PGN - FALLA EN EL SERVICIO - Indemnización en el caso de resultar afectados soldados profesiona

FALLA EN EL SERVICIO-Indemnización en el caso de resultar afectados soldados profesionales. Para los daños sufridos por los soldados profesionales, sólo hay lugar a declarar la responsabilidad de la administración cuando aquéllos son el resultado de hechos que exceden el riesgo propio de las actividades que asumen voluntariamente. Lo anterior teniendo en cuenta que la decisión de incorporación que libremente han tomado constituye un riesgo propio de la actividad que dichos servidores públicos ordinariamente despliegan, de allí que cuando el aludido riesgo se concreta, en principio no resulte jurídicamente viable atribuirle al Estado responsabilidad extracontractual alguna en sede judicial, salvo en aquellos casos en los cuales se demuestre que la lesión o la muerte devienen del acaecimiento de una falla en el servicio o de la materialización de un riesgo excepcional al cual se hubiere visto sometido el militar profesional afectado, riesgo de mayor entidad que aquel al cual se hubieren visto expuestos sus demás compañeros en el desarrollo de la misión encomendada En el caso concreto resulta claro que existió una falta de planeación, pues los soldados no conocían previamente las actividades a realizar, aunado al hecho que se permitió el ingreso del vehículo de una persona que no era conocida y que resultó ser parte del grupo subversivo. Adicionalmente se les sometió a una situación de evidente indefensión en tanto que los soldados que estaban en la parte trasera de la camioneta no podían observar si había miembros de la guerrilla ni defender su vida ante un eventual ataque, por lo que la manera en que se ordenó la ejecución de la orden fue contraria a los principios de seguridad y de la planeación, consagrados en el Reglamento de

Operaciones y el Manual de Campaña. Así las cosas, aunque el hecho físico fue cometido por subversivos, no se configura la causal eximente de responsabilidad, de culpa exclusiva de un tercero, por cuanto la imputación jurídica del daño a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército, deviene de haber sometido a los soldados profesionales víctimas del ataque, a un riesgo superior al ordinario. FALLA EN EL SERVICIO-Teoría del riesgo excepcional y la indemnización a forfait En el caso de los miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, del DAS o de cualquier organismo similar, entidades cuyo común denominador está constituido por el elevado nivel de riesgo para la integridad de sus servidores el propio legislador estableció un régimen prestacional de naturaleza especial que reconoce la circunstancia de riesgo particular connatural a sus actividades por lo que se hallan amparados por una normatividad que, en materia prestacional y de protección de riesgos, habitualmente consagra garantías, derechos y prestaciones que superan las previstas en las normas que, en este ámbito, resultan aplicables al común de los servidores del Estado; sin que en principio resulte posible deducir responsabilidad adicional al Estado por razón de la producción de los consecuentes daños, a menos que se demuestre que los mismos hubieren sido causados, según se indicó, por una falla del servicio o por la exposición de la víctima a un riesgo excepcional en comparación con aquel que debieron enfrentar sus demás compañeros de armas. PHM Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado consejodeestado4@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. Bogotá. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094. www.procuraduria.gov.co

Expediente No. 39.522 (250002326000 2002 02278 01) El régimen de régimen de indemnización predeterminada o a forfait, se genera para los casos de muerte o lesiones en servicio activo simplemente, en actos comunes de servicio o en actos especiales, extraordinarios o eminentes de servicio de que tratan los Decretos 2338 de 1971 y 094 de 1989 y que responden a la idea de riesgo o accidente de trabajo, sin consideración a la culpa o falla del servicio PRUEBA TRASLADADA-Jurisprudencia del Consejo de Estado 2 PHM Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado consejodeestado4@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. Bogotá. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094. www.procuraduria.gov.co Expediente No. 39.522 (250002326000 2002 02278 01)

PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO CONCEPTO No. 268 / 2010

Bogotá, D.C., 24 de noviembre de 2010

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente Doctor DANILO ALFONSO ROJAS BETANCOURTH

E. S. D.

EXPEDIENTE: 39.522 (250002326000 2002 02278 01) PROCESOS

ACUMULADOSAcción de Reparación Directa

ACTOR: Nohora Cilia Forero Rátiva y otros

DEMANDADO: Nación - Ministerio de Defensa – Ejército Nacional

El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala su concepto en el proceso de la referencia.

I. ANTECEDENTES 1.1. Demanda.- En ejercicio de la acción de reparación directa, en procesos acumulados1, se demandó a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, para que se le declarara responsable por los daños y perjuicios causados por los hechos ocurridos el 23 de abril de 2002, en Silvania (Cundinamarca).  Exp. 2002 – 02278 (C. 1). Demanda presentada el 6 de noviembre de 2002.

La señora Nohora Cilia Forero Rátiva en su nombre y en el de su hijo menor de edad Cristian Alexander Alemán Forero, accionó por los perjuicios morales y 1 Por autos de 23 de octubre de 2003, de 12 de mayo de 2005 y 22 de septiembre de 2005 fls. 60, 68 y 75 C. 1 Exp. 2002-02278. 3 PHM Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado consejodeestado4@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. Bogotá. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094. www.procuraduria.gov.co Expediente No. 39.522 (250002326000 2002 02278 01) materiales, causados con la muerte de su compañero permanente y padre, Jhon Alexander Alemán –soldado voluntario-.  Exp. 200202459 (C. 5). Demanda presentada el 4 de diciembre de 2002.

Las señora Rafaela Mazabuel, Floresmira Mazabuel, en su nombre y en el de su hijo menor de edad Leiber Alveiro Mazabuel, Rosalvina Mazabuel, Flor María Mazabuel, Ana Lucila Pizo Mazbuel, Dora Zenth Mazabuel y el señor Luis Irizaldo Caldon Mazabuel, accionaron por la muerte de su hijo y hermano, Elmer Pizo Mazabuel –soldado voluntario-  Exp. 2003 – 00518 (C. 3). Demanda presentada el 27 de febrero de 2003. La señora Edilma Casallas de Cañón, en su nombre y en el de su hijo menor de edad Álvaro Cañón Casallas; así como Alba Gladys, José Raúl, Edilberto y José Santiago Cañón Casallas, accionaron por la muerte de su hijo y hermano Emiliano Cañón Casallas.-soldado voluntario-  Exp. 2004-00771 (C. 17). Demanda presentada el 19 de abril de 2004. El señor Adonaldo Olaya –quien era soldado voluntariodemandó en su nombre por las lesiones sufridas en su mano izquierda, por las que reclama perjuicios morales, materiales y fisiológicos. Como fundamento fáctico se adujo que las víctimas eran miembros de una patrulla del Ejército que fue objeto de una emboscada, cuando prestaban un servicio irregularmente planeado –capturar a unos guerrilleros de las FARC-, sin orden escrita y sin que se hubiera efectuado labor de inteligencia previa para determinar que el número de subversivos era el que decía el informante –subversivo que

había desertado-, y si la información era verídica; igualmente, algunos soldados fueron acomodados en el platón de la camioneta en forma antitécnica y antitáctica, pues no podían observar. Se afirmó que también se presentó falla en el servicio por la falta de apoyo una vez ocurridos los hechos. 1.2. Contestación de la demanda. El Ministerio de Defensa se opuso a las pretensiones. Señaló que de acuerdo con los Informes Administrativos los 4 PHM Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado consejodeestado4@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. Bogotá. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094. www.procuraduria.gov.co Expediente No. 39.522 (250002326000 2002 02278 01) Soldados fallecieron por acción directa del enemigo en restablecimiento del orden público; que no se infiere falla en el operativo. Que por la vinculación voluntaria desempeñaban un riesgo propio del servicio; que el daño lo produjo un tercero, el grupo de las FARC y que se configuraba la excepción de falta de legitimación por pasiva. 1.3. Fallo de Primera Instancia. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera Subsección A., declaró la responsabilidad de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y la condenó a pagar:  Por concepto de perjuicios morales: 100 smlm a favor de Nohora Cilia Forero Rátiva y Cristian Alexander Alemán Forero; de la señora Edilma Casallas de Cañón y de la señora Rafaela Mazabuel; y 50 smlm a favor de

Álvaro, Alba Gladys, José Raúl, Edilberto y José Santiago Cañón Casallas; Floresmira Mazabuel, Rosalvina Mazabuel, Flor María Mazabuel, Ana Lucila Pizo Mazbuel y Luis Irizaldo Caldon Mazabuel; así como a favor de Adonaldo Olaya.  Por perjuicios materiales – lucro cesante consolidado: favor de Cristian Alexander Alemán Forero y Nohora Cilia Forero Rátiva $24.177.952,32, para cada uno; lucro cesante futuro: para Nohora Forero $35’365.765,70 y para Cristian Alemán $21’075.143,71; y a favor del señor Adonaldo Olaya, por lucro cesante consolidado $37’549.971,82 y por lucro cesante futuro $57’015.589,35.  Por perjuicios fisiológicos: 50 smlm a favor de Adonaldo Olaya. Señaló el a-quo que el régimen de responsabilidad era el subjetivo de falla del servicio y encontró probado que la emboscada era un hecho previsible para la entidad, pues conforme a las labores de inteligencia realizadas 5 días antes se conocía sobre la presencia guerrillera en el área, lo que implicaba un deber de diligencia en la planeación de la actividad; que el hecho de que el grupo se movilizara más allá del sitio ordenado no es culpa de un tercero o de las víctimas, porque éstos se transportaban en el platón cubiertos por un plástico. Que los 5 PHM Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado consejodeestado4@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. Bogotá. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094. www.procuraduria.gov.co

Expediente No. 39.522 (250002326000 2002 02278 01) riesgos a los que fueron sometidos los Soldados Alemán, Cañón, Pizo y Olaya excedieron las condiciones propias del servicio. 1.4. Consulta. Ninguna de las partes impugnó el fallo por lo que se surte el grado jurisdiccional de consulta habida consideración que la condena supera los 300 smlm (Art. 184 del CCA).

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO En concepto del Ministerio Público la sentencia se deberá confirmar. 2.1. La responsabilidad patrimonial del Estado frente a soldados voluntarios.

La Sección Tercera del Consejo de Estado ha sostenido que tratándose de daños sufridos por los soldados profesionales, sólo hay lugar a declarar la responsabilidad de la administración cuando aquéllos son el resultado de hechos que exceden el riesgo propio de las actividades que asumen voluntariamente. En sentencia de 18 de marzo de 2010, Radicación número: 25000-23-26-0001996-02591-01(17753), precisó: “1. La responsabilidad patrimonial del Estado2-. La jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que la afectación de los derechos a la vida y a la integridad personal del militar profesional constituye un riesgo propio de la actividad que dichos servidores públicos ordinariamente despliegan, riesgo que se concreta, por vía de ejemplo, en los eventos en los cuales infortunadamente tiene lugar el deceso o la ocurrencia de lesiones como consecuencia de combates, emboscadas, ataques de grupos subversivos,

desarrollo de operaciones de inteligencia, entre otras actuaciones realizadas en cumplimiento de operaciones o de misiones orientadas a la consecución de los fines que constitucional y legalmente concierne perseguir a la Fuerza Pública; de allí que cuando el aludido riesgo se concreta, en principio no resulte jurídicamente 2 (pie de página de la cita) Se reiteran las consideraciones al respecto esgrimidas en: Consejo de Estado, S.C.A., Sección Tercera, sentencia de octubre 7 de 2009, Exp. 17884. 6 PHM Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado consejodeestado4@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. Bogotá. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094. www.procuraduria.gov.co Expediente No. 39.522 (250002326000 2002 02278 01) viable atribuirle al Estado responsabilidad extracontractual alguna en sede judicial, salvo en aquellos casos en los cuales se demuestre que la lesión o la muerte devienen del acaecimiento de una falla en el servicio o de la materialización de un riesgo excepcional al cual se hubiere visto sometido el militar profesional afectado, riesgo de mayor entidad que aquel al cual se hubieren visto expuestos sus demás compañeros en el desarrollo de la misión encomendada3. Hay eventos en los cuales el daño antijurídico cuya reparación se reclama deriva de las lesiones o de la muerte de un miembro de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, del DAS o de cualquier organismo similar, entidades cuyo común denominador está constituido por el elevado nivel de riesgo para su integridad

personal al cual se encuentran expuestos los agentes que despliegan actividades operativas, de inteligencia o, en general, de restauración y mantenimiento del orden público o de defensa de la soberanía estatal que, por su propia naturaleza, obligan a afrontar situaciones de alta peligrosidad, entre ellas el eventual enfrentamiento con la delincuencia de la más diversa índole o la utilización de armas de dotación oficial. Tal la razón por la cual el propio Legislador se ha ocupado de establecer un régimen prestacional de naturaleza especial que reconoce esa circunstancia de particular, riesgo que resulta connatural a las actividades que deben desarrollar los referidos servidores públicos, quienes, en consecuencia, se hallan amparados por una normatividad que, en materia prestacional y de protección de riesgos, habitualmente consagra garantías, derechos y prestaciones que superan las previstas en las normas que, en este ámbito, resultan aplicables al común de los servidores del Estado; por eso mismo, la jurisprudencia de esta Sala ha considerado también que, en la medida en la cual una persona ingresa libremente a una de las mencionadas instituciones con el propósito de desplegar la aludida clase de actividades riesgosas para su vida e integridad personal, está aceptando la posibilidad de que sobrevengan tales eventualidades y las asume como una característica propia de las funciones que se apresta a cumplir, por manera que cuando alguno de los riesgos usuales se concreta, surge el derecho al reconocimiento de las prestaciones y de los beneficios previstos en el régimen laboral especial al cual se halla sujeta, sin que en principio resulte posible deducir responsabilidad adicional al Estado por razón de la producción de los consecuentes daños, a menos que se demuestre

que los mismos hubieren sido causados, según se indicó, por una falla del servicio o por la exposición de la víctima a un riesgo excepcional en comparación con aquel que debieron enfrentar sus demás compañeros de armas. Así lo ha sostenido la Sala al explicar la justificación de la existencia de regímenes que consagran las denominadas indemnizaciones a forfait o previamente tasadas por la ley y la relación de la misma con la posibilidad de reconocimiento de indemnización plena en los excepcionales eventos a los cuales se ha hecho alusión: 3 (pie de página de la cita) En el anotado sentido, véanse las sentencias del Consejo de Estado, S.C.A., Sección Tercera, de noviembre 15 de 1995 ─Exp. 10286─; diciembre 12 de 1996 ─Exp. 10437─; abril 3 de 1997 ─Exp. 11187─; mayo 3 de 2001 ─Exp. 12338─ y marzo 8 de 2007 ─Exp. 15459─. 7 PHM Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado consejodeestado4@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. Bogotá. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094. www.procuraduria.gov.co Expediente No. 39.522 (250002326000 2002 02278 01) “Por este motivo la ley ha consagrado un régimen de indemnización predeterminada o a forfait, como lo denominan los franceses, para los casos de muerte o lesiones en servicio activo simplemente, en actos comunes de servicio o en actos especiales, extraordinarios o eminentes de servicio de que tratan los

Decretos 2338 de 1971 y 094 de 1989 y que responden a la idea de riesgo o accidente de trabajo, sin consideración a la culpa o falla del servicio (responsabilidad patrimonial objetiva). Aquí se parte de la exigencia de una obligación de seguridad del empleado, lo que conduce a considerar una lesión o la muerte del trabajador como el incumplimiento o la violación de esa obligación. Por el contrario, cuando se logra probar la culpa del patrono o la falla del servicio el trabajador tiene derecho a la indemnización plena u ordinaria (Ley 6 de 1945, art. 12 literal b, inciso final). (…) tal como lo ha repetido la jurisprudencia, los miembros de los cuerpos armados del Estado aunque están sometidos a grandes riesgos, dichos riesgos son los propios del servicio. Así se ven enfrentados a la delincuencia, a la subversión armada, a los paros cívicos, etc. Por esta razón y para cubrir hasta donde sea posible esa situación riesgosa que viven, la ley ha creado una legislación protectora especial. De allí que cuando por actos del servicio y dentro de los riesgos propios de su prestación sufren daños en su vida o integridad personal o moral, deberán ser restablecidos prestacionalmente. Esto es la indemnización a forfait. Pero cuando sufren daños porque estuvieron sometidos a riesgos no propios de su actividad militar o policial o por fuera del servicio mismo, podrán pretender una indemnización plena dentro del régimen general de responsabilidad”4.” 2.2. El caso concreto El problema jurídico consiste en determinar si los demandantes sufrieron un daño antijurídico y si éste resulta imputable a la entidad demandada, teniendo en cuenta

que las victimas integrantes de la patrulla que fuera emboscada por la guerrilla eran soldados profesionales. 2.2.1. Daño – el hecho de la muerte y las lesiones - Jhon Alexander Alemán. Con el registro de defunción se acreditó que su 4 (pie de página de la cita) Consejo de Estado, S.C.A., Sección Tercera, sentencias de febrero 15 de 1996 ─Exp. 10033─ y de febrero 20 de 1997 ─Exp. 11756─. 8 PHM Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado consejodeestado4@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. Bogotá. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094. www.procuraduria.gov.co Expediente No. 39.522 (250002326000 2002 02278 01) muerte ocurrió el 23 de abril de 2002 a las 2:00 p.m. (fl. 4 C. 2). Se allegó el protocolo de necropsia en el que luego de describir 12 orificios de entrada de proyectiles de arma de fuego de lata velocidad, concluyó que falleció por choque cardiogénico secundario a avulsión del ventrículo derecho del corazón a causa de herida por proyectil de arma de fuego de alta velocidad. Probable manera de muerte homicidio (fls. 16 a 25 C. 2). - Elmer Paul Pizo Mazabuel. Se aportó registro civil de defunción que señala que el deceso se produjo el 23 de abril de 2002, a las 02:00 p.m. (fl. 10 C. 6).

El protocolo de necropsia, que hace parte de las diligencias penales trasladadas, concluyó que falleció por choque neurogénico secundario a sección medular alta a causa de lesiones por proyectil por arma de fuego de alta velocidad (fl. 288 C. 8) - Emiliano Cañón Casallas. Se allegó registro civil de defunción que acredita que murió el 23 de abril de 2002 (fl. 8 C. 4). También se adjuntó el protocolo de necropsia, en el que se concluyó que falleció por anemización aguda secundaria a estallido hepático y a laceraciones pulmonares a causa de heridas por proyectiles de armas de fuego de alta velocidad (fls. 17 a 22 C. 4). - El Hospital Militar Central remitió copia de la Historia clínica del señor Adonaldo Olaya, la cual da cuenta de las heridas en la mano izquierda. En el resumen se indica que el 23 de abril –de 2002-, presentó herida por arma de fuego en combate, en la mano izquierda; que inicialmente se valoró en hospital regional y luego en esa institución (fls. 7 a 106 c. 18). De otro lado, la Junta Regional de calificación de Invalidez de Bogotá y Cundinamarca, señaló, con fundamento en la historia clínica, que el porcentaje de pérdida de capacidad laboral del señor Olaya fue de 58,24%. 2.2.2. Imputación del daño. El daño antijurídico por el cual se reclama indemnización resulta imputable a al

entidad demandada. 9 PHM Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado consejodeestado4@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. Bogotá. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094. www.procuraduria.gov.co Expediente No. 39.522 (250002326000 2002 02278 01) Se estableció en el proceso que la muerte y las lesiones de los soldados voluntarios tuvieron ocurrencia el 23 de abril de 2002, cuando cumplían una orden verbal emitida por el CO Cotes Prado; que en desarrollo de la orden el Teniente Pérez Torrado dejó subir al vehiculo a un civil quien los llevó hasta el sitio de la emboscada; que los 3 soldados que fallecieron fueron ubicados en el platón de la camioneta, cubiertos por plástico y con la carpa cerrada, lo cual impedía que reaccionaran a cualquier ataque. Las citaciones anteriores, en criterio del Ministerio Público, no pueden considerarse como la concreción de un riesgo ordinario o propio del servicio, toda vez que resulta claro que existió una falta de planeación, pues los soldados no conocían previamente las actividades a realizar, aunado al hecho que se permitió el ingreso del vehículo de una persona que no era conocida y que resultó ser parte del grupo subversivo. Adicionalmente se les sometió a una situación de evidente indefensión en tanto que los soldados que estaban en la parte trasera de la camioneta no podían observar si había miembros de la guerrilla ni defender su vida ante un eventual ataque. Aunque se tratara de una operación de verificación y no de combate, lo cierto es

que se conocía de la presencia de grupos guerrilleros en el sector al cual se dirigían en cumplimiento de la orden verbal dada ese día, y pese a ello se envió un grupo pequeño de unidades para ese fin, sin los medios necesarios para su defensa ante un eventual ataque. Al respecto obran en el expediente los siguientes medios de prueba: a) Informativos Administrativos por Muerte, en los cuales se afirma que los soldados Alemán, Pisso Mazabuel y Cañón Casallas murieron por acción directa del enemigo en restablecimiento del orden público, durante el desplazamiento en cumplimiento de orden verbal cuando fueron atacados por subversivos de las FARC (fls. 11 C. 2; 24, 27 y 28 C. 4) b) Oficio 0288 de 10 de junio de 2003, suscrito por el Jefe de Personal del 10 PHM Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado consejodeestado4@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. Bogotá. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094. www.procuraduria.gov.co Expediente No. 39.522 (250002326000 2002 02278 01) Batallón de Alta Montaña No. 01 (fls. 14 y 14 vto.C. 2), en el que indica que para el 23 de abril de 2002, “(…), para la fecha de los hechos el señor Coronel ENRIQUE LUIS COTES PRADO, Comandante el Comando Operativo y de Acción Integral No. 13 de Sumapaz, le ordenó al Teniente PÉREZ TORRADO MANUEL, conformar un equipo de reconocimiento de inteligencia con el propósito de verificar la

presencia de unos terroristas de las FARC que por informaciones de la comunidad del sector daban cuenta de la ubicación de un reducto de terroristas pertenecientes a la columna móvil Abelardo Romero (…). En cumplimiento de esa orden de Operaciones verbal el señor Teniente PÉREZ TORRADO MANUEL y 6 Soldados (…) SLP. OLAYA ADONALDO, SLP PIZO MAZABUEL ELMER, (…) SLP. CAÑÓN CASALLAS EMILIANO Y SLP. ALEMÁN JHON ALEXANDER; se dirigieron a la vereda La Victoria sitio el cable jurisdicción del Municipio de Silvania, donde fueron atacados en forma aleve y terrorista, resultando muertos los Soldados Profesionales PIZO MAZABUEL ELMER (…),

CAÑÓN CASALLAS EMILIANO Y SLP. ALEMÁN JHON ALEXANDER (…)”

(Se subraya). c) Oficio 637, de 23 de abril de 2002, suscrito por el Comandante Comando Operativo Coronel Enrique Luis Cote Prado, dirigido al Comandante de la Quinta División (fls. 31 a 35 C. 4). Señala que la emboscada se presentó cuando se realizaban labores de inteligencia de combate, tendiente a establecer la ubicación, composición y fuerza de una comisión de la cuadrilla Teófilo Forero, conformada aproximadamente por 9 bandoleros. Refiere que el jueves 18 de abril fue citado al despacho de la secretaría de gobierno del departamento en donde el ex presidente de la asamblea departamental, doctor Gabriel Blanco, les informó que en su finca en la vereda Victoria alta estaban ubicados entre 6 u 8 bandoleros;

que coordinó una reunión para el domingo (21 de abril) con el Mayor Cadena y el Teniente Pérez Torrado, el doctor Blanco puso a disposición a un primo para que llevar al Teniente, un Sub oficial y 4 soldados a la finca, para verificar los hechos, fueron de civil bajo la coartada de ir a ver caballos pura sangre; el Teniente estableció que los cambuches en la finca no eran de bandoleros de las FARC sino invasores del predio, pero a una distancia cercana un personaje de nombre Henry, promotor de la invasión mantenía contacto con alias Álvaro; el Teniente y el primo del doctor Blanco abordaron al hombre que vive junto a un SAI de Telecom, y le preguntaron por Álvaro, diciéndole que necesitaban contactarlo 11 PHM Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado consejodeestado4@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. Bogotá. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094. www.procuraduria.gov.co Expediente No. 39.522 (250002326000 2002 02278 01) para buscar la liberación de una supuesta tía del teniente; el sujeto Henry se compromete a hacer los contacto con el cabecilla, le dio un número telefónico al Teniente, en el cual no contestaron en las llamadas efectuadas al día siguiente (lunes). Se refirió después a los hechos del 23 de abril, sostuvo que a las 8 de la mañana le dio la anti-orden al teniente Pérez de organizar un grupo para ir nuevamente a la casa del sujeto Henry; a las 9:30 pasó revista al pelotón y dio algunas órdenes: ropa oscura, comunicación por celular y fusiles ocultos;

que convocó reunión y a las 10:00 explicó la misión al Comandante de Pelotón, que no se le dio la orden de comprometerse en combate por la reducida capacidad ni tampoco que extendiera el recorrido más allá de Telecom; que a las 11:30 salió el equipo de reconocimiento; a las 13:30 llamó el Teniente para informar que no había novedad; a las 14:30 aproximadamente pidió angustioso apoyo, que los estaban matando en el sitio el cable más allá de Telecom; en los 15 minutos siguientes otras dos llamadas pidiendo apoyo; a las 14:45 salió el personal disponible del pelotón Elite como reacción inmediata; a alas 15:00 llegó el helicóptero al batallón para ir a prestar apoyo y el desplazamiento terrestre informó que el vehículo estaba más arriba de Telecom; a las 16:30 después de la búsqueda el pelotón élite llega al lugar de los hechos y encuentra 4 soldados muertos y reportan al Teniente y 2 desparecidos. El 24 de abril a las 5:30 recibió llamada del Teniente Pérez diciendo que estaba con los soldados Jiménez y Olaya en urgencias del hospital de Fusagasugá d) Oficio 68509 de 20 de junio de 2003, suscrito por el Segundo Comandante y JEM Ejército, por medio del cual informó sobre las clases de órdenes: rutinarias o de Operaciones de combate; las rutinarias pueden ser escritas o verbales, éstas últimas: “El Comandante o por su delegación expresa, el oficinal de Operaciones, presenta en forma oral la orden de operaciones al auditorio conformado por el

Estado Mayor, Los Comandantes de las Unidades y los organismos implicados, quienes tomarán nota de los asuntos pertinentes y pedirán las aclaraciones o explicaciones que estimen procedentes, Este método es utilizado particularmente en niveles inferiores del mando o cuando el factor tiempo no permita el empleo de 12 PHM Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado consejodeestado4@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. Bogotá. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094. www.procuraduria.gov.co Expediente No. 39.522 (250002326000 2002 02278 01) otro, de todas maneras, en la primera oportunidad la orden debe confirmarse por escrito”. Anexó el Manual de Estado Mayor WEJC 3-50 que dispone en ese sentido (fls. 38 a 45 C. 2). e) Por oficio 68557, de 26 de junio de 2003, el Segundo Comandante y JEM Ejército anexó copia parcial del Manual de Campaña para el Ejército EJC-3-20, guia para la ejecución de operaciones. Señala que en la pagina 122 consagra como uno de los principio de la guerra el de la Seguridad. Adjuntó también el Reglamento de Operaciones 3-10 y el Texto Especial de Patrullaje, vigentes para abril de 2002 (fls. 46 a 157 C. 2) –el reglamento obra también a fls. 44 a 102 C. 4f) Prueba Testimonial. Manuel Rodolfo Pérez Torrado (fls. 190 a 195 C. 25). Oficial del Ejército afirmó:

“El día 23 de abril de 2002 como resultado de una orden dada por el comandante del comando operativo del Sumapaz el Coronel Cotes Prado Enrique Luis, me dirigí con un equipo de reconocimiento en cubierta hacia unas veredas entre el Municipio de Agua Bonita y Fusagasugá, en donde fui emboscado por un grupo de bandoleros de las FARC en donde por acción directa de estos guerrilleros fueron asesinados cuatro integrantes del equipo de reconocimiento al cual pertenecía, sobreviviendo junto con el soldado JIMENEZ ACUÑA JOSÉ y ADONALDO OLAYA. Con ellos nos vimos en la necesidad de replegarnos y contrarrestar el ataque de estos bandoleros los cuales eran aproximadamente 20 o 25, portaban armas largas, lanzagranadas, siendo esta una situación de desventaja en comparación del número de integrantes del equipo de reconocimiento” (Se subraya) Agregó que con los dos soldados fue hasta el Hospital de Fusagasugá a que les prestaran los primeros auxilios e informar al Comando los hechos. A la pregunta de por qué salió a cumplir el operativo ese día,