PGN - Documento 201604231611313

Procurador General Bogotá, D.C. 3 de abril de 2009 Señores

MAGISTRADOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

E. S. D.

Ref.: Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 1 del Acto legislativo 01 de 2008, “Por medio del cual se adiciona el artículo 125 de la Constitución Política”.

Actor: MAURICIO BEDOYA VIDAL.

Magistrado Ponente: Dr. CARLOS EDUARDO MENDOZA

MARTELO.

Expediente No. D-7616 Concepto No. 4756 De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 242, numeral 2o., y 278, numeral 5o., de la Constitución Política, se procede a rendir concepto en relación con la demanda que, en ejercicio de la acción pública consagrada en los artículos 40, numeral 6o., y 242, numeral 1o., de la Carta Política, instauró el ciudadano MAURICIO BEDOYA VIDAL contra el artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2008 (Diario Oficial 47.214, del 26 de diciembre de 2008), el cual se cita textualmente:

“PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO NÚMERO 01 DE 2008

(diciembre 26)

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Procurador General Concepto No. 4756 (Segunda vuelta) Por medio del cual se adiciona el artículo 125 de la Constitución Política.

EL CONGRESO DE COLOMBIA DECRETA: Artículo 1°. Adiciónese un parágrafo transitorio al artículo 125 de la Constitución, así: “Parágrafo transitorio. Durante un tiempo de tres (3) años contados a partir

de la vigencia del presente acto legislativo, la Comisión Nacional del Servicio Civil implementará los mecanismos necesarios para inscribir en carrera administrativa de manera extraordinaria y sin necesidad de concurso público a los servidores que a la fecha de publicación de la Ley 909 del 2004 estuviesen ocupando cargos de carrera vacantes de forma definitiva en calidad de provisionales o de encargados del sistema general de carrera siempre y cuando cumplieran las calidades y requisitos exigidos para su desempeño al momento de comenzar a ejercerlo y que a la fecha de la inscripción extraordinaria continúen desempeñando dichos cargos de carrera. Igual derecho y en las mismas condiciones tendrán los servidores de los sistemas especiales y específicos de la carrera, para lo cual la entidad competente, dentro del mismo término adelantará los trámites respectivos de inscripción. Mientras se cumpla este procedimiento, se suspenden todos los trámites relacionados con los concursos públicos que actualmente se están adelantando sobre los cargos ocupados por empleados a quienes les asiste el derecho previsto en el presente parágrafo. La Comisión Nacional del Servicio Civil deberá desarrollar, dentro de los tres (3) meses siguientes a la publicación del presente acto legislativo, instrumentos de calificación del servicio que midan de manera real el desempeño de los servidores públicos inscritos de manera extraordinaria en carrera administrativa. 2 Procurador General Concepto No. 4756 Quedan exceptuados de estas normas los procesos de selección que se surtan en desarrollo de lo previsto por el artículo 131 de la Constitución Política y los servidores regidos por el artículo 256 de la Constitución Política, carrera

docente y carrera diplomática consular (…)”

1. Planteamiento de la demanda 1.1. El ciudadano BEDOYA VIDAL plantea su demanda a partir de una extralimitación en el ejercicio de la competencia del poder de reforma constitucional que le asiste al Congreso de la República, en cuanto a que produjo una sustitución, subversión o derogación de la Carta Política mediante la expedición del Acto Legislativo 01 de 2008. En este sentido, toma como referencia el concepto de sustitución parcial de la Constitución establecido por la Corte Constitucional en la sentencia C-1040 de 2005, entendiéndose por tal el reemplazo de un eje definitorio de la Carta por otro opuesto o integralmente diferente.

A partir del anterior contexto planteado por el actor, en sus palabras el marco normativo infringido es el siguiente: “Como presupuesto para el juicio de sustitución de la Carta, en el Acto Legislativo 01 de 2.008, se estiman infringidos en especial, los artículos 2411, 379, 374 y 380 de la Carta, que se refieren a los límites a la competencia reformadora del Congreso de la República. Y, derogados o sustituidos los artículos 125 (carrera administrativa), 40-1 (derecho a elegir y ser elegido), 3 Procurador General Concepto No. 4756 40-7 (derecho a acceder a desempeñar funciones y cargos públicos), 13 (igualdad de oportunidades), 53 (estatuto del trabajo), 209 (función pública con principios de igualdad, moralidad, eficacia, imparcialidad), 1 (prevalencia

del interés general), 2 (servicio a la comunidad), 133 (justicia y bien común), 217 (carrera especial de las Fuerzas Militares), 218 (carrera especial de la Policía Nacional), 253 (carrera especial de la Fiscalía General de la Nación), 268-10 (carrera especial de la Contraloría General de la República), 279 (carrera especial de la Procuraduría General de la Nación).” 1.2. La inscripción en carrera administrativa de manera extraordinaria y sin necesidad de concurso público, por mandato constitucional, de los servidores que a la fecha de entrada en vigencia de la ley 909 de 2004 estuvieren ocupando cargos de carrera de modo provisional o por encargo, vulneran, por sustitución de los mismos, los elementos esenciales definitorios de la carrera administrativa cuales son la carrera como regla general para la provisión de empleos públicos, el ingreso mediante competencia por méritos y en condiciones de igualdad utilizando la figura del concurso público abierto, la estabilidad en el empleo, la moralidad en su desempeño, y la especialización y capacitación. Como consecuencia, se viola el principio de imparcialidad como fundamento de la función administrativa. Esta sustitución parcial de la Constitución mediante la pretermisión del concurso de méritos para proveer cargos de carrera se presenta porque un sistema sin carrera administrativa implica una sustitución del sistema democrático, una carrera sin méritos es una subversión de la carrera misma, y una carrera sin concurso es una sustitución de la Carta. El 4 Procurador General Concepto No. 4756 registro automático constituye una libre disposición de los cargos para aquellos que ingresaron provisionalmente en forma discrecional por voluntad del nominador respectivo. Todo ciudadano tiene derecho a

participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, accediendo al desempeño de funciones y cargos públicos, lo cual no está reservado sólo a los servidores provisionales, por lo que no se puede privilegiar a éstos frente a todos los ciudadanos a quienes va dirigido el derecho fundamental político. El libelista considera que los efectos del Acto Legislativo 01 de 2008 son tan contradictorios, opuestos y rebeldes con la voluntad del Constituyente Primario en materia de acceso a la carrera administrativa en igualdad de condiciones mediante el mérito, que implica el desconocimiento de sistemas especiales de carrera diseñados por ese constituyente tales como los de las Fuerzas Militares, Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación, Contraloría General de la República y Procuraduría General de la Nación. Esto, porque los empleados provisionales de esas instituciones estarían por fuera de la vigencia del sistema de carrera por concurso de méritos abierto y público, sistema que es esencial a dichas carreras especiales.

En palabras del actor: 5

Procurador General Concepto No. 4756 “Entonces, según lo quiso el Constituyente Primario, solo un sistema de carrera administrativa, en el cual sea el mérito, la igualdad de oportunidades y agotado en un concurso público y abierto, podrá ser condición válida para el ingreso, ejercicio y permanencia en los cargos públicos. Es este, en consecuencia, un elemento esencial definitorio de la Carta Política. Y, es definitorio, porque es mucho más que un discurso o enunciado formal. Es una estructura material en la que se dice que la carrera administrativa lo es en

razón del concurso público de méritos y éste, a su vez, es condición de dicha carrera. Si podemos según el querer del Constituyente Primario, identificar la Carta Política de 1991, en materia de carrera administrativa en razón de dicho concurso público de méritos, no podemos más que concluir que sin dicha condición la carrera no es carrera y que, la Carta no es la que quiso en la materia la Asamblea Nacional Constituyente. Y, sí (sic.), sin ese criterio diferenciador, la Carta es otra, no podemos más que concluir que el concurso público de méritos, es un elemento definitorio e inmutable del texto original de la Carta Política de 1991, que solo puede ser derogado por el Constituyente Primario. Y, es esencial, por cuanto sólo en la medida que se respeten en todos los casos, esos caracteres, no solo trazados por la Asamblea Nacional Constituyente, sino reconocidos por la reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional, será posible que pueda afirmarse que en la Constitución Nacional se respeta y se mantiene un sistema de carrera, en el cual el concurso público abierto, sea pauta del ingreso a la función pública, ‘solo por el mérito’. Sólo así podrá decirse que la carrera administrativa es ‘una técnica al servicio de los fines esenciales del Estado Social de Derecho. Puede decirse según la jurisprudencia vista que el Constituyente Primario desconfió del servicio público sin concurso de méritos, por algo será que constituyentes como EMILIANI ROMÁN atrás citado, consideraban ‘amañados’ ingresos al servicio público sin concurso y, ¿qué más ‘amañado’ que un registro automático en carrera impuesto como ‘reforma’ constitucional?,

desatendiendo las diversas formas en que ingresaron los funcionarios beneficiados a su provisionalidad, que en todo caso, es evidente, no fue mediante el sistema de concurso. ”. 6 Procurador General Concepto No. 4756 El libelista entiende que en esta materia no pueden haber cláusulas pétreas, por lo que resulta viable tocarse, alterarse o reformarse el principio de carrera administrativa por concurso de méritos, pero no sustituirse la Constitución prescindiendo del concurso público para proveer los cargos de carrera. En sus palabras: “Claro que el principio de carrera administrativa con concurso de méritos, podría tocarse, reformarse, o alterarse; pues es cierto que no hay en la materia, intangibles. De tal forma, podrían cambiarse o reformarse las reglas constitucionales relativas a las formas y criterios de evaluación, reconocer mayor porcentaje en el proceso a quienes ostenten experiencia específica en los cargos convocados a concurso o en la entidad convocante; tal vez también, prever un menor período de prueba para quienes ya estaban en el cargo como provisionales o inclusive, en el peor de los casos, hacer exámenes diferenciados entre quienes ya ostentan la calidad de provisionales e interesados ‘externos’. Pero, lo que no resulta posible por voluntad del Constituyente Primario es que se prescinda de forma total del concurso de méritos, público y en igualdad de oportunidades de inscripción, para realizar en cambio registros automáticos en la carrera administrativa. Una carrera sin concurso público, no es la carrera administrativa que el Constituyente Primario diseñó y una Constitución que contradice en su esencia, definición y naturaleza material dicho diseño, es una distinta a la

que en materia de Carrera Administrativa quiso la Asamblea Constituyente y, finalmente, una Carta así de transformada, es sencillamente un texto sustituido, y en consecuencia, una extralimitación de la competencia del Congreso de la República.” El demandante hace alusión a que la Carta, en su conjunto, en ninguna parte consagra un valor o principio que autorice una mutación en el sistema de carrera administrativa, lo cual expresa del siguiente modo: 7 Procurador General Concepto No. 4756 “Según lo visto, no se advierte en la Carta Política, en su conjunto, una norma, valor o principio que autorice una mutación en el Sistema de Carrera Administrativa, de la naturaleza que pretende el Acto demandado. Pues, como se vio en precedencia y en acápites remotos de este escrito, inclusive las normas que postulan la equidad, la justicia y la estabilidad, tienen inmerso el condicionamiento íntimo que proviene del concurso público de méritos en condiciones de igualdad.” Por el contrario, considera que esa inscripción automática en carrera es una forma de favoritismo que va en contra del interés general, donde la igualdad y la imparcialidad se resquebrajan hasta vaciarse su contenido, con lo cual no se permite la participación de todos en la vida administrativa de la Nación. A partir de la vigencia del Acto Legislativo demandado, la Carta Política es otra materialmente opuesta a la que la Asamblea Nacional Constituyente quiso en materia de carrera administrativa. Al respecto, agrega el actor: “La Constitución no puede manipularse según conveniencias exclusivas y excluyentes de sectores, de manera que deje de ser el máximo instrumento de

convivencia ciudadana, convirtiéndose en una ley ordinaria; herramienta de intereses confusos, que la reforman si la encuentran como dique para la arbitrariedad y la conveniencia. La igualdad, la estabilidad y la carrera administrativa se deben propiciar en el ámbito de las normas vigentes y según el querer de la Asamblea Nacional Constituyente en aquellos ejes que se identifican como esenciales y definitorios de la Carta Política, sin los cuales 8 Procurador General Concepto No. 4756 la Carta es otra, y no recurrir a su ‘modificación’ logrando por el contrario, desigualdad.” En ese sentido, el obrar del Congreso, como constituyente derivado, fue contrario a la justicia y al bien común que debe caracterizar a los integrantes de ese cuerpo de representación popular. Por último, el demandante solicita que la decisión de inexequibilidad pretendida por él se tome con efectos retroactivos, con el fin de evitar que el control constitucional resulte burlado en cuanto a que, de no ser así, los funcionarios provisionales adquirirían derechos de carrera como consecuencia de la vigencia temporal del Acto Legislativo 01 de 2008, lo cual fue vedado por la Asamblea Nacional Constituyente.

2. Problema jurídico

El Ministerio Público analizará si la inscripción automática en carrera administrativa para los servidores que a la fecha de publicación de la Ley 909 de 2004 estuvieren ocupando cargos de carrera por encargo o provisionalidad (siempre y cuando hubieran cumplido con los requisitos y calidades al momento de empezar a ejercerlos y continúen ocupándolos al momento de la inscripción), concedió un derecho a tales servidores

mediante la extralimitación de funciones del Congreso de la República para reformar la Constitución Política, en los siguientes términos: 9 Procurador General Concepto No. 4756 ¿La inscripción extraordinaria en carrera administrativa y sin necesidad de concurso público, por mandato constitucional, de servidores que vienen ocupando cargos en la administración pública de manera provisional o por encargo, vulnera el orden superior por sustitución parcial de la Constitución Política de Colombia, porque esa inscripción automática se constituye en otra carta política en cuanto desconoce o va en contravía de los valores, principios y derechos fundamentales relacionados con la finalidad de garantizar, a todos los integrantes de la Nación, la vigencia de un orden justo en materia de trabajo, democracia y participación en la vida económica, política y administrativa de la Nación, en lo que tiene que ver con el acceso al desempeño de cargos públicos de carrera, en igualdad de condiciones, a través de concurso público que determine los méritos y calidades de los aspirantes de modo imparcial y en libre competencia?

3. Consideraciones previas: Inexequibilidad del Acto Legislativo 01 de 2008 por su inaplicabilidad en lo que tiene que ver con la

inscripción automática en carrera administrativa de los empleados que ocupan cargos de carrera provisionalmente o por encargo, por imposibilidad de cumplimiento de las calidades para el efecto al momento de comenzar a ejercerlos; y por violación del derecho a la igualdad, al excluir del derecho de inscripción automática en carrera, sin razón alguna de orden constitucional, a los servidores nombrados en provisionalidad o en encargo en cargos de carrera de la rama

judicial, notarial, docente, diplomática y consular. 10 Procurador General Concepto No. 4756 3.1. Antes de entrar a resolver el problema planteado en la presente demanda, se hace necesario presentar unas consideraciones en virtud de la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución Política a cargo de la Justicia Constitucional, las cuales se relacionan con el cargo de extralimitación del ejercicio del poder de reforma de la Carta por parte del Congreso de la República y que conducen a la inexequibilidad del Acto Legislativo 01 de 2008. 3.2. En primer lugar, hay que señalar que el Acto Legislativo 01 de 2008 es inaplicable. Esto, porque se parte de la exigencia de un parámetro de imposible cumplimiento para que resulte procedente la inscripción automática en cargos de carrera, y es lo concerniente a la acreditación de las calidades para ocupar los cargos de carrera, al momento de ser nombrados (antes de la fecha de publicación de la Ley 909 de 2004), por parte de quienes los vienen ocupando en provisionalidad o en encargo, ya que el artículo 125 de la Constitución Política, sin la excepción contemplada en el Acto Legislativo 01 de 2008, consagra que el ingreso a los cargos de carrera se hace previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley PARA DETERMINAR los méritos y calidades de los aspirantes. Los requisitos1, como se consagra expresamente en el Acto Legislativo 01 de 2008, se refieren a una serie de circunstancias o condiciones 1 “Requisito: Circunstancia o condición necesaria para una cosa.”. Real Academia Española.

Diccionario de la Lengua Española. Decimonovena edición. Madrid. 1970. Página 1136. 11 Procurador General Concepto No. 4756 necesarias para que se ocupen los cargos públicos, sean de carrera o no. Se constituyen en unas premisas básicas de carácter objetivo para la provisión de dichos cargos, las que, para los cargos de carrera, deben ser cumplidas por quienes los ocupen en provisionalidad o por encargo, lo mismo que por quienes sean nombrados en los cargos con carácter definitivo en la modalidad de carrera administrativa. En este último evento, además, los requisitos se constituyen en el punto de partida para la provisión de los cargos de carrera en condiciones de igualdad. Por ejemplo, en una entidad pública puede requerirse un coordinador o jefe de división en sistemas, como cargo de carrera, cuyos aspirantes deben acreditar, como requisitos mínimos, haber cursado y aprobado estudios de pregrado obteniendo el título de ingeniero de sistemas, estudios de posgrado que acrediten una especialización en el ramo, y una experiencia mínima de 5 años en el ejercicio de la profesión. Por su parte, los méritos2 aluden al resultado de las evaluaciones o pruebas que hacen digno de ocupar un cargo público de carrera a quien mejor haya demostrado sus calidades al respecto en un ejercicio de competencia en igualdad de condiciones. Por tanto, el mérito se constituye en el punto de llegada para la provisión de los cargos de carrera en condiciones de igualdad. 2 “Mérito: Acción que hace al hombre digno de premio o de castigo.// Resultado de las buenas acciones que hacen digno de aprecio a un hombre.”. Ibídem. Página 869.

12 Procurador General Concepto No. 4756 Y, en el medio del punto de partida (requisitos) y del punto de llegada (el mérito para ocupar cargos de carrera), se encuentran las calidades3, las que se refieren a los conocimientos, destrezas, habilidades, competencias, comportamientos y características psicológicas y morales que se requieren para el ejercicio de un cargo, las que se determinan según las necesidades de la Administración y de acuerdo con el levantamiento de funciones que haya hecho ésta al respecto para la prevalencia del interés general representado en el cumplimiento de los fines constitucionales a cargo del Estado (Constitución Política. Artículos 122, 150. Numeral 7, y 209). Las calidades son las que, en últimas, van a determinar qué tan eficiente será el Estado en el cumplimiento de los fines constitucionales. Para establecer si un miembro de la Nación colombiana cumple con dichas calidades para efectos de ocupar un cargo público de carrera, se requiere la práctica de las pruebas y evaluaciones correspondientes que determinen su idoneidad técnica, psicológica y moral para el ejercicio de dicho cargo según los principios de la administración pública (Ibídem. Artículo 209). El artículo 31 de la Ley 909 de 2004, al establecer las etapas del proceso de selección o concurso para la provisión, en forma definitiva, de empleos de carrera, señala, en su numeral 3, lo correspondiente a las pruebas, entendidas como los instrumentos para evaluar la calidad de los aspirantes a dichos empleos, en los siguientes términos: 3 “Calidad: Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una cosa, que permiten

apreciarla como igual, mejor o peor que las restantes de su especie.”. Ibídem. Página 229. 13 Procurador General Concepto No. 4756 “3. Pruebas. Las pruebas o instrumentos de selección tienen como finalidad apreciar la capacidad, idoneidad y adecuación de los aspirantes a los diferentes empleos que se convoquen, así como establecer una clasificación de los candidatos respecto a las calidades requeridas para desempeñar con efectividad las funciones de un empleo o cuadro funcional de empleos. La valoración de estos factores se efectuará a través de medios técnicos, los cuales deben responder a criterios de objetividad e imparcialidad.”. Para ello, la Administración debe acudir al mercado laboral con el fin de obtener los servicios del mejor recurso humano posible, siempre en función del interés general que personifica el Estado (Ibídem. Artículo 333); y el mecanismo de convocatoria constitucional establecido para evaluar las calidades de los aspirantes, según las necesidades de la Persona Moral, es el concurso público (Ibídem. Artículo 125). Las figuras de provisión de cargos de carrera en provisionalidad o por encargo, responden a la satisfacción de las necesidades del servicio, de manera inmediata y con carácter temporal. Por dicha razón, estas modalidades de provisión se hicieron, antes de la vigencia de la Ley 909 de 2004, atendiendo, única y realmente, a los requisitos mínimos requeridos para ocupar los cargos, sin que se requiriera tener en cuenta las calidades para el ejercicio de los mismos. Por tanto, NO se determinaron, mediante pruebas y evaluaciones, tales calidades para los nombramientos pertinentes. Eso está muy claro en el artículo 8 de la

Ley 443 de 1998 (la cual rige la aplicación del Acto legislativo 01 de 14 Procurador General Concepto No. 4756 1998), al establecer la procedencia de los nombramientos en encargo y provisionales de la siguiente manera: “Mientras se surte el proceso de selección convocado para proveer empleos de carrera, los empleados de carrera tendrán derecho preferencial a ser encargados de tales empleos, si acreditan los requisitos para su desempeño. Sólo en caso de que no sea posible realizar el encargo podrá hacerse nombramiento provisional.” (subrayado fuera de texto). Por esa razón de indeterminación de calidades es que resulta inaplicable el Acto Legislativo 01 de 2008. Esto, porque dicha norma constitucional exige, para que sea procedente el derecho a la inscripción automática en cargos de carrera, que, al momento de haber comenzado a ejercer dichos cargos en provisionalidad o en encargo (hasta antes de la fecha de entrada en vigencia de la Ley 909 de 2004), los nombrados hubieran cumplido con las calidades y requisitos exigidos para su desempeño. Las personas que vienen ocupando los cargos en provisionalidad o en encargo, para efectos de hacerse acreedores al derecho de inscripción automática en carrera administrativa, únicamente pueden acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos, mas no así las calidades requeridas para el desempeño de los mismos, porque éstas nunca se determinaron, en concurso público, mediante las evaluaciones y pruebas pertinentes. 15 Procurador General Concepto No. 4756 Entonces, es por la imposibilidad de acreditar las calidades, como requisito constitucional fundamental para ocupar cargos de carrera

administrativa en forma definitiva, que resulta inaplicable el Acto Legislativo 01 de 2008. Es decir, ninguna de las personas que vienen ocupando cargos de carrera mediante nombramiento provisional o por encargo tiene el derecho para ser inscrito en carrera administrativa. Esto, porque la pretendida reforma constitucional terminó siendo consecuente con la integridad de la Carta, en cuanto a su identidad política materializada en la provisión definitiva de los cargos de carrera administrativa mediante el mérito, según el resultado de la evaluación de las calidades de quienes aspiren a ocuparlos, de acuerdo con las pruebas presentadas por éstos en concursos públicos. Por consecuencia, dicho acto legislativo deviene en inconstitucional por no tener ninguna razón de existir, dada su inaplicabilidad. 3.3. En otro sentido, el Acto Legislativo 01 de 2008 también resulta inconstitucional debido a que vulnera el derecho a la igualdad como expresión de la garantía de la vigencia de un orden justo (Constitución Política. Preámbulo y artículos 13, 53, 209). Esto porque excluye del derecho a la inscripción automática en carrera administrativa, sin razón alguna justificable constitucionalmente, a quienes vengan ocupando 16 Procurador General Concepto No. 4756 cargos de carrera en provisionalidad o en encargo, en los sectores notarial, judicial, docente, diplomático y consular. Por ejemplo, podría decirse que se excluye de ese derecho a los servidores de la Rama Judicial, para preservar su independencia, lo cual no es de recibo frente a la situación de la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la

República, y otros entes que también gozan de autonomía administrativa en los términos establecidos en el artículo 125 de la Constitución Política. Pero lo más evidente en relación con el derecho a la igualdad, desde el punto de vista fáctico, es la intervención que obra dentro del presente proceso ordinario de inconstitucionalidad, efectuada por miembros de la Asociación de Etnoeducadores Afrocolombianos del Pacífico Sur, donde solicitan que se les dé trato igual a los docentes, en la aplicación del Acto Legislativo 01 de 2008, porque consideran que se les ha excluido de ese derecho de inscripción automática en carrera sin justificación alguna. Esos ciudadanos presentan su intervención, textualmente, en los siguientes términos: “Los abajo firmantes, miembros de la ASOCIACIÓN DE ETNOEDUCADORES AFROCOLOMBIANOS DEL PACIFICO SUR – MARES, entidad jurídica que aglutina al 60% de los maestros del municipio de Tumaco (Nariño) de los cuales el 100% se encuentran vinculados en provisionalidad, todos escalafonados bajo el decreto 2277 del 14 de septiembre de 1979, con cinco (5), diez (10) y quince (15) años laborando bajo la misma figura e incluso en 17 Procurador General Concepto No. 4756 las mismas instituciones y no fueron vinculados en el Acto Legislativo 023 de

2008. Con el anterior preámbulo queremos nos consideren lo siguiente: Como es de conocimiento general, el congreso de la república mediante acto legislativo 023 de 2008 ha adicionado el artículo 125 de la constitución

política para reconocer el derecho a la carrera administrativa y sin necesidad

de concurso de los servidores públicos del estado que a la fecha de publicación de la ley 909 de 2004 estuvieren ocupando cargos de carrera vacantes en forma definitiva en calidad de provisionales o encargados. El acto legislativo excluye sin ninguna explicación a los docentes de este beneficio como si no tuviéramos los mismos derechos que los demás servidores públicos del país. Razón por la cual, de la manera más respetuosa, y en conocimiento de que dicho acto legislativo será remitido para revisión de la Corte, solicitamos que en el análisis del mismo los honorables magistrados incluyan el derecho a la igualdad como uno de los fundamentos del ordenamiento jurídico del país. En un Estado social de derecho no es posible que se le aplique una normas a unas personas y no a otras con quienes comparten las mismas condición (Servidores Públicos Provisionales que laboran desde antes del 2004). Es nuestro interés como docentes provisionales del municipio de Tumaco, el ser incluidos en el acto legislativo ya que cumplimos con todos los requerimiento que se le solicita a los demás destinatarios de esta enmiendo Constitucional. Si el derecho a la igualdad en Colombia no se cumple, nosotros los, Mil cincuenta Maestros provisionales de Tumaco llevaremos el caso a las cortes internacionales en busca de que se nos haga respetar el derecho al trabajo y a la igualdad como ciudadanos Colombianos.” (subrayado fuera de texto.). 3.4. Por las anteriores consideraciones de inaplicabilidad del Acto Legislativo 01 de 2008 y de vulneración de la vigencia de un orden justo en materia de igualdad con la expedición del mismo, se solicitará su

inexequibilidad, sin perjuicio y con independencia de lo que a continuación se analizará. 18 Procurador General Concepto No. 4756

4. La expedición del Acto Legislativo 01 de 2008 constituye una extralimitación en el ejercicio del poder de reforma de la Constitución Política a cargo del Congreso de la República porque se presentó una sustitución parcial de la misma al concederse el derecho de

inscripción automática en la carrera administrativa, sin necesidad de concurso público, a los empleados que vinieran ocupando cargos de carrera mediante nombramiento provisional o por encargo, al momento de entrar en vigencia la Ley 909 de 2004. Esto, porque la ins