PGN - Documento 201604231611523

Bogotá, 6 de Septiembre de 2007 PAD

C-198-2007

Señor

MARCO JOSÉ ARRIETA PÉREZ

Calle 16 A 12B-32, barrio 20 de Julio Tel. (095) 274053 Sincelejo (Sucre) Ref.: Su documento fechado el 30 de julio de 2007 y radicado en esta oficina el 9 de agosto del mismo año.

Respetado Señor: En el escrito de la referencia, previas consideraciones jurídicas (Ley 878 de 2004), pregunta lo siguiente: 1. ¿Estoy incurso en una inhabilidad o incompatibilidad por estar prestando mi servicio de judicatura y aspirar a un cargo de elección popular? 2. ¿El inciso segundo de la Ley 878 se aplica tanto para la Procuraduría y Congreso como a las demás entidades del Estado?

Al respecto, me permito manifestar: Con relación al asunto planteado, es pertinente anotar ante todo que en materia consultiva, conforme a la Circular 038 del 13 de septiembre de 2001 del Procurador General de la Nación, no se admite la absolución de casos particulares y concretos y, por ende, las respuestas sólo pueden contener pautas generales sobre el tema objeto de cuestionamiento. Una vez efectuada esta precisión, debe decirse lo siguiente: 1 En cuanto a sus dos interrogantes, ha de recordarse que la Corte Constitucional, en sentencia C-329 del 27 de julio de 1995, definió la inhabilidad como «aquellas circunstancias creadas por la Constitución o la ley que impiden o imposibilitan que una persona sea elegida o designada en un cargo público, y en ciertos casos,

impiden el ejercicio del empleo a quienes ya se encuentren vinculados al servicio, y tienen como objetivo primordial, lograr la moralización, idoneidad, probidad e imparcialidad de quienes van a ingresar o ya están desempeñando empleos públicos». En este sentido, las inhabilidades al ser limitaciones al derecho constitucional fundamental de ser elegido que tiene todo ciudadano, no pueden tener aplicación por extensión o analogía. Ello significa que las inhabilidades para acceder a un cargo de elección popular, por ejemplo: concejal, deben estar expresamente previstas —además de las de todo servidor público en la Constitución y en el Código Disciplinario Único— en la Ley 136 de 1994, si se trata de cargos de elección popular del nivel municipal, tal como se deduce de la presentación de la inquietud. Entonces, siguiendo con el ejemplo dado, el artículo 43, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000, señala las inhabilidades para ser concejal y, entre ellas, se dice: No podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal municipal o distrital:

2. Quien dentro de los doce (12) meses anteriores a la fecha de la elección haya ejercido como empleado público, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa1 o militar, en el respectivo distrito o municipio, o quien como empleado público del orden nacional, departamental o municipal, haya 1 LEY 136 DE 1994, ARTÍCULO 188: Autoridad civil. Para efectos de lo previsto en esta Ley, se entiende por autoridad civil la capacidad legal y reglamentaria que ostenta un empleado oficial para cualquiera de las siguientes

atribuciones:

1. Ejercer el poder público en función de mando para una finalidad prevista en esta Ley, que obliga

al acatamiento de los particulares y en caso de desobediencia, con facultad de la compulsión o de la coacción por medio de la fuerza pública.

2. Nombrar y remover libremente los empleados de su dependencia, por si o por delegación.

3. Sancionar a los empleados con suspensiones, multas o destituciones. 2 intervenido como ordenador de gasto en la ejecución de recursos de inversión o celebración de contratos, que deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito.

En este orden de ideas, el consultante, como puede deducirse, en su prestación de servicio de judicatura, según la Ley 878 de 2004, no ha desempeñado las funciones que, a título de ilustración, se refiere el artículo 40, numeral 2.°, de la Ley 617 de 2000 antes transcrito. Por consiguiente, ha de tenerse en cuenta para cada cargo de elección popular, en particular, las inhabilidades establecidas por la Constitución o el legislador, puesto que ellas difieren de un cargo a otro. LEY 136 DE 1994, ARTÍCULO 189: Autoridad política. Es la que ejerce el alcalde como jefe del municipio. Del mismo modo, los secretarios de la alcaldía y jefes de departamento administrativo, como miembros del gobierno municipal, ejercen con el alcalde la autoridad política. Tal autoridad también se predica de quienes ejerzan temporalmente los cargos señalados en este artículo. LEY 136 DE 1994, ARTÍCULO 190: Dirección administrativa. Esta facultad además del alcalde, la ejercen los secretarios de la alcaldía, los jefes de departamento administrativo y los gerentes o jefes de las entidades

descentralizadas, y los jefes de las unidades administrativas especiales, como superiores de los correspondientes servicios municipales. También comprende a los empleados oficiales autorizados para celebrar contratos o convenios; ordenar gastos con cargo a fondos municipales; conferir comisiones, licencias no remuneradas, decretar vacaciones y suspenderlas, para trasladar horizontal o verticalmente los funcionarios subordinados reconocer horas extras, vincular personal supernumerario o fijarle nueva sede al personal de planta; a los funcionarios que hagan parte de las unidades de control interno y quienes legal o reglamentariamente tengan facultades para investigar las faltas disciplinarias. 3 En concreto, no se puede dar una respuesta, como está formulada la consulta, que cobije a todos los cargos de elección popular, aunque el consultante manifieste que presta su servicio de judicatura, en la Procuraduría General de la Nación o en el Congreso de la República, exclusivamente, en los términos de la Ley 878 de 2004, así: ARTÍCULO 1o. Autorizase la prestación del servicio de auxiliar jurídico ad honórem en la Procuraduría General de la Nación. Quien preste este servicio, no recibirá remuneración alguna, ni tendrá vinculación laboral con el Estado. Sin embargo, desarrollará sus funciones en calidad de servidor público y estará sujeto al mismo régimen contemplado para los demás funcionarios de la entidad (EXEQUIBLE C-1171 del 23 de noviembre de 2004 de la Corte Constitucional) ARTÍCULO 7o. El servicio de Auxiliar Jurídico ad honórem, que sirve como

judicatura voluntaria para optar por el título de abogado, se podrá prestar igualmente en el Congreso de la República, en las mismas condiciones a En sentencia radicada con el n.° ACU-171 del 26 de febrero de 1998, el Consejo de Estado, M.P. JUAN ALBERTO POLO FIGUEROA, señaló: Por autoridad administrativa ha de entenderse aquella encargada de desarrollar la función administrativa, actividad estatal realizada por la administración para dar cumplimiento a los cometidos estatales, mediante pronunciamientos jurídicos, ora concretos o subjetivos , para crear, modificar o extinguir las situaciones jurídicas personales o subjetivas. . 4 que se refiere la presente ley, como apoyo en alguna de las siguientes dependencias:

1. En las Comisiones Constitucionales Permanentes de cada una de las dos

Cámaras.

2. En las Mesas Directivas de cada una de las dos Cámaras.

3. En la Oficina Jurídica de cada una de las dos Cámaras.

4. En la Oficina para la Modernización del Congreso.

PARÁGRAFO. Para la aplicación de este artículo, las Mesas Directivas de cada Cámara o quien haga sus veces, tendrán las mismas competencias que, de acuerdo con esta ley, corresponden al Procurador General de la Nación. ARTÍCULO 8o. Los egresados que realicen la Judicatura ad honórem en las dependencias antes mencionadas, deberán rendir un informe trimestral, avalado por el Superior inmediato, de las funciones desarrolladas durante ese período. Igualmente, el Superior inmediato del Auxiliar Jurídico ad honórem, evaluará el desempeño de las funciones que este último desarrolle y dejará

constancia de la prestación del servicio especificando el tiempo laborado y las tareas ejecutadas. La presente respuesta únicamente constituye un criterio auxiliar de interpretación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 230 de la Constitución Política, 5.º de la Ley 153 de 1887 y 25 del Decreto 01 de 1984. Con toda atención, 5

MARÍA LEONOR RUEDA RUEDA

Procuradora Auxiliar para Asuntos Disciplinarios

C-198-2007

MLRR/JBM

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