PGN - Documento 201604171605447

Bogotá. D.C., enero 30 de 2006 Señores

MAGISTRADOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

E. S. D.

Ref.: Demanda de Inconstitucionalidad parcial contra los artículos 11, 133, 134, 135, 136, 137 y 357 de la Ley 906 de 2004, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”.

Demandante: HUMBERTO ARDILA GALINDO

Magistrado Ponente: Dr. JAIME CORDOBA TRIVIÑO

Expediente No. D-5978 Concepto No. 4019 De conformidad con lo dispuesto en los artículos 242, numeral 2 y 278, numeral 5 de la Constitución y por designación realizada por el Procurador General de la Nación, mediante Resolución 434 del 2 de diciembre de 2005, al haberse aceptado su impedimento y el del Viceprocurador General de la Nación, procedo a rendir concepto en relación con la demanda instaurada ante esa Corporación por el ciudadano HUMBERTO ARDILA GALINDO quien en ejercicio de la acción pública consagrada en los artículos 40, numeral 6º y 242, numeral 1º de la Carta Política, solicita se declare la inconstitucionalidad de los artículos 11, 132, 133, 134, 135, 136, 137 y 357 de la Ley 906 de 2004, que consagran los derechos y mecanismos de intervención de las víctimas dentro de la actuación penal.

1. Planteamientos de la demanda 1.1. De conformidad con el artículo 250, numeral 7 de la Constitución Política debe garantizarse a las víctimas el acceso a toda la actuación adelantada ante el

juez de conocimiento, por ello son inconstitucionales las normas que no le reconocen a la víctima la condición de parte en el proceso penal. 1.2. Las víctimas deben participar como partes antes de la acusación, porque impedirlo viola el derecho a la igualdad frente a los derechos y garantías consagrados a favor del procesado.

2. Problemas jurídicos Corresponde al Ministerio Público establecer: 2.1. Si el Acto Legislativo 03 de 2002, impone reconocer la calidad de parte a la víctima de la infracción. 2.2. Si viola el principio de igualdad el reconocimiento de derechos y cargas procesales a la víctima distintas de las otorgadas al investigado, imputado o acusado.

Al respecto, la Procuradora Auxiliar para Asuntos Constitucionales (E) considera,

3. Derechos constitucionales de la víctima de un delito. Implicaciones de la justicia restaurativa 3.1. El artículo 250 constitucional modificado por el Acto Legislativo 03 de 2002, reconoce a las víctimas los derechos desarrollados en las normas demandadas.

La Fiscalía General de la Nación, en ese orden, tiene la obligación de solicitar al juez de control de garantías y al juez de conocimiento las medidas judiciales de protección y asistencia que requieran las víctimas y también debe velar directamente por su protección, adoptando medidas de atención inmediatas, en los términos del artículo 250 del numeral 7 de la Constitución Así mismo, el numeral 6 asigna al Juez de conocimiento el deber de disponer el restablecimiento del derecho, que como lo anunció la Corte Constitucional en sentencia C-228 de 2002 comporta el acceso a la justicia y el conocimiento de la

2 verdad y la reparación integral a todas las personas víctimas y perjudicados los daños ocasionados por el delito. Finalmente, en el numeral 7 del artículo 250 constitucional, el Constituyente determinó que legislador es el competente para señalar los precisos términos en que pueden intervenir las víctimas en el proceso penal y los mecanismos de justicia restaurativa. 3.2. En otros términos, el Acto Legislativo 03 de 2002 fue la oportunidad para precisar y hacer más explícito el alcance de la protección a las victimas que, desde 1991 se buscó ofrecerles frente a las conductas punibles. Es así como a través de la reforma, se ponen de manifiesto los derechos de acceder a la administración de justicia e intervenir en el proceso penal, obtener medidas judiciales de protección, así como conocer la verdad de lo sucedido; igualmente, se adoptan conceptos inequívocamente más garantistas, por no decir humanistas, en relación con los derechos de las víctimas, tales como el de reparación integral y justicia restaurativa, que comprenden no sólo aquella compensación económica por el perjuicio derivado de la conducta punible, que imponen al juez de garantías y al juez de conocimiento, la adopción de los mecanismos tendientes a menguar los efectos del delito en la víctima y a garantizarle el conocimiento de la verdad durante todo el desarrollo del proceso, e igualmente vinculan al legislador al establecimiento de procedimientos a través de los cuales víctima y victimario, con la colaboración o no de un facilitador, participen en la obtención de un resultado restaurativo del conflicto creado por el delito (sentencia C-591 de 2005).

3.3. De esta forma, el ordenamiento nacional se ajusta a los instrumentos de derecho internacional que predican el derecho de las víctimas a ser tratadas con consideración y respeto por su dignidad, tener acceso a los mecanismos de justicia, conocer la verdad, a que se haga justicia y a una pronta reparación del daño sufrido, de acuerdo al sistema nacional de justicia penal correspondiente, entre ellos la Convención Americana de Derechos Humanos (artículo 25), y los Principios fundamentales de justicia para las víctimas de los delitos y del abuso del 3 poder, adoptados por la Asamblea General en noviembre de 1985, así como lo reseñó esa Corporación en la sentencia C-228 de 2002.

4. El legislador no está constitucionalmente obligado a reconocer la calidad de parte dentro del proceso penal a la víctima, ni a otorgarle idénticas facultades y cargas procesales a las señaladas para el imputado o acusado 4.1. El artículo 250 constitucional, en el cual se fundan los cargos de la demanda, no tiene el alcance que el ciudadano ARDILA GALINDO quiere darle, pues aunque indica que la víctima puede intervenir en el proceso penal conforme a las normas fijadas por el legislador, en ninguno de sus apartes reconoce u obliga a darle la condición de parte dentro de la actuación penal, y tampoco dispone que deban otorgársele iguales derechos y e imponerle las mismas cargas procesales fijadas para el procesado. 4.2. La reforma constitucional enfatizó los derechos fundamentales de las víctimas, los cuales debían ser observados por el legislador al expedir el ordenamiento procesal penal, en particular, cuando fuera a cumplir las reglas a

las cuales debía sujetarse la eventual intervención de las víctimas dentro del proceso penal, intervención que debía tener en cuenta la garantía de los tres derechos internacionalmente reconocidos a éstas: la verdad, la justicia y la reparación integral, sin llegar a señalar la calidad o categoría específica que debía ser reconocida a la víctima en el proceso penal, intervención que debe garantizar básicamente los tres derechos internacionalmente reconocidos a aquella: la verdad, la justicia y la reparación integral. No obstante lo anterior, el Constituyente derivado no señaló la calidad o categoría específica que tendría la víctima en el proceso penal. 4.3. En otros términos, el artículo 250, numeral 7, otorgó al legislador un amplio margen para “fijar los términos en que podrán intervenir las víctimas en el proceso penal”, sin condicionar tal ejercicio al reconocimiento necesario de la calidad de parte, como erradamente lo considera el actor; e incluso la misma facultad de intervención se consagra en la norma superior como potestativa y no imperativa, ya que las víctimas pueden participar o no en los proceso penales, con sujeción a 4 las reglas que para tal efecto señale el legislador, de tal forma que si éstas deciden no intervenir en la actuación, esa decisión no puede afectar la legalidad del proceso ni entorpece su desarrollo. 4.4. En el marco de la función asignada por el Constituyente al legislador en esta materia, éste no le otorgó a la víctima la categoría de parte procesal, pero sí le fijó derechos y facultades que pueden ejercer dentro de la actuación penal, tanto en la

investigación como en el juicio, en defensa de sus intereses. El legislador señaló en la Ley 906 de 2005 los siguientes derechos y deberes para la victima: 4.4.1. El artículo 11 de la Ley 906 de 2004 consagró como principio rector del procedimiento penal el que la víctima dentro de la actuación penal está facultada para conocer la existencia de la actuación penal y ser informada por las autoridades de los mecanismos para hacer efectivos sus derechos, contar con la asistencia de un abogado designado por la víctima o de oficio en el juicio y el incidente de reparación integral; así mismo tiene derecho a ser oídas dentro de la actuación penal; a que se les facilite el aporte de pruebas, solicitar y obtener protección durante el proceso incluso con la privación preventiva de la libertad del inculpado, conocer los resultados de la acción penal y que sean considerados sus intereses al adoptar una decisión sobre la persecución penal, también pueden acudir ante el juez de control de garantías, presentar alegaciones dentro del juicio e interponer recursos contra determinadas decisiones del juez de conocimiento y finalmente promover y participar activamente en el desarrollo del incidente de reparación integral que suceda al fallo condenatorio. 4.4.2. El 134 ídem en desarrollo del referido principio rector, le permite solicitar al juez de garantías y al de conocimiento las medidas de atención y protección necesarias para salvaguardar la seguridad e intimidad de las víctimas. 5 4.4.3. El artículo 135 prevé que la víctima debe ser informada desde la primera intervención de los derechos y potestades que tiene dentro del juicio y los mecanismos para ejercerlas.

4.4.4. La Policía Judicial y el Fiscal deben informar a quien demuestre sumariamente su calidad de víctima, entre otras cosas, la forma de colocar la denuncia o querella, el trámite posterior y su papel en ellas, la forma de obtener asistencia o asesoría jurídica gratuita, los requisitos para obtener la indemnización, los medios de defensa que tiene a su alcance, y los que puede utilizar para conocer de la actuación luego de la acusación o la preclusión, el derecho a ser escuchada antes de dar aplicación al principio de oportunidad, cuando se va a desarrollar el juicio oral, la audiencia de dosificación de la pena y la sentencia y el derecho a promover el incidente de reparación integral, con lo cual se busca garantizar a la víctima su participación en el proceso penal. 4.4.5. Se reconoce el derecho de la víctima a intervenir en todas las fases de la actuación penal, en garantía de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación. El artículo 137, que es apenas una de las normas que materializa lo dispuesto en el artículo 250, numeral 7 constitucional, determina que la víctima puede: 4.4.5.1. Solicitar al fiscal medidas de protección frente a probables hostigamientos, amenazas o atentados en su contra o de sus familiares. 4.4.5.2. Ser interrogada, respetando su situación personal, derechos y dignidad. 4.4.5.3. Participar en todo el desarrollo del proceso, sin necesidad de representación judicial desde el inicio de la acción penal, y asistida por un abogado o estudiante de consultorio jurídico de facultad de derecho debidamente aprobada, desde la audiencia preparatoria.

4.4.5.4. Si carece de medios para designar apoderado judicial, puede desde la investigación ser representada por uno designado de oficio si así lo solicita. 4.4.5.6. Tiene el derecho de promover ante el juez de conocimiento el incidente de reparación integral, una vez establecida la responsabilidad penal del acusado. 6 4.4.6. En el marco de la justicia restaurativa, el legislador ha previsto la participación activa de la víctima en la solución de las cuestiones derivadas del delito, a través de la conciliación preprocesal y en el incidente de reparación integral y en la mediación (artículos 518 a 526 de la Ley 906 de 2004), mecanismos encaminados a garantizar la satisfacción integral de los intereses de las víctimas del punible. 4.5. No es entonces la víctima un simple espectador del proceso penal como lo afirma el ciudadano ARDILA GALINDO, por el contrario, su papel en si bien no es protagónico, porque no es parte y el proceso puede adelantarse aunque éste no se haga presente, sí tiene singular trascendencia si decide dar uso a las potestades que la ley le reconoce, las cuales, valga señalar, no se limitan a las contempladas en las normas antes citadas. 4.6. En efecto, varias son las normas de la Ley 906 de 2004 que abren la posibilidad a la víctima de intervenir en las distintas etapas de la actuación penal, así; informada de la existencia de la investigación y luego de la imputación, puede solicitar la adopción de medidas cautelares (artículo 92), tiene derecho a asistir a

todas las audiencias, sin que respecto de ella pueda restringirse la publicidad en ningún evento (artículo 149 ídem), puede presentar peticiones al juez en los términos del artículo 174 ídem, igualmente deberá ser escuchada por el fiscal y el juez de garantías antes de tomar una determinación sobre la aplicación del principio de oportunidad (artículo 327), así mismo, podrá intervenir en la audiencia que resuelve sobre la preclusión de la investigación (artículo 333), conocerá el escrito de acusación, deberá comunicársele de la audiencia de formulación de imputación y en ésta se le reconocerá su representación legal si así lo solicita (artículos 337 y 340). Así mismo, la víctima podrá asistir a la audiencia preparatoria, aunque ciertamente en ella no podrá elevar solicitudes probatorias, pues loS legitimados para hacerlo son las partes y por excepción el Ministerio Público (artículos 355 y 357). En el juicio oral la víctima, a través de su representante legal, puede presentar alegatos en el juicio oral e impugnar la sentencia (artículo 188). 7 4.7. De otra parte aunque los artículos 132, 133 y 134 de la Ley 906 de 2004, en desarrollo del principio rector consagrado en el artículo 11 ídem, contemplan normas que no son mecanismos jurídicos de participación activa de las víctimas en el proceso penal, sí se encargan de garantizar a ésta no sólo el conocimiento sobre el desarrollo y resultado de la acción penal, sino de procurarle las condiciones de seguridad que le permitan ejercer aquellas potestades o acciones tendientes a defender sus intereses. Por ello, las disposiciones mencionadas

también desarrollan el numeral 7 del artículo 250 constitucional. 4.8. Los artículos antes citados encuentran aval constitucional en los numerales 1 y 6 del artículo 250 de la Carta, según los cuales la Fiscalía General de la Nación debe de solicitar al juez de garantías las medidas judiciales que aseguren la protección de las víctimas y al juez de conocimiento que adopte las decisiones que permitan brindarle asistencia, e igualmente está obligada a asumir directamente acciones inmediatas tendientes a procurarles la protección que requieran como intervinientes del proceso penal. 4.9. Así las cosas, aunque el legislador no haya otorgado a la víctima la condición de parte dentro del proceso penal con la finalidad de conservar el sistema de partes propio de los esquemas de tendencia acusatoria, la víctima puede intervenir activamente dentro del proceso penal y los artículos 11, 132, 133, 134, 135 y 137 de la Ley 906 de 2004, entre otros, así lo establecen. Es claro, entonces, que la ley y en particular las disposiciones acusadas de omisión, ofrecen a las víctimas mecanismos que le permiten acceder a la administración de justicia con el fin de lograr la tutela judicial efectiva de sus derechos a conocer la verdad, obtener la justicia y a obtener la reparación integral de los daños ocasionados con la conducta punible. 4.10. De otra parte, la igualdad en los precisos términos planteados por el demandante es constitucionalmente inexigible, pues la misma no se garantiza ipso facto con la categorización de la víctima como parte del proceso penal. Ahora

bien, aunque la participación de la víctima y del procesado no puede regirse por 8 idénticos parámetros como quiera que están en distinta situación jurídica, tanto a la víctima como al procesado les asiste el derecho de acudir ante la administración de justicia, para la defensa o protección de sus derechos en el escenario penal, a través de recursos idóneos que garanticen los derechos de la víctima sin perjuicio o detrimento de las garantías procesales del inculpado y viceversa. 4.11. De esta forma, aunque el procesado es la parte contra quien se dirige la acción penal, es el destinatario de la imputación o acusación, es a él a quien se le sindica de cometer la infracción penal y por tanto tiene el derecho constitucional a defenderse ciertamente en condiciones de igualdad frente a esa otra parte que es el acusador que ejerce la acción penal, hace el señalamiento punitivo y por tanto quien asume la carga de demostrar su acusación, en la víctima también concurren derechos constitucionales que deben ser garantizados por el ordenamiento legal y respetados en desarrollo del proceso, aunque para ello ciertamente no sea imprescindible reconocerle procesalmente como parte de la acción penal, máxime cuando su intervención efectiva no puede establecerse como condición sine qua non para el desarrollo de la actuación, salvo respecto de los delitos querellables, toda vez que el proceso penal puede avanzar y cumplir su objetivo, incluso en su ausencia. Por ello, reconociendo que el proceso penal diseñado por el Acto legislativo 03 de 2002 es de tendencia acusatoria, en donde el carácter público de la acción penal,

el sistema de partes y el principio de igualdad o equilibrio entre las partes, podrían fisurarse al permitir como partes del proceso a sujetos distintos al acusador y a la parte acusada, al legislador indiscutiblemente le correspondía establecer los mecanismos idóneos para garantizar a las víctimas el acceso a la administración de justicia para obtener la tutela judicial efectiva de sus derechos a conocer la verdad, obtener justicia y la reparación integral del daño sufrido. En este orden, aunque las disposiciones anteriormente examinadas resulten acordes con los mandatos constitucionales y en manera alguna constituyan actos de discriminación en perjuicio de las víctimas, para el Ministerio Público si merece reparo el contenido del artículo 357 de la Ley 906 de 2004, como quiera que niega 9 a la víctima una potestad cuyo ejercicio sin duda contribuye a materializar ese derecho a que se descubra y conozca la verdad sobre la conducta punible de la cual fue víctima y es la posibilidad de solicitar pruebas en la audiencia preparatoria. Y es que no podría afirmarse validamente que la legislación procesal penal permite a la víctima el acceso a la administración de justicia con el fin de obtener la tutela judicial efectiva cuando se le niega el derecho a colaborar en la búsqueda de la verdad solicitando y aportando pruebas no pedidas por las partes, pero que pueden tener esencial influencia en los resultados del juicio. No existe razón alguna para negar a la víctima tal derecho, máxime cuando, por la misma razón, el artículo 137 demandado, sí autoriza al Ministerio Público, que no ha sido directamente afectado con la conducta y no fue testigo directo de la

consumación del ilícito como evidentemente si lo pudo ser la víctima, para elevar solicitudes probatorias. Como lo resalta la doctrina nacional “…para la víctima el fundamento de la igualdad implica que el acceso a la justicia supere el plano formal y se le permita una intervención efectiva, al mismo tiempo que una representación gratuita, asesoramiento y patrocinio” (Oscar Julián Guerrero Peralta. Fundamentos teórico constitucionales del nuevo proceso penal, 2005, pág. 231). Y es que no puede entenderse garantizado el derecho a la verdad, ni obtenida la tutela judicial efectiva cuando se restringe a la víctima la posibilidad de solicitar pruebas sobre hechos o circunstancias de la conducta investigada inadvertidas por el fiscal encargado de sostener la acusación. Resultará estéril cualquier esfuerzo argumentativo que pueda plantear la victima en su intervención oral en el juicio, si la etapa probatoria ha fenecido y los hechos conocidos por ésta no pudieron salir a la luz y llegar al conocimiento del fallador por omisión de las partes. 10 4.11. Por lo anterior, el artículo 357 de la Ley 906 de 2004 sólo podrá ser constitucional si se entiende que su aplicación es sin perjuicio del derecho de la víctima a solicitar pruebas en la audiencia preparatoria, derecho que está incluido en el deber judicial de facilitar a la víctima el aporte de pruebas, de que trata el principio rector contemplado en el artículo 11 ordinal d) de la misma ley.

5. Conclusión Por lo expuesto, la Procuradora Auxiliar para Asuntos Constitucionales solicita a la Corte Constitucional: 5.1. Declarar EXEQUIBLES los artículos 11, 133, 134, 135, 136 y 137 de la Ley 906

de 2004, en lo acusado y exclusivamente frente a los cargos examinados. 5.2. Declarar EXEQUIBLE el artículo 357 de la Ley 906 de 2004, pero bajo el entendido que las víctimas también tienen derecho a solicitar pruebas en la audiencia preparatoria, con base en el artículo 11 ordinal d) ídem. Señores Magistrados,

SONIA PATRICIA TÉLLEZ BELTRÁN

Procuradora Auxiliar para Asuntos Constitucionales (E) SPTB/Alie 11