PGN - Documento 201604231612211

Bogotá, 28 de Marzo de 2006 PAD Doctora

ALEJANDRA ARANGO MORENO

Asesora Control Interno Disciplinario Empresa Social del Estado Metrosalud Medellín Carrera 50 44-27, edificio El Sacatín Conmutador 511 75 05 Medellín (Antioquia) Ref.: Su oficio fechado el 28 de febrero de 2006 y radicado en esta oficina el 21 de marzo del mismo año.

Respetada Doctora: En el escrito de la referencia, pregunta usted lo siguiente: (…) 1. Constituye falta disciplinaria cuando un servidor público solicita CESANTÍAS PARCIALES con destino a reforma de vivienda o estudio y posteriormente les da una destinación diferente.

2. En caso de ser afirmativa la anterior pregunta, en qué artículo de la Ley 734 de 2002 se podría encuadrar la conducta.

3. Si la entidad o persona responsable de la verificación observa que no se invirtieron las cesantías parciales para la destinación para la cual fueron solicitadas, cuál sería el camino a seguir.

Al respecto, me permito manifestar: Sobre el tema objeto de la presente consulta, el Congreso de la República había establecido en el artículo 15 de la Ley 344 del 27 de diciembre de 1996, «por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público», que «incurrirán en las sanciones establecidas en la Ley 200 de 1995 los servidores públicos que destinen sus cesantías parciales para fines diferentes a los establecidos en las disposiciones legales y quienes teniendo como función velar por la correcta aplicación de tales recursos, no realicen el debido seguimiento»; pero dicha norma fue declarada inexequible por la Corte

Constitucional, mediante sentencia C-428 del 4 de septiembre de 1997, con fundamento en las siguientes razones: Si la ley señala la destinación que debe darse a las cesantías parciales por parte de los trabajadores que las solicitan, resulta violada cuando ellos, asaltando la buena fe de la administración, llevan el producto de lo parcialmente pagado a objetos distintos de los debidos. Ese comportamiento debe ser sancionado, pero, claro está, únicamente puede serlo sobre la base del debido proceso, que tiene aplicación en materia disciplinaria. El comportamiento censurado en la norma que se examina ha debido tener en 1 ella su sanción correspondiente, clara e indudablemente determinada. Se viola la garantía constitucional del debido proceso, y específicamente el principio de legalidad de la sanción, cuando se remite indiscriminadamente al infractor a "las sanciones establecidas en la Ley 200 de 1995", que son once posibles, según el artículo 29 de aquél estatuto. La conducta descrita no está allí incluida, a no ser por remisión de unas normas a otras, lo cual significa que en la práctica no se sabe a ciencia cierta cuál es la sanción aplicable, quedando a discreción de quien aplica el precepto la escogencia del castigo que cada persona merezca (reseña tomada del descriptor de la sentencia). Así las cosas, si en el actual Código Único Disciplinario (Ley 734 de 2002) no existe norma expresa —como se ha constatado— que erija en falta disciplinaria la conducta de los servidores públicos que destinen sus cesantías parciales para

fines diferentes a los establecidos en las disposiciones legales, no habrá lugar a reproche alguno por dicho comportamiento, pues se puede incurrir en vulneración del debido proceso (principios de legalidad de la falta y de la sanción): nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa (artículo 29 de la Constitución Política). La presente respuesta únicamente constituye un criterio auxiliar de interpretación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 230 de la Constitución Política, 5º de la Ley 153 de 1887 y 25 del Decreto 01 de 1984. Con toda atención,

MARÍA LEONOR RUEDA RUEDA

Procuradora Auxiliar para Asuntos Disciplinarios (e.)

C-086-2006

MLRR/JBM

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