PGN - Documento 201604171605412

Bogotá, D.C., 9 de mayo de 2006 Señores

MAGISTRADOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

E. S. D.

Ref: Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 133 de la Ley 599 de 2000 “por la cual se expide el Código Penal”

Actor: JAIRO RUIZ QUESEDO

Magistrado Ponente: Dr. ALFREDO BELTRÁN SIERRA

Expediente No. D-6205 Concepto No. 4089 De conformidad con lo dispuesto en los artículos 242, numeral 2o., y 278, numeral 5o., de la Constitución, procedo a rendir concepto en relación con la demanda instaurada ante esa Corporación por el ciudadano Jairo Ruíz Quesedo, quien en ejercicio de la acción pública consagrada en los artículos 40, numeral 6o., y 242, numeral 1o., de la Constitución Política, ha solicitado a la Corte que declare la inconstitucionalidad del artículo 133 de la Ley 599 de 2000 “por la cual se expide el Código Penal ”, disposición que sanciona la clonación o cualquier otro procedimiento que busque la generación de seres humanos idénticos por manipulación científica.

1. Planteamientos de la demanda En opinión del demandante, la disposición acusada viola los artículos 11 y 42 de la Constitución Política, por cuanto, penalizar la clonación de seres humanos idénticos, vulnera el núcleo del derecho a la vida así como a tenar una familia, pues se impide la reproducción de la especie, especialmente, de aquellos que no pueden o no quieren

hacerlo por otros medios.

2. Antecedentes.

Procurador General Concepto No. 4089 El ciudadano Jairo Ruíz Quesedo, con anterioridad, presentó demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 133 y otras disposiciones del Código Penal, Ley 599 de 2000, la que correspondió al expediente D-5487. En esa oportunidad, el Ministerio Público se pronunció mediante el concepto No. 3741, en el que se solicitó la declaratoria de exequibilidad del referido artículo; no obstante, la Corte Constitucional, en sentencia C-555 de 2005, se declaró inhibida para fallar por ineptitud de la demanda. En el presente caso, el mismo ciudadano demanda la Ley 599 de 2000, únicamente en relación con el artículo 133, y limita los cargos a la vulneración de los artículos 11 y 42 constitucionales. Debe tenerse en cuenta que el texto que presenta en su demanda es el original del artículo, antes del aumento de penas de que trata el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, las cuales comenzaron a aplicar desde el primero de enero de 2005, de tal manera que el texto reformado y vigente, es el siguiente: “ARTÍCULO 133. Repetibilidad del ser humano. El que genere seres humanos idénticos por clonación o por cualquier otro procedimiento, incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a ciento ocho (108) meses.”

3. Problema jurídico El Ministerio Público examinará si la tipificación penal de la clonación u otros procedimientos de generación de seres humanos idénticos, vulneran el derecho a la

vida consagrado en el artículo 11 y el derecho a procrear y a tener una familia, reconocido en el artículo 42 superior. Para resolver los cargos de la demanda es necesario hacer algunas consideraciones previas sobre la solución de conflictos morales, la libertad de configuración del legislador y el principio de precaución para proteger la dignidad humana, a lo cual procede este Despacho. 2 Procurador General Concepto No. 4089

4. El debate sobre las decisiones morales La respuesta a los problemas morales relacionados con las llamadas ciencias de la vida, se enmarcan en las discusiones básicas de la filosofía. La pregunta por el Ser, su origen, esencia, su libertad y su destino, ha tenido las más diversas respuestas que van del universalismo al relativismo moral, con fundamento en las leyes naturales, las decisiones de las mayorías (liberalismo democrático), la prevalencia de la cultura y la tradición (comunitarismo) y el individualismo (libertarismo).

El pensamiento premoderno, fundaba la ética en la observancia de las leyes naturales (iusnaturalismoAristóteles, Tomás de Aquino). El pensamiento moderno, que toma algunos elementos del iusnaturalismo (dignidad humana, igualdad) pero que se opone al planteamiento metafísico, fundamenta la moral en la razón, la cual nos permite, a partir de la reflexión moral individual, encontrar la solución a los problemas, así encontramos formulaciones como la Kantiana, según la cual, “el individuo debe actuar de manera tal que su actuación pueda volverse ley universal”(los imperativos categóricos); postulados éticos que más tarde se reformularán en una versión no monológica, en la cual, la moral debe ser el resultado de un diálogo regido por unas

reglas argumentativas (Habermas, Rawls, Alexy). Por su parte, desde el discurso político y económico, los pensadores liberales clásicos (J.Locke, S. Mill) plantearon la importancia de la libertad del individuo como fundamento de la sociedad. El pensamiento liberal aportó, y lo sigue haciendo, la idea central del límite del poder como garantía de los derechos y libertades individuales. Si bien, en él se reivindica la libertad del mercado, de los medios de producción, de la fuerza de trabajo (Smith, Ricardo) y, en consecuencia, se plantea la mínima intervención del Estado, no puede olvidarse que este pensamiento se apoya en el Estado de derecho y en el principio democrático de las mayorías (Rousseau, Montesquieu). 3 Procurador General Concepto No. 4089 Algunas líneas del pensamiento liberal clásico, como el utilitarismo inglés (Stuart Mill), defendían la libertad pero no el individualismo a ultranza, razón por la cual, la solución de los problemas morales, desde su perspectiva, deberían resolverse de la manera que proporcionara el mayor bienestar social, escuela seguida posteriormente, con algunas variaciones, por los consecuencialistas (Singe). Derivado de ese pensamiento, pero, con la diferencia de que no se centra como el Estado liberal en la figura del Estado de derecho (la ley) sino en la idea de un Estado minimalista en la primacía de la voluntad individual sobre cualquier regulación estatal, con el único límite de la “no agresión al otro”, los actuales pensadores “libertarios” (R. Nozick, G. Homberger, etc), en sus diferentes versiones que van desde el anarcocapitalismo hasta posiciones más moderadas, fundan su propuesta en lemas como “la

propiedad sobre sí mismo” (self-ownership) o “nadie puede intervenir en la persona o en la propiedad de otro”. A partir de esas posiciones no intervencionistas, el cuerpo es propiedad de cada uno y el Estado no tiene derecho a intervenir en las decisiones de la persona. En esta línea encontramos el argumento del demandante, según el cual, las personas tienen libertad para decidir sobre su clonación y los científicos, para desarrollar sus investigaciones y experimentaciones sin intervención del Estado. Al respecto, para el Ministerio Público el parámetro de análisis de la disposición acusada lo constituye el Estado social y democrático de derecho, como modelo de Estado que supera el Estado liberal (formal) de derecho y el Estado de bienestar, en una versión cualitativamente diferente - en tanto más democrática y respetuosa de los derechos fundamentales de las personas-, que con fundamento en la dignidad humana, busca el equilibrio entre la libertad y la igualdad, entre la autonomía individual y la solidaridad social y, por tanto, se opone a cualquier modelo totalitario o anárquico de izquierda o de derecha. 4 Procurador General Concepto No. 4089 En este Estado social y democrático de derecho, la libertad sigue siendo básica e irrenunciable, más no absoluta, debiendo armonizarse con otros principios y derechos fundamentales como la dignidad o la igualdad. Por tanto, en éste modelo, la solución a los problemas morales, en el campo de la bioética, debe respetar la libertad y la autonomía en su múltiple faceta de derecho subjetivo, principio y valor, conciliando así lo individual con lo universal en el concepto de la dignidad humana, en el cual la identidad e individualidad, es lo que distingue a los miembros de la especie humana y

la sociabilidad, en términos de respeto, solidaridad y autonomía, es la condición de realización de esa individualidad.

5. El Estado debe aplicar, de manera razonable, el principio de precaución ante la incertidumbre sobre los riesgos de las actividades científicas y tecnológicas que amenacen la dignidad humana El debate sobre la creación artificial de seres humanos ha sido extenso, tanto en la comunidad científica, como a nivel filosófico, sociológico, político y jurídico, así como anticipado, en diversas formas, por la literatura.

Inevitablemente, el tema nos hace recordar las antiutopías o distopías del género literario de ciencia ficción, cuyo antecedente más conocido es el del hombre creado por el doctor Victor Frankenstein, en la novela de la escritora inglesa Mary Shelley: “Frankenstein o el moderno prometeo” (1818), o en el indeseable modelo de “Un mundo feliz” (The Brave World, 1932), de Aldoues Huxley. Es decir, nos hace revivir el miedo a renunciar al azar propio de la existencia y cambiarlo por el total control humano sobre la vida, como ocurre en la novela “1984” (publicada en 1949), del escritor de origen Hindú, George Orwell, o en el antecedente de éstas: “Nosotros” (1921), de Yevgueni Zamiatin, insignia de la ciencia ficción rusa de entreguerras. En dichas obras, la pérdida de la autonomía tiene como uno de sus principales componentes, la capacidad científica, técnica y política, de producir y formar hombres según la voluntad y los fines de quienes detentan el poder.

5 Procurador General Concepto No. 4089 La discusión jurídica que aquí se plantea está a mitad de camino entre los logros científicos y la ciencia ficción, y gira en torno al principio constitucional de la dignidad humana en el campo de la bioética1, entendida como la reflexión interdisciplinaria de la filosofía, el derecho, la ciencia, etc., sobre las ciencias de la vida. Para analizar la constitucionalidad de la disposición acusada, en un tema tan novedoso, es necesario aproximarnos a una definición del término “clonación”, el cual viene del griego “ĸλων”, es decir: esqueje, retoño. Clonar es producir “individuos de idéntica constitución genética que proceden de un mismo individuo mediante multiplicación asexuada, siendo iguales entre sí y al individuo del que proceden”2. La técnica de la clonación puede utilizarse con fines investigativos, para uso terapéutico o con fines reproductivos, así como en usos agro-pecuarios3, buscando obtener clones de plantas o animales e inclusive, como en el caso que nos ocupa, para intentar la generación de seres humanos clónicos. La disposición acusada (art.133) se encuentra ubicada en el capítulo VIII del título I del Código Penal, relativo a los delitos contra la vida y la integridad personal, junto con los delitos de manipulación genética (art. 132), fecundación y tráfico de embriones humanos (art.134). La prohibición de la clonación que dicha preceptiva establece, al igual que en el caso de la manipulación de los genes humanos cuando se altera el genotipo, está fundada en la noción eje de nuestro ordenamiento constitucional, como

es el principio de la dignidad humana. Debe advertirse que, el ciudadano demandante además de confundir el derecho a la vida con el derecho a la reproducción así como la reproducción sexual propia del 1 Martín Mateo, Ramón. “Bioética y Derecho”. Ed. Ariel S.A. Barcelona. 1987. p.p.15 y ss. 2 Lacadena, Juan Ramón. “La clonación humana”, En Memorias del Congreso de Bioética de América Latina y el Caribe, p. 139. 3 El uso de esta técnica en mamíferos adultos, es reciente y tuvo su primer experimento “exitoso” el 24 de febrero de 1997, con la clonación de la oveja Dolly en el Roslin Institute de Edimburgo, investigación a cargo del Doctor Ian Wilmut (Lacadena, Juan Ramón, op. cit. p. 142). La oveja presentó diversos traumatismos y murió al poco tiempo. Las investigaciones con mamíferos continúan, sin éxito completo y la aplicación de la técnica, en humanos no se ha probado (Lacadena, Juan Ramón, op. cit. p. 150. 6 Procurador General Concepto No. 4089 género humano, con la producción artificial de seres humanos, formula afirmaciones generales y desproporcionadas, como la siguiente: “la norma penal acusada impide el derecho a reproducirse y tener descendencia, es decir pone en peligro la existencia de la vida humana al prohibir una técnica reproductiva en aras de fortalecer la “Dignidad Humana”. Y en esa confusión, propone un aparente conflicto de derechos entre la dignidad humana y el de reproducción: “En concreto El Derecho a la Dignidad no puede estar por encima del

Derecho de reproducirse y tener descendencia”. En concepto de este Despacho, el conflicto así planteado no es real, lo que en verdad encierra el discurso del demandante es un conflicto entre la libertad de la actividad científica y la dignidad humana, conflicto válido en sí mismo a tal punto de constituir uno de los centros de discusión en la reflexiones de la bioética. De manera que, en este aspecto, se disiente de la jerarquización axiológica presentada por el actor - más allá de cualquier ponderación o jerarquización móvil-, en tanto sobrepone el avance científico a la dignidad humana, en la medida en que el Despacho considera que la concepción axiológica contenida en la Carta Política, en los instrumentos internacionales e incluso en las declaraciones de gran parte de la comunidad científica, coincide con la realizada por el legislador en la disposición acusada, según la cual se prefiere la protección de la dignidad humana a la total libertad de la investigación científica encaminada a la producción de seres humanos. El estrecho vínculo entre esta prohibición y la protección del principio fundamental a la dignidad humana fue establecido por la comunidad internacional en la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos, aprobada en la Conferencia General de la UNESCO, del 11 de noviembre de 1997. En la citada Declaración se dejó consignado el repudio a la conducta de la repetibilidad humana por constituir precisamente un atentado contra la dignidad humana como se desprende de la lectura del artículo 11, cuyo texto es el siguiente: 7 Procurador General Concepto No. 4089 “Artículo 11.- No deben permitirse las prácticas que sean contrarias a la

dignidad humana, como la clonación con fines de reproducción de seres humanos. Se invita a los Estados y a las organizaciones internacionales competentes a que cooperen para identificar estas prácticas y a que adopten en el plano nacional o internacional las medidas que corresponda, para asegurarse de que se respetan los principios enunciados en la presente Declaración.” (Resaltado fuera de texto). Este mandato debe entenderse en el contexto de la Declaración, la cual considera que “El genoma humano es la base de la unidad fundamental de todos los miembros de la familia humana y del reconocimiento de su dignidad intrínseca y su diversidad. En sentido simbólico, el genoma humano es el patrimonio de la humanidad” (art. 1), además que, “cada individuo tiene derecho al respeto de su dignidad y derechos, cualesquiera que sean sus características genéticas” (art. 2, literal a) y que, “esta dignidad impone que no se reduzca a los individuos a sus características genéticas y que se respete el carácter único de cada uno y su diversidad”. En la medida en que Colombia forma parte de la UNESCO, organismo especializado de las Naciones Unidas, y participa a través de su Delegación Permanente en las asambleas generales en donde se aprueban las respectivas declaraciones, resulta consecuente que el legislador oriente su política criminal en el sentido marcado por esta clase de instrumentos internacionales. Así mismo, en el ámbito internacional se ha regulado en esa dirección, como se pueden observar en el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y la Dignidad del Ser Humano, con respecto a las aplicaciones de la Biología y la Medicina de 1997, cuyo Protocolo Adicional de 1998 prohíbe expresamente la clonación de

Seres Humanos (art. 11); en la Resolución del Parlamento Europeo sobre la clonación de seres humanos (art. 2o.), en apoyo al mencionado convenio; en la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre protección jurídica de las invenciones biotecnológicas de 1998 (art.6o.); al igual que en la Declaración de la Asamblea Mundial de la Salud, en sus sesiones de 1997 y 1998, entre otras. 8 Procurador General Concepto No. 4089 Al atender positivamente la invitación hecha por la comunidad internacional, el legislador no hizo otra cosa que desarrollar la noción constitucional de la dignidad humana, que es la que confiere al ser humano, al individuo de la especie, ese carácter único e irrepetible y, sobre todo, de ser un fin en sí mismo, carácter que se ajusta a la concepción personalista que gobierna la Constitución Política de 1991. Así, la condición esencial de la persona en la perspectiva del nuevo constitucionalismo se vería notablemente disminuida con la práctica de la conducta sancionada por el artículo en cuestión. Por tanto, no es de recibo ni desde el punto de vista constitucional ni desde el punto de vista de la bioética, otorgarle a la ciencia por la ciencia un lugar preponderante aún por encima de la esencia misma del ser humano, como tampoco exigir que se permita todo tipo de experimentación en la persona humana, desconociendo la concepción humanista y personalista de la modernidad. La ciencia no es un fin en sí mismo en el Estado social de derecho, como sí lo es el ser humano, sino que constituye un medio para que éste, concebido dentro del marco del personalismo

humanista más radical, pueda ser mejorado en sus condiciones de vida. Parece ser que estas consideraciones son del todo ajenas a la visión que el demandante tiene acerca de la relación entre los interés jurídicos fundamentales del ser humano y la ciencia, visión en la cual tales intereses ocupan un lugar subalterno, como se desprende de sus apreciaciones, inspiradas en un experimentalismo cientifista indolente, ajeno por completo al humanismo que inspira nuestra Constitución Política. De otra parte, el demandante confunde la posibilidad de que existan diversas concepciones morales, en relación con temas como el aborto, el homosexualismo o cualquier otro tema con profunda implicación con las concepciones éticas, con la justificación de la relativización absoluta de la dignidad humana, concluyendo que como no hay una única posición frente a los temas científicos, el legislador debe permitir la manipulación de seres humanos para que la ciencia avance. 9 Procurador General Concepto No. 4089 Adicionalmente, el actor considera que el legislador, al penalizar la conducta delictiva de la repetibilidad humana, se inspiró en una concepción religiosa particular, como es la judeo-cristiana, con lo cual privilegió a una determinada concepción religiosa discriminan así a quienes profesan la concepción científica de la viabilidad de la clonación. Examinando los antecedentes legislativos de la disposición acusada, se puede verificar que son principios eminentemente constitucionales y, por ende, jurídicopolíticos, como es el caso del principio de la dignidad humana, y no religiosos, los tenidos en cuenta por el legislador para penalizar la generación de seres humanos por clonación. De allí que la referencia principal del legislador, tomada en cuenta para la

penalización en comento, haya sido la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos que en su artículo 11 conmina a la comunidad internacional a no realizar esta práctica científica, por ser contraria a la dignidad humana, como puede observarse en la exposición de motivos del proyecto publicado en la Gaceta del Congreso No. 280 del 20 de noviembre de 1998. En este punto de su cuestionamiento, el Despacho observa que el demandante incurre en una contradicción evidente cuando, de una parte, censura al legislador por adoptar una determinada concepción moral como fundamento de su decisión legislativa y, de otra, exige que el mismo legislador adopte otra determinada concepción moral, la del cientifismo, en oposición al humanismo y lo imponga a una comunidad política como principio o valor al cual ha de someterse, asumiendo todos los riegos. El Estado debe actuar de acuerdo con un criterio de precaución, sancionando, no solamente, el daño efectivamente producido por conductas penalizadas, sino también, la probabilidad del daño a través de conductas que pueden en forma mediata amenazar o poner en peligro bienes jurídicos protegidos, consagrando tipos de peligro abstracto (señala como peligrosa una conducta en sí misma) o de peligro concreto (sujeta el tipo a la real producción de amenaza o daño contra el bien jurídico). 10 Procurador General Concepto No. 4089 De otra parte, ya no se protegen solamente los bienes jurídicos concretos y presentes sino, también, bienes jurídicos suprapersonales o universales que pueden ser presentes o futuros, estos bienes jurídicos muchas veces pueden verse afectados en

concurrencia con bienes individuales (bienes jurídicos intermedios o de referencia individual). Así, en áreas como la informática, la cibernética, la genética, el desarrollo armamentístico, la manipulación de elementos de alto riesgo para la seguridad ecológica o para la salud humana, etc., el legislador debe actuar de manera preventiva, tanto frente a la investigación tecnológica y científica, como en el ejercicio de las actividades relacionadas con ellas. En el tipo penal bajo estudio, el legislador establece un tipo de peligro abstracto, pues no se requiere probar una situación concreta de riesgo para los bienes protegidos4, sino que a priori, decide establecer la protección frente a un riesgo potencial; por ello, en la descripción del tipo, no hace referencia al peligro que pueda causar sino que lo asume a priori y, en consecuencia, independientemente del resultado de la conducta. Una vez tomada esta decisión por el legislador, se excluye la discusión que propone el actor relativa a la demostración de los riesgos para los seres humanos resultado de un proceso de clonación, los cuales, por lo demás, no pueden probarse por tratarse de investigaciones que se encuentran en proceso incipiente. El legislador al penalizar la clonación, toma la opción de evitar riesgos desconocidos a las personas resultado de la clonación, justamente como una medida de prevención, para impedir que los seres humanos sean utilizados como “objetos” de la investigación científica, lo que vulneraría la dignidad humana con desconocimiento de su autonomía e identidad. 4 En este aspecto la Corte (C-939 de 2002) cita la doctrina alemana y la española, autores entre los que

se encuentran: Blanca Mendoza Buergo. El derecho penal en la sociedad del riesgo. Cívitas. Madrid. 2000 y, a Fernando Velásquez Velásquez “Derecho Penal. Parte General 2ª edición. Bogotá. Temis 1995”; Cristina Méndez Rodríguez. Los delitos de peligro y sus técnicas de tipificación. Madrid; Teresa Rodríguez Montañés. Delitos de peligro, dolo e imprudencia. Madrid.1994; Ricardo M. Mata y Martín. Bienes jurídicos intermedios y delitos de peligro. Editorial Comares. Granada. 1997. 11 Procurador General Concepto No. 4089 Cabe aseverar que, en estos casos, el legislador actúa en observancia del principio o criterio de precaución en materia de desarrollos científicos relacionados con reproducción de seres humanos idénticos, principio que ha tenido especial aplicación en materia de medio ambiente5. Para el caso que nos ocupa, se podría reformular este principio y decir que: “cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación de la dignidad del ser humano, como consecuencia de manipulaciones científicas”. Es necesario, entonces, hacer prevalecer el principio denominado como “in dubio pro dignitatis” y no, como lo pretende el demandante, el principio de “in dubio pro scientia”, pues en el campo de la bioética, como lo señala el profesor J.R. Lacadena, “no todo lo que es técnicamente posible, es éticamente aceptable”6. Este es el consenso de la comunidad internacional plasmado no sólo en instrumentos

internacionales sino en regulaciones internas; así, la prohibición de la clonación ha sido adoptada en varios países, como por ejemplo: España7, Francia8, Estados Unidos, Argentina, Inglaterra, entre otros. La clonación se autoriza en algunos países, únicamente, con fines terapéuticos y en otros se prohíbe completamente, por cuanto implicaría la producción artificial, manipulación y destrucción de embriones humanos. Como puede verse, la posición del legislador colombiano expresada en la disposición acusada, en consonancia con las demás instancias internacionales, actúa preventivamente en defensa de la dignidad del ser humano. 5 Principio 15 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo el cual fue objeto de análisis por parte de la Corte Constitucional en la Sentencia C-071 de 2003. Al respecto, el profesor César Cierco Seira, en su artículo, “El principio de precaución”, señala que, este principio se ha ampliado a otros espacios, en particular los relacionados con la salud humana. En, Revista Temas Socio-Jurídicos. Centro de Investigaciones Socio-Jurídicas de la universidad Autónoma de Bucaramanga. 2003. Pág. 20. 6 Lacadena, Juan Ramón, Op cit. p. 151. 7 Código Penal de 1995, art. 161.2. 8 Ley de Bioética, 2002. 12 Procurador General Concepto No. 4089

6. Libertad de configuración del legislador en materia penal y la criminalización de los procedimientos que conduzcan a la generación de seres humanos idénticos, en desarrollo de un ordenamiento constitucional que protege la dignidad humana, la vida y la reproducción de la especie

6.1. Alcances de la libertad de configuración del legislador frente a la materia de la disposición sub examine En la formulación de la política criminal, el legislador tiene amplia libertad de configuración dentro de los parámetros fijados en los preceptos constitucionales y en las disposiciones que integran el bloque de constitucionalidad. Así, en ejercicio del poder punitivo del Estado, el legislador puede establecer los bienes jurídicos a proteger, las conductas reprochables penalmente y las respectivas sanciones, ajustando y actualizando el ordenamiento penal a las condiciones y necesidades cambiantes de la sociedad, mediante decisiones de índole política, como en efecto lo hace en el capítulo VIII, título I, de la Ley 599 de 2000. Este poder punitivo del Estado, como cualquier otro poder público, tiene fundamento en el principio de representatividad y como finalidad la garantía de los derechos de las personas. Es esta necesidad de protección la que justifica la existencia del poder sancionatorio y, a la vez, la que permite evaluar la razonabilidad y proporcionalidad de los mecanismos mediante los cuales se ejerce. Por supuesto, esta libertad del legislador está limitada, en especial, por los preceptos constitucionales que consagran los derechos fundamentales. Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado que la Carta Política “opera como un mecanismo de control de límites de competencia del legislador, con el fin de evitar excesos punitivos” (Sentencia C-587 de 1992). El control de las decisiones del legislador se efectúa como control de la observancia de esos límites, en atención a los principios de finalidad, a partir del cual se 13 Procurador General

Concepto No. 4089 determinan los presupuestos normativos que justifican la existencia de la disposición penal, de tal manera que se establezca que la disposición persigue una finalidad constitucionalmente legítima. Así mismo, debe evaluarse la adecuación en la relación de medio a fin, es decir, si cumple con el principio de razonabilidad, del cual se derivan los principios de proporcionalidad (determina posibles excesos del poder punitivo) e idoneidad (evalúa si el precepto constituye una garantía efectiva de los bienes jurídicos que constitucionalmente busca proteger). En relación con estos principios la Corte se ha pronunciado en las sentencias C-709 de 1996, C-177 de 2001 y C-939 de 2002, entre otras. Al observarse la finalidad de la disposición demandada, es preciso advertir que la política criminal cambia según la época y, hoy, el desarrollo de múltiples procesos en el campo de la ciencia y la biotecnología, dentro de un contexto globalizado, determinan su transformación para adaptarse a las nuevas circunstancias de manera que se busque proteger a la sociedad frente a los nuevos riesgos que puedan derivarse del uso de técnicas aún no perfeccionadas. En efecto, la Constitución consagra la obligación del Estado de promover el conocimiento técnico, tecnológico y científico (art. 70), la libertad de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra (art. 27), así como la libertad en la búsqueda del conocimiento, la ciencia y la cultura (art. 71); sin embargo, estas libertades no son absolutas, deben ejercerse dentro de los límites y restricciones que establezca la ley,

siempre y cuando no desconozcan su núcleo esencial, en función de la protección de otros bienes jurídicos que se consideren prioritarios. En el caso que nos ocupa, el legislador busca proteger la dignidad humana y la vida, por lo tanto, requieren de un plus de protección frente a otros derechos que no comparten esa categoría ius fundamental, como son los derechos culturales. Es importante resaltar que el precepto legal demandado no prohíbe la investigación científica en materia de clonación, en términos generales, sino que se refiere, 14 Procurador General Concepto No. 4089 exclusivamente, a la relacionada con la creación de seres humanos idénticos mediante esa técnica; de tal modo que, no se criminaliza ni afecta el ejercicio de esa libertad de investigación científica sino que se limita su actividad, en el sentido de que no puede conducir a la “generación de seres humanos idénticos”, a