PGN - Documento 201604171605521

Procurador General Bogotá, D.C., septiembre 5 de 2005 Señores

MAGISTRADOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

E. S. D.

REF: Demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 33, parcial, del Decreto 274 de 2000 “Por el cual se regula el

Servicio Exterior de la República y la Carrera Diplomática y consular”.

Demandante: JOSE JOAQUÍN GORI CABRERA

Magistrado Sustanciador: Dr. ALFREDO BELTRÁN SIERRA

Expediente No. D-5867 Concepto No. 3913 De conformidad con lo previsto en los artículos 242, numeral 2 y 278, numeral 5 de la Constitución Política, procedo a rendir concepto en relación con la demanda que, en ejercicio de la acción pública consagrada en los artículos 40, numeral 6 y 242, numeral 1º de la Carta, instauró el ciudadano JOSE JOAQUÍN GORI CABRERA contra el artículo 33, parcial, del Decreto 274 de 2000 que regula la actividad de actualización que deben realizar los funcionarios pertenecientes a la carrera diplomática y consular que se encuentre en categoría de embajador de acuerdo con lo que se determine mediante resolución ministerial.

1. Planteamientos de la demanda El ciudadano GORI CABRERA pretende la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 33, parcial, del Decreto 274 de 2000, el cual establece que la resolución ministerial que regula la actividad de actualización que deben realizar los

funcionarios pertenecientes a la carrera diplomática y consular que se encuentre en categoría de embajador debe señalar un porcentaje para aprobar tal actividad,

estableciendo que si el funcionario no participa en la actividad respectiva o no obtiene el puntaje requerido, será retirado de la carrera diplomática y consular y, 2 Procurador General por lo tanto, del servicio. De igual manera, la citada norma prescribe que lo previsto en ella se aplicará a los funcionarios escalafonados como embajadores hasta llegar a la edad de 60 años. A juicio del actor tal disposición desconoce los artículos 1, 29, 53, 58, 125 y 225 superiores, por las siguientes razones: 1.1 El retiro forzado de la carrera diplomática es una forma de destitución, que sólo puede decretarse como culminación de un proceso reglado con todas las garantías de la defensa. En la hipótesis contemplada en la disposición acusada basta con organizar una actividad de actualización y luego calificar por debajo del puntaje exigido al funcionario para que se produzca el retiro casi de ipso facto, lo cual vulnera el derecho al debido proceso consagrado en el artículo 29 superior. 1.2. El artículo 53 de la Carta Política consagra los principios mínimos fundamentales sobre el derecho al trabajo, entre los cuales se encuentra la igualdad de oportunidades para los trabajadores, el cual resulta vulnerado por la disposición demandada, puesto que establece un factor adicional de retiro para servidores públicos de la carrera diplomática y consular que hayan alcanzado el más alto rango en el escalafón, esto es, el cargo de embajador. 1.3. De igual manera, la norma acusada vulnera el principio de igualdad por cuanto no existe razón alguna para establecer caprichosamente la edad de

sesenta (60) años para eximir de tal obligación a quienes la superen. La edad de retiro forzoso de los funcionarios de carrera diplomática es la misma que rige para todos los servidores públicos, es decir, los sesenta y cinco (65) años. El precepto demandado riñe con el principio de igualdad toda vez que en ninguna otra categoría de la carrera diplomática y consular se exige tal actividad ni se castiga con el retiro en el evento en que no se logre el puntaje asignado. 3 Procurador General Tampoco abarca la disposición a todos los embajadores, pues los funcionarios de libre nombramiento y remoción de esa categoría quedan eximidos de cualquier requisito de formación, capacitación o superación profesional. El principio de igualdad se desconoce cuando la disposición permite regular al antojo del Ministerio de Relaciones Exteriores el puntaje mínimo aprobatorio y todas las modalidades y condiciones de la actividad de actualización. Así podrá exigirse en un momento el mero cumplimiento de una formalidad o se podrán imponer las condiciones más duras dependiendo de la voluntad del canciller. 1.4. Por otra parte, la expresión “actividad de actualización” es confusa y vaga, pues “actividad” es cualquier acción y el calificativo “actualización” sólo puede referirse a convertir lo pasado en algo actual, contemporáneo, presente, de modo que una actividad de actualización puede consistir en un evento cualquiera, siempre y cuando gire sobre temas del momento; o, por el contrario, puede referirse a un curso académico que exija el conocimiento profundo de cuanto acontecimiento internacional se considere de importancia. Dado que no se definió legalmente el sentido ni el alcance de la expresión cuestionada, mal puede

aplicarse para retirar a quienes por méritos, superando todos los requisitos de ley, han alcanzado la cúspide de la carrera diplomática y han obtenido el derecho a la estabilidad. La ley puede regular las causales de retiro de las carreras, pero aquellas no pueden ser irracionales, desproporcionadas, ni arbitrarias. Aquí se ha establecido una causal que no existe en ninguna otra carrera, con una sanción de hecho que implica el retiro profesional, la pérdida de los derechos de carrera y una condena anticipada. El principio de igualdad implicaría aplicar reglas similares en todas las carreras y para todos los empleos en los altos rangos del Estado. 1.5. La disposición acusada vulnera el artículo 58 constitucional por cuanto desconoce los derechos adquiridos. Bajo las disposiciones legales anteriores al Decreto 274 de 2000 - Decreto Ley 2016 de 1968, subrogado por el Decreto Ley 10 de 1992un grupo de funcionarios consolidó su situación en el escalafón y no 4 Procurador General existía regla alguna que contemplara actividades obligatorias de actualización y mucho menos que sancionara con el despido y el retiro a quienes no superaran un determinado puntaje. Quienes alcanzaron la categoría de embajador en la carrera diplomática obtuvieron el derecho a permanecer en el servicio y en su rango mientras no incurrieran en causales legales de retiro, sin embargo, nos encontramos frente a una nueva causal que es capaz de eliminar toda una carrera, desconociéndose así el artículo 1º superior que establece el respeto de la dignidad humana, del trabajo y de la prevalencia del interés general.

1.6. El artículo 125 de la Carta Política resulta vulnerado por cuanto si bien el Constituyente confirió al legislador la facultad para regular las causales de retiro de la carrera, tal facultad no es absoluta, pues ellas deben obedecer a razones de buen servicio y estar acorde con todos los postulados que gobiernan la administración pública, lo cual no puede predicarse de la causal señalada en la norma demandada. No es inconveniente que en cualquier sistema de carrera se establezcan cursos o eventos periódicos de formación, capacitación o actualización; ni que se prescriba su obligatoriedad, ni que se instituyan sistemas de evaluación de los mismos, lo que contraviene el ordenamiento constitucional es que se haya creado un mecanismo sin definición legal, cuyos elementos básicos son susceptibles de revisiones periódicas y que puede conducir sin fórmula de juicio a la pérdida de los derechos de carrera y la eliminación del servicio. 1.7. El artículo 225 constitucional que contempla la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores como cuerpo consultivo del Presidente de la República resulta vulnerado por cuanto fue ignorada por el Gobierno al hacer uso de las facultades extraordinarias en ejercicio de las cuales expidió el Decreto 274 de 2000, del cual forma parte la norma acusada.

2. Problema jurídico

5 Procurador General Corresponde al Ministerio Público determinar si el artículo 33, del Decreto 274 de 2000 al establecer que la resolución ministerial que regula la actividad de actualización que les corresponde realizar los embajadores pertenecientes a la carrera diplomática y consular debe señalar un porcentaje para aprobar tal actividad, estableciendo que si el funcionario no participa en la actividad respectiva

o no obtiene el puntaje requerido, será retirado de la carrera diplomática y consular y, por lo tanto, del servicio, excluyendo de ese deber a los funcionarios de tal categoría que hayan superado la edad de 60 años, desconoce el respeto a la dignidad humana, el trabajo y la prevalencia del interés general en que se funda la República de Colombia; el derecho al debido proceso; el principio de igualdad de los trabajadores; los derechos adquiridos de los citados servidores públicos; las facultades otorgadas al legislador para señalar las causales de retiro de la carrera; y las funciones de la comisión asesora de relaciones exteriores. Sobre el particular el Procurador General de la Nación ha de conceptuar lo siguiente:

3. Consideraciones generales sobre la carrera diplomática y consular 3.1. La Corte Constitucional, en sentencia C-504 de 2001, declaró exequible la habilitación legislativa que mediante el numeral 6 del artículo 1 de la Ley 573 de 2000, hiciera el Congreso de la República al Presidente de la República, para dictar las normas que regularan el servicio exterior, su persona de apoyo y la

carrera diplomática y consular, entre otras materias. Igualmente, en sentencia C-401 de 2001, declaró la exequibilidad del precepto de la misma ley que facultaba al Gobierno Nacional para regular las características y disposiciones que sean competencia de la ley, referentes a su régimen de personal. 3.2. En desarrollo de las referidas facultades, el Gobierno expidió el Decreto 274 de 2000, del cual hacen parte las normas acusadas. Según el artículo 5 del mencionado decreto, los cargos en el Ministerio de Relaciones Exteriores son: de

6 Procurador General libre nombramiento y remoción; de Carrera Diplomática y Consular; y de Carrera Administrativa. La Carrera Diplomática y Consular tiene un carácter especial y jerarquizado; regula el ingreso, el ascenso, la permanencia y el retiro de los funcionarios que pertenecen a ella, teniendo en cuenta el mérito (artículo 13 Ibídem). 3.3. El parágrafo primero del artículo 5 del Decreto 274 de 2000 determina que “El cargo de Embajador será, así mismo, de libre nombramiento y remoción del Presidente de la República. En consecuencia, para ser embajador ante un Gobierno o Representante Permanente ante un Organismo Internacional, no será requisito pertenecer a la Carrera Diplomática y Consular.” El artículo 189, numeral 2, de la Carta Política, otorga al Presidente de la República la facultad de dirigir las relaciones internacionales y nombrar a los agentes diplomáticos y consulares que prestarán el servicio exterior, esto es, “la actividad administrada por el Ministerio de Relaciones Exteriores en desarrollo de la política exterior de Colombia, dentro o fuera del territorio de la República, con el fin de representar los intereses del Estado y de proteger y asistir a sus nacionales en el exterior.” (Decreto 274 de 2000, artículo 3). Se trata, entonces, de una facultad política otorgada por el Constituyente al Presidente de la República para nombrar a sus representantes en el manejo de las relaciones internacionales. El Embajador es el representante del Presidente de la República como director de las relaciones internacionales, las que, según el artículo 9 superior, se

fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto de la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia. 3.4. Como se desprende de lo anterior, son de gran importancia las responsabilidades que en materia de relaciones exteriores corresponden al Presidente de la República y a todos los demás funcionarios del servicio exterior, fundamentalmente a los Embajadores quienes en su condición de representantes 7 Procurador General del Presidente de la República como jefe de Estado deben atender eficazmente los requerimientos y obligaciones de la política internacional del Estado, lo que hace necesario que quienes desempeñen tal cargo tengan los méritos y las calidades que esa dignidad exige, los cuales deben ser evaluados y calificados de alguna manera, con el fin de determinar si esos méritos y calidades que leS permitieron al servidor ingresar y ascender en la carrera le permiten continuar en ella, o si, por el contrario, es necesario su retiro de la misma. 3.5. El desempeño de los funcionarios de la carrera diplomática y consular debe ser evaluado anualmente y en el caso de que durante el tiempo de servicio en cualquiera de las categorías del escalafón de la carrera el servidor obtuviere dos calificaciones definitivas insatisfactorias, será retirado de la misma y, por lo tanto, del servicio; se exceptúa de la citada evaluación y calificación la función de los servidores escalafonados en la categoría de embajador (artículo 32 Ibídem). 3.6. El desempeño de los embajadores no es sometido a un proceso de evaluación y calificación anual; sin embargo, el artículo 33, acusado, establece que cada cuatro años deberán realizar una actividad de actualización que debe

ser aprobada por tales funcionarios, pues la no participación en ella o el hecho de no obtener el puntaje requerido para su aprobación constituye causal de retiro de la carrera diplomática y consular y, por lo tanto, del servicio; así lo determina, igualmente, el artículo 70 del Decreto 274 de 2000 al señalar entre los casos en que los funcionarios de la carrera diplomática y consular serán retirados de la carrera el incurrir en la causal de retiro de que trata el artículo 33 Ibídem. 3.7. Lo anterior, en desarrollo del artículo 125 de la Carta Política que determina las tres etapas que conforman la carrera administrativa, esto es, el ingreso, el ascenso y el retiro. En cuanto al retiro establece que éste “se hará: por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo; por violación del régimen disciplinario y por las demás causales previstas en la Constitución o la ley”, es decir, la misma Carta Política señaló expresamente que el desempeño de los funcionarios pertenecientes a la carrera, cualquiera sea su categoría, debía ser evaluado y que su calificación no satisfactoria implica su desvinculación de ella. 8 Procurador General Como es lógico, el Constituyente dejó en manos del legislador el diseño y adopción de la forma en que se haría tal evaluación, esto es, la manera de establecer si el funcionario cuenta con el mérito para seguir desempeñando el cargo y, en consecuencia, seguir vinculado a tal sistema. 3.8. Tal como se mencionó anteriormente, en el caso de la carrera diplomática y consular, el desempeño de los servidores vinculados a ella también debe ser

evaluado anualmente, salvo cuando se trata de los embajadores, pero, en este caso cabe preguntarse: ¿será que el ejercicio de las funciones de los embajadores vinculados a la carrera diplomática y consular, no obstante su categoría, también debe ser evaluado conforme lo establece el artículo 125 superior?. A este interrogante, el Despacho responde que sí, pues la Carta Política no estableció excepción alguna sobre la necesidad de establecer métodos de evaluación para quienes se encuentran en carrera y es por ello que el legislador, en este caso el extraordinario, estableció el mecanismo de la actualización y la evaluación de ésta como una forma de determinar el mérito para que tales servidores continúen vinculados a la carrera en ese cargo. La resolución número 3349 de julio 29 de 2002 “por la cual se reglamentan las actividades de actualización de los embajadores de Carrera Diplomática y Consular y se establece el procedimiento para adoptar el porcentaje de aprobación de dicha actividad”, expedida por el Ministro de Relaciones Exteriores, determina que la actividad de actualización constará de cuatro temas, todos ellos de gran importancia para la prestación del servicio exterior, a saber: Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario; Política Consular y Migratoria; Política Multilateral y de Cooperación Internacional; y Política de Integración. Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Ministerio Público procederá a analizar los cargos presentados por el actor contra la disposición acusada.

4. La disposición demandada no vulnera el derecho al debido proceso, el principio de igualdad de oportunidades para los trabajadores, ni el artículo 125 superior

9 Procurador General

4.1. Afirma el ciudadano GORI CABRERA que para que se configure la causal de retiro de la Carrera Diplomática y Consular contemplada en la disposición acusada basta con organizar una actividad de actualización y calificar al funcionario por debajo del puntaje exigido para que se produzca el retiro, lo cual vulnera el derecho al debido proceso consagrado en el artículo 29 superior. En relación con este cargo, basta destacar que según el artículo 70 del Decreto 274 de 2000, todo retiro de la Carrera Diplomática y Consular se dispondrá mediante decreto ejecutivo motivado, contra el cual proceden los recursos establecidos en la ley, lo cual se constituye en un mecanismo de protección de tal derecho y concretamente del derecho de defensa del servidor. Además de lo anterior, la resolución número 3349 de julio 29 de 2002, determina en el artículo 10 que cuando el embajador que deba participar en la actividad de actualización no pueda hacerlo por circunstancias de fuerza mayor o de especial naturaleza relacionadas con las necesidades propias del servicio exterior, suplirá dicho requerimiento durante la siguiente actividad de actualización que organice el Ministerio de Relaciones Exteriores, caso en el cual deberá sustentar ante el Consejo Académico la imposibilidad de participar en tal actividad, para efectos de lo cual debe presentar las pruebas que acrediten las circunstancias que dieron origen a esa situación. En este orden, es razonable que si un embajador de carrera diplomática y consular, habiéndosele dado la oportunidad de participar en la actividad de actualización no lo hace sin causa justificada o no obtiene el puntaje establecido, se le sancione con el retiro de la carrera, pues su ausencia en la actividad no

permite determinar si puede o no continuar en ejercicio de su cargo. Obviamente, para que proceda esta causal, es necesario, que se le permita al funcionario justificar el porqué de su ausencia en la actividad de evaluación, sólo cuando las razones esgrimidas por el funcionario se evalúen es posible dar aplicación a la sanción que establece la norma. Es decir, la destitución sólo será válida una vez 10 Procurador General se le otorgue la oportunidad de justificar su situación y de controvertir la decisión, tal como lo establece el artículo 70 del Decreto 274 de 2000. Así las cosas, el Despacho considera que la disposición demandada sí garantiza el derecho al debido proceso y concretamente el derecho de defensa, consagrado en el artículo 29 superior. Razón por la que por este aspecto no se desconoce la Constitución Política. 4.2. A juicio del actor el precepto acusado riñe con el principio de igualdad de oportunidades para los trabajadores, consagrado en el artículo 53 superior, por cuanto se establece una causal adicional de retiro para los servidores vinculados a la carrera diplomática y consular que hayan alcanzado la categoría de embajador; que no existe en ningún otro sistema de carrera; y que no es aplicable a quienes han sido vinculados mediante libre nombramiento y remoción. 4.3. En este caso el demandante se equivoca, puesto que no se trata de la consagración de una causal “adicional” de retiro para los embajadores vinculados a la carrera diplomática y consular, si se tiene en cuenta que según el artículo 32 del Decreto 274 de 2000, el desempeño de los funcionarios de la carrera diplomática y consular será evaluado anualmente y en el caso de que durante el

tiempo de servicio en cualquiera de las categorías del escalafón de la carrera el servidor obtuviere dos calificaciones definitivas insatisfactorias, será retirado de la misma y, por lo tanto, del servicio; de esta evaluación están exceptuados los servidores escalafonados en la categoría de embajador. La Carta Política señaló expresamente que el desempeño de los funcionarios pertenecientes a la carrera, debe ser evaluado y que su calificación no satisfactoria implica su desvinculación. Entonces, el Constituyente dejó en manos del legislador el diseño y adopción de la forma en que se haría tal evaluación, esto es, la manera de establecer si el funcionario cuenta con el mérito para seguir desempeñando el cargo y, en consecuencia, seguir vinculado a tal sistema. 11 Procurador General En este orden, es claro que todos los servidores vinculados al sistema de carrera, independiente de su nivel, deben ser sometido a una evaluación, para determinar si mantiene los niveles de mérito que lo llevaron a ocupar el cargo. No basta con acceder al servicio mediante el sistema de concurso en donde el mérito es el fundamento, sino de determinar si el funcionario mantiene los estándares para continuar en él, de allí que en la mayoría de carreras se establezca que el superior jerárquico del funcionario de carrera, lo califique anualmente. Calificación que cubre varios aspectos. Esa calificación, en desarrollo de la libertad de configuración legislativa puede señalarse en diversas formas. En el caso objeto de análisis, el legislador optó por señalar una actualización que debe ser superada por el servidor, actualización que se efectuará cada cuatro años. En ese orden de ideas, el Ministerio Público no comparte el cargo del ciudadano

GORI CABRERA, cuando afirma que el legislador no podía señalar una causal “adicional” para el retiro de la carrera, cuando en realidad el legislador extraordinario lo que hizo fue señalar la forma de calificación para éstos, dado que ellos están expresamente excluidos de la calificación anual que el legislador perfiló para el resto de los servidores de la carrera diplomática y consular, artículo 32 del Decreto 274 de 2000. Por tanto, la actividad de actualización para embajadores que debe ser aprobada por tales funcionarios, se constituye en el mecanismo diseñado por el legislador, en ejercicio de su libertad de configuración legislativa, para determinar si tales servidores pueden continuar vinculados a la carrera, desarrollando así lo dispuesto en el artículo 125 constitucional. Obsérvese que cuando el Gobierno Nacional le solicitó al Congreso de la República las facultades extraordinarias para regular el tema de la carrera administrativa consular y diplomática, señaló que era imperioso “ajustar el servicio exterior a los cambios del nuevo orden internacional impone para lograr la efectiva realización de la política exterior de la Nación a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores, y a fin de alcanzar su fortalecimiento y profesionalización, es indispensable replantear los criterios y estructura que rigen actualmente la 12 Procurador General carrera administrativa y consular...En ese sentido, deben reexaminarse los pasos y procedimientos de ingreso, ascenso, permanencia y retiro de los funcionarios, de acuerdo con los criterios de excelencia y el interés fundamental de la realización de la misión encomendada al Ministerio de Relaciones Exteriores en la gestión, coordinación y proposición de la política internacional, bajo la dirección del Jefe de Estado ” (Exposición de motivos, citada en la sentencia C-504 de 2001).

Por este aspecto, entonces, tampoco es válido el cargo esgrimido por el ciudadano GORI CABRERA. Cosa distinta es cuestionar el mecanismo mismo, su periodicidad y las consecuencias del mismo, asunto que el actor no refuta y que como tal el Ministerio Público no entrará a analizar. 4.4. En cuanto al cargo relativo a que la disposición cuestionada no es aplicable a los embajadores que han sido nombrados por el Presidente de la República en ejercicio de su facultad de libre nombramiento y remoción, vale recordar que el artículo 189, numeral 2, de la Carta Política, otorga al Presidente de la República la facultad de dirigir las relaciones internacionales y nombrar a los agentes diplomáticos y consulares que prestarán el servicio exterior, se trata, entonces, de una facultad política otorgada por el mismo Constituyente al Presidente de la República para nombrar a sus representantes en el manejo de las relaciones internacionales, lo cual es razonable si se tiene en cuenta que son agentes directos del Presidente de la República y por lo tanto gozan de toda su confianza, lo cual justifica, además, que su desempeño no sea sometido a evaluación y calificación, mecanismo propio de la Carrera Diplomática y Consular y de la carrera administrativa, sino a la discreción del Presidente de la República, quien en cualquier momento puede decidir que un determinado embajador no siga en el ejercicio del cargo. Es claro que por este aspecto, no es procedente un cargo por violación al principio de igualdad dado que los embajadores sometidos al sistema de carrera y los de 13 Procurador General libre nombramiento y remoción están en situaciones de hecho diversas, que

impiden establecer para ambos tratamientos igualitarios. 4.5. Es preciso destacar que la Carrera Diplomática y Consular es una carrera especial y que por lo tanto se rige por normas propias, esto es, diferentes a las que regulan cualquier otro sistema de manejo de personal, luego el legislador, en ejercicio de la libertad de configuración que en esta materia le otorga el artículo 125 superior, bien podía, dada la naturaleza de los cargos de tal carrera, diseñar y adoptar los mecanismos de evaluación del mérito de los servidores vinculados a ella y las causales de retiro de la misma que considerara pertinentes. En este orden, no le asiste razón al demandante cuando afirma que la norma acusada vulnera el principio de igualdad previsto en el artículo 53 superior al consagrar una regla diferente a las que regulan otros sistemas de carrera. 4.6 Tampoco ve el Despacho de que manera la disposición acusada riñe con el principio de igualdad por haber conferido al Ministerio de Relaciones Exteriores la facultad de señalar, a través de una resolución ministerial, el porcentaje para aprobar la actividad de actualización, más aún si se tiene en cuenta que si bien el artículo 125 superior determina expresamente algunas causales de retiro y confiere al legislador la competencia para señalar otras, ello no quiere decir que la ley sea la única facultada para regular todas las situaciones que comprende la carrera, por ello aspectos tan puntuales como el porcentaje necesario para aprobar la actividad de actualización de los Embajadores, cuando la misma ley ha establecido un tope mínimo al respecto, pueden ser reglados por el Ministerio del ramo, como órgano a quien le corresponde dirigir la actividad administrativa y

ejecutar la ley en esa materia (artículo 208 superior) Vale destacar que la Resolución 3349 de julio 29 de 2002, consagra en el artículo 7 que la actividad de actualización que corresponde a los embajadores se aprueba con un puntaje mínimo de setenta puntos sobre cien, determinando que para la aprobación de la actividad se tendrán en cuenta los siguientes porcentajes: a) elaboración del documento base de discusión de cada tema un 20%; b) sustentación del tema un 50% y c) participación en el debate asignado al otro 14 Procurador General grupo de trabajo un 30%, lo cual el despacho considera un puntaje razonable para calificar este tipo de actividades. Por este aspecto, tampoco observa el Despacho de que manera las disposición acusada vulnera el derecho de igualdad de oportunidades para los trabajadores, consagrado en el artículo 53 superior, ni el artículo 125 de la Carta Política, por el contrario los desarrolla.

5. El precepto acusado no desconoce el artículo 225 de la Carta Política 5.1. Afirma el demandante que la disposición acusada vulnera el artículo 225 constitucional que contempla la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores por cuanto fue ignorada por el Gobierno al hacer uso de las facultades extraordinarias en ejercicio de las cuales expidió el Decreto 274 de 2000, del cual forma parte la norma acusada. 5.2. El artículo 225 de la Carta Política contempla la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores como un “cuerpo consultivo del Presidente de la República” y le otorga facultades a la ley para determinar su composición. En desarrollo de lo anterior, se expidió la Ley 68 de 1993, “Por la cual se organiza la Comisión

Asesora de Relaciones Exteriores y se reglamenta el artículo 225 de la Constitución Política de Colombia.” El artículo 3 de la citada ley señala que la comisión es cuerpo consultivo del Presidente de la República y en tal condición le corresponde estudiar los asuntos que éste someta a su consideración, encontrándose entre ellos la reglamentación de la Carrera Diplomática y Consular (numeral 5). 5.3. De tales disposiciones se desprende que la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, estudiará los asuntos que el Presidente de la República en su condición de Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Suprema Autoridad 15 Procurador General Administrativa someta a su conocimiento porque lo considera pertinente, es decir, no es obligación del Presidente de la República presentar a consideración de tal comisión todos los asuntos propios del ramo de las relaciones exteriores. 5.4. Por otra parte, es preciso destacar que como cuerpo consultivo del Presidente de la República la Comisión de Relaciones Exteriores estudiará, entre otros asuntos, la reglamentación de la Carrera Diplomática y Consular, más no le corresponde intervenir de manera alguna cuando el legislador ordinario o extraordinario ejerce su función de regulación de tal carrera, como si lo puede hacer cuando el Presidente ejerza la potestad reglamentaria en estas materias, mediante la expedición de los decretos, resoluciones y órdenes necesarios para la cumplid