PGN - Documento 20160423161211a

Bogotá, 9 de octubre de 2006 Señores

MAGISTRADOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

E. S. D.

Ref.: Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 38 inciso segundo, (parcial) de la Ley 909 de 2004 “Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público,

la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.”

Actores: Camilo Ernesto Lizcano, Paola V. Manrique

Villanueva, Ángela Marcela Florez Arenas y Natalie Gil Rodríguez

Magistrado Sustanciador: Dr. RODRIGO ESCOBAR GIL

Expedientes No. D-6399, D-6554 (acumulados) Concepto No.4185 De conformidad con lo dispuesto en los artículos 242, numeral 2o., y 278, numeral 5o., de la Constitución Política, procedo a rendir concepto en relación con la demanda instaurada ante esa Corporación por los ciudadanos Camilo Ernesto Lizcano, Paola V. Manrique Villanueva, Ángela Marcela Florez Arenas y Natalie Gil Rodríguez, quienes en ejercicio de la acción pública consagrada en los artículos 40, numeral 6, y 242, numeral 1 de la Constitución Política, han solicitado a la Corte que declare la inconstitucionalidad del inciso 2 (parcial)del artículo 38, de la Ley 909 de 2004, cuyo texto es el siguiente: “Artículo 38. Evaluación del desempeño. El desempeño laboral de los empleados de carrera administrativa deberá ser evaluado y calificado con base en parámetros previamente establecidos que permitan fundamenta r un

juicio objetivo sobre su conducta laboral y sus aportes al cumplimiento de las metas institucionales. A tal efecto, los instrumentos para la evaluación y calificación del desempeño de los empleados se diseñarán en función de las metas institucionales. El resultado de la evaluación será la calificación correspondiente al período anual, establecido en las disposiciones reglamentarias, que deberán incluir Concepto No.4185 dos (2) evaluaciones parciales al año. No obstante, si durante este período el jefe del organismo recibe información debidamente soportada de que el desempeño laboral de un empleado es deficiente podrá ordenar, por escrito, que se le evalúen y califiquen sus servicios en forma inmediata. (En negrillas lo demandado) Sobre la evaluación definitiva del desempeño procederá el recurso de reposición y de apelación. Los resultados de las evaluaciones deberán tenerse en cuenta, entre otros aspectos, para: a) Adquirir los derechos de carrera; b) Ascender en la carrera; c) Conceder becas o comisiones de estudio; d) Otorgar incentivos económicos o de otro tipo; e) Planificar la capacitación y la formación; f) Determinar la permanencia en el servicio.”

1. Planteamiento de la demanda 1.1. Los ciudadanos Camilo Ernesto Lizcano y Paola V. Manrique Villanueva

(Exp. D-6399), manifiestan que la norma impugnada vulnera los artículos 16 y 29 de la Constitución Política, por las siguientes razones: 1.1.1 Se desconoce el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad porque dentro de la esfera de la autonomía del individuo debe entenderse que

tiene la posibilidad de reconocer sus errores y trabajar para corregirlos, previo a cualquier amonestación que implique consecuencias graves, como sería el retiro de los derechos de la carrera administrativa. Consideran los actores que se vulnera el derecho al libre desarrollo de la personalidad, además, debido a que la evaluación anticipada procede sin que medie un periodo razonable con la anterior evaluación. 1.1.2. Se vulnera el derecho fundamental al debido proceso en razón de que no existe un proceso detallado que siga los preceptos de un procedimiento evaluativo, no hay claridad sobre lo que significa un desempeño laboral deficiente y, finalmente, no se da un procedimiento especial sobre la recepción de la información que da lugar a la evaluación anticipada. Lo anterior, argumentan los actores, genera incertidumbre e inseguridad en el servidor quien no sabría a qué tipo de cargos se enfrenta. 2 Concepto No.4185 1.2. Por su parte, las ciudadanas Ángela Marcela Florez Arenas y Natalie Gil Rodríguez (Exp. 6454), manifiestan que la norma impugnada vulnera los artículos 13, 29, 125 y 209 de la Constitución Política, por las siguientes razones: 1.2.1. Al parecer de las actoras el derecho a la igualdad se encuentra violado porque, por el solo hecho de que el Jefe del Organismo reciba información sobre el deficiente desempeño del servidor, podrá ordenar su calificación y evaluación, lo cual no se hará con la misma imparcialidad que las evaluaciones ordinarias, generándose una desigualdad entre los empleados de la misma entidad. Así lo

consideran las actoras porque no existe ningún tipo de control ni procedimiento específico para la información que recibe el Jefe del Organismo y que da lugar a la evaluación anticipada. 1.2.2. Se vulnera el derecho al debido proceso porque la norma no establece un procedimiento a seguir en relación con la información suministrada al jefe del organismo que tiene como consecuencia la evaluación extraordinaria, lo cual es un sinónimo de arbitrariedad. Lo anterior ─ aclaran─ se fundamenta en la garantía del debido proceso se predica tanto en el ámbito judicial como en el administrativo. 1.2.3. De la mano con el aparte precedente, consideran menoscabado el derecho de defensa pues no se les garantiza a los servidores públicos el ejercicio de su defensa frente a la información recibida por el Jefe del Organismo y, además, no pueden controvertir el supuesto desempeño deficiente. 1.2.4. Vulnera lo establecido por el artículo 125 que determina que el “retiro del Empleo Público de Carrera será por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo”. Esto, en razón de que la información que da lugar a la evaluación anticipada, no tiene un motivo sustentado y objetivo en una evaluación previa, tal como lo ordena la ley, sino que se basa en consideraciones subjetivas. 3 Concepto No.4185 1.2.1 Se viola el artículo 209 de la Constitución, porque al no establecer procedimientos para el caso de la norma acusada, se contrarían los principios de la Función Administrativa: la igualdad, imparcialidad, publicad, entre otros.

2. Aclaración. Ineptitud sustancial de la demanda, en cuanto al cargo de

violación del derecho al libre desarrollo de la personalidad, por ausencia del concepto de la violación. 2.1. La Corte Constitucional ha establecido que, con base en artículo 2° del Decreto 2067 de 1991, el demandante de una norma “debe cumplir no sólo formalmente sino también materialmente estos requisitos, pues si no lo hace, hay una ineptitud sustancial de la demanda que impide que la Corte se pronuncie de fondo”1. Lo anterior, encuentra razón en lo dispuesto por el artículo 241 numeral 5°. Superior, en el sentido que no corresponde a la Corte Constitucional revisar oficiosamente las leyes sino examinar aquellas que han sido demandadas por los ciudadanos. Así, entendemos que el demandante, debe cumplir con una carga mínima de comunicación y argumentación que ilustre a la Corte sobre la norma que se acusa, los preceptos constitucionales que resultan vulnerados, el concepto de dicha violación y la razón por la cual la Corte es competente para pronunciarse sobre la materia (sentencia C-1052 de 2001). 2.3. El Ministerio Público, analizando la afirmación anterior en relación con la argumentación de los actores, considera que la demanda carece de concepto de la violación. Pues, a pesar de que la actora realiza el señalamiento de las normas constitucionales que se consideran infringidas, no presenta de manera clara, cierta, específica, pertinente ni suficiente (sentencia C-007 de 2003), las razones por las cuales el texto normativo demandado vulnera el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Veamos: 1 Sentencia C-1052 de 2001

4 Concepto No.4185 Los ciudadanos Lizcano y Manrique, no realizan una argumentación cierta sobre la vulneración, es decir, tal argumentación no recae sobre una proposición jurídica real y existente, sino simplemente (sobre una) deducida por ellos o implícita (sentencia C-362 de 2001 y C-504 de 1995), ya que coligen que el derecho al libre desarrollo de la personalidad implica en si mismo la posibilidad del individuo de “reconocer sus errores y trabajar para corregirlos”, lo cual no está respaldado en norma constitucional alguna, lo que da paso a la conclusión de que no existe una razón cierta -en palabras de Corte Constitucionalpara considerar violado los dispuesto por el artículo 16 de la Carta y, así permitir a la Corte, realizar un examen de fondo en cuanto al cargo mencionado. Las razones no son específicas por cuanto, los actores no realizan una oposición objetiva y verificable entre el contenido de la ley y el texto de la Constitución Política, basándose en argumentos vagos, indeterminados, indirectos, abstractos y globales que no se relacionan concreta y directamente con las disposiciones que se acusan (sentencia C-447 de 1997). Así, esta omisión tiene como consecuencia ineludible la imposibilidad de que se afronte una discusión de constitucionalidad sobre la norma demandada en relación con el cargo de violación del derecho al libre desarrollo de la personalidad (artículo 16 Superior). Las razones tampoco pueden ser consideradas pertinentes porque no tienen un alcance persuasivo de la demanda, esto es, a la presentación de argumentos que, aunque no logren prime facie convencer al magistrado de que la norma es

contraria a la Constitución, si despiertan una duda mínima sobre la constitucionalidad de la norma impugnada, de tal manera que inicia realmente un proceso dirigido a desvirtuar la presunción de constitucionalidad que ampara a toda norma legal y hace necesario un pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional (Sentencia C-1052 de 2001). 2.4. Así las cosas, se solicitará a esa Corporación declararse INHIBIDA para pronunciarse de fondo sobre la constitucionalidad del segundo inciso (parcial) de la Ley 909 de 2004, en cuanto al cargo de violación del derecho al libre desarrollo 5 Concepto No.4185 de la personalidad consagrado en el artículo 16 de la Carta, por ineptitud sustantiva de la demanda.

3. Problemas Jurídicos Al Ministerio Público corresponde establecer si el inciso 2 (parcial) del artículo 38 de la Ley 909 de 2004 vulnera los derechos a la igualdad, al debido proceso, el artículo 125 Constitucional y los principios consagrados en el artículo 209 de la Carta. 3.1. Con respecto a lo anterior, se plantean los siguientes problemas jurídicos: 3.1.1 En primer lugar, al Despacho le concierne determinar si el derecho a la igualdad se encuentra violado porque la calificación y evaluación anticipada, que se ordena con ocasión a la información de deficiente desempeño, no se realiza con la misma imparcialidad que las evaluaciones ordinarias. 3.1.2. Debe determinarse también, si se vulnera el derecho al debido proceso porque la norma no establece un procedimiento específico a seguir, en relación con la información de deficiente desempeño suministrada al Jefe del Organismo,

que tiene como consecuencia la evaluación extraordinaria. 3.1.3. El Despacho debe establecer si la norma acusada vulnera lo establecido por el artículo 125 en razón de que la información que da lugar a la evaluación anticipada se basa en consideraciones subjetivas, y no tiene un motivo sustentado y objetivo en una evaluación previa. 3.1.4. Finalmente, corresponde determinar si se viola el artículo 209 de la Constitución, porque al no establecer procedimientos para el curso de la información que da lugar a la evaluación anticipada, se contrarían los principios de la Función Administrativa. Al respecto, el Ministerio Público considera lo siguiente: 6 Concepto No.4185

4. Libertad de configuración del legislador en la fijación de requisitos para el desempeño de cargos públicos.

La Corte Constitucional, de manera uniforme y reiterada, ha señalado que, en materia de fijación de requisitos para el desempeño de cargos, el legislador tiene un amplio margen de acción. Lo anterior, en virtud de que en la mayoría de ocasiones, la Constitución le atribuye de manera abierta a la ley, la regulación de tal aspecto quedando como único límite la proporcionalidad y la razonabilidad de la medida (sentencia C-100 de 2004). Sin embargo, en desarrollo de esa potestad, el legislador no cuenta con una libertad absoluta, pues al determinar tales condiciones debe respetar la Constitución y, por consiguiente, no puede crear exigencias irrazonables o desproporcionadas que impidan ejercer el derecho de acceso a los cargos públicos (sentencia C-408 de 2001). Se concluye entonces que, en virtud de la amplitud de configuración legislativa,

sólo se puede declarar inexequible una disposición en casos considerablemente contrarios a la igualdad y a los principios que rigen la administración pública que buscan ser satisfechos a través del nombramiento de personal idóneo y altamente calificado en los cargos públicos. Con base en las anteriores argumentaciones, se desarrollará la resolución de los problemas jurídicos planteados líneas arriba:

5. La norma acusada no viola el Derecho a la Igualdad 5.1. Ha establecido la Corte Constitucional que “una de las bases del Estado Social de Derecho es la consagración del principio de igualdad material, es decir, de igualdad real y efectiva, como expresión del designio del poder público de eliminar o reducir las condiciones de inequidad y marginación de las personas o los grupos sociales y lograr unas condiciones de vida acordes con la dignidad del

7 Concepto No.4185 ser humano (Art. 1º de la Constitución) y un orden político, económico y social justo (preámbulo)”2. La igualdad material, se traduce en que, dada una situación de hecho concreta, debe aplicarse igualdad entre iguales y desigualdad entre desiguales. Así, no toda distinción es discriminatoria. Con el ánimo de establecer qué tipo de distinciones son o no discriminatorias, la Corte ha empleado el denominado test de igualdad. 5.2. De acuerdo con lo anterior, debe establecerse que la situación planteada en la norma acusada no vulnera el derecho a la igualdad material. Esta afirmación se fundamenta justamente en que, la información debidamente sustentada de deficiente desempeño, pone al servidor en una situación distinta a la de los demás que no son llamados a hacer la evaluación anticipada. De tal manera, debemos

entender que, la distinción no es discriminatoria porque “las personas se encuentran efectivamente en distinta situación de hecho”3. En este orden de ideas, el Ministerio Público considera que la norma acusada no vulnera el principio de igualdad material.

6. La norma acusada no vulnera el Derecho al Debido Proceso 6.1. La Corte Constitucional ha establecido, reiteradamente, que el debido proceso se instituye en la Carta Política de 1991 como un derecho de rango fundamental de aplicación inmediata (artículos 29 y 85) que “ rige para toda clase de actuaciones, sean estas judiciales o administrativas, sometiéndolas a los procedimientos y requisitos legal y reglamentariamente establecidos, para que los sujetos de derecho puedan tramitar los asuntos sometidos a decisión de las distintas autoridades, con protección de sus derechos y libertades públicas, y mediante el otorgamiento de medios idóneos y oportunidades de defensa necesarios, de manera que garanticen la legalidad y certeza jurídica en las resoluciones que allí se adopten”4. 2 Sentencia C-044 de 2004 3 Sentencia C-570 de 2003 4 Sentencia C-540 de 1997

8 Concepto No.4185 6.2. En cuanto al tema que nos ocupa, la Corte Constitucional ha sido muy clara en determinar que el debido proceso no puede verse excluido en lo que respecta al sistema de calificación y evaluación de los servidores de Carrera, específicamente hablando del retiro de los mismos. Así, la Corte ha considerado que “cualquiera que sea el ámbito al que se refiera una causal de retiro, y con el fin de garantizar los principios generales de

estabilidad y de carrera administrativa consagrados en la Carta, así como el respeto de los derechos fundamentales, es preciso que el legislador establezca un debido proceso que excluya la arbitrariedad y brinde al funcionario la oportunidad de controvertir las razones de su desvinculación”5. Lo anterior se traduce en que, cuando se trata de un proceso de evaluación del desempeño, es necesario que exista una definición objetiva de las responsabilidades, metas y objetivos de cada cargo y función, que el funcionario conozca previamente las obligaciones a su cargo y las metas fijadas para el ejercicio de sus funciones, y la forma en que será examinado su desempeño, así como los mecanismos a través de los cuales podrá controvertir esa evaluación. Dada la naturaleza misma del proceso de evaluación del desempeño, esos controles son posteriores a la evaluación, e incluyen la posibilidad de agotar los recursos de la vía gubernativa, así como las acciones ante la jurisdicción contencioso administrativa (sentencia C-501 de 2005). 6.3. El artículo 38 ─en su primer inciso─ de la Ley 909 determina indistintamente, tanto para las evaluaciones ordinarias como para las anticipadas, que “el desempeño laboral de los empleados de carrera administrativa deberá ser evaluado y calificado con base en parámetros previamente establecidos que permitan fundamentar un juicio objetivo sobre su conducta laboral y sus aportes al cumplimiento de las metas institucionales. A tal efecto, los instrumentos para la evaluación y calificación del desempeño de los empleados se diseñarán en función de las metas institucionales”.

5 Sentencia C-501 de 2005 9 Concepto No.4185 Asimismo, el tercer inciso del artículo en mención, estipula para ambas evaluaciones que, “sobre la evaluación definitiva del desempeño procederá el recurso de reposición y de apelación”. En atención a lo anterior, este Despacho considera que sí existe un debido proceso para la evaluación anticipada. El hecho de que no se prevea un procedimiento específico para el manejo de la información sobre el deficiente desempeño que recibe el jefe del organismo, el servidor que se encuentre en esta situación, tiene sin lugar a dudas, la posibilidad de controvertir los resultados de la evaluación. Además, la evaluación anticipada, debe cumplir con todos los principios y requisitos estipulados en el primer inciso del artículo 38 de la Ley 909. Haciendo referencia a lo que consideran los actores como una ausencia de delimitación del tiempo durante el cual es posible ordenar tal evaluación, debemos poner de presente que el mismo artículo 38 de la Ley 909, estipula que es el reglamento al que le corresponde determinar el periodo de las evaluaciones, tanto el de las ordinarias como el de las parciales. Así, por virtud de este mandato legal, el Decreto Reglamentario 1227 de 2005 determinó, en el artículo 53.2, que “esta calificación no podrá ordenarse antes de transcurridos tres (3) meses de efectuada la última calificación y deberá comprender todo el período no calificado hasta el momento de la orden, teniendo en cuenta las evaluaciones parciales que hayan podido producirse. Si esta calificación resultare satisfactoria, a partir de la fecha en que se produjo y el 31 de

enero del siguiente año, se considerará un nuevo período de evaluación, para lo cual será necesario diligenciar nuevamente los instrumentos que estén siendo utilizados en la respectiva entidad”. Entendiendo entonces, que efectivamente sí existe una limitación y determinación del tiempo en el que es procedente ordenar las evaluaciones parciales, considera este Despacho que también por esta razón, la norma acusada es respetuosa del derecho al debido proceso. 10 Concepto No.4185

7. La norma acusada no viola lo dispuesto por el artículo 125 Constitucional 7.1. De conformidad con el inciso tercero del artículo 125 de la Carta, el retiro de la

Carrera Administrativa se puede producir por tres causas diferentes —dos de ellas referidas a la conducta del funcionario y la tercera a factores que pueden ser ajenos a dicha conducta—: (i) por evaluación del desempeño, cuando hay calificación insatisfactoria; (ii) por desvinculación o retiro impuesto como sanción, cuando se viola el régimen disciplinario; y (iii) por otras razones previstas en la Constitución o la ley. Si bien estas causales responden a distintas necesidades y funciones todas tienen en común la finalidad de asegurar una función pública al servicio de la comunidad (Art. 2, CP), promotora del interés general (Art. 1, CP) y respetuosa de los derechos de los asociados (Art. 2, CP), que actúe de conformidad con los principios “de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.” (Art.209, CP). 7.2. El Ministerio Público considera que la evaluación anticipada que prevé la

norma acusada, es justamente un desarrollo de lo estipulado en el artículo 125 Superior, porque, es una manera de garantizar los fines y principios de la Carrera Administrativa ─arriba mencionados─. Además, la causal de retiro de la carrera administrativa no es la información sobre desempeño deficiente que recibe el jefe del organismo, sino, la calificación insatisfactoria resultado de las distintas evaluaciones realizadas en el periodo determinado por el reglamento. En tal sentido, se debe entender que las evaluaciones anticipadas no son más que una herramienta idónea para la realización de los objetivos y principios de la Carrera Administrativa para la selección de los mejores servidores, y evaluación y control de su desempeño. De tal manera, considera este Despacho, que la norma acusada no vulnera lo establecido por el artículo 125 de la Carta, sino que, por el contrario, se configura 11 Concepto No.4185 en uno de los mecanismos a través de los cuales se asegura el cumplimiento de los fines de la Carrera Administrativa.

7. La norma acusada no contraría los principios consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política 7.1. La función administrativa se define como el conjunto de competencias, servicios y actividades que realiza la Administración Pública. El artículo 209 de la Carta establece que “la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad (…)”. El anterior precepto constitucional es ratificado por lo estipulado en el artículo 3ro de la Ley 489 de 1998, que además, en el artículo 4to determina como finalidad de la función

administrativa la búsqueda de “la satisfacción de las necesidades generales de todos los habitantes (…) y además establece que los organismos, entidades y personas encargadas, de manera permanente o transitoria, del ejercicio de funciones administrativas deben ejercerlas consultando el interés general”. La Corte, al referirse a la Carrera Administrativa, ha considerado que la misma, busca depurar a la Administración de factores ajenos al rendimiento laboral, para su vinculación o exclusión. Establece un proceso tendiente al logro de resultados, de forma gradual, donde la capacidad real demostrada es el mecanismo de promoción y la ineficacia comprobada el motivo de retiro, evitando así arbitrariedades por parte del nominador(Sentencia C-501de 2005) Entendemos así la trascendencia del mérito como criterio, tanto para el ingreso y el ascenso, como para la permanencia en la carrera. Este sistema, busca garantizar un adecuado funcionamiento de los servicios públicos y asegurar que su prestación esté orientada a la satisfacción del interés general (Sentencia C-349 de 2004). 12 Concepto No.4185 7.2. Teniendo en cuenta lo anterior, debemos considerar constitucional la posibilidad de realizar la evaluación anticipada, consagrada en la norma acusada, porque la misma, no contraría los principios del artículo 209 de la Carta. Por el contrario, este sistema de evaluación, basado en información debidamente sustentada sobre un desempeño deficiente, desarrolla tales principios. Veamos: 7.2.1. La igualdad no es vulnerada, tal como ya lo determinamos en el aparte correspondiente en este concepto, tras la aplicación del test de igualdad.

7.2.2. La moralidad de la función administrativa se ve efectivamente desarrollada a través de estas evaluaciones, por cuanto, garantizan que los servidores públicos que están al servicio de la comunidad, sean escogidos, ascendidos o retirados de la Carrera Administrativa, de acuerdo a criterios previos y objetivos, y no en consideraciones subjetivas, políticas, raciales, etc. Porque, a pesar de que el origen de tal evaluación es una información sobre el desempeño personal de un servidor público, tal información tiene que estar debidamente sustentada. Además, la evaluación a la que da lugar tal información se somete a las mismas condiciones y prerrogativas de las ordinarias, consagradas en el mismo artículo 38 de la Ley 909 de 2004. 7.2.3. Las evaluaciones anticipadas desarrollan el principio de eficacia, por cuanto aseguran el logro de las finalidades de la Carrera Administrativa ─reiteradamente mencionadas en este concepto─, como es el análisis objetivo del desempeño de los servidores públicos para que el Estado cuente con personal calificado y cualificado de acuerdo con el interés general. 7.2.4. La economía también se ve garantizada por estas evaluaciones, porque agilizan la calificación de servidores que pueden no estar cumpliendo satisfactoriamente con sus funciones, afectando el logro de los cometidos estatales. Esperar a que sea el momento para las evaluaciones parciales ordinarias, mientras el funcionario continúa teniendo un desempeño deficiente sin que se le evalúe, es tanto como permanecer inertes ante el quebrantamiento del interés general. 13 Concepto No.4185 7.2.5. De la mano con la economía, se avala también la celeridad, porque se

evitan trámites innecesarios para lograr la calificación, a través de una evaluación que cumple con todos los requisitos de objetividad y racionalidad que enmarcan la Carrera Administrativa. 7.2.6. La imparcialidad, es precisamente uno de los fundamentos de la Carrera Administrativa como sistema objetivo de escogencia ascenso y retiro. Tal como ya lo establecíamos, la evaluación anticipada se basa en criterios objetivos que aseguran que el retiro no se deba a consideraciones meramente subjetivas, políticas, de interés familiar o personal etc., sino en la calificación del desempeño laboral del servido público de carrera. Así, a pesar de que tal evaluación se deba a información personal o individual de desempeño deficiente que recibe el Jefe del Organismo, esta información debe estar sustentada y, además, la evaluación se somete a las mismas condiciones objetivas con las que cuentan las evaluaciones ordinarias. 7.2.7. No se menoscaba el principio de publicidad porque tanto las evaluaciones ordinarias como la anticipada, deben ser notificadas o publicadas, para que el servidor público que la realizó, tenga la oportunidad de interponer los recursos de reposición o apelación. En síntesis, este Despacho considera que la norma acusada no vulnera los derechos a la igualdad ni al debido proceso, así como tampoco viola lo dispuesto por los artículos 125 y 209 de la Constitución.

8. Conclusión En mérito de lo expuesto, este Despacho solicita a la Honorable Corte Constitucional declarar la EXEQUIBILIDAD del aparte “No obstante, si durante

14 Concepto No.4185 este período el jefe del organismo recibe información debidamente soportada de que el desempeño laboral de un empleado es deficiente podrá ordenar, por escrito, que se le evalúen y califiquen sus servicios en forma inmediata” del inciso segundo del artículo 38 de la Ley 909 de 2004. Señores Magistrados,

EDGARDO JOSÉ MAYA VILLAZÓN

Procurador General de la Nación

CID/M.Ruiz/JMLP

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