración de las Escuelas Normales (artículo 216, Ley 115 de 1994; Decreto 3012 de 1997). En cambio, la regulación transitoria que efectuó el legislador, en relación con quienes cursaban estudios de educación superior para obtener el título de tecnólogos en educación, al momento de entrada en vigencia de la Ley 115 de 1994, se hizo para proteger la confianza legítima que les asistía en el tránsito de legislación, debido a que, a diferencia del trato evolutivo dado a los estudios de bachillerato pedagógico, el título de tecnólogo en educación fue eliminado del ámbito jurídico por no ser educación profesional (artículo 18, Ley 30 de 1992). Así, se concluye que el legislador, al excluir de los títulos exigidos para el ejercicio profesional de la docencia oficial, el de bachiller pedagógico que estaba contemplado en el Decreto 2277 de 1979, no incurrió en omisión legislativa, sino que obedeció el mandato constitucional que prescribe que la ley debe garantizar la profesionalización de la actividad docente. Por tanto, los títulos exigidos en la Ley 115 de 1994 para el ejercicio de la docencia, resultan conformes con el orden constitucional vigente, lo cual se solicitará declarar a la Corporación. En ese orden de ideas, no resulta procedente el estudio de los cargos que, por consecuencia de la presunta omisión legislativa, formula el demandante, como

son los de vulneración de los derechos adquiridos, a ejercer profesión u oficio, a la igualdad, al acceso a ocupar cargos públicos, a la libertad de enseñanza, al desarrollo de una actividad económica, y los principios de buena fe y de confianza legítima. 12 Procurador General Concepto No. 4039 4.6 El sentido de las anteriores consideraciones se consigna en la sentencia C479 de 2005, declarando exequible el único inciso del artículo 116 de la Ley 115 de 1994, por lo que subsidiariamente, el Ministerio Público solicitará estarse a lo allí resuelto. En términos generales, en dicha providencia se indicó: “De conformidad con la demanda de la referencia, a la Corte Constitucional le correspondería determinar si la Ley 115 de 1994, en sus artículos demandados, vulneró el principio de igualdad constitucional al impedirle a los bachilleres pedagógicos ejercer la docencia en los niveles preescolar y de educación básica primaria. Sin embargo, mediante Sentencia C-422 de 2005, con ponencia del magistrado Humberto Antonio Sierra Porto, esta Corporación declaró exequibles los artículos 3° y 21, literal a), del Decreto 1278 de 2002, Estatuto de Profesionalización Docente. Las normas acusadas, al igual que el artículo 116 de la Ley 115 de 1994, excluían a los bachilleres pedagógicos del ejercicio de la docencia y de la posibilidad de ingresar al servicio educativo estatal. La demanda, presentada por el mismo libelista del proceso de esta referencia, planteaba los mismos cargos de inconstitucionalidad contra

las normas indicadas. En tal proceso, el demandante sostenía –como literalmente lo dice la sentenciaque “los preceptos demandados vulneran los principios de igualdad, libertad de escoger profesión u oficio y de libertad de enseñanza de los bachilleres pedagógicos por cuanto desconocen sus derechos a ejercer la docencia en educación preescolar o básica primaria, frente a los Normalistas Superiores a quienes sí les es permitido hacerlo”. La Corte Constitucional encontró que las normas acusadas no quebrantaban los principios constitucionales mencionados por el libelista, por lo que las consideró ajustadas a derecho. No obstante, antes de citar las razones que tuvo en cuenta la Corte para adoptar su decisión, vale la pena hacer una breve referencia al contexto normativo de la disposición en comento. (…) Es esta, precisamente, la medida que el demandante considera violatoria del principio de igualdad, porque mientras los Normalistas Superiores están habilitados por Ley para ejercer la docencia en los niveles de preescolar y de educación básica primaria del servicio educativo estatal, los bachilleres pedagógicos ya no pueden hacerlo, pese a que, a juicio del demandante, ambos están igualmente 13 Procurador General Concepto No. 4039 calificados. En últimas, el demandante reprocha que el legislador al establecer quienes pueden ejercer la docencia en dichos niveles haya dejado por fuera a los bachilleres pedagógico, los que, a su juicio, están igualmente capacitados para hacerlo.” (Subrayado fuera de texto).

4.7 A su vez, los antecedentes jurisprudenciales de la sentencia C-479 de 2005, se encuentran en la sentencia C-422 de 2005, donde se declararon exequibles los artículos 3, y 21, numeral a), del Decreto Ley 1278 de 2002, por el cargo de omisión legislativa, por desconocimiento de los derechos de los bachilleres pedagógicos a ejercer la docencia en los niveles de preescolar y básica primaria, frente a los normalistas superiores, a quienes si se les permitió hacerlo. El demandante USCÁTEGUI SÁNCHEZ argumentó: “El ciudadano manifiesta que los artículos acusados violan los artículos 1, 2, 13, 26, 68 y 209 de la Constitución. A su juicio, los preceptos demandados vulneran los principios de igualdad, libertad de escoger profesión u oficio y de libertad de enseñanza de los bachilleres pedagógicos por cuanto desconocen sus derechos a ejercer la docencia en educación preescolar o básica primaria, frente a los normalistas superiores a quienes sí les es permitido hacerlo. Considera que el trato diferenciado dispensado por el legislador a los bachilleres pedagógicos carece de justificación objetiva razonable, pues éstos reúnen requisitos de preparación y experiencia similares a los de los normalistas superiores, razón por la cual se convierte en un trato discriminatorio que vulnera el principio de igualdad.” Dentro de sus consideraciones, la Corte adujo: “31.- El artículo 67 de la Carta Fundamental pone en cabeza del Estado la función de vigilar e inspeccionar el servicio educativo en aras de

garantizar su calidad. En desarrollo de tal deber, el Gobierno dictó el Decreto 1278 de 2002, cuyo objeto es la regulación de las relaciones entre el Estado y los educadores a su servicio, bajo el imperativo de la idoneidad de los profesionales que prestan este servicio. El reconocimiento de la formación de los docentes, su experiencia, 14 Procurador General Concepto No. 4039 desempeño y competencias son los criterios centrales al momento de definir el ingreso, permanencia, ascenso y retiro del servicio en procura de una educación de calidad y el crecimiento profesional del los maestros. En ese sentido, y bajo la pretensión de calidad de los docentes que ingresen al servicio estatal, las condiciones para la incorporación al escalafón docente son: (i) tener título de normalista superior o título profesional expedido por una universidad o por una entidad de educación superior, (ii) satisfacer los requisitos de experiencia, desempeño y competencias. 32.-Coincide esta Corporación con lo señalado por la Vista Fiscal. Los primeres niveles de escolarización requiere altos niveles de preparación en términos de contenidos y pedagógicos, en ese sentido, la exigibilidad de título de idoneidad cada vez más estrictos además de ser correlato del mandato de la calidad de la educación, se corresponde con el deber estatal de mejorar los estándares consagrado en el artículo 68 constitucional. En ese, sentido, y descendiendo a las normas acusadas, el trata diferenciado dado a los bachilleres pedagógicos está sustentado por un fin constitucionalmente válido: la obtención de una educación de calidad. 33.- En segundo lugar el criterio “nivel de educación” como razón para

diferenciar quiénes son y quienes no profesionales de la educación (art. 3 demandado) y qué títulos se requieren para la inscripción y ascenso en el escalafón docente (art. 21, literal a) no está constituc