PGN - FALLO SANCIONATORIO - Sólo procede cuando obre prueba que conduzca a la certeza de la fal

Dependencia: Primera Delegada Contratación Estatal

Radicación : 89-862-1999

Disciplinado : Luis Alguero Amaya

Cargo y entidad: Decano F. Ciencias Económicas Uniguajira

Quejoso: Bernardo Valdeblanquez

Fecha Queja: 15-07-98

Fecha Hechos: 30-04-98

Asunto: Permitir contratación con empresa de la cual es socio.

Bogotá D.C., 29 de abril de 2003 Procede el despacho a decidir el recurso de apelación interpuesto por el investigado contra la Resolución N° 01 del 11 de febrero de 2003 proferida por la Procuraduría Regional de la Guajira, de conformidad con la competencia señalada en el artículo 25 numeral 4 del Decreto 262 de 2002. CARGOS A Roberto Alguero Amaya, identificado con C.C. N° 13.348.956 de Pamplona mediante auto del 31 de enero de 2000 (fls. 190 a 196) se le formuló pliego de cargos en los siguientes términos: “ Haber permitido que el señor Alcides Brito, Coordinador del 5 Módulo del Diplomado de Gestión de las Pymes organizado y planificado por la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas a su cargo, contratara los servicios de anillado, empaste y fotocopiado con la empresa SERVIVARIOS PUBLICACIONES E.U. a sabiendas de que usted es socio de la misma, situación esta que configura inhabilidad e incompatibilidad para que por intermedio de esa facultad se contrate servicios con la referida empresa por poseer intereses con ella”. “Como es de observarse los gastos del Diplomado fueron sufragados por la citada

dependencia en virtud al avance girado y legalizado por el preanotado ente educativo a favor de usted como Decano, en cumplimiento a su solicitud elevada, hecho que corrobora su manejo y dirección del evento”. FALLO RECURRIDO La Procuraduría Regional de la Guajira impuso al docente Roberto Alguero Amaya, destitución del cargo de Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de la Guajira y lo inhabilito para el desempeño de cargos públicos por el término de un (1) año. Como sustento de la determinación, el fallador de instancia precisó que Luis Alberto Alguero Amaya en condición de Decano llevó a cabo el Diplomado Gerencia de las Pequeñas y Medianas Empresas “PYMES”, y el Consejo de facultad designó a Alcides Brito Amaya como Coordinador (fls. 48 a 54) Se expresó que para sufragar los gastos del diplomado el Rector de la Universidad de la Guajira ordenó legalización de avances solicitadas por Roberto Alguero el 28 de abril, 5 y 6 de mayo de 1998, por ser funcionario de planta con póliza de manejo, que lo hacía responsable de dichos dineros y que en versión libre el Coordinador Cra. 5 No. 1580 Piso 11 Tel: 33360011/3520066 Ext:11126/11110 www.procuraduria.gov.co 1 Brito Amaya indicó que le correspondió la planificación y contratación de los servicios necesarios para el buen funcionamiento del evento y como no era funcionario de planta no podía recibir a satisfacción los elementos contratados En ese orden de ideas el procurador de instancia manifestó que los avances fueron

solicitados por el inculpado, las órdenes de pago y las resoluciones de legalización fueron expedidas por el Rector, por lo que colige que Alguero Amaya participó activamente en el recibo a satisfacción de los servicios prestados por la empresa S.V. PUBLICACIONES E.U., de la cual era socio el investigado de conformidad con el certificado de la Cámara de Comercio obrante a folios 6 a 18. Se argumentó que al tener pleno conocimiento de los servicios contratados por el Coordinador del Evento, en el acto en que le fue presentada la factura número 1179 del 30 de abril de 1998 por valor de $ 162.000 y estampó su firma de recibido, demostró el interés de perfeccionar la actuación de legalización de los avances que finalmente fueron utilizados en la contratación de los servicios y a juicio del a-quo, el investigado debió rechazar con oficio dirigido al coordinador y a la vez sugiriéndole la selección de otra oferta lo que no hizo. Calificó la conducta de dolosa ya que el investigado Decano programó y ejecutó el evento, fue el encargado de la administración del dinero girado para cubrir los gastos e intervino directamente en el proceso de contratación con servivario al firmar factura recibiendo a satisfacción los elementos, por lo que de conformidad con el artículo 25 numeral 10 le fue impuesta sanción de destitución e inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas. APELACION En memorial presentado dentro el término legal el investigado presentó recurso de apelación contra el fallo sancionatorio indicando que de la lectura del fallo no queda

claro si le fue impuesta sanción por haber participado o intervenido en el proceso de contratación directa con SERVIVARIO del cual era socio a pesar que solo esta probado que estampó su firma de recibido en la factura N° 1179 del 30 de abril de 1998 por $ 162.000. Predica vicios de nulidad ya que en el pliego de cargos no se le atribuyó en que grado de culpabilidad se le vinculó al proceso disciplinario, citando para el efecto sentencia N° 982 de 1999 de la Corte Constitucional y pronunciamiento de la Sala Disciplinaria del 18 de mayo de 2000 en tal sentido. Advierte que con la conducta imputada no ha desconocido el ordenamiento contractual y mucho menos a título de dolo el que no fue calificado en el auto de cargos, dado que no fue el encargado de la parte operacional del diplomado que la facultad a su cargo organizó, sin que hubiere intervenido como se expresó equivocadamente en la contratación respectiva y el hecho de haber firmado accidentalmente una factura como soporte de una legalización ya realizada con anterioridad no puede entenderse como de participación directa en la solicitud del servicio, tal función estaba en cabeza del Coordinador ALCIDES BRITO, quien era autónomo en sus decisiones. Cra. 5 No. 1580 Piso 11 Tel: 33360011/3520066 Ext:11126/11110 www.procuraduria.gov.co 2 Sostiene que le están atribuyendo una responsabilidad objetiva al tratar de imputarle un hecho que presuntamente conocía con anticipación, estando proscrita la misma, ya que las faltas son sancionables a título de dolo o culpa.

Reitera, que con relación a la conducta endilgada correspondía a ALCIDES BRITO en su condición de Coordinador Administrativo del Diplomado era el encargado de las funciones de fotocopiado, empaste y anillado y en versión ratificada por éste aseguró que las fotocopias que se obtuvieron o se sacaron en esa empresa las escogió él directamente por presentar la mejor alternativa económica, teniendo en cuenta entre otras cosas la calidad, con lo que se beneficiaba la facultad, obrando en el expediente a folio 79 la solicitud que en tal sentido se dirigió a S.V. PUBLICACIONES, firmada por Brito. Además Brito afirma en versión libre que corre a folios 225 a 226 que al momento de solicitar el servicio desconocía que Alguero fuera socio de esa empresa, por lo que en criterio del investigado resulta ajeno a la realidad el reproche disciplinario, por ello no existió la violación del artículo 8 de la ley 80 de 1993, ni se tipifica la falta atribuida en el artículo 25 numeral 10 de la ley 200 de 1995. Se aseguró igualmente que el artículo 93 de la ley 30 de 1992, sostiene que los contratos que en cumplimiento de sus funciones celebren las universidades estatales u oficiales se regirán por las normas del derecho privado y sus efectos estarán sujetos a las normas civiles y comerciales según la naturaleza de los contratos y el artículo 94 indica que para la validez de los contratos suscritos por éstas deberán estar sujetas a aprobación y registro presupuestal , sujeción a los pagos según las respectivas apropiaciones , publicación del Diario Oficial y pago impuesto de timbre,

requisitos cumplidos en integridad. Se anuncia la falta de análisis del Acuerdo N° 025 de 1996 por medio del cual se expide el Estatuto General de la Universidad de la Guajira (fls. 135 a 153), donde se contempla que el único funcionario autorizado para contratar es el Rector, previa autorización del Consejo Superior y estas no fueron delegadas ni al Decano ni al Consejo de Facultad, además en el artículo 75 del Estatuto (fl. 149) se contempla que el régimen contractual de la Universidad es de derecho privado, con excepción a los contratos de empréstito que se regirán por ley 80 de 1993. Que en forma imprecisa la Procuraduría Regional citó los artículos 57 y 69 de la ley 30 de 1992 que no regulan dichos aspectos y para el ente de control dichas actividades no correspondían a actividades educativas, por lo que debían regirse por Ley 80. Al respecto citó la sentencia T-492 del 12 de agosto de 1992 mediante la cual la Corte Constitucional advirtió que el artículo 69 superior garantiza la autonomía universitaria la cual encuentra fundamento e la necesidad de que el acceso a la formación académica de las personas tenga lugar dentro de un clima libre de interferencias del poder público tanto en el campo netamente académico como en la orientación ideológica, o en el manejo administrativo o financiero del ente educativo. Por ello pueden definir su régimen interno y para aclarar cualquier duda sobre la aplicación del régimen contractual y control fiscal en la universidad pública u oficial

hizo referencia a concepto de mayo 25 de 1994 de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. MP: Roberto Suárez Franco “la ley 30 expidió el Cra. 5 No. 1580 Piso 11 Tel: 33360011/3520066 Ext:11126/11110 www.procuraduria.gov.co 3 régimen especial ordenado por la constitución para las universidades del Estado. Como parte de tal régimen se regula un sistema particular de contratación en e que por regla general son aplicables las normas de derecho privado. Pero expresamente se exceptúa de dicho régimen, los contratos de empréstito. Al desconocer lo referido, anunció el investigado violación al debido proceso y ante la duda razonable por no hacer un análisis imparcial de las pruebas manifiesta debe darse aplicación al artículo 6 de la ley 200 de 1995, además expresa que esta falta de valoración probatoria conlleva a una equivocada interpretación del investigador ya que los gastos con cargo al diplomado se autorizaron desde mayo 4 de 1998 y la transacción a que se refiere la Procuraduría fue realizada con anterioridad a la expedición y recibo de los avances y mal se podría realizar negociación sin recursos, luego la factura 1179 del 30 de abril de 1998 no pudo haberse cubierto con los avances que se indican en el auto de cargos, violándose el artículo 118 de la ley 200 de 1995, ya que no hay certeza de la falta. Aseguró también ambigüedad de los cargos porque se le imputó una conducta inexistente, abstracta y subjetiva, llegando a una conclusión errada en la que se

afirmó que “ Alguero Amaya era el titular de la facultad que programó y ejecutó e evento, fue la persona que tuvo a cargo el manejo de los dineros girados para cubrir los gastos e intervino directamente en el proceso de contratación con Servivarios”, ocasionando desmedro a la imagen pública por el desconocimiento del principio de presunción de inocencia plasmado en el artículo 9 de la ley disciplinaria. Consideró finalmente que se desconoció el principio de favorabilidad ya que el artículo 50 de la Ley 734 de 2002 prevé como faltas graves y leves la violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades y en el pliego de cargos se la calificaron de gravísima de conformidad con el artículo 25 numeral 10 de la ley 200 de 1995. CONSIDERACIONES Corresponde inicialmente examinar si el pliego de cargos imputado a Luis Roberto Alguero Amaya en condición de Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de la Guajira contiene los elementos probatorios que sustenten la conducta irregular e invoque las normas de carácter legal que tipifican o consagran falta disciplinaria en torno al régimen de inhabilidades e incompatibilidades para contratar. Revisado el cargo y cotejado con la providencia recurrida es evidente que se formuló una acusación derivada de una prohibición legal consagrada en el artículo 8 numeral segundo literal d) de la ley 180 de 1993 referida : “2. tampoco podrán participar en licitaciones o concursos ni celebrar contratos estatales con la entidad respectiva. “d.) Las Corporaciones, asociaciones, fundaciones, y las sociedades

anónimas que no tengan el carácter de abiertas, así como las sociedades de responsabilidad limitada y las demás sociedades de personas en las que el servidor público en los niveles directivo, asesor o ejecutivo, o el miembro de la junta o consejo directivo, o el cónyuge, compañero o compañera permanente Cra. 5 No. 1580 Piso 11 Tel: 33360011/3520066 Ext:11126/11110 www.procuraduria.gov.co 4 o los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, afinidad o civil de cualquiera de ellos, tengan participación o desempeñe cargos de dirección o manejo”. Tal desconocimiento se predica del comportamiento reprochado al Decano Alguero Amaya por “haber permitido que ALCIDES BRITO Coordinador del 5 Módulo del Diplomado Gestión de las PYMES (...) contratara los servicios de anillado, empaste y fotocopiado con la empresa SERVIVARIOS PUBLCACIONES E.U., a sabiendas que usted es socio de la misma, situación que configura inhabilidad e incompatibilidad para que por intermedio de esa facultad se contrate servicios con la referida empresa (...)”. En efecto, el artículo 8 numeral 2 literal d) de la ley 80 de 1993 prescribe inhabilidad o incompatibilidad para intervenir en licitaciones o concursos ni celebrar contratos estatales a las sociedades allí descritas en las que servidores públicos (directivo, asesor o ejecutivo) tengan participación o desempeñen cargos de dirección o de manejo, que como en el evento objeto de examen con copia del certificado de la

Cámara de Comercio de Riohacha obrante a folios 6 a 8 acreditan que Luis Alberto Alguero Amaya tenía para la época de los hechos la calidad de socio de la sociedad SERVIVARIOS PUBLICACIONES E.U. y en tal condición y por pertenecer a las directivas de la Universidad de la Guajira en su condición de Decano de la Facultad de Ciencias Económicas no le estaba permitido suscribir a la sociedad en la que tenía activa participación contrato alguno con el ente universitario. En tal sentido, de autos se infiere que el Consejo de Facultad de Ciencias Económicas y Financieras en sesión del 30 de enero de 1998 escogió a Alcides Brito como Coordinador Administrativo del Diplomado de Gerencia de Pequeñas y Medianas Empresas PYMES, selección donde no participó el investigado Decano Alguero Amaya (fl. 104) Mediante comunicación del 16 de marzo de 1998 Alcides Brito remitió oficio a S.V. PUBLICACIONES indicándoles que en su condición de Coordinador del Seminario programado por la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de la Guajira solicitaba los servicios de anillado, empaste y fotocopiado de los documentos que personalmente entregaría durante el evento. (fl. 79) En este orden de ideas, el 6 de mayo de 1998 el Gerente de S.V. PUBLICACIONES remitió a Alcides Brito Coordinador del Seminario Gerencia de las PYMES, la factura N° 1179 con fecha 30 de abril de 1998 por valor de $ 162.000.oo por el servicio prestado a la Universidad por anillado y fotocopiado, la que fue pagada en la fecha

de presentación (fls.23 y 81) En versión libre rendida por Alcides Brito manifestó que las fotocopias que solicitó a S.V. PUBLICACIONES eran las más favorables económicamente para la universidad en relación con otras cotizaciones y además de mejor calidad, afirmó igualmente que cuando solicitó el servicio desconocía que el profesor Alguero Amaya fuera socio de la firma. (fls. 172 y 173) Si bien es cierto el cargo se predicó de una conducta que atenta contra el régimen de inhabilidades e incompatibilidades consagrado en el Estatuto Contractual vigente, no lo es menos que no se tipifica la falta en razón que a Luis Roberto Alguero Amaya Cra. 5 No. 1580 Piso 11 Tel: 33360011/3520066 Ext:11126/11110 www.procuraduria.gov.co 5 se le vinculó al proceso disciplinario por “haber permitido que ALCIDES BRITO contratara los servicios de anillado empaste y fotocopiado con la empresa Servivarios Publicaciones E.U”, y la norma citada como infringida esta dirigida a las personas jurídicas y en ellas la prohibición esta referida a quienes hagan parte de sus órganos directivos, lo que la inhabilita para estos efectos. Esta plenamente probado que quien solicitó el servicio de fotocopiado y anillado a la firma de la cual era socio el Decano investigado, fue el coordinador administrativo del diplomado y no aquel, además, resulta igualmente probado que Alcides Brito no conocía de las especiales circunstancias que Alguero Amaya fuera socio de la empresa donde solicitó el servicio, al menos no existe elemento alguno que así lo

acredite. Debe indicarse igualmente que la actividad desplegada por el Coordinador administrativo era independiente y autónoma como lo expresó en su versión Alcides Brito, luego resulta impropio sostener en el pliego de cargos que la conducta reprochada estaba precisamente apoyada en haber “permitido”, verbo rector que no hace parte del tipo disciplinario enunciado, y en gracia de discusión no se acreditó que ello hubiere ocurrido, vale decir, que la ingerencia del disciplinado en la solicitud hubiere primado para el efecto, a sabiendas que la firma de la que era socio estaba inhabilitada . Y si ello fuera así a quien tiene que investigarse es al servidor público que suscribió el contrato o solicitó el servicio en representación de la Universidad de la Guajira y conociendo de la inhabilidad la pasó por alto, circunstancia que no vincula al investigado ya que como se ha expresado no fue quien lo hizo. Si bien es cierto como se indicó en el cargo imputado los gastos del Diplomado fueron sufragados por la Universidad a través de la Decanatura de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, dineros que le fueron entregados al investigado para cubrir los gastos del evento, ello no implica que necesariamente participara directamente en el proceso de contratación de los servicios y “con pleno conocimiento” que los servicios contratados por el coordinador se realizaba con la empresa de marras, como se indicó en el fallo de instancia, tal conocimiento no esta demostrado, contrario censu la factura 1179 del 30 de abril de 1998 objeto de reproche fue firmada por el investigado para legalizar los avances respectivos, cuando los servicios se habían prestado.

No sobra mencionar que en el pliego de cargos no se hizo mención al elemento subjetivo de la falta, lo que equivaldría a declarar nulidad a partir de esta pieza procesal, pero como quiera que la conducta investigada no encuentra adecuación típica en la norma citada como sustento legal del acusatorio, a juicio del despacho pierde relevancia jurídica ya que atenta contra el principio de legalidad de la tipicidad de la falta disciplinaria. De conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la ley 200 de 1995, el fallo sancionatorio solo procederá cuando obre prueba que conduzca a la certeza de la falta y de la responsabilidad del disciplinado y de autos se infiere que con relación a lo primero, vale decir la certeza de la falta, se demostró que no fue el investigado quien solicitó u ordenó las fotocopias que originaron la presentación de la factura por valor de $ 162.000.oo, ni mucho menos permitió que quien lo hizo contratara los Cra. 5 No. 1580 Piso 11 Tel: 33360011/3520066 Ext:11126/11110 www.procuraduria.gov.co 6 servicios con la empresa de la cual era socio, como se señaló equivocadamente en el pliego de cargos. De otra parte el artículo 14 de la Ley 200 de 1995 prescribe que en materia disciplinaria queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva y las faltas sólo son sancionables a título de dolo o culpa y como lo señaló el investigado en su alzada la Corte Constitucional en sentencia 982 de 1999 hizo énfasis en que “en todo caso el examen de la responsabilidad, ha de realizarse, a la luz del

principio de culpabilidad que consagra el artículo 14 del estatuto disciplinario , es decir analizando concretamente, si la conducta típica se cometió con dolo o culpa” “La omisión de éste requisito sustancial no se subsana seleccionando y precisando en el fallo la forma de culpabilidad, porque en éste último debe observarse el principio de congruencia entre el pliego de cargos y el fallo” Al respecto el Dr. Carlos Arturo Gómez Pavajeau, en su obra Dogmática del Derecho Disciplinario, señaló: “La jurisprudencia especializada ha dicho sobre la doctrina subjetivista de responsabilidad y la culpabilidad normativa: ..las faltas sólo son sancionables a título de dolo o culpa, por lo que para declarar la responsabilidad disciplinaria se requiere establecer el nexo psicológico entre el autor y la conducta, dato que se recauda a través del examen de su actitud frente al deber que le corresponde en relación con el asunto que se juzga, su grado de libertad en el caso concreto (exigibilidad de la conducta), y el conocimiento de la ilicitud del comportamiento (modalidad dolosa); y la observancia del cuidado necesario en el desarrollo de sus funciones oficiales, criterio valedero para determinar la conducta culposa”. En los términos referidos son de recibo del despacho las argumentaciones de defensa encaminadas a demostrar la inexistencia de la falta imputada y la ausencia de tipicidad de la conducta lo que genera efectivamente decisión absolutoria a favor del disciplinado Roberto Alguero Amaya. Sin embargo, el despacho debe hacer algunas precisiones en torno a los pretendida ambiguedad de cargos y al principio de favorabilidad a que hizo alusión el

memorialista. El capitulo de los cargos como la providencia que lo contiene, no puede entenderse de manera aislada e independiente, pues debe apreciarse en su contexto sin que exista la posibilidad de inferir situaciones que no estén plenamente probados. Ciertamente, se hizo mención de las pruebas de cargo y de las situaciones particulares del hecho imputado, elementos irrefutables como lo es la investidura de servidor público del incriminado y la relación contractual presuntamente acreditada en contra del investigado, que de conformidad con el a-quo configuraba falta gravísima para la época de los hechos, situación que en manera alguna debe apreciarse en forma aislada. Cra. 5 No. 1580 Piso 11 Tel: 33360011/3520066 Ext:11126/11110 www.procuraduria.gov.co 7 El artículo 25 numeral 10 de la ley 200 de 1995 consideraba gravísima la conducta imputada en relación con las inhabilidades e impedimentos, la nueva codificación disciplinaria, el artículo 48 de la ley 734 de 2002 señala entre las faltas gravísimas la conducta contenida en el numeral 17 “Actuar u omitir, a pesar de la existencia de causales de incompatibilidad, inhabilidad y conflicto de intereses, de acuerdo con las previsiones constitucionales y legales”, reproduciendo en tal sentido el querer del legislador de 1995. La Procuraduría Regional de la Guajira señaló radicalmente que la conducta ejecutada por Alguero Amaya debe calificarse como gravísima, hecho que supone un comportamiento doloso pues no correspondería con tal determinación de la falta suponer que se imputa un acontecimiento a título de culpa luego de calificarse como

una de las más graves que previó y prevé el ordenamiento disciplinario. Es así como se optó por seguir considerando la conducta descrita como gravísima, conservando el sentido literal del artículo 25 numeral 10 de la ley 200 de 1995, con el ingrediente nuevo del “u omitir” , que reemplazo el “a sabiendas” de esta última, lo que demuestra que en el actual CDU. tal conducta tiene la misma característica. El decálogo de comportamientos descritos por el legislador en la norma en forma general e impersonal del artículo 50 de la ley 734 de 2002 no puede confundirse con las de carácter particular que el legislador incluyó como tipo gravísimo en el artículo 48 entre ellas el de “actuar u omitir” a pasar de la existencia de causales de inhabilidad para el caso que nos ocupa, por ello se consideró que esa conducta conservaba la gravedad de la ley derogada. En este orden de ideas no resultan de recibo las argumentaciones en tal sentido presentadas por el investigado encaminados a establecer una sanción más benigna. Restaría mencionar que probada plenamente la calidad de servidor público del investigado, cotejada con la norma que en materia contractual le fue citada en el pliego de cargos y a su vez calificada dicha transgresión contractual como falta gravísima tanto en la anterior codificación disciplinaria, como en la actual, no es posible acceder a imponer sanción disciplinaria en razón de la falta de adecuación típica disciplinaria, elemento presupuesto de legalidad. Además, el reproche se formuló en atención al comportamiento realizado por Alguero Amaya, ostentando el cargo de Decano de la Facultad de Ciencias

Económicas y Administrativas de la Universidad de la Guajira y en manera alguna se demostró que se hubiere lesionado el deber funcional que le asistía al investigado, por el sólo hecho de firmar para su respectiva legalización una factura de fotocopias, anillado y empaste por valor de $ 162.000, pagada el 6 de enero de 1998, y mucho menos se encuentra acreditado que con tal comportamiento incumpliera sus funciones como director supremo del diplomado que se llevó a efecto en la facultad a su cargo. Así las cosas este despacho llega a la convicción que el acusado nunca supo de la solicitud de marras; no contrato ni suscribió orden alguna donde se estuviera comprometiendo en su condición de socio de la empresa que prestaría el servicio en consecuencia no tuvo la participación directa y suficiente para intervenir en la Cra. 5 No. 1580 Piso 11 Tel: 33360011/3520066 Ext:11126/11110 www.procuraduria.gov.co 8 decisión de quien finalmente ocupaba el cargo de coordinador, por lo que no se afectó el deber funcional de su ejercicio como docente. Ahora bien, la ley disciplinaria no solo ha previsto situaciones de los servidores públicos inherentes a las actividades propias de su cargo, pues persigue disciplinar las actuaciones irregulares ejecutadas por aquellas personas que ostentan tal condición así escapen a las atribuciones y facultades asignadas, ese es el sentido del Código Unico Disciplinario que deriva de las disposiciones del artículo 40 numeral 1. En efecto, el quebrantamiento del deber citado en el pliego de cargos no impone, en

manera alguna, que el proceder que condujo a ello sea provocado, únicamente, en desarrollo de un acto propio de sus funciones, simplemente prevé como deber el cumplimiento de la constitución y la ley, cuya inobservancia puede generar una falta disciplinaria. Hay que destacar que el referido numeral se encarga de ubicar el comportamiento de los servidores públicos en distintos órdenes, por ello refiere, específicamente, el acatamiento de “los reglamentos, los manuales de funciones, los estatutos de la entidad”, para involucrar los asuntos propios de su actividad laboral, sin que ello signifique la imposibilidad de disciplinar en asuntos ajenos a sus funciones, pues el mismo texto del deber así lo indica cuando obliga al respeto de la constitución y la ley, entre otros, situación que tampoco milita en contra del investigado, vale decir, no se cometió falta alguna que amerite sanción en su comportamiento como servidor público. En los términos referidos no existe conducta irregular susceptible de sanción disciplinaria que atente contra los postulados de la contratación estatal, razón suficiente para revocar la decisión sancionatoria recurrida y absolver de responsabilidad disciplinaria al investigado. En mérito de lo expuesto el Procurador Primero Delegado para la Contratación Estatal en uso de facultades legales y constitucionales.

RESUELVE PRIMERO: REVOCAR INTEGRALMENTE los artículos primero y segundo de la resolución 01 del 11 de febrero de 2003 proferida por la Procuraduría Regional de la Guajira por medio de la cual sancionó a LUIS ROBERTO ALGUERO AMAYA con

C.C. N° 13.318.956 de Pamplona, en su condición de Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de la Guajira.

SEGUNDO: En consecuencia ABSOLVER de responsabilidad disciplinaria a LUIS ROBERTO ALGUERO AMAYA, dadas las razones expuestas en la parte motiva.

TERCERO: Devolver las diligencias a la Procuraduría Regional de la Guajira para que notifique la decisión al interesado y proceda al archivo respectivo.

CUARTO: Por la Unidad Coordinadora remitir copia a la División de Registro y Control de la entidad.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Cra. 5 No. 1580 Piso 11 Tel: 33360011/3520066 Ext:11126/11110 www.procuraduria.gov.co 9

BENJAMÍN HERRERA BARBOSA

Procurador Primero Delegado Henry O. López Cra. 5 No. 1580 Piso 11 Tel: 33360011/3520066 Ext:11126/11110 www.procuraduria.gov.co 10