PGN - FUNCIONES JURISDICCIONALES DE LA PGN - En todos los procesos, en los cuales se investigue

CONSULTA-Concepto jurídico en torno a la competencia de personerías y OCID para continuar conociendo los procesos disciplinarios adelantados, contra servidores públicos que al momento de realizar la conducta eran de libre nombramiento y remoción. CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Propuso, sin desconocer la tradición institucional del Estado colombiano: «i) El reconocimiento de funciones jurisdiccionales a la Procuraduría General de la Nación para investigar y juzgar a todos los servidores públicos, incluidos los de elección popular; // ii) Garantizar la distinción entre la etapa de instrucción o investigación y el juzgamiento en el proceso disciplinario y, // iii) Garantizar la doble instancia y conformidad». FUNCIONES JURISDICCIONALES DE LA PGN-En todos los procesos, en los cuales se investiguen servidores de elección popular se adoptarán medidas internas para garantizar que el funcionario que formule el pliego de cargos no sea el mismo que profiera el fallo, mientras entra en vigencia esta ley. COMPETENCIA PRIVATIVA DE LA PGN-Para conocer de los procesos disciplinarios contra los servidores públicos de elección popular, y debido a la entrada en vigor de los artículos 1. ° y 74 ibídem, los expedientes que se encuentren en tales condiciones deberán remitirse a esta entidad. Procuraduría Auxiliar para Asuntos Disciplinarios Carrera 5 n.° 15–80, piso 23, PBX 5878750, ext. 12335. www.procuraduria.gov.co Bogotá, D. C., 21/12/2021 C-170 – 2021

SALIDA 22/12/2021

Doctora XIMENA MARÍA OSORIO TELLO Personera delegada dirección operativa para la vigilancia de la conducta oficial Personería de Santiago de Cali Avenida 2 Norte 10-70 Centro Administrativo Municipal (CAM), torre Alcaldía, piso 13 Santiago de Cali (Valle) atencionalciudadano@personeriacali.gov.co Ref.: Respuesta consulta rad. E-2021-454170 del 24/08/2021 (C-2021-2104016) Respetada doctora: En atención a su consulta de la referencia, mediante la cual solicita que se emita concepto jurídico en torno a la competencia de las personerías y las OCID para continuar conociendo de los procesos disciplinarios adelantados en contra de servidores públicos que al momento de realizar la conducta eran de libre nombramiento y remoción, pero después fueron elegidos popularmente, me permito manifestarle lo siguiente: Debe resaltarse que, en cumplimiento de la función que le ha sido asignada a esta oficina en el artículo 9.º, numeral 3.° del Decreto Ley 262 de 20001, se suministrarán elementos de juicio generales que sirvan para ilustrar el tema consultado, que puedan predicarse de cualquier asunto en circunstancias similares, sin que ello se entienda como resolución de un caso particular y concreto. Pues bien, comoquiera que el tema por el cual se indaga ya había sido objeto de pronunciamiento por parte de la dependencia, se transcribe, in extenso, el concepto resulta del caso traer a colación los siguientes apartes del concepto C-80 – 2021: [A]l respecto, cabe recordar que el proyecto de ley, que se convertiría

en la Ley 2094, del 29/06/20212, tuvo por finalidad esencial dar cumplimiento a la referida sentencia de la Corte IDH; por ello, frente a los requerimientos allí efectuados, se propuso, sin desconocer la tradición institucional del Estado colombiano: «i) El reconocimiento de funciones jurisdiccionales a la Procuraduría General de la Nación para investigar y juzgar a todos los servidores públicos, incluidos los de elección popular; // ii) Garantizar la distinción entre la etapa de 1 «Por el cual se modifican la estructura y la organización de la Procuraduría General de la Nación y del Instituto de Estudios del Ministerio Público; el régimen de competencias interno de la Procuraduría General; se dictan normas para su funcionamiento; se modifica el régimen de carrera de la Procuraduría General de la Nación, el de inhabilidades e incompatibilidades de sus servidores y se regulan las diversas situaciones administrativas a las que se encuentren sujetos». 2 «Por medio de la cual se reforma la Ley 1952 de 2019 y se dictan otras disposiciones». 2 instrucción o investigación y el juzgamiento en el proceso disciplinario y, // iii) Garantizar la doble instancia y conformidad».3 Concretamente, en el artículo 74 ibidem, se dejó consignado que «[e]l reconocimiento y ejercicio de las funciones jurisdiccionales que se le atribuyen a la Procuraduría General de la Nación en esta ley, comenzarán a regir al día siguiente de su promulgación4. // En todos los procesos en los cuales se investiguen servidores de elección

popular se adoptarán las medidas internas para garantizar que el funcionario que formule el pliego de cargos no sea el mismo que profiera el fallo, mientras entra en vigencia esta ley. […]». Por consiguiente, a raíz de la expedición de la Ley 2094/21, en la que se le atribuye a la PGN la competencia privativa para para conocer de los procesos disciplinarios contra los servidores públicos de elección popular5, y debido a la entrada en vigor de los artículos 1.° y 74 ibidem, los expedientes que se encuentren en tales condiciones deberán remitirse a esta entidad. Resta agregar que esta respuesta, expedida a instancia de la consultante, reviste un carácter meramente ilustrativo o indicativo, en la medida en que no tiene fuerza vinculante, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 28 de la Ley 1437 de 20116 y 12 de la Resolución 9 de 20177. Atentamente, ORIGINAL FIRMADO POR VALENTINA MAHECHA VARÓN Procuradora auxiliar para asuntos disciplinarios Proyectó XPGH C-170 – 2021

E-2021-454170 (C-2021-2104016) 3 Cfr. Gaceta del Congreso 182, del 25/03/2021. 4 Es decir, están rigiendo desde el 30/06/2021. 5 «ARTÍCULO 1.°. Modifícase el artículo 2o de la Ley 1952 de 2019, el cual quedará así: // Artículo 2.° Titularidad de la potestad disciplinaria, funciones jurisdiccionales de la Procuraduría General de la Nación e independencia de la acción. El Estado es el titular de la potestad disciplinaria. // Se le atribuye a la Procuraduría General de la Nación

funciones jurisdiccionales para la vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas, inclusive los de elección popular y adelantar las investigaciones disciplinarias e imponer las sanciones de destitución, suspensión e inhabilidad y las demás establecidas en la ley. // Las decisiones sancionatorias que pongan fin a la actuación disciplinaria y producto de las funciones jurisdiccionales que se le reconocen a la Procuraduría General de la Nación serán susceptibles de ser revisadas ante la jurisdicción de lo contenciosoadministrativo, en los términos establecidos en esta Ley. // Para los servidores públicos de elección popular, la ejecución de la sanción se supeditará a lo que decida la autoridad judicial. // Sin perjuicio del poder disciplinario preferente de la Procuraduría General de la Nación y de las personerías distritales y municipales, corresponde a las oficinas de control disciplinario interno y a los funcionarios con potestad disciplinaria de las ramas, órganos y entidades del Estado, conocer de los asuntos disciplinarios contra los servidores públicos de sus dependencias. // A la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial les corresponde ejercer la acción disciplinaria contra los funcionarios y empleados judiciales, incluidos los de la Fiscalía General de la Nación, así como contra los particulares disciplinables conforme a esta ley y demás autoridades que administran justicia de manera temporal permanente. // La competencia de la Procuraduría General de la Nación es privativa para conocer de los procesos disciplinarios contra los servidores públicos de elección popular y de sus propios servidores, salvo los que, tengan fuero especial y el régimen ético disciplinario en el ejercicio de la

función de conformidad con el artículo 185 de la Constitución Política. // La acción disciplinaria es independiente de cualquiera otra que pueda surgir de la comisión de la falta». (Negrillas fuera de texto). 6 «ARTÍCULO 28. ALCANCE DE LOS CONCEPTOS. <Artículo modificado por el artículo 1.° de la Ley 1755 de 2015 ―Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo―. El nuevo texto es el siguiente:> Salvo disposición legal en contrario, los conceptos emitidos por las autoridades como respuestas a peticiones realizadas en ejercicio del derecho a formular consultas no serán de obligatorio cumplimiento o ejecución». 7 «ARTÍCULO 12. ALCANCE DE LOS CONCEPTOS. Los conceptos emitidos como respuesta a las consultas no serán de obligatorio cumplimiento o ejecución para el servidor público o particular, ni comprometerán la responsabilidad de la Procuraduría General de la Nación». 3 4