PGN - Documento 201604231612238

Bogotá, D.C., 01 de junio de 2006 PAD C-164/2006 Señora

DURFAY CAMPIÑO RODRIGUEZ

Carrera 16 No. 84-09 Oficina 309 Edificio Almirante Colon Ciudad Ref: Su escrito del 31 de marzo de 2006, radicado en esta oficina 18 de mayo del presente año. De acuerdo con lo señalado por el señor Procurador General en auto del 2 de mayo del presente año, en el cual, entre otros aspectos, se dispone remitir el oficio de la referencia al Área de Consulta de esta Procuraduría Auxiliar, para que se atiendan las peticiones que se hacen en los numerales 1 y 2 del citado documento, esta oficina precede a absolver las inquietudes que allí plantea. En efecto, se tiene que en el memorial en mención, usted, además de solicitar una investigación disciplinaria en relación con los hechos que allí plantea, pide se le informe: “1. … cuál es la falta y sanción en la que incurren los servidores públicos (Ministros) cuando no contestan un derecho de petición. 2. … si debido al rango de Ministra, tendría una sanción diferente al que le dieron a un empleado que fue sancionado por el ministerio público con sanción de destitución e inhabilidad para desempeñar cargos públicos…”. Ante todo, debo precisarle que en desarrollo de la función consultiva asignada a esta dependencia (artículo 9, numeral 3 del Decreto 262 de 2000), no es posible absolver casos particulares o concretos; es así porque la resolución de tales asuntos corresponde única y exclusivamente a los respectivos

competentes, quienes deben realizar las valoraciones sobre los supuestos fácticos y las normas aplicables para efectos de adoptar la decisión que resulte pertinente. Además, el Procurador General de la Nación en Circular 038 de 2001, a fin de evitar que se comprometa la autonomía de la entidad o se limite el ejercicio independiente de la función disciplinaria, señaló: “...quienes tengan a su cargo el ejercicio de funciones consultivas, deberán abstenerse de emitir conceptos sobre asuntos o situaciones particulares, individuales y concretos que sean o puedan llegar a ser materia de investigación disciplinaria”. Por esa razón, las repuestas que se profieren en ejercicio de la citada atribución se deben limitar a suministrar elementos de juicio de carácter general que sirvan para ilustrar al peticionario en el tema que le interesa. En relación con el derecho de petición, se anota que éste se encuentra establecido como tal por el artículo 23 de la Constitución Política y está reglamentado por el Código Contencioso Administrativo, en el cual se determinan las reglas para su ejercicio. En relación con ello, igualmente, se prevé como obligación de las autoridades el de atenderlo dentro de los parámetros legales; bajo esa concepción se dispone que la falta de atención a las peticiones, la inobservancia de los principios que orientan su desarrollo y la de los plazos para responder, constituyen causal de mala conducta y dan lugar a las sanciones correspondientes (artículo 7 del Decreto 01 de 1984). 2 En ese orden de ideas, se tiene que el estatuto disciplinario, contenido en la Ley 734 de 2002, aplicable sin distinción alguna a todos los servidores del

Estado, cualquiera sea su categoría o rango (artículo 25), señala que constituye falta disciplinaria, entre otros aspectos, el incumpliendo de los deberes, la extralimitación de los derechos y funciones, la incursión en las prohibiciones o la violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades (artículo 23). En el mismo estatuto, se encuentra consagrado como prohibición para todo servidor público, el “omitir, retardar o no suministrar debida y oportunamente respuesta a las peticiones respetuosos de los particulares o a las solicitudes de las autoridades, así como retenerlas o enviarlas a destinatario diferente de aquel a quien corresponda su conocimiento” (artículo 35, numeral 8). Por su parte, en el numeral 49 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, se califican como falta gravísima: “Las demás conductas que en la Constitución o en la Ley hayan sido previstas con sanción de remoción o destitución, o como causales de mala conducta”. En consecuencia, encontrándose establecido como causal de mala conducta el hecho de incumplir las normas que regulan el derecho de petición, se estima que dicho comportamiento constituye entonces una falta gravísima, por expresa disposición legal. Al respecto, debe entonces considerarse lo señalado en el estatuto disciplinario sobre la clase y límite de las sanciones a las que se encuentra sometido el servidor público. - Normas que consagran la violación o desatenciónLa inobservancia de los términos constituye causal de mala conducta El artículo 44 de la Ley 734 de 2002, determina para las faltas gravísimas

dolosas o realizadas con culpa gravísima, la sanción de destitución e inhabilidad general; igualmente prevé la suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial, para las faltas graves dolosas o gravísimas culposas y la suspensión simple, para las faltas graves culposas. Se define a la inhabilidad 3 general como la imposibilidad de ejercer cualquier cargo o función, que puede fijarse entre diez y veinte años; a la suspensión como la separación del cargo por un término que no puede ser inferior a un mes ni superior a doce y a la inhabilidad especial, como la imposibilidad de ejercer la función pública en cualquier cargo distinto de aquel en el que se cometió la falta y no puede ser inferior a treinta días ni superior a doce meses. Adicionalmente, se establece que la realización de una falta objetivamente gravísima cometida con culpa grave, debe considerarse como falta grave (artículo 43, numeral 9). En relación con lo expuesto, debe indicarse que tanto el grado de culpabilidad, como la levedad o gravedad de la falta, así como la determinación de la sanción que conforme a ello corresponda, al igual que los demás aspectos que conciernen a la responsabilidad disciplinaria de los servidores públicos, a examinarse dentro del proceso disciplinario, deben estructurarse de acuerdo con los factores y criterios establecidos en el Código Disciplinario (artículos 42 a 47), conforme a las circunstancias en las que se hayan producido los hechos materia de investigación y que aparezcan demostradas dentro de la misma; aspectos todos cuya valoración corresponde única y exclusivamente al operador disciplinario, que, por competencia, deba conocer del asunto.

La presente respuesta únicamente constituye un criterio auxiliar de interpretación de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 230 de la Constitución Política, 5 de la Ley 153 de 1887 y 25 del Decreto 01 de 1984. Con toda atención,

MARIA LEONOR RUEDA RUEDA

Procuradora Auxiliar para Asuntos Disciplinarios (e) C-164/2006

MLRR-MPCM

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