PGN - Documento 34408

ACCIÓN EJECUTIVA-En aras de cobrar las obligaciones impuestas a cajanal en sentencia, del tribunal administrativo de antioquia dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. PROCESO EJECUTIVO-De la caducidad. . Para efectos de la configuración de este fenómeno jurídico, resulta relevante indicar que la oportunidad para presentar la demanda relativa a la ejecución de decisiones judiciales proferidas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo será de cinco (5) años contados a partir de la exigibilidad de la obligación en ellas contenida, tal como lo dispone el artículo 164 (numeral 2, letra k) del CPACA. CADUCIDAD DE LA ACCIÓN-Jurisprudencia del consejo de estado. En relación con el tema, el Consejo de Estado ha precisado: Para el caso de las sentencias judiciales como títulos ejecutivos, las obligaciones en ellas impuestas podrán ser cobradas en diferentes oportunidades, según la norma procesal con la que hayan sido concebidas. Si la providencia se expidió bajo el sistema descrito en el Decreto 01 de 1984 (CCA), sus mandatos relacionados con el pago o devolución de dinero por parte de una entidad pública, podrán ser reivindicados cuando hayan trascurrido 18 meses a partir de la ejecutoria de la decisión judicial. Mientras que si el fallo fue expedido según las reglas del CPACA, su cumplimiento podrá demandarse en momentos diferentes, según el tipo de condena impuesta a la Administración: cuando consista en pagar o devolver una suma de dinero, su cobro jurisdiccional podrá iniciarse cuando hayan trascurrido 10 meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia; en cambio, cualquier otro tipo de prestación, podrá reclamarse ante un juez al término de 30 días

siguientes a la ejecutoria de la respectiva condena. Por tanto, en materia de exigibilidad de las obligaciones derivadas de fallos judiciales, los términos descritos se imponen como verdaderos plazos suspensivos. PROCESO EJECUTIVO-Contra cajanal en liquidación: suspensión de la caducidad/CADUCIDAD-Del proceso ejecutivo contra cajanal. En lo que dice relación con la suspensión de la caducidad para iniciar procesos ejecutivos contra Cajanal en Liquidación, la jurisprudencia del órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo ha sido reiterativa «al aceptar que el procedimiento liquidatorio de Cajanal ha implicado, tanto la imposibilidad de iniciar y continuar con procesos ejecutivos contra dicha entidad, como la suspensión de los términos con que los acreedores contaban para provocar ese tipo de trámite», tal como se discurrió en el siguiente pronunciamiento: Lo anterior por cuanto, según el artículo 2 del Decreto 2196 de 2009, los parámetros del procedimiento liquidatario de Cajanal serían los descritos en el Decreto ley 254 de 2000, «[p]or el cual se expide el régimen para la liquidación de las entidades públicas del orden nacional», modificado por la Ley 1105 de 2006, que en su artículo 1º remite al Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (EOSF) y a las normas que lo desarrollan, para reglamentar los vacíos de dicho procedimiento, remisión normativa a partir de la cual esta Corporación comprende que, por ser modificatoria del artículo 116 del EOSF, una de las directrices jurídicas de la liquidación de Cajanal fue el artículo 22 (letra g) de la Ley 510 de 1999, que en lo pertinente dispuso:

El artículo 116 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, quedará así: La toma de posesión conlleva: […] INTERESES MORATORIOS-Obligación de pagar mientras se surtía la liquidación de cajanal. En consecuencia, resultan suficientes las citadas consideraciones para estimar que mientras se surtía el proceso de liquidación de la entonces Cajanal no cesó para la Administración la obligación de pagar intereses moratorios de que trata el artículo 177 del CCA, derivados de la sentencia que condenó a dicha entidad a reliquidar la pensión de jubilación de la actora, en atención a la naturaleza pública que caracteriza la acreencia derivada del fallo objeto de recaudo.

PROCURADURÍA SEGUNDA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

IUSE-2021-374927

Concepto No. 123 Bogotá, D. C., 03 de agosto de 2021 Doctor

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Consejero Ponente Sección Segunda (Subsección A) Consejo de Estado

E. S. D.

Trámite: Ejecutivo Expediente: 05001-23-33-000-2016-02558-01 (0954-2021)

Demandante: Gloria María Ardila Arenas Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) Temas: Obligación emanada de sentencia judicial que reliquidó pensión gracia; interrupción del término de caducidad de la acción ejecutiva por proceso liquidatorio de la Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal); procedencia del cobro de intereses moratorios durante dicho procedimiento liquidatorio

Procede esta agencia del Ministerio Público, dentro del término legal, a emitir concepto en el proceso de la referencia.

I. ANTECEDENTES 1.1 PRETENSIONES La señora Gloria María Ardila Arenas, por intermedio de apoderada, a través de demanda ejecutiva, de que tratan los artículos 297 a 299 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), solicita se libre mandamiento de pago contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), con fundamento en lo ordenado por el Tribunal Administrativo de Antioquia en sentencia de 24 de julio de 2007, proferida dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho 05001-23-31-000-2004-06817-00, por la suma de $14.143.365, por concepto de indexación e intereses moratorios, de conformidad con el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo (CCA); y se «[a]ctuali[ce] su mesada pensional al año 2016 en un valor de $1.089.981».

1.2 HECHOS DE LA DEMANDA

2 Relata la ejecutante que por haber laborado por más de veinte (20) como docente al servicio del departamento de Antioquia, la entonces Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal), mediante Resolución 7411 de 5 de mayo de 1997, le reconoció pensión gracia en cuantía de $219.317, efectiva a partir del 4 de febrero de 1996. Que el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante la referida sentencia de 24 de julio de 2007, entre otras declaraciones, dispuso que Cajanal debía

«reliquidar[a] [su] mesada pensional teniendo en cuenta todos los factores salariales que devengaba al momento de adquirir el status», providencia que quedó debidamente ejecutoriada el 13 de agosto de 2007. Que Cajanal dio cumplimiento a la anterior orden, a través de la Resolución 2649 de 1° de diciembre de 2008, «mediante la cual se [r]eliquida una pensión gracia […] elevando la cuantía de la misma a la suma de $264.451, efectiva a partir del 4 de febrero de 1996, pero aplicando prescripción que se reconoce a partir del 11 de junio de 1998». 1.3 MANDAMIENTO DE PAGO Con auto de 7 de julio de 2017, el Tribunal Administrativo de Antioquia libró mandamiento de pago a favor de la accionante «para que se pague la suma contenida en la sentencia No. 143 del 24 de julio de 2007», proferida por esa Corporación, en el que se «tendrá en cuenta el abono realizado a la obligación por la entidad, por valor de $7.896.793 al momento de liquidarse el crédito, así como también la prescripción trienal de las mesadas». 1.4 CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como argumentos de defensa las excepciones que denominó «INDEBIDA CONFORMACIÓN DEL TÍTULO EJECUTIVO» y «CADUCIDAD». En cuanto a la primera excepción, precisó que los «intereses procederían siempre y cuando se acredite que se presentó la solicitud de cumplimiento acompañada de

la totalidad de documentos requeridos para el pago dentro de los 3 meses posteriores a la ejecutoria del fallo judicial conforme la Ley 1437 de 2011. Establecer fechas en las cuales no existiría obligación de reconocimiento y pago de intereses moratorios (Las sentencias causan intereses desde su ejecutoria por los 3 primeros meses, esta causación cesa hasta tanto los beneficiarios no se acercaran a la entidad a hacerla efectiva, aportando la documentación necesaria para el cumplimiento (inciso 6 del artículo 177 del CCA)»1. Respecto del segundo medio exceptivo, arguyó que la «sentencia que puso fin al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, tiene el carácter CONSTITUTIVA DEL DERECHO LABORAL RECONOCIDO, es decir, a partir de ella el derecho se radicó en cabeza de la parte actora, para ser reclamado»; asimismo, indicó que «la demanda ejecutiva fue presentada en vigencia de la Ley 1 Sic para toda la cita.

Demandante: Gloria María Ardila Arenas

Demandado: UGPP

IUS: E-2021-374927 3 1437 de 2011 que establece en el inciso segundo del artículo 299 el término de 10 meses después de la ejecutoria de la sentencia para que el título sea ejecutable […] [y como] fue presentada con posterioridad al 28 de agosto de 2012 se presentó el fenómeno jurídico de la caducidad».

Y complementó que de la revisión del expediente administrativo se logra evidenciar que la ejecutante presentó reclamación a Cajanal «en el proceso liquidatorio […] [y] si […] llegase a presentar algún inconformismo con la decisión

que adoptara la liquidación de Cajanal, este estaría en la obligación de acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa en demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el acto administrativo, expreso, ficto o presentó [sic], que se genere como consecuencia de la reclamación interpuesta, y no ahora, premiar la desidia del mismo, librando una orden de pago en contra de la UGPP, por el pago de unos intereses lo que corresponden a la UGPP». 1.5 FALLO DE PRIMERA INSTANCIA El Tribunal Administrativo de Antioquia, con sentencia de 13 de marzo de 2020, declaró no probadas las excepciones de indebida conformación del título ejecutivo y caducidad y ordenó seguir adelante con la ejecución. En lo que atañe al primero de los medios exceptivos, consideró que, de conformidad con el inciso segundo del artículo 430 del Código General del Proceso (CGP), «[l]a UGPP no cuestionó el título [ejecutivo] por los requisitos formales […] [pues] una vez notificada del mandamiento de pago[…] se limitó a presentar excepciones de mérito, pero no formuló recurso de reposición contra el auto que ordenó cumplir la obligación contenida en los documentos que prestan mérito ejecutivo, oportunidad procesal en la que debía discutir los aspectos formales del instrumento de recaudo». En lo que concierne a la excepción de caducidad, estimó que la «exigibilidad del título ejecutivo en vigencia del Decreto 01 de 1984 [CCA] era de dieciocho meses contados a partir de la ejecutoria de la sentencia tal y como se dispone en el

artículo 177. Mientras que en el canon 195 [sic] de la Ley 1437 de 2011 [CPACA] se determina que será de diez meses siguientes a la ejecutoria de la misma cuando se trate de fallos en los que se condena al pago de una suma de dinero». Arguye que los términos de prescripción y caducidad de las obligaciones emanadas de la entonces Cajanal «no corrieron durante el tiempo que transcurrió la liquidación administrativa. Es decir, que el lapso de cinco años con que se contaba para demandar ejecutivamente las obligaciones a cargo de la mencionada entidad, reconocidas en sentencias condenatorias, se suspendió entre el 12 de junio de 2009 […] [y el] 11 de junio de 2013», de conformidad con previsto en los Decretos 2196 de 2009, 2040 de 2011, 1229 y 2776 de 2012 y 877 de 2013. Así, frente al caso concreto de la referida excepción, indicó que la «obligación impuesta en la sentencia que se pretende ejecutar se hizo exigible el 13 de febrero de 2009 de acuerdo con el artículo 177 del CCA y la petición de cumplimiento se formuló antes del 8 de noviembre de 2011, momento en que ya se encontraba suspendida la caducidad del medio de control pues ya había iniciado el proceso liquidatorio de la Caja Nacional de Previsión Social»; y comoquiera que «el término se reanudó el 12 de junio de 2013, el actor […]

Demandante: Gloria María Ardila Arenas

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4 [tenía] hasta el 12 de

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IUS: E-2021-374927 5 marzo de 2018 para formular la demanda, la que efectivamente presentó el 16 de noviembre de 2016». 1.6 RECURSO DE APELACIÓN Inconforme con la anterior decisión, la UGPP interpuso recurso de apelación en que insiste en la caducidad de la demanda ejecutiva, bajo el argumento de que como la sentencia objeto de recaudo quedó ejecutoriada el 13 de agosto de 2007, la interesada contaba «con un tiempo de 6 años 6 meses para ejercer la correspondiente solicitud, esto es[,] hasta el 12 de febrero de 2014, sin embargo […] inició proceso ejecutivo contra la […] UGPP hasta el 22 de noviembre de 2016 […] [con lo que se] demuestra que la ejecutante dejó transcurrir más de seis años y medio que indica la norma para interponer la acción ejecutiva».

Refuta que si bien el «proceso liquidatorio de CAJANAL suspendió los términos de caducidad de la acción, es necesario que [se] tenga en cuenta que la liquidación de CAJANAL suspendió los términos de caducidad y prescripción, pero no el de 18 meses previsto en el artículo 177 del C.C.A., para que las condenas contra esa entidad pudieran ser ejecutadas». Por otra parte, en caso de que no se llegare a declarar probada en segunda instancia la excepción de caducidad, pide que no se generen intereses moratorios durante el término establecido para la liquidación de Cajanal, de acuerdo con lo previsto en los artículos 16, 1615 y 1616 del Código Civil, en consideración a que

la liquidación de Cajanal «necesariamente configura un evento de fuerza mayor, estipulado como una de las causales que no generan indemnización de perjuicios por la mora en el pago de las obligaciones a cargo de la liquidada».

II. CONSIDERACIONES DE LA DELEGADA 2.1 PROBLEMA JURÍDICO De conformidad con los antecedentes expuestos, se tendrá que determinar si el trascurso del período con que contaba la actora para iniciar el proceso ejecutivo, en aras de cobrar las obligaciones impuestas a Cajanal a través de la sentencia de 24 de julio de 2007, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho 05001-23-31-000-2004-0681700, fue suspendido en virtud de la liquidación de dicha entidad. Asimismo, se deberá precisar, en caso de que no prospere la inconformidad relativa a la excepción de caducidad, si mientras estuvo vigente la liquidación de Cajanal no se generaron intereses moratorios. 2.2 DE LA CADUCIDAD EN LOS PROCESOS EJECUTIVOS Para efectos de la configuración de este fenómeno jurídico, resulta relevante indicar que la oportunidad para presentar la demanda relativa a la ejecución de decisiones judiciales proferidas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo será de cinco (5) años contados a partir de la exigibilidad de la obligación en ellas contenida, tal como lo dispone el artículo 164 (numeral 2, letra k) del CPACA2.

2 «La demanda deberá ser presentada:

Demandante: Gloria María Ardila Arenas

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6 En relación con el tema, el Consejo de Estado3 ha precisado: Para el caso de las sentencias judiciales como títulos ejecutivos, las obligaciones en ellas impuestas podrán ser cobradas en diferentes oportunidades, según la norma procesal con la que hayan sido concebidas. Si la providencia se expidió bajo el sistema descrito en el Decreto 01 de 1984 (CCA), sus mandatos relacionados con el pago o devolución de dinero por parte de una entidad pública, podrán ser reivindicados cuando hayan trascurrido 18 meses a partir de la ejecutoria de la decisión judicial4. Mientras que si el fallo fue expedido según las reglas del CPACA, su cumplimiento podrá demandarse en momentos diferentes, según el tipo de condena impuesta a la Administración: cuando consista en pagar o devolver una suma de dinero, su cobro jurisdiccional podrá iniciarse cuando hayan trascurrido 10 meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia; en cambio, cualquier otro tipo de prestación, podrá reclamarse ante un juez al término de 30 días siguientes a la ejecutoria de la respectiva condena5. Por tanto, en materia de exigibilidad de las obligaciones derivadas de fallos judiciales, los términos descritos se imponen como verdaderos plazos suspensivos. […]

2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad: […] k) Cuando se pretenda la ejecución con títulos derivados del contrato, de decisiones judiciales proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en cualquier materia y de laudos arbitrales contractuales estatales, el término para solicitar su ejecución será de cinco (5) años

contados a partir de la exigibilidad de la obligación en ellos contenida». 3 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 8 de octubre de 2020, expediente 05001-23-33-000-2016-02650-01 (794-2018), M. P. Carmelo Perdomo Cuéter. 4 CCA, «Artículo 177. Efectividad de condenas contra entidades públicas. Cuando se condene a la Nación, a una entidad territorial o descentralizada al pago o devolución de una cantidad líquida de dinero, se enviará inmediatamente copia de la sentencia a quien sea competente para ejercer las funciones del ministerio público frente a la entidad condenada. […] Será causal de mala conducta de los funcionarios encargados de ejecutar los presupuestos públicos, pagar las apropiaciones para cumplimiento de condenas más lentamente que el resto. Tales condenas, además, serán ejecutables ante la justicia ordinaria dieciocho (18) meses después de su ejecutoria». 5 CPACA, «Artículo 192. Cumplimiento de sentencias o conciliaciones por parte de las entidades públicas. Cuando la sentencia imponga una condena que no implique el pago o devolución de una cantidad líquida de dinero, la autoridad a quien corresponda su ejecución dentro del término de treinta (30) días contados desde su comunicación, adoptará las medidas necesarias para su cumplimiento. Las condenas impuestas a entidades públicas consistentes en el pago o devolución de una suma de dinero serán cumplidas en un plazo máximo de diez (10) meses, contados a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia. Para tal efecto, el beneficiario deberá presentar la solicitud de

pago correspondiente a la entidad obligada […] Artículo 299. De la ejecución en materia de contratos y de condenas a entidades públicas. Salvo lo establecido en este Código para el cobro coactivo a favor de las entidades públicas, en la ejecución de los títulos derivados de las actuaciones relacionadas con contratos celebrados por entidades públicas, se observarán las reglas establecidas en el Código de Procedimiento Civil para el proceso ejecutivo de mayor cuantía. Las condenas impuestas a entidades públicas consistentes en la liquidación o pago de una suma de dinero serán ejecutadas ante esta misma jurisdicción según las reglas de competencia contenidas en este Código, si dentro de los diez (10) meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia la entidad obligada no le ha dado cumplimiento».

Demandante: Gloria María Ardila Arenas

Demandado: UGPP

IUS: E-2021-374927

7 2.3 PROCESOS EJECUTIVOS CONTRA CAJANAL EN LIQUIDACIÓN: SUSPENSIÓN DE LA CADUCIDAD En lo que dice relación con la suspensión de la caducidad para iniciar procesos ejecutivos contra Cajanal en Liquidación, la jurisprudencia del órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo ha sido reiterativa «al aceptar que el procedimiento liquidatorio de Cajanal ha implicado, tanto la imposibilidad de iniciar y continuar con procesos ejecutivos contra dicha entidad, como la suspensión de los términos con que los acreedores contaban para provocar ese tipo de trámite6», tal como se discurrió en el siguiente pronunciamiento7: Lo anterior por cuanto, según el artículo 2 del Decreto 2196 de 20098, los

parámetros del procedimiento liquidatario de Cajanal serían los descritos en el Decreto ley 254 de 2000, «[p]or el cual se expide el régimen para la liquidación de las entidades públicas del orden nacional», modificado por la Ley 1105 de 2006, que en su artículo 1º remite al Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (EOSF) y a las normas que lo desarrollan, para reglamentar los vacíos de dicho procedimiento9, remisión normativa a partir de la cual esta Corporación comprende que, por ser modificatoria del artículo 116 del EOSF, una de las directrices jurídicas de la liquidación de Cajanal fue el artículo 22 (letra g) de la Ley 510 de 1999, que en lo pertinente dispuso: El artículo 116 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, quedará así:

La toma de posesión conlleva: […] 6 Ver del Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sección segunda, subsección B, auto de 29 de marzo de 2016, proceso ejecutivo 25000-23-42-000-2015-01601-01 (5042-2015); y de la subsección A: proveído de 25 de agosto de 2015, expediente 25000-23-42-000-201501327-01 (1777-2015), C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez (E); y sentencia de 17 de noviembre de 2016, proceso 11001-03-15-000-2016-02902-00(AC), C. P. Rafael Francisco Suarez Vargas. De la misma Corporación ver sección cuarta, sentencia de 27 de abril de 2017, radicado 11001-03-15000-2016-03715-00(AC), C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (E). 7 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 8 de octubre de 2020, expediente 05001-23-33-000-2016-02650-01 (794-2018). 8 Por el cual se suprime la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal, EICE, se ordena su liquidación, se designa un liquidador y se dictan otras disposiciones. 9 «Artículo 1°. El artículo 1° del Decreto-ley 254 de 2000 quedará así: Artículo 1°. Ámbito de aplicación. La presente ley se aplica a las entidades públicas de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, respecto de las cuales se haya ordenado su supresión o disolución.

La liquidación de las Sociedades Públicas, las Sociedades de Economía Mixta en las que el Estado posea el noventa por ciento (90%) o más de su capital social y las Empresas Sociales del Estado, se sujetarán a esta ley. Los vacíos del presente régimen de liquidación se llenarán con el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y las normas que lo desarrollan. Aquellas que por su naturaleza tengan un régimen propio de liquidación, contenido en normas especiales, una vez decretada su supresión o disolución realizarán su liquidación con sujeción a dichas normas. Parágrafo 1°. Las entidades territoriales y sus descentralizadas, cuando decidan suprimir o disolver y liquidar una entidad pública de dicho nivel, se regirán por las disposiciones de esta ley, adaptando su procedimiento a la organización y condiciones de cada una de ellas, de ser

necesario, en el acto que ordene la liquidación. Parágrafo 2°. Las entidades de orden territorial que se encuentren en proceso de liquidación a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, podrán acogerse en lo pertinente a lo dispuesto en la presente ley».

Demandante: Gloria María Ardila Arenas

Demandado: UGPP

IUS: E-2021-374927 8 g) La interrupción de la prescripción y la no operancia de la caducidad respecto de los créditos a cargo de la entidad que hayan surgido o se hayan hecho exigibles antes de la toma de posesión. […] Ahora bien, con auto de 30 de junio de 201610, esta sección fijó una serie de restricciones acerca de los escenarios y períodos en que operaba la referida suspensión. La providencia sostiene que no es dable congelar con uniformidad el curso de la caducidad, debido a que, en torno al desordenado trámite de liquidación de Cajanal, se suscitaron diversas hipótesis y situaciones fácticas, merecedoras de trato diferenciado. Esto se discurrió en la referida providencia: De esta forma, es necesario que el juez identifique a partir de qué momento se hizo exigible la obligación judicial y la fecha en la cual se pudo efectivamente perseguir judicialmente su cumplimiento ante CAJANAL o UGPP, teniendo en cuenta que la caducidad de [sic] medio de control se suspenderá sólo a partir del momento en que inició el período liquidatorio de CAJANAL EICE y se reactivará:

a. El 8 de noviembre de 2011 si la petición de cumplimiento se realizó y

competía atenderla a la UGPP de acuerdo con el Decreto 4269 de 2011 o, b. Para aquellas obligaciones cuya petición de cumplimiento correspondía atender a CAJANAL en liquidación, conforme el mismo decreto, la reactivación será el 12 de junio de 2013, día siguiente a la fecha en la que culminó la liquidación de aquella entidad y por ende la obligación podía perseguirse en cabeza de la UGPP. En atención a lo dicho, resulta menester recordar que para reglamentar la ejecución de procesos misionales con carácter pensional y otras actividades afines relativas a la liquidación de Cajanal, con el Decreto 4269 de 8 de noviembre de 2011 fueron distribuidas las competencias entre dicha entidad y su sucesora procesal, la UGPP. Se estableció con el mencionado acto administrativo que las solicitudes relacionadas con el reconocimiento de derechos pensionales y prestaciones económicas serían atendidas por una u otra, según la fecha de su presentación. Por ende, las reclamaciones presentadas a partir del 8 de noviembre de 2011 corresponderían a la UGPP, en tanto que las entregadas con anterioridad a esa fecha recaerían sobre Cajanal en Liquidación11. 10 Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sección segunda, subsección A, auto de 30 de junio de 2016, radicado 25000-23-42-000-2013-06595-01(3637-14). 11 «Artículo 1°. Distribución de competencias. La ejecución de los procesos misionales de carácter pensional y demás actividades afines que se indican a continuación, será ejercida por la Caja Nacional de Previsión Social Cajanal EICE en liquidación y la Unidad Administrativa Especial de

Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP, en los siguientes términos:

1. Atención de solicitudes relacionadas con el reconocimiento de derechos pensionales y prestaciones económicas.

Estarán a cargo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, las solicitudes de reconocimientos de derechos pensionales y prestaciones económicas, radicadas a partir del de noviembre de 2011». A cargo de la Caja Nacional de Previsión Social - Cajanal EICE en liquidación estarán las solicitudes de reconocimiento de derechos pensionales y prestaciones económicas, radicadas con anterioridad al 8 de noviembre de 2011. […]

Demandante: Gloria María Ardila Arenas

Demandado: UGPP

IUS: E-2021-374927

9 Así las cosas, conforme a las citadas consideraciones del Consejo de Estado, se tiene que frente al caso concreto la demandante pretende el cumplimiento de las obligaciones contenidas en la sentencia de 24 de julio de 2007, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho 05001-23-31-000-2004-06817-00, en el que ordenó a Cajanal reliquidar su pensión gracia con inclusión de «todos los factores salariales devengad[o]s […] durante el año anterior al que adquirió el status de pensionad[a], es decir, del 4 de febrero de 1995 al 4 de febrero de 1996, así como pagar los reajustes que de ella se desprenden», bajo los parámetros de los artículos 176 y 177 del CCA.

De esta manera, de conformidad con lo establecido en el mencionado artículo 177 del CCA, el cumplimiento del aludido fallo habría sido exigible una vez finalizaran los 18 meses siguientes a su ejecutoria, esto es, al día siguiente del 13 de febrero de 2009, por cuanto quedó ejecutoriado el 13 de agosto de 2007, «de no ser porque durante el lapso comprendido entre el 12 de junio de 2009 y el 11 de junio de 2013, obraba una restricción para iniciar procesos ejecutivos contra Cajanal12, debido a su liquidación. Por lo tanto, el reclamo judicial de las obligaciones impuestas a esa entidad pendía de un plazo que concluiría al cierre del procedimiento de liquidación»13. Y comoquiera que dicha restricción se superó el 11 de junio de 2013, desde el día siguiente los créditos impuestos a Cajanal serían exigibles judicialmente a la UGPP, como su sucesora procesal, tal como se indicó en precedencia. Por consiguiente, el período de 5 años para solicitar la ejecución del fallo, previsto en el artículo 164 (numeral 2, letra k) del CPACA, se reanudó el 12 de junio de 2013, cuando concluyó la liquidación de la entidad deudora. De tal manera que el cobro ante la jurisdicción sería oportuno hasta el 12 de febrero de 2018, por lo que la presentación de la demanda (16 de noviembre de 2016) se dio dentro del término que la ley prevé para el efecto.

2.4 OBLIGACIÓN DE PAGAR INTERESES MORATORIOS MIENTRAS SE

SURTÍA LA LIQUIDACIÓN DE CAJANAL

La inconformidad planteada en este sentido, encuentra solución en el problema jurídico resuelto por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia de 30 de octubre de 2020, expediente 25000-23-42-0002016-03249-01 (3185-2019)14, al preguntarse «si mientras se surtía el procedimiento administrativo de liquidación de la entonces Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal), cesó para la Administración la obligación de pagar intereses moratorios de que trata el artículo 177 del CCA, derivados de la sentencia que condenó a dicha entidad a reliquidar la pensión de jubilación de la actora, en el entendido de que el aludido procedimiento configura fuerza mayor o caso fortuito, en los términos del artículo 1616 del Código Civil (CC)». Frente a dicho planteamiento, el Consejo de Estado concluyó: 12 En virtud del artículo 22 de la Ley 510 de 1999, modificatorio del artículo 116 del EOSF. 13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 8 de octubre de 2020, expediente 05001-23-33-000-2016-02650-01 (794-2018), M. P. Carmelo Perdomo Cuéter. 14 M. P. Carmelo