PGN - FALTAS GRAVISIMAS - Encontramos tipos cerrados, abiertos y en blanco.

SALA DISCIPLINARIA CONTRALORA DELEGADA-Interés indebido en actuación en proceso de responsabilidad fiscal RECURSO DE APELACION-Competencia para conocer alzada de primera instancia De acuerdo con lo anterior, se entrará a estudiar el recurso interpuesto, aclarando que a la luz del parágrafo del artículo 171 de la Ley 734 del 5 de febrero de 2002, el recurso de apelación otorga competencia a esta colegiatura para revisar únicamente los aspectos recurridos y los que resulten inescindiblemente vinculados a ellos. Teniendo en cuenta esta disposición legal, observa que son varios los temas que aborda el recurso, los cuales se pueden agrupar en tres grupos; unos relacionados con el aspecto objetivo de la falta, otros con el aspecto subjetivo de la falta y, finalmente, otros relacionados con la tasación de la sanción. / CALIFICACION DE LA FALTA-Aspecto objetivo/CALIFICACION DE LA FALTALa categoría dogmática de la tipicidad/CALIFICACION DE LA FALTA-Las maneras de calificar las faltas. TIPICIDAD DE LA FALTA DISCIPLINARIA-La conducta es la piedra angular de todo el andamiaje de la falta. IMPUTACION DISCIPLINARIA-Además de la conducta, es necesario que esta se adecue a un tipo disciplinario, es decir, que debe ser típica. TIPOS DISCIPLINARIOS-Normas constituidas por un precepto o supuesto de hecho y por una sanción o consecuencia/TIPOS DISCIPLINARIOS-Abiertos y en blanco Sin embargo, en el derecho disciplinario la exigencia de la precisión de la ley para

determinar la conducta es menos estricta que en el derecho penal, por ello en el derecho disciplinario se utiliza, por regla general, la técnica de los tipos abiertos y de los tipos en blanco, debido a la naturaleza que él persigue, que, como lo ha señalado el Consejo de Estado: «tiene por finalidad el logro de la disciplina en el ejercicio de la función pública, y reprimir las trasgresiones a los deberes y obligaciones impuestos a los agentes estatales». En los tipos abiertos, el supuesto de hecho de la norma es descrito en forma genérica, con cierto grado de indeterminación, sin dejar de ser expreso, cierto y previo. Por su parte, en los tipos en blanco se hace una remisión a otras normas, para poder así completar el precepto, esas descripciones disciplinarias son constitucionalmente válidas, siempre y cuando el correspondiente reenvío normativo permita al intérprete determinar Radicación n.° 161-7492 inequívocamente el alcance de la conducta disciplinada y de la sanción correspondiente, lo cual solo se logra cuando el reenvío se hace a una norma con estructura de regla. TIPOS EN BLANCO-En derecho disciplinario, para las faltas leves y graves, tan solo hay un tipo en blanco Reiterando el anterior concepto, el artículo 50 de la Ley 734, preceptúa, refiriéndose a las faltas leves y graves, lo siguiente: Faltas graves y leves. Constituye falta disciplinaria grave o leve, el incumplimiento de los deberes, el abuso de los derechos, la extralimitación de las funciones, o la violación al régimen de prohibiciones, impedimentos, inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de

intereses consagrados en la Constitución o en la ley. La gravedad o levedad de la falta se establecerá de conformidad con los criterios señalados en el artículo 43 de este Código. Los comportamientos previstos en normas constitucionales o legales como causales de mala conducta constituyen falta disciplinaria grave o leve si fueren cometidas a título diferente de dolo o culpa gravísima Este único tipo disciplinario, para las faltas graves y leves, es una norma en blanco, cuya validez del juicio de tipicidad depende que la remisión se haga a una regla jurídica cerrada o abierta, que le permita al intérprete, con la debida argumentación de racionalidad y razonabilidad, indicar el concepto de su violación. Igualmente, para determinar la gravedad o levedad de la falta, el juez disciplinario debe dar aplicación al principio de proporcionalidad consagrado en el artículo 18 del Código Disciplinario Único y a las reglas señaladas en el artículo 43 de la misma normatividad. FALTAS GRAVISIMAS-Encontramos tipos cerrados, abiertos y en blanco. 2 Radicación n.° 161-7492 Bogotá, D.C., agosto trece (13) de dos mil diecinueve (2019) Aprobado en Acta de Sala n.° 44 161-7492, IUS 2012-424384, IUC D-2013-787Radicación n.°: 572319

Disciplinada: ADRIANA MARÍA POSSO RODRÍGUEZ Contralora delegada intersectorial de la Unidad de

Cargo y Entidad:

Investigaciones Especiales contra la Corrupción Informe servidor público - Contraloría General de la

Origen proceso: República Fecha informe: 8 de noviembre de 2012

Fecha hechos: Del 28 de diciembre de 2011 al 20 de junio de 2012

Asunto: Fallo de segunda instancia

P.D. PONENTE: JORGE ENRIQUE SANJUÁN GÁLVEZ

I. ASUNTO POR TRATAR La Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación procede a resolver el recurso de apelación interpuesto contra el fallo de primera instancia proferido por la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa, el 26 de febrero de 2019, mediante el cual declaró probado el cargo único que le formuló a ADRIANA MARÍA POSSO RODRÍGUEZ, contralora delegada intersectorial de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, sancionándola con suspensión e inhabilidad especial para ejercer funciones públicas por el término de 12 meses.

II. HECHO INVESTIGADO ADRIANA MARÍA POSSO RODRÍGUEZ, contralora intersectorial de la Unidad de Investigación Especial contra la Corrupción, adelantó el proceso de responsabilidad fiscal IP 010 de 2011 contra SALUDCOOP EPS y otras entidades, en el que modificó indebidamente algunos aspectos materiales objeto de tal actuación, vinculó incorrectamente al entonces Superintendente Nacional de Salud, CONRADO ADOLFO VÉLEZ GÓMEZ, dio órdenes indebidas para recaudo de pruebas respecto de terceros, intervino irregularmente en una diligencia de visita especial llevada a cabo el 8 de

mayo de 2012 en la sede de la Superintendencia Nacional de Salud y, en términos generales, mostró un interés indebido en la actuación hasta que fue separada de la misma, el 20 de junio de 2012.

III. ANTECEDENTES PROCESALES

3 Radicación n.° 161-7492 Con el oficio 2012EE0074743 del 6 de noviembre de 2012, la Contraloría General de la República remitió copia de la versión libre y espontánea que CONRADO ADOLFO GÓMEZ VÉLEZ, ex superintendente Nacional de Salud, rindió dentro proceso de responsabilidad fiscal IP 010 de 2011.1 El 25 de febrero de 2013, la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa abrió indagación preliminar contra ADRIANA MARÍA POSSO RODRÍGUEZ.2 El 16 de mayo de 2014, acumuló al presente expediente la actuación que adelantaba la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Contraloría bajo el radicado PV-3628.3 El 6 de noviembre de 2014, la primera instancia inició investigación disciplinaria.4 El 4 de febrero de 2016, se declaró cerrada la investigación5, sin que se recurriera la decisión.6 El 5 de diciembre de 2016, el a quo le formuló el siguiente cargo único a la investigada:7 Usted, doctora ANA (SIC) MARÍA POSSO RODRÍGUEZ, en su condición de Contralora delegada intersectorial de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, de la Contraloría General de la República,

y por razón de sus actividades como funcionaria de conocimiento en el proceso de responsabilidad fiscal IP010 de 2011 contra SALUDCOOP EPS Y OTROS, es presuntamente responsable de haber actuado con falta de imparcialidad y abuso de sus funciones, pues ya desde la apertura formal de esa actual [sic] con auto del veintiocho (28) de diciembre de dos mil once (2011) modificó indebidamente algunos aspectos materiales objeto de tal actuación, y en su desarrollo actuó de manera incorrecta frente a la posible vinculación que debía producirse en relación con el entonces Superintendente Nacional de Salud CONRADO ADOLFO VÉLEZ GÓMEZ, dio órdenes indebidas para recaudo de pruebas respecto de terceros, intervino irregularmente en una diligencia de visita especial llevada a cabo el 8 de mayo de 2012 en la sede de la Superintendencia Nacional de Salud y, en términos generales, mostro un interés indebido en el decurso de la actuación hasta que fue separada de la misma el veinte (20) de junio de dos mil doce (2012) La conducta fue calificada como falta grave a título de dolo. El 26 de febrero de 2019, emitió fallo de primera instancia8, sancionándose a la disciplinada con suspensión e inhabilidad especial para ejercer funciones públicas por el término de 12 meses; el 8 de marzo de 2019, la 1 Folio 1 a 8 del cuaderno original n.° 1 2 Folios 10 a 12 del cuaderno original n.° 1 3 Folios 81 a 87 del cuaderno original n.° 1 4 Folios 89 a 92 del cuaderno original n.° 1

5 Folio 296 del cuaderno original n.° 1 6 Folio 299 del cuaderno original n.° 1 7 Folios 300 a 319 del cuaderno original n.° 2 8 Folios 388 a 405 c.o. n.° 2 4 Radicación n.° 161-7492 defensa radicó recurso de alzada9 y el 21 de ese mes y año, lo concedió ante la Sala Disciplinaria en el efecto suspensivo.10 El 21 de marzo de 2019, se recibió el expediente en la secretaría de esta colegiatura.11

IV. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA La Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa encontró probado, en grado de certeza, que ADRIANA MARÍA POSSO RODRÍGUEZ había actuado sin la imparcialidad que la condición de directora del proceso de responsabilidad fiscal IP 010 de 2011 le exigía, evidenciándose que había actuado llevada por intereses diferentes a su deber funcional, lo cual terminó por parcializar su actuación; por consiguiente, confirmó la calificación de la falta como grave.

Respecto al elemento subjetivo, lo calificó de forma definitiva a título de dolo, al considerar que la investigada procedió de manera consciente y arbitraria con abuso de su cargo y de su función; «los actos que se le reprocharon y que dieron lugar a las diferentes conductas típicas y sustancialmente ilícitas se ofrecen como fruto de una plena voluntad de su parte, esto es, de su capricho y arbitrariedad». Como resultado, y con fundamento en la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de

Justicia12, no acogió el argumento de la defensa que esgrimía que la investigada estaba exenta de responsabilidad disciplinaria al actuar bajo miedo insuperable o insuperable coacción ajena. Así las cosas, y con fundamento en los artículos 43, 44 y 46 de la Ley 734 de 2002, la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa sancionó a ADRIANA MARÍA POSSO RODRÍGUEZ con suspensión e inhabilidad especial para ejercer funciones públicas por el término de 12 meses, convirtiendo el término de la sanción en salarios que devengaba para la época de la comisión de la falta (año 2012), lo que equivale a $109.504.548.

V. RECURSO DE APELACIÓN La defensa reiteró el argumento que expuso en los descargos y en los alegatos de conclusión, según el cual, la investigada actuó «bajo un miedo insuperable o insuperable coacción ajena, causales de la [sic] exclusión de responsabilidad consagrado en el artículo 28 de la Ley 734 de 2002». Señaló además que no se presentó una sustancial y grave afectación al servicio. 9 Folios 409 a 415 c.o. n.° 2 10 Folio 417 c.o. n.° 10 11 Folio 419 c.o. n.° 2 12 Auto del 12 de mayo de 2010. Radicado 32585. M.P. Dr. Yesid Ramírez Bastidas.

5 Radicación n.° 161-7492 Solicitó variar la calificación de la conducta de «grave dolosa a leve culposa» y

graduar la sanción disciplinaria a la mínima legalmente establecida.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA DISCIPLINARIA 6.1 Competencia En virtud de la atribución asignada para conocer en segunda instancia los procesos disciplinarios que adelanten en primera los procuradores delegados13, esta Sala es competente para conocer el presente asunto, dado que el fallo de primera instancia lo profirió la Procuraduría Primera

Delegada para la Vigilancia Administrativa. De acuerdo con lo anterior, se entrará a estudiar el recurso interpuesto, aclarando que a la luz del parágrafo del artículo 171 de la Ley 734 del 5 de febrero de 2002, el recurso de apelación otorga competencia a esta colegiatura para revisar únicamente los aspectos recurridos y los que resulten inescindiblemente vinculados a ellos. Teniendo en cuenta esta disposición legal, observa que son varios los temas que aborda el recurso, los cuales se pueden agrupar en tres grupos; unos relacionados con el aspecto objetivo de la falta, otros con el aspecto subjetivo de la falta y, finalmente, otros relacionados con la tasación de la sanción. Los temas relacionados con el aspecto objetivo de la falta son los siguientes: - Solicitud de degradación de la falta de grave a leve Los temas relacionados con el aspecto subjetivo de la falta son los siguientes: - No existió dolo en el comportamiento de ADRIANA MARÍA POSSO RODRÍGUEZ - Existencia en la disciplinada de miedo insuperable - Existencia en la disciplinada de insuperable coacción ajena - Solicitud de degradación de la conducta de dolosa a culpa leve Y, finalmente, en cuanto a la tasación de la sanción solicita que se

modifique a multa de veinte (20) días de salario. El despacho procede entonces a dar respuesta al recurso de apelación. 13 Artículo 22.1 del Decreto Ley 262 del 22 de febrero de 2000. 6 Radicación n.° 161-7492 6.2 Sobre el aspecto objetivo 6.2.1 Consideraciones del despacho de primera instancia En cuanto a la calificación de la falta como grave, en el pliego de cargos se dijo lo siguiente: [T]omando en cuenta las faltas disciplinarias que aquí se deducen en contra de la investigada, aunado a la circunstancia de que ella desempeñaba un cargo de indudable jerarquía dentro de la estructura de la Contraloría General de la República y que abusar de los procedimientos reglados para ejercer las funciones implica notoria trascendencia social por el impacto que actuaciones semejantes pueden llegar a causar en la comunidad, aparte de que en autos es particularmente significativo que el actuar indebido se ejecutó durante cerca de seis meses (numerales 4, 5 y 6 del artículo 43 de la Ley 734 de 2002), concluye esta Delegada que el comportamiento investigado debe ser señalado como demostrativo de FALTA GRAVE 6.2.2 Argumento de la defensa Sobre este punto, la defensa señaló lo siguiente: Según lo establecido de manera precedente, y con especial énfasis en el artículo 43 ibídem, esta defensa ratifica la levedad de la conducta de la señora ADRIANA MARÍA POSSO RODRÍGUEZ, justificándose en las causales segunda y tercera de la misma disposición, que indica

“…

2. Naturaleza esencial del servicio y 3. El grado de perturbación del servicio” Se tiene entonces que mi defendida no entabló una conducta que afectara de manera sustancial el servicio que presentó a la entidad Contraloría General de la Nación (sic), puesto que pese a la conducta de mi defendida, ante el miedo insuperable y la insuperable coacción ajena, esta no tuvo mayor repercusión en el desarrollo normal de la entidad, la cual siguió prestando sus servicios de forma reiterada, permanente y continua; asimismo, frente al grado de perturbación del servicio, este no fue sustancial o gravemente afectado, en tanto se continuó con el desarrollo del proceso.

Por lo anterior, sostiene la defensa que no hubo perturbación esencial en el servicio, y tampoco una perturbación de mayor relevancia la función pública (sic) 6.2.3 Consideraciones de la Sala 7 Radicación n.° 161-7492 Para dar respuesta a los argumentos de la apelación, en lo que tiene que ver con este punto, la Sala explicará; I. la categoría dogmática de la tipicidad, II. las maneras de calificar las faltas y III. se resolverá el caso concreto. 6.2.3.1 La tipicidad en el derecho disciplinario Para que exista una falta disciplinaria se han propuesto varias categorías, la más conocida y de fácil comprensión en nuestro medio, es la que está compuesta por una conducta, por la tipicidad, por la ilicitud sustancial y la culpabilidad y finalmente, como consecuencia de la configuración de la falta, la sanción. Bajo esta estructura, se sostiene que, como en todo derecho sancionador, la conducta es la piedra angular de todo el andamiaje de la falta. Sin

conducta es imposible que exista falta. No obstante, para que exista una imputación de tipo disciplinario, además de la conducta, es necesario que esta se adecue a un tipo disciplinario, es decir, que debe ser típica. Los tipos disciplinarios son normas con estructura de reglas primarias, es decir que están constituidas por un precepto o supuesto de hecho y por una sanción o consecuencia, que describen a su vez deberes o prohibiciones, en este sentido la tipificación exige la preexistencia legal de una prohibición o mandato, que para el derecho disciplinario son los deberes especiales de sujeción, exigencia indispensable para garantizar el principio de legalidad, y por la trasgresión del mandato o la prohibición, descrito por un tipo disciplinario, a través de una conducta; sin existencia de un deber especial de sujeción y de un tipo disciplinario, que señale una prohibición o mandato, no hay tipicidad. Sin embargo, en el derecho disciplinario la exigencia de la precisión de la ley para determinar la conducta es menos estricta que en el derecho penal, por ello en el derecho disciplinario se utiliza, por regla general, la técnica de los tipos abiertos y de los tipos en blanco, debido a la naturaleza que él persigue, que, como lo ha señalado el Consejo de Estado: «tiene por finalidad el logro de la disciplina en el ejercicio de la función pública, y reprimir las trasgresiones a los deberes y obligaciones impuestos a los agentes estatales».14 En los tipos abiertos, el supuesto de hecho de la norma es descrito en forma genérica, con cierto grado de indeterminación, sin dejar de ser expreso, cierto y previo. 14 Confrontar sentencia del 29 de julio de 1987 del Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de

lo Contencioso Administrativo, expediente 1063 M.P. Gaspar Caballero Sierra. 8 Radicación n.° 161-7492 Por su parte, en los tipos en blanco se hace una remisión a otras normas, para poder así completar el precepto, esas descripciones disciplinarias son constitucionalmente válidas, siempre y cuando el correspondiente reenvío normativo permita al intérprete determinar inequívocamente el alcance de la conducta disciplinada y de la sanción correspondiente, lo cual solo se logra cuando el reenvío se hace a una norma con estructura de regla. Una norma con estructura de regla jurídica está conformada por un precepto y una sanción o consecuencia jurídica. El precepto por su parte corresponde a prescripciones de acciones u omisiones, que tienen su fundamento en prohibiciones o deberes. En los tipos en blanco la remisión se hace generalmente para completar el precepto y, en la lógica del derecho disciplinario, la remisión se debe hacer a un deber especial de sujeción. En derecho disciplinario, para las faltas15 leves y graves, tan solo hay un tipo en blanco, y en lo que se refiere a las faltas gravísimas encontramos tipos cerrados, abiertos y en blanco. El tipo disciplinario que existe para las faltas graves y leves está consagrado en el artículo 23 de la Ley 734, que dice: La falta disciplinaria. Constituye falta disciplinaria, y por lo tanto da lugar a la acción e imposición de la sanción correspondiente, la incursión en cualquiera de las conductas o comportamientos previstos en este código que conlleve incumplimiento de deberes, extralimitación en el ejercicio de

derechos y funciones, prohibiciones y violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses, sin estar amparado por cualquiera de las causales de exclusión de responsabilidad contempladas en el artículo 28 del presente ordenamiento. Reiterando el anterior concepto, el artículo 50 de la Ley 734, preceptúa, refiriéndose a las faltas leves y graves, lo siguiente: Faltas graves y leves. Constituye falta disciplinaria grave o leve, el incumplimiento de los deberes, el abuso de los derechos, la extralimitación de las funciones, o la violación al régimen de prohibiciones, impedimentos, inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de intereses consagrados en la Constitución o en la ley. La gravedad o levedad de la falta se establecerá de conformidad con los criterios señalados en el artículo 43 de este Código. 15 En derecho disciplinario el concepto de falta es plurivalente. En algunas ocasiones se refiere a las tres categorías de la falta disciplinaria (tipicidad, ilicitud sustancial y culpabilidad), en tanto que en otras solo se refiere al tipo. 9 Radicación n.° 161-7492 Los comportamientos previstos en normas constitucionales o legales como causales de mala conducta constituyen falta disciplinaria grave o leve si fueren cometidas a título diferente de dolo o culpa gravísima Este único tipo disciplinario, para las faltas graves y leves, es una norma en blanco, cuya validez del juicio de tipicidad depende que la remisión se haga a una regla jurídica cerrada o abierta, que le permita al intérprete, con la

debida argumentación de racionalidad y razonabilidad, indicar el concepto de su violación. Igualmente, para determinar la gravedad o levedad de la falta, el juez disciplinario debe dar aplicación al principio de proporcionalidad consagrado en el artículo 18 del Código Disciplinario Único y a las reglas señaladas en el artículo 43 de la misma normatividad. 6.2.3.2 Las maneras de calificar la falta Como se acaba de señalar, es el artículo 43 del Código Disciplinario Único el que indica los criterios para calificar la falta como leve o grave, la mencionada norma dispone: Criterios para determinar la gravedad o levedad de la falta. Las faltas gravísimas están taxativamente señaladas en este Código, se determinará si la falta es grave o leve de conformidad con los siguientes criterios:

1. El grado de culpabilidad

2. La naturaleza esencial del servicio.

3. El grado de perturbación del servicio.

4. La jerarquía y mando que el servidor público tenga en la respectiva institución.

5. La trascendencia social de la falta o el perjuicio causado.

6. Las modalidades y circunstancias en que se cometió la falta, que se apreciarán teniendo en cuenta el cuidado empleado en la preparación, el nivel de aprovechamiento de la confianza depositada en el investigado o de la que se derive de la naturaleza del cargo o función, el grado de participación en la comisión de la falta, si fue inducido por un superior a cometerla, o si la cometió en estado de ofuscación originado en circunstancias o condiciones de difícil prevención y gravedad extrema,

debidamente comprobadas.

7. Los motivos determinantes del comportamiento.

8. Cuando la falta se realice con la intervención de varias personas, sean particulares o servidores públicos.

9. La realización típica de una falta objetivamente gravísima cometida con culpa grave, será considerada falta grave 6.2.3.3 Caso concreto.

La primera instancia consideró que la falta cometida por ADRIANA MARÍA POSSO RODRÍGUEZ era grave porque se configuraban los numerales 4.º, 5.º y 6.º del artículo 43 del Código Disciplinario Único. La Sala, adicionalmente, observa que tanto en el pliego de cargos, como en el fallo impugnado, se argumentó el grado de culpabilidad de la conducta, la 10 Radicación n.° 161-7492 cual se calificó como dolosa (numeral 1.º del artículo 43) y se hizo mención a la naturaleza esencial del servicio, en tanto que se estaba aplicando justicia desde su aspecto material, al adelantarse un juicio de responsabilidad fiscal (numeral 2.º del artículo 43). Las anteriores valoraciones realizadas por la primera instancia no son atacadas por el apelante, quien tan solo argumenta que la falta debe calificarse como leve, conforme a los criterios señalados en los numerales 2.º y 3.º del artículo 43 del Código Disciplinario Único, pero omitiendo en su sustentación el análisis realizado por la primera instancia, respecto a los criterios establecidos en los numerales 1.º, 4.º, 5.º y 6.º del artículo 43 del Código Disciplinario Único; el argumento expuesto por la defensa fue el

siguiente: Se tiene entonces que mi defendida no entabló una conducta que afectara de manera sustancial el servicio que presentó a la entidad Contraloría General de la Nación (sic), puesto que pese a la conducta de mi defendida, ante el miedo insuperable y la insuperable coacción ajena, esta no tuvo mayor repercusión en el desarrollo normal de la entidad, la cual siguió prestando sus servicios de forma reiterada, permanente y continua; asimismo, frente al grado de perturbación del servicio, este no fue sustancial o gravemente afectado, en tanto se continuó con el desarrollo del proceso. Por lo anterior, sostiene la defensa que no hubo perturbación esencial en el servicio, y tampoco una perturbación de mayor relevancia la función pública Sería suficiente, en el presente caso, para considerar la falta como grave, la configuración de los criterios señalados en los numerales 1.º, 4.º, 5.º y 6.º del artículo 43 de la Ley 734 de 2002, los cuales no son objeto de ataque por el impugnante, por lo que se deduce que son aceptados por él. Pero, adicionalmente, la Sala no comparte la valoración hecha por el impugnante, cuando afirma que no se configuraron los criterios consagrados en los numerales 2.º y 3.º del artículo 43 del Código Disciplinario Único. En el presente caso sí se estructuraron y así lo consideró la primera instancia, quien demostró la naturaleza esencial del servicio desarrollado por la disciplinada, quien, en la conducta endilgada, estaba aplicando justicia desde su aspecto material, al adelantar un juicio de responsabilidad fiscal, y

dicho servicio resultó perturbado al haber actuado POSSO RODRÍGUEZ sin la imparcialidad que se le exigía. En tal sentido, la falta cometida por la disciplinada, bajo los criterios de racionalidad señalados en el artículo 43 del Código Disciplinario Único, fue correctamente calificada como grave por la primera instancia y, por tanto, en lo que tiene que ver con este aspecto, se confirmará la decisión impugnada. 11 Radicación n.° 161-7492 6.3 Sobre los aspectos subjetivos de la falta Para resolver los cuestionamientos hechos en la impugnación en relación con los aspectos subjetivos de la falta, la Sala procederá a explicar la categoría dogmática de la culpabilidad en el derecho disciplinario, ubicando el dolo, los elementos subjetivos diferentes al dolo, el miedo insuperable, la insuperable coacción ajena y la culpa, para resolver de esta manera el caso concreto. 6.3.1 Sobre el concepto de culpabilidad en el derecho disciplinario La culpabilidad se puede entender como principio básico del derecho sancionatorio y como categoría de análisis de la estructuración de la falta disciplinaria. Sobre el principio de culpabilidad la Corte Constitucional ha manifestado: En el ámbito de la imputación penal y disciplinaria está proscrita la responsabilidad objetiva; es decir, la responsabilidad por la sola causación del resultado — entendido éste en su dimensión normativa — o por la sola infracción del deber funcional, según el caso. Y ello tiene sentido pues con razón se ha dicho que el contenido subjetivo de la imputación es una consecuencia necesaria de la dignidad del ser humano. Tan claro es ello

que en aquellos contextos en que constitucionalmente no se consagra la culpabilidad como elemento de la imputación, se entiende que ella está consagrada implícitamente en los preceptos superiores que consagran la dignidad humana como fundamento del sistema constituido. De acuerdo con esto, asumir al hombre como ser dotado de dignidad impide cosificarlo y como esto es lo que se haría si se le imputa responsabilidad penal o disciplinaria sin consideración a su culpabilidad, es comprensible que la responsabilidad objetiva esté proscrita16 El derecho disciplinario, como derecho sancionador que es, exige un juicio de reproche, que en punto de estructura de la falta disciplinaria implica la categoría de culpabilidad. Sin embargo, la culpabilidad puede ser entendida como principio del derecho sancionador y también como categoría dogmática. Ahora bien, la culpabilidad como principio, exige que se den los siguientes elementos, que no necesariamente están incluidos todos ellos en la categoría dogmática de culpabilidad, pues, según el modelo dogmático que se escoja, pueden hacer parte de la conducta, de la tipicidad y aún de la ilicitud sustancial:

1. Atribubilidad de la conducta (imputabilidad), en este punto es donde adquiere la regla disciplinaria su función de precepto de determinación; así, quien no es determinable por la norma, por haber cometido la conducta en una causal de inimputabilidad, no es culpable. 16 Confrontar Corte Constitucional, sentencia SU-901 de 2005, M.P JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO.

12 Radicación n.° 161-7492 La imputabilidad exige que se pueda comprender la ilicitud del acto y

poderse determinar de acuerdo con esa comprensión, y la inimputabilidad, como concepto opuesto al de imputabilidad, es la imposibilidad de comprender la ilicitud del acto o poder determinarse de acuerdo a esa comprensión, por causa de un trastorno mental, por inmadurez psicológica o por diversidad sociocultural. Hoy en día, es casi unánime la posición doctrinal que ubica la imputabilidad como elemento de la culpabilidad. Sin embargo, se llegó a decir, en algún momento, que la imputabilidad era el «fantasma errante» de la teoría del delito, por lo que se podría decir que también lo es en la teoría de la falta disciplinaria. No faltan, sin embargo, posturas que la ubican por fuera de la categoría de la culpabilidad, situándola como una categoría independiente, a la que han llamado capacidad17-18 Independientemente de la ubicación sistemática, cabe resaltar que la imputabilidad es capacidad de actuar y, por tanto, para su demostración se requiere, desde el punto de vista formal, probar el acto de nombramiento o elección, que en el caso concreto fue debidamente demostrado y que no es un tema de debate en los recursos. Ahora bien, desde